El escandaloso desorden en otra cárcel militar

El batallón de Policía Militar No 13 más conocido como la PM 13 es una de las unidades militares más importantes del país. Con más de medio siglo de historia, está situada en el occidente de Bogotá a un par de kilómetros de la Embajada de Estados Unidos y de la Fiscalía General de la Nación.

En los últimos cinco años esas instalaciones se han hecho famosas porque en su interior se encuentran recluidos más de un centenar de militares procesados y condenados por graves crímenes entre ellos los denominados ‘falsos positivos’. Allí se encuentran algunos de los oficiales más emblemáticos y polémicos de los últimos tiempos como el general Rito Alejo del Río y el coronel Hernán Mejía, entre muchos otros. Es decir lo más granado del ‘oficialato’ que ha caído en desgracia.

En teoría, los uniformados están detenidos en el Centro de Reclusión Militar (CRM) que se encuentra en el corazón de ese batallón. En el papel se trata de un lugar donde la disciplina y el rigor militar se aplican al extremo. Pero las cosas no son como parecerían y en los últimos años uno de los secretos mejor guardados del Ejército es lo que ocurre en esa cárcel militar. Desde el 2011, gracias a las revelaciones de SEMANA, el país ha visto escandalizado los lujos, excesos y privilegios que tienen los exmilitares confinados en otro centro de reclusión, el de Tolemaida.

Sin embargo, en la PM 13 las cosas podrían incluso, igual o más escandalosas. “Acá están algunos de los capos del Ejército. Muchos de los que están detenidos en Tolemaida son simplemente los que siguieron órdenes de cometer delitos y crímenes de muchos que están aquí”, contó a Semana.com uno de los internos de ese centro de reclusión. “Por los grados, acá hay muchos oficiales superiores con grados de coroneles que mandan más que los propios comandantes del Ejército. Si la gente conociera lo que acá ocurre, lo de Tolemaida parecería un simple juegos de niños”, dijo otro de los allí detenidos.

Durante varios meses Semana.com investigó y corroboró graves irregularidades que allí ocurren. Oficiales presos con negocios privados, otros que -a pesar de estar retirados y detenidos- tienen suboficiales activos del servicio a su disposición las 24 horas del día, e ingresos de mujeres de dudosa reputación en horarios no autorizados, son apenas algunas de las denuncias.

“En teoría las visitas son los miércoles y los fines de semana, pero a veces, cuando hemos llegado entre semana, hemos visto cómo algunos oficiales, como el coronel Santiago Herrera, está en compañía de mujeres desconocidas. Otras veces arman ‘bacanales’ en las que participan algunos de los internos junto con mujeres suboficiales y oficiales activas del Ejército ingiriendo licor”, le dijo a Semana.com la esposa de un oficial detenido que pidió omitir su nombre.

Esas mismas denuncias y algunas fotografías (que Semana.com se abstiene de publicar por ser extremadamente explícitas) fueron entregadas por internos y por varias de las integrantes de la Fundación Damas Verde Oliva, creada por las esposas de los detenidos y que velan por sus derechos. Aun cuando el tema del ingreso de mujeres podría tratarse de un asunto netamente privado, lo cierto es que las denuncias advierten que ellas llegan allí en horarios no permitidos y sin ningún tipo de control, lo que violaría las normas de cualquier penal.

Otro de los hechos más escandalosos tiene que ver con el hecho de que por lo menos dos coroneles, allí recluidos, cuentan para su servicio personal y el de sus familias con soldados profesionales activos. “El soldado Velásquez es uno de ellos. En lugar de estar combatiendo está allí para entrar mujeres, llevar las esposas de compras y a los niños al colegio. Por eso recibe una prima de orden público. Como él hay otros diez haciendo lo mismo”, aseguró un teniente detenido allí, quien afirmó que los coroneles Herrera y Salamanca, sindicados por falsos positivos, son dos de los que cuentan con este inexplicable privilegio.

Las cosas no paran ahí. Otras denuncias indican que algunos de los oficiales confinados han montado verdaderos negocios de todo tipo de cosas. Un teniente sindicado por homicidio en persona protegida ofrece por catálogo productos y juguetes sexuales.

Otro caso es de un mayor conocido como ‘Pepe’ que presta dinero por el sistema de letras a cambio de un interés del 10 %. Sus clientes, son algunos de los detenidos y personal del batallón. Hace algunas semanas este militar protagonizó un escándalo al llegar en la madrugada en estado de embriaguez. Esto fue posible gracias a que un suboficial que custodia la guardia en la noche, cobra 300.000 pesos por permitir las salidas y no registrarlas en las minutas.

Pero hay más. Un coronel, un mayor y un capitán, todos detenidos por falsos positivos, rifan dinero en efectivo y electrodomésticos y las boletas son vendidas en este y otras unidades militares. Ellos, al igual que la mayoría de los detenidos en el CRM gozan del privilegio de tener teléfonos celulares desde donde manejan los negocios. Esta es solo algunos de los ejemplos de la larga lista de irregularidades que ocurren en la cárcel de la PM 13.

El asunto es de tal tamaño, que el pasado 26 de junio -como lo reveló Caracol Radio hace pocas semanas- el magistrado Alberto Poveda, de la sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá hizo un duro pronunciamiento sobre las irregularidades en ese batallón. Lo hizo al negar una acción de tutela de un teniente que quería salir de la cárcel La Picota y regresar a ese centro carcelario.

El togado dijo en su sentencia: “Las pesquisas han permitido establecer que el Inpec no ejerce materialmente control sobre dichos centros donde no hay ningún tipo de disciplina o restricciones carcelarias” (ver documento). En otro aparte el magistrado asegura que el actuar director y el asesor jurídico de ese penal prácticamente obstruyó la justicia al no acatar órdenes judiciales. Por eso le pidió a la procuraduría y a la Fiscalía que los investigue.

Semana.com consultó al Ejército Nacional sobre estas nuevas y graves denuncias en las cárceles militares. A través de la oficina de prensa informaron que el Ejército ha tomado todas las medidas del caso en denuncias pasadas que han incluido traslados de internos, relevo de comandantes y apertura de investigaciones. También la creación de un nuevo centro carcelario en Antioquia para evitar los actos de indisciplina. Y sobre el tema específico de la PM 13 aseguraron que adelantarán las investigaciones del caso y que, de corroborarse las denuncias, tomarán medidas contundentes.

En la mañana de este viernes, cuando el tema estaba en boca de muchos, la señora María Milena Vega se comunicó con Blu Radio. Comenzó por decir que el oficial que Semana.com no identificó en la fotografía publicada para ilustrar el artículo era su esposo, el coronel Santiago Herrera, actualmente detenido en la PM 13.

La señora afirmó que esas imágenes corresponden a un “desliz” que tuvo su esposo en el 2004, cuando se encontraba asignado en Arauca. “Tuve conocimiento en el 2008 de esas fotografías, que me fueron enviadas a mi correo institucional. Fueron tomadas en el 2004 en Arauca”, dijo María Milena.

Sin embargo, a primeras horas de la mañana de este viernes, altos mandos del Ejército le dijeron a Semana.com que esa institución realizó una investigación y estableció que esas fotografías fueron tomadas en un motel de Bogotá en el 2008.

Ante la disparidad de afirmaciones, Semana.com decidió retirar las fotos. El debate hasta este momento se ha centrado exclusivamente en el tema de las fotografías publicadas. Sin embargo, el tema de fondo, que es lo realmente grave, son los desórdenes y los privilegios en el interior de la unidad militar.