El Estado debe responder por sus víctimas
Este 6 de marzo se conmemora el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado con un mensaje de apoyo al proceso de paz, al cese de la impunidad y a garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.
Es significativo mencionar que de las 1.982 masacres cometidas en el marco del conflicto armado entre 1980 y 2012, el Centro Nacional de Memoria Histórica atribuyó a los grupos paramilitares 1.166 casos, que representan un 58,9 %, seguidos por las guerrillas con 343 (17,3 %) , y por la Fuerza Pública con 158 (7,9 %). Y que, la Comisión Nacional de Búsqueda, creada en 2000, había registrado 47.757 casos conocidos como desaparición forzada, donde, agentes del Estado o a través de grupos armados que actuaron con la autorización o apoyo del Estado, privaron de libertad a ciudadanos y ocultaron su paradero, según la definición de desaparición forzada de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH.
También, cabe resaltar que a 2014, la Fiscalía General de la Nación sumaba 890 condenas y más de 2000 investigaciones por falsos positivos relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública, que presentaron cuerpos de civiles inocentes como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios al interior de su institución, donde también están involucrados Altos Mandos.
A pesar de los llamados de las víctimas por garantizar su memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, el pasado 2 de marzo, campesinos del municipio de Tarazá, Antioquia (zona donde también hace presencia el ELN), bloqueaban la vía como rechazo al asesinato del campesino Gilberto de Jesús Quintero, a manos, presuntamente, del Ejército Nacional de Colombia que disparó indiscriminadamente hacia su vivienda en la zona, infringiendo normas del Derechos Internacional Humanitario.
El jueves 3 de marzo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denunciaba los constantes hostigamientos y el conocimiento de un atentado que se estaba planeando en contra de la defensora de Derechos Humanos del departamento de Sucre, Ingrid Vergara.
Para Jorge Mario Alzate, Director Territorial de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas en Antioquia, hoy existe mayor conciencia por parte de las instituciones y éstas se están fortaleciendo para poder garantizar los derechos de las víctimas del país. ‘Es importante que la reparación integral incluya las garantías de no repetición y se sepa la verdad de lo que pasó. Constantemente, nos llegan familias que han sido revictimizadas más de dos veces, incluso por distintos grupos armados’, añade.
El acuerdo parcial sobre justicia transicional que incluye, la creación de la Comisión de la Verdad, la integración de una Jurisdicción Especial para la Paz y el desarrollo de un acuerdo especial relacionado con las víctimas de desaparición forzada y fortalecimiento de búsqueda, exhumación y esclarecimiento de lo que ha pasado con miles de desaparecidos, es uno de los avances que se presentan en los acuerdos de la Habana. En palabras del Senador de la República, Iván Cepeda, se debería revisar la ley 1448 -de Víctimas y Restitución de Tierras- y fortalecer los sistemas de protección y seguridad para las personas que participen en estos procesos, ‘sólo la movilización y la persistencia de las víctimas garantizará que estos acuerdos se conviertan en acciones concretas’, expresa.
Las víctimas de crímenes de Estado se movilizarán el próximo 15 de marzo en todo el país exigiendo garantías para el posconflicto y la reducción de la Fuerza Pública, de acuerdo con la situación de una nación que ha dejado atrás el conflicto armado, desmilitarizando la vida civil.
El Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, 6 de marzo, nace en 2008 en contexto de una fuerte controversia que se estaba dando en el país en relación al desarrollo de la ley de Justicia y Paz, con la reinserción de paramilitares a la sociedad civil, y la política de Seguridad Democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ‘Quería borrarse tanto de la memoria de los colombianos como del debate público la existencia de víctimas de crímenes de estado’, concluye el Senador.
El Espectador.
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