El drama de la restitución
Orden de captura contra algunos palmicultores, medidas cautelares de la Corte Constitucional, sesión en la Corte Interamericana y hasta pronunciamiento del presidente Uribe marcaron una semana agitada en el más emblemático pleito de tierras de la violencia paramilitar.
El martes el gobierno ultimaba los detalles para entregar al día siguiente 29.000 hectáreas de tierra a comunidades del Chocó, un área equivalente a la superficie de Bogotá. Era un acto de restitución pues las comunidades las habían perdido hace 13 años, tras ser desplazadas por los paramilitares.
Esas tierras fueron ocupadas más tarde por algunos palmicultores que siempre alegaron hacerlo de buena fe. Las comunidades demandaron la restitución, pero con el paso de los años, esos empresarios palmeros lograron convencer a un sector de la población afectada de formalizar su posesión mediante contratos de arrendamiento y de usufructo. Justo ese sector, que se había hecho a la representación legal de toda la comunidad tras unas controvertidas elecciones, es el que iba a recibir las tierras. De ahí que pese a las apariencias, los empresarios interesados no estuvieran tan agobiados con el procedimiento.
Pero los preparativos se vinieron al piso por una insospechada serie de reveses. Primero, la Corte Constitucional tomó la medida cautelar de suspender la entrega hasta que se dieran garantías para que toda la comunidad aclarara quiénes son sus legítimos representantes. Y después en Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras escuchar a dos de las víctimas del despojo, reforzó la idea de que había un riesgo de división de la comunidad, orquestado por los intereses de esos palmicultores.
Al día siguiente vino lo más grave para ellos. Desde la madrugada la Fiscalía desarrolló operativos en Montería y en municipios de Antioquia, la costa y el Valle, para hacer efectiva la orden de captura contra 23 personas, entre ellas varios reconocidos empresarios. Según el ente acusador, los paramilitares los apoyaron para adquirir irregularmente los terrenos y desarrollar las plantaciones de palma, mientras sus ocupantes se daban a la tarea de darle visos de legalidad a la situación.
Son ocho las empresas involucradas. Entre los comprometidos aparece Antonio Zúñiga Caballero, representante de un clan familiar, algunos de cuyos miembros han estado involucrados en temas de narcotráfico y en sonoros escándalos públicos. Su hija María Fernanda (directiva de una de las empresas palmeras) fue la directora de Fiduagraria, cuando la entidad fue señalada de facilitar el desvío de recursos públicos a varios contratistas. También de este clan hace parte Juan José Chaux, ex gobernador del Cauca y ex embajador en República Dominicana, quien está acusado de vínculos con paramilitares y quien aparece involucrado en el episodio del ingreso de alias ‘Job’ por los sótanos del Palacio de Nariño.
La medida también cobijó a Gabriel Jaime Sierra, de Palmas de Curvaradó, uno de los más activos empresarios en la zona, quien alardea de tener estrechos vínculos con el alto gobierno; a Javier José Daza Pretelt, muy cercano a los comandantes militares de la zona, y a Katia Patricia Sánchez, de la sociedad cordobesa. Esta última es esposa de Hernán Gómez, a quien Carlos Castaño menciona en su libro como su cercano consejero. Al terminar la semana las autoridades solo habían dado con el paradero de una decena de los requeridos por la Fiscalía.
En el proceso se avizoran nuevas medidas contra otros miembros de las juntas directivas de empresas palmeras que aún no están involucrados en el proceso, y contra funcionarios públicos, pues aún no se entiende cómo estos títulos cuestionados sirvieron de garantía de miles de millones de pesos en préstamos, como los que otorgó en su momento Finagro.
Como si fuera poco, la semana terminó con una declaración del presidente Álvaro Uribe sobre el tema: “A mí me da miedo que los nuevos obstáculos jurídicos nos hagan llegar al 7 de agosto sin haber hecho la devolución material (de las tierras del Chocó), tengo ese temor. Hay que buscar con la Corte Constitucional, ir a hablar con ellos a ver cómo se resuelve esto (…) A mí me parece muy grave que vengan nuevos conquistadores, así se hagan llamar ONG, a disociar y a crear más problemas. La comunidad ha visto que el gobierno es su defensor frente a ese fraude que se dejó cometer en el pasado con las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó”. El ministro Fabio Valencia Cossio, que estaba con el Presidente, mostró su disposición para activar la entrega en cualquier momento. Con semejantes ímpetus, es previsible que vengan otras semanas agitadas en este emblemático caso de tierras, antes de que termine el actual período presidencial.