El Gobierno aún puede ganar el año
Por estos días el ministro de Hacienda anuncia que el crecimiento en 2011 estará por encima del 5% en el PIB.
Simultáneamente la revista The Economist informa que sólo un 25% de los colombianos cree en su sistema democrático. Estos datos enmarcan los dos extremos en que se mueve el Gobierno en la reforma educativa: concebir la educación superior como un medio para el crecimiento económico o como uno que promueve la democracia y la equidad social.
El Gobierno corre el riesgo de perder el año en materia de educación superior. Los estudiantes tienen razón con sus protestas. No es aceptable, constitucional ni políticamente, poner la educación superior al servicio exclusivamente del crecimiento económico, de la productividad y de la competitividad. Esta receta ya se ha aplicado en otros lares, entre ellos algunas regiones de la India. Allí, la meta educativa es una combinación de complejidad tecnológica, docilidad individual y pensamiento grupal, lo cual tiene efectos negativos en el pensamiento crítico y para la supervivencia de la democracia (Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, 2010, 42-43). El bienestar social no se asegura incentivando la explotación de recursos no renovables y la exportación de materias primas, como tampoco formando especialistas calificados sin sentido crítico, sensibilidad social o talante democrático.
El error del Gobierno, por el cual arriesga perder la asignatura ante los estudiantes, es doble. Primero, otorga a la educación superior el carácter de bien público basado en el mérito, así la siga tildando de derecho y servicio público (artículo 1º del proyecto de ley). Al hacer de la educación superior un bien público de mérito, sujeta el goce del derecho a un principio de doble exclusión: no podrán acceder a las instituciones educativas quienes no tengan méritos o quienes, teniéndolos, no paguen el precio por el uso del bien público, el cual no es gratuito. La segunda arista del error se relaciona con la destinación de crecientes inversiones públicas y privadas a instituciones mixtas, sujetas al régimen de derecho privado (artículos 37 y siguientes del proyecto), en desmedro de los recursos con destino a la instrucción pública.
Para salvar el año convendría a la ministra Ocampo y al presidente Santos estudiar las reflexiones del Marqués de Condorcet en 1792 ante la Asamblea Nacional. Para este enciclopedista, prematuramente sacrificado por la furia jacobina, la instrucción pública gratuita es el medio por excelencia para promover la equidad social, formar ciudadanos libres, iguales, con espíritu democrático, y alcanzar la prosperidad general. “Sin instrucción nacional gratuita en todos los grados, cualquiera que pueda ser el plan que escojáis, obtendréis ignorancia general o desigualdad. Tendréis sabios, filósofos, políticos ilustrados; pero la masa del pueblo conservará los errores, y, en pleno brillo del conocimiento, seréis gobernados por los prejuicios” (Condorcet, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, 1997, p. 302). No en vano, países como Francia, Alemania o Japón conservan una educación pública gratuita de alta calidad que asegura equidad social, ciudadanía democrática y prosperidad general. Gracias a esto es posible su crecimiento económico, no a la inversa.
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