El fallo que se ve venir

En no pocas ocasiones nos hemos referido a lo que significaron para el país los dramáticos hechos de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la recuperación del recinto judicial a sangre y fuego protagonizada por las Fuerzas Militares. Se trata de un capítulo de la historia que parece imposible de superar.

Y no hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Se aproximan las audiencias finales en las que el Estado colombiano, de una parte, y los familiares de los desaparecidos, de la otra, expondrán las conclusiones de los argumentos que han venido defendiendo por más de 20 años ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lamentable, por cierto, que una tragedia de esas dimensiones, ocurrida en pleno centro de la capital de la República haya tenido que terminar discutiéndose en instancias internacionales: la precariedad de nuestra administración de justicia sale a flote una vez más por la brutal fuerza de los hechos.

Al margen de la polarización que este tema no dejará de generar, bien vale la pena propiciar algunas reflexiones que quizá conduzcan a que al país no le vaya tan mal como todo parece indicar cuando los magistrados de la Corte emitan su decisión. Y es apenas esperable que ella será armónica con todas las proferidas por una instancia que jamás ha exonerado a un Estado que haya concurrido ante su jurisdicción en espera de una decisión favorable.

En enero de 2012, la Corte Interamericana abordó el estudio de este caso. Lo hizo dos décadas después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchara por ese período de tiempo, una y otra vez, la posición del Estado colombiano, que a hoy parece no haber cambiado, de que en el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos, y la de las víctimas, que claman, como es apenas elemental, por verdad, justicia y reparación.

Cuatro lustros con el alma pegada a un inciso discutiendo si la Corte Interamericana era competente o no para conocer de estos hechos. El fondo de la discusión nunca fue tratado por parte del Estado. ¿Qué decir?

Las conclusiones de la Comisión son claras. La única manera de que Colombia resulte exonerada de su responsabilidad es logrando que, 28 años después, los 11 desaparecidos aparezcan y los cuatro torturados en guarniciones militares digan que no fueron atropellados en sus más elementales derechos. Es evidente. Ni lo uno ni lo otro pasará. Siendo ello así, la condena es inevitable.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado no la tiene fácil. Reconocer la responsabilidad del Estado supone cambiar la posición que los gobiernos han mantenido por 20 años. No hacerlo es exponer a la Nación a una condena económica mayor a la que vendrá, si las condiciones propuestas por la Comisión para absolverla no se cumplen. En uno u otro caso, sobre esa joven entidad lloverán rayos y centellas.

Es curioso: en un tema que por sus implicaciones históricas va a generar un remezón político de trascendencia mayor, el presidente de la República guarda silencio. La ministra de Justicia brilla, como casi siempre, por su ausencia y los militares, con el ministro de Defensa a la cabeza, confían en que la tozudez de la posición histórica que han mantenido, a contrapelo de toda racionalidad posible, sea suficiente para que por un milagro el fallo sea absolutorio.

Ojalá el tiempo de reflexión que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se ha tomado, convocando al análisis de esta situación a un prestigioso grupo de juristas, dé sus frutos y en las audiencias finales ante la Corte Colombia dé muestras, a pesar del debate interno, o quizá aun a costa del mismo, de sensatez. A lo mejor así el fallo definitivo sea menos gravoso que el que hoy en día se ve venir.