El fallo de los raizales I
El impacto del fallo de La Haya en la vida y el futuro de las islas. Los nativos han dado un primer paso hacia la independencia que Colombia no ha valorado.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo entre Colombia y Nicaragua fue pura sal en una herida abierta. En realidad los raizales nunca se han sentido colombianos, a pesar de que Álvaro Uribe bautizó el hospital de San Andrés y Providencia con el nombre muy significativo de Mi Patria. Los raizales son de origen caribeño, o más exactamente del llamado Caribe Occidental —Jamaica, Barbados, Islas Caimán—, ocupado y colonizado por Inglaterra. El archipiélago fue español por un tratado con la Pérfida Albión y se hizo colombiano después de la independencia por una adhesión de los notables del archipiélago a la Gran Colombia en 1822.
Los nativos son producto de un mestizaje entre negros, llevados por Inglaterra a cultivar algodón y tabaco, y de blancos franceses, españoles, holandeses y, claro está, ingleses llegados como aventureros, comerciantes y piratas. España sólo veía en las islas una mera importancia estratégica para cuidar sus flotas de la piratería. Durante mucho tiempo los habitantes del archipiélago vivieron del cultivo del coco y de la naranja, que comerciaban con Cartagena, ciudad que cumplió a cabalidad el papel de metrópoli sobre todo a partir de 1912, cuando fue integrada al departamento de Bolívar como intendencia nacional. Los raizales vivieron hasta mediados del siglo veinte del mar y de la pequeña agricultura total sobre 4.500 hectáreas, que es la superficie agrícola del archipiélago.
El presidente Concha (1914-1918) favoreció la migración de continentales a las islas, pero cuando San Andrés fue declarado como puerto libre, comenzaron a poblarse con colombianos, la mayoría costeños —sobre todo de Cartagena—, antioqueños y sirio-libaneses —vinculados a Barranquilla o a Panamá—. La diferencia de los raizales con los pañas, los continentales, está marcada no sólo por su cultura y lengua sino, lo que es más determinante, por religión. Gran parte de los raizales son de la Iglesia bautista y presbiteriana. Los pañas son comerciantes, negociantes turísticos o empleados oficiales; los raizales son pescadores, pequeños agricultores y unos pocos empleados menores de las empresas de turismo. Entre estos dos mundos no hay un tercero.
Los nativos del archipiélago se sienten invadidos por Colombia, con la que han guardado muy poca solidaridad, salvo en el caso de los navíos que fletó el general Vásquez Cobo para ir a pelear con los peruanos en 1933 y que fueron tripulados por isleños. De resto, poco o nada. La Violencia no pasó por allá, pero sí, y de manera avasallante y perniciosa, el narcotráfico. Para los raizales la invasión es una historia que desenvuelve ante sus ojos la pérdida progresiva y acelerada de sus tierras de cultivo, de sus playas, de sus aguas. La ciudad de San Andrés crece a costillas de los terrenos patrimoniales de los nativos. De hecho, no hay ninguna restricción en la compra y venta inmobiliaria. Más aún, a mediados de los sesenta, los pocos títulos notariados y registrados desaparecieron en el incendio de la notaría única de la isla. A partir de entonces la propiedad es acreditada testimonialmente, dando lugar a litigios que suelen ganar los pañas. La compra de parcelas y solares ha ido acompañada por el aumento de la población inmigrante, pese a las restricciones de residencia con que los isleños han tratado vanamente de protegerse.
En efecto, la población total del archipiélago era en 2005 de 70.000 personas, de las cuales el 40 % se identificó como raizal y un 60% como de otros orígenes étnicos. Según cálculos de Robinson Davis, hacia 1962 las tierras de Spratt Bay y Point, en el norte de la isla, donde se instalaron el comercio y el turismo, pertenecían en un 50% a los nativos; a mediados de los años setenta los raizales habían perdido a manos de los pañas el 80% de sus tierras. La compra o el despojo de tierras se aceleró con la llegada del narcotráfico en la década de los 80.
El mismo autor señala: “El tráfico de estupefacientes y el lavado de activos a través de San Andrés y Providencia causaron quizás los mayores daños en toda la historia de las islas desde el puerto libre; los narcotraficantes y sus testaferros se tomaron el archipiélago como sus lugares de recreo, muchos de los propietarios de inmuebles y de terrenos, residentes y raizales que aún conservaban propiedades, sucumbieron ante las tentadoras ofertas y presiones y dieron paso a los nuevos dueños del capital; es así como aparecieron los modernos hoteles, nuevas construcciones y sobre todo el tráfico de drogas, que aún persiste”.
La pérdida del territorio representa una agresiva amenaza contra la cultura raizal. La identidad de una etnia estriba en la posesión de un territorio. La Constitución del 91 reconoció a los raizales como pueblo, a la par que las comunidades negras y los indígenas, y en concordancia con ello, son protegidos por la Ley 70 de 1993. No obstante, su territorio no ha sido deslindado y por tanto no es reconocido de hecho. “La Ley 70 de 1993 —apunta Dilia Robinson Saavedra— presenta un desafío para los negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales que habitan zonas diferentes al Pacífico colombiano, en cuanto muchas de sus disposiciones no tienen una aplicabilidad textual en el contexto particular de algunas comunidades, ya sea por marcadas diferencias geográficas, de caracterización étnica poblacional o una combinación de ambas. Esto se puede ejemplificar con el reciente fallo del Consejo de Estado, que deja sin piso las Consultivas Departamentales y de Alto Nivel por considerar que el nombramiento de sus miembros sólo puede ser avalado por los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras”. El resultado de esta ambigüedad es que a los raizales se les burla reiteradamente la consulta previa a la que tienen derecho por el Convenio 169 con la OIT.
Sumado a la libertad de mercado sobre tierras en San Andrés, que afecta la posesión del territorio ancestral, el fallo de La Haya sobre las áreas marinas —los 75.000 kilómetros de que tanto se habla— contribuye decisivamente a que los raizales se sientan seriamente afectados como etnia. En efecto, perder área del Sea Flower, donde subsiste la pesca artesanal de los isleños, es quitarles no sólo su medio de vida, sino el territorio más importante de identidad cultural: el mar.
Los raizales han dado un primer paso hacia la independencia que Colombia no ha valorado sino, quizá, en las altas esferas de la Cancillería. El reverendo Raymond Howard Britton —respetado y carismático dirigente raizal, pastor de la Primera Iglesia Bautista de La Loma— hizo un derecho de petición solicitándole al presidente Santos copia del acto de adhesión de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a la Gran Colombia en 1822. El acta de adhesión juramentada tiene fecha 23 de julio de 1822, pero el papelito no se ha podido encontrar y es vital, no tanto para el “Departamento de San Andrés”, y ni siquiera para todos los habitantes del archipiélago, sino para los raizales, nativos o isleños porque siendo un acto voluntario de soberanía, puede ser también revocado mediante otro acto de soberanía, un plebiscito, por ejemplo.
El primer mandatario envió la respuesta el pasado 6 de junio con Juan Mesa, secretario de la Presidencia, diciendo que no se había encontrado el acta y en compensación transcribe la respuesta que dio el Archivo General de la Nación: “no hemos localizado en los instrumentos de consulta disponibles el documento oficial correspondiente a este importante aspecto. Sin embargo, no queremos descartar la posibilidad de que se encuentre en alguno de nuestros fondos documentales, como es el caso de la Secretaría de Guerra y Marina. compuesto por 1619 tomos”. Pero no descartan la posibilidad de hallarlo, dada la importancia que el documento tiene “para el querido departamento de San Andrés”, antes del 3 de julio del presente año, fecha en que se agotan los términos legales para dar respuesta a la petición.
La cuestión no es de poca monta. El conocido tratadista Enrique Gaviria Liévano conceptúa: “No hay duda de que, si se examina el acto de los habitantes del archipiélago a la luz del derecho internacional de hoy, estamos en presencia de un genuino ejercicio de la libre determinación de los pueblos”. La duda sobre la existencia física del documento se planteó desde que en 1912 el archipiélago fue constituido como intendencia nacional. La cuestión no es adjetiva. Si la pieza no existe, Colombia no podría formalmente declarar propiedad sobre el territorio, tal como, de alguna manera, lo sugiere el fallo de la CIJ, que debió pronunciarse en equidad y no en posesión de dominio histórico. Ninguna de las dos naciones pudo justificar la propiedad sobre los territorios.
El movimiento raizal conocido como The Archipelago Movement for Ethnic Native Self-determination (AMEN.SD.) va más allá: si hubo adhesión —alega— fue a la Gran Colombia, cuya disolución en 1830 deja en el limbo el vinculo político con la República de Colombia, a la que nunca adhirió porque en 1822 no existía. La comunidad raizal considera que la relación existente entre Colombia y el archipiélago se basa en la fuerza y no en el derecho y, por tanto, litigó subrepticiamente en La Haya derechos que pertenecen a los nativos y no a la Nación. Para el movimiento AMEN, Colombia ha tratado —y trata— a San Andrés, Providencia como colonias de ultramar y por tanto invoca el derecho a la autodeterminación.
La situación de los raizales es alarmante si se tiene en cuenta la tendencia a la disminución de la población nativa en relación con la que desde 1953, cuando se declaró puerto libre a San Andrés, llega a las islas. Las cuentas son claras. El censo de 2005 registró una población total de 70.000 habitantes, de los cuales sólo el 30%, unas 20.000 personas, son isleñas residentes. La gran mayoría de pañas —paisas, costeños y sirio-libaneses— están dedicados al comercio y al turismo, mientras que los nativos son pescadores o en menor escala pequeños agricultores.
La población nativa empleada en servicios y comercio es una minoría mal paga y peor tratada por sus patronos. Si se mira con realismo el abarrotamiento de almacenes y depósitos y en general la actividad comercial, hay que concluir, imparcialmente que San Andrés es un lavadero de dólares procedentes del narcotráfico que entran como mercancías al puerto libre, y las islas son una de las rutas más utilizadas por los narcotraficantes para la exportación de cocaína.
De esta manera, la pérdida de los 75.000 kilómetros a instancias del fallo afectan principalmente a los pescadores, que ahora tienen prohibido faenar donde lo hacían libremente y deben pedir permiso a las autoridades nicaragüenses. Para los comerciantes y los narcotraficantes el mar sigue siendo el mar y sus negocios no decaerán al perderse la soberanía colombiana sobre ese pedazo de mar Caribe.
Para los nativos, el verdadero problema está en la tierra, o mejor, en su territorio, que pierden cada día a favor de los pañas. La tierra es en última instancia una mercancía de libre circulación y pese a las restricciones meramente formales de residencia, cualquier persona natural o jurídica puede comprar o vender una propiedad. Con un agravante: en los años 60 un incendio destruyó los archivos notariales y desde entonces las propiedades son reclamadas testimonialmente por el interesado y dos testigos que no necesariamente deben ser nativos.
* Lea mañana la segunda parte en nuestra edición de lunes festivo.
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