El desastre
Al más popular presidente de la historia se le salió de las manos el país. No sólo por los “falsos positivos” y las ejecuciones extrajudiciales, que son cosa grave aparte.
Ante un paro judicial sepultado con arbitrariedad, por insinuación de un banquero se decretó la conmoción interior para reformar sin brillo el código de procedimiento civil, al parecer con el único fin de contratar las notificaciones judiciales con una empresa de mensajería cercana al Gobierno, tristemente célebre por las oscuras andanzas de uno de sus accionistas.
El negociado de las pirámides que amenaza la cacareada estabilidad económica que dizque nos trajo la seguridad democrática, tiene otra vez a los empresarios sugiriéndole al Gobierno cómo proceder. Y claro, sólo se les podía ocurrir que así como decretaron la conmoción interior, se use ahora la emergencia económica, para que todas las decisiones se adopten exclusivamente en la “Casa de Nari”, donde esculcan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o no los dejan ingresar a los actos públicos, pero en la que sí deambulan personajes siniestros como JOB (no confundir con JOG, José Obdulio Gaviria), vocero de la oficina de Envigado.
Indignante que Gobierno y Fiscalía se echen la pelota de las responsabilidades por las pirámides que han dejado pueblos enteros en la miseria y sin dinero efectivo. Que la Fiscalía salga a decir que expidió una resolución en octubre con base en la cual conformó una comisión interinstitucional para combatir estas pirámides, es la prueba reina de su negligencia, pero también de la del Gobierno, pues no se entiende cómo pudo ocurrir lo que sucedió, si desde hace un mes fiscales y funcionarios estaban “investigando” lo que les estalló en sus manos. Por cierto, bastante precarias las explicaciones del empresario Jerónimo Uribe a La W sobre sus relaciones con DMG, la empresa que nunca controlaron en el Gobierno y que hoy tiene en vilo al sector financiero.
Los indígenas se aproximan a la capital de la República, en medio de amenazas, y el Gobierno está preparado para las medidas de fuerza, pero no para ofrecer las deliberaciones para que les reconozcan sus tierras y les garanticen que no los van a matar después. Ya veremos qué pasa a partir del próximo lunes, y cuál será la reacción brutal con la que obligarán a los indígenas a que regresen con sus problemas intactos.
En ese mar de confusiones, ha pasado inadvertido el proyecto de ley que pretende implantar peajes al ciudadano que gane o pierda un pleito. Si usted demanda y gana, paga; pero peor aún, si demanda y pierde, también paga. Con esa torpe medida se pretende desincentivar la litigiosidad y disminuir la morosidad judicial, sin importar el derecho fundamental de toda persona de acceder a la justicia.
Como no hay ministro ni ministerio de Justicia, no hay alguien en el Gobierno que haya advertido que la congestión judicial no se combate obstaculizando a los ciudadanos el derecho a demandar, sino dotando bien a la justicia para que cuando las personas acudan a ella, sus procesos sean atendidos con prontitud.
Y mientras todo esto pasa, la corrupción en el Gobierno crece. Ojalá algunos altos funcionarios permitieran que se investigaran a fondo sus patrimonios y los de sus familiares. Pero lo dudo.
Adenda. Audaz el proyecto de despenalización de injuria y calumnia presentado por el inquieto parlamentario Roy Barreras. Suena bien, pero ojo, no vaya a ser que sustituyendo la cárcel por las multas, se facilite a los calumniadores adinerados el hobby de calumniar y pagar. Miren el caso de Magaly Medina en el Perú.
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