El Estado fiscal y el negacionismo del Gobierno en la operación “Génesis”
Otra vez al descubierto la responsabilidad del Estado en el desarrollo de operaciones paramilitares. Esta vez a través de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el desarrollo de la operación “Génesis” por parte de la brigada 17, ejecutada entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 con participación de grupos paramilitares con la operación “Cacarica”.
8 de enero de 2014
La Sentencia conocida el pasado 27 de diciembre confirma la verdad de la memoria histórica de las comunidades negras asociadas en CAVIDA, organización que aglutina a las familias demandantes, que valientemente se ha enfrentado al negacionismo de los gobiernos de Samper, de Pastrana, de Uribe y de Santos. Justo por esa verdad han sido objeto de persecuciones desde las altas esferas de la Comandancia del Estado Mayor Conjunto en la época del General Jorge Enrique Mora Rangel, amigo de Rito Alejo del Río, el único hasta ahora militar sentenciado en primera instancia por la muerte del afrocolombiano Marino López, en desarrollo de esta operación militar. Pero además, CAVIDA ha tenido que llevar a cuestas una serie de persecuciones entre ellas, las de operaciones ofensivas del DAS a través del G 3. Justo es reconocer el desarrollo de este litigio por parte de la Comisión de Justicia y Paz, opacada mediáticamente por afanosos protagonismos de quiénes seguro ni leyeron la Sentencia ni conocieron del caso. Oportunismos que no faltan.
Rito Alejo del Río se encuentra recientemente condenado por la muerte en desarrollo de la operación “Génesis” de Marino López, más no por el desplazamiento forzado, investigación que fue obstaculizada por el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio. Investigación penal a la que debería ser vinculado el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, pues según la defensa Del Río, ésta estuvo al tanto del desarrollo de esta operación militar.
La defensa del Estado pretendió negar esa verdad real que se encuentra además sustentada en decenas de testimonios de las propias víctimas, y testimonios de mandos paramilitares. Los hitos de la Sentencia son varios, quizás el principal es que se trata por primera vez de una condena por el desplazamiento forzado de una comunidad afrodescendiente, y en segundo lugar, que hace alusión al tema territorial de este grupo humano. Igualmente, la defensa del Estado pretendió que no se le condenara por la explotación de las tierras y su usurpación. La Corte, se pronunció expresamente sobre esa responsabilidad estatal al permitir las operaciones paramilitares en los territorios y la explotación ilegal las que afectaron de las condiciones básicas y el derecho la propiedad de las comunidades negras. Este decisión debería abrir posibilidades de investigación a la empresa Maderas del Darién Pizano S.A, a la empresa Multifruits Ltda, al actual representante en la Camara Juan Manuel Campo y a la multinacional Del Monte.
Un nuevo revés en la estrategia del Estado para negar su responsabilidad en el desarrollo de la estrategia paramilitar como ya había sucedido en otros casos ante la CorteIDH, como los 19 Comerciantes, Pueblo Bello, Mapiripán, Manuel Cepeda y el avance de una solución amistosa en el caso de Trujillo.
Pero no todo es favorable para las víctimas. Como siempre vendrán los reconocimientos de responsabilidad del Estado ordenado por el tribunal regional. Estas peticiones de perdón han ido careciendo de su valor reparador y se han convertido en un simple ritual con juego de palabras, con gestos incoherentes, que demuestran la soberbia y la indolencia del Estado. No ha significado una reconstrucción del Estado de Derecho para las víctimas.
Adicionalmente, por ingenuidad o por intereses tras las togas, en particular, del cuestionado presidente de la Corte Interamericana, García Zayán, por su equívoca intervención en el caso del Palacio de Justicia y sus frecuentes visitas a Colombia con pronunciamientos que avalan al gobierno de Santos, éste tribunal cree en la llamada justicia transicional expresada para el caso “Génesis” en la ley de víctimas. Todos los reconocidos en esta demanda como víctimas deberán ser indemnizados, reparados bajo la cuestionada disposición legal con la que Santos ha pretendido pasar como un modernizador y un progresista.
Tras la argumentación en la defensa del Estado, realizada por el hijo del presidente Samper, mandatario bajo el cual se realizó la operación “Génesis”, lo que se defendió fue el interés fiscal del gobierno. Santos ha pretendido que bajo ninguna circunstancia las demandas internacionales afecten su pequeño presupuesto para pagar los daños causados por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos. Para el gobierno de la “prosperidad democrática” las cargas impositivas deben posibilitar es la defensa de los militares in curso en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en bufetes de abogados de alto costo para la defensa del Estado como el de Rafael Nieto Loaiza, y claro, en flexibilizar los impuestos a favor de las multinacionales. Para Santos, las víctimas son retórica o parte de una estratagema, no las asume ni las trata como tal.
El Tribunal desconoció el tipo de Estado neoliberal y las serias limitaciones de la ley de víctimas, dejando de lado la profundización en contenidos de la reparación colectiva, que hubieran marcado derroteros de importancia para la sociedad colombiana.
Al fin y al cabo para un llamado Estado democrático como el colombiano lo que importa es que las comunidades negras, las víctimas no dañen sus planes de ajuste fiscal, manteniendo el estado de inequidad estructural. Lo de la verdad es lo de menos, pues si bien se les condena, eso en el fondo no tiene repercusión alguna, pues ya hay formas para pedir perdón, sin siquiera tener que sonrojarse. Es el límite propio del Derecho cuando el Derecho interno está para reproducir el tipo de Estado configurado, el Estado de los negocios.