El electrocutador y la policía

La atroz noticia de la muerte de un joven colombiano en Miami, Israel Hernández, a manos de un policía que le disparó con un táser, plantea las siguientes reflexiones.


El exvicepresidente y hoy precandidato presidencial Francisco Santos propuso que, para controlar las movilizaciones ciudadanas que en ese momento estaban desarrollando pacíficamente los estudiantes, se utilizaran armas “no” letales, como las empleadas por la policía que segó la vida de nuestro joven compatriota. Decía que unos cuantos choques eléctricos inmovilizaban a los posibles revoltosos y no perturbarían la tranquilidad ciudadana. Nuevamente se pone de presente la nula tolerancia a la movilización ciudadana. Al momento de escribir esta columna el exvicepresidente no ha rectificado su macabra propuesta. Los jóvenes con derecho al voto deben pensar al momento de ejercerlo: si un candidato que propuso su electrocución, no siempre mortal, merece su confianza.

Parecería que el entrenamiento de la fuerza policial hace más énfasis en la agresión que en la función cívica de defensa del ciudadano. Dispararle con un arma, potencialmente letal, a un joven artista que pinta un grafiti es uso excesivo de la fuerza. Al menos la escena del asesinato no fue alterada, como ocurrió en la muerte de otro joven en Bogotá.

Cuando se producen las “redadas” de la policía contra sospechosos, por alguna extraña razón el hecho de ser jóvenes ya es un estigma y la secuencia ilógica “joven, entonces sospechoso, entonces criminal, entonces debe ser abatido” parece que se cumple.
Si se quiere formar una sociedad tolerante y respetuosa de la autoridad, el ejemplo que reciben los jóvenes de una policía energúmena y arbitraria, lejos de contribuir a ese objetivo, impide su realización.

Las políticas policivas para modificar conductas peligrosas o que afectan la convivencia ciudadana se orientan a prohibiciones y restricciones. Un caso interesante es el manejo del alcoholismo. Las estadísticas muestran que el consumo de licor por habitante en Colombia es muy inferior al de países desarrollados. Sin embargo, aquí una proporción significativa de las muertes violentas y las riñas se debe al consumo del alcohol, y estos delitos superan con creces los de otros países. La irresponsabilidad criminal de los conductores alicorados y los accidentes que provocan son más altos que los de países con mayor consumo alcohólico. La diferencia es que aquí sólo se concentran en las sanciones, que no se aplican, y ante la presión social para controlar este hecho delictivo sólo se piensa en aumentar las penas de cárcel que no se aplicarán. En países más cívicos las sanciones pueden no ser tan altas, pero la probabilidad de aplicación sí lo es y ese es un factor disuasivo.

Hace unos años el exalcade Mockus propuso, ante el consumo del alcohol por parte de jóvenes y adolescentes, que se les enseñara a tomar, es decir que no sólo se les prohibiera, medida que no tendría efecto, sino que se reconociera la necesidad de enseñar a manejar conductas negativas causadas por el alcohol. La sociedad dijo ¡no! Eso sería atentar contra la fácil política de prohibir y reprimir, así el resultado sea inane.