El Cuarto Caín, el asesinato de Manuel Ruíz y su hijo Samir

En medio de los residuos de la discusión de los “Tres Caínes”, una noticia irrumpió y decidí parar lo que iba a compartir en un escrito sobre la polémica de esa serie. Un titular de El Tiempo llamó mi atención. “Según investigación, homicidio de Manuel Ruiz y su hijo ocurrió por no pagar recargas de celular.”

Me di a la tarea de leer la noticia.

“La investigación de la policía de Urabá y la Fiscalía (…)”.

¿Acaso no son órganos independientes o en que queda aquel principio del derecho de la independencia judicial?.

Será que el periodista es ingenuo o quiere dejar claro que no hay independencia alguna. No creo que sea lo segundo. La rutina productiva de algunos periodistas de las unidades nacionales judiciales es reproducir, sin contexto, aunque después pareciera que se trata de la investigación de la SIJIN.

Pero tal vez, estos detalles que solo funcionan en el sub conciente colectivo mostrado una supuesta eficacia investigativa que no es cierta, un año después de cometido el doble homicidio, es mucho más delicada cuando el conjunto de la noticia tiene como centro al comandante de la Policía de Urabá, un coronel de apellido Mejía, de nombre Leonardo.

Según dice El Tiempo. “Desde el comienzo de la investigación se planteó la hipótesis de que la muerte era por el no pago de las recargas y no por su calidad de reclamante de tierras –dijo el coronel Mejía–. Culminada la investigación se corrobora que la muerte se origina en que en uno de los sitios donde hizo las recargas acudieron a delincuentes para hacer el cobro, que terminó en el doble homicidio”
Y agregó: “En la audiencia pública (contra los capturados) quedó claro que en el crimen no se conspiró ni se gestó el plan contra un líder de tierras, sino contra una persona que no pagó por un servicio que adquirió”.

¿Por qué tanta certeza la del alto oficial?, ¿Por qué este oficia como juez en la noticia?.
Si bien este doble asesinato puede tener un señuelo, reclamar un premio, el trasfondo es muy distinto.

Al acceder al buscador de google la situación de Curvaradó y el contexto de esta región se encuentran varias situaciones. Existe hoy una operación empresarial de gran calado que inicialmente ha implicado el despojo violento, con desplazamiento, asesinatos, desapariciones y daños ambientales, para agronegocios de palma, de yuca, de banano, el gran negocio de la ganadería extensiva. Operaciones que se extenderían en el mediano plazo a la minería a cielo abierto. Esas empresas continúan operando en esos territorios de comunidades negras con apoyo de grupos armados propios y de paramilitares.
Estas actuaciones se realizan en medio de la presencia institucional. Los paramilitares en Mutatá, en Pavarandó, Apartadocito, lugares por dónde antes de su asesinato se movió Manuel Ruíz, con su hijo Samir Ruíz. ¿Y quiénes se encuentran en esos lugares ejerciendo el control? Nada menos y nada más que la policía de Urabá y la brigada 17.

Justo pasando por allí de camino a Arboletes me encontré con muchos efectivos de la fuerza pública. Durante más de tres horas logré hablar con diversos sectores. Al preguntar ¿cómo es la situación ahí?, algunos respondieron es como en la época de Hermógenez Daza, ellos, mantienen el control, es decir, los “parascos”. Están algunos de ellos en la cárcel pero aquí nada se mueve sin que los “paras” lo sepan. Y otro expresó, “aquí la cosa es más grave ahora, poco disimulan, uno no puede creer en la autoridad, ellos hablan en esa estantería”, me dijo una mujer, “señalando un establecimiento público”. Pregunté para constatar si había oído bien. ¿Quiénes? “Ellos paras y policía y eso que circula la cocaína en medio de ellos comos si fuera leche para niños”, manifestó.

Aunque claro, los niños no consumen mucha leche en ese municipio donde se percibe que la calidad de vida no es de las mejores. Y la mujer indignada expresó: “ellos saben quién se sube en el transporte, cobran su vacuna, andan armados y la policía que está aquí todo el tiempo no hace nada y se habla con ellos. Y eso no es nuevo, es de hace más de 15 años. Pero uno se acostumbra”.

Así que comprendí lo que la noticia no dice. El paramilitarismo está vivo. Entendiendo por paramilitarismo las actuaciones de civiles armados encubiertas por la fuerza pública o que operan con consentimiento de la fuerza pública en actuaciones que no serían bien vistas si las comete las autoridades policiales y militares.

Al googlear los hechos ocurridos hace un año, desde el 23 de marzo hasta el día en que los restos fueron hallados, es evidente que la policía de Urabá conoció la presencia de Manuel y el cobro de un supuesto premio. Incluso, el propio Manuel informó al Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo del hecho. Así que en eso la investigación no arroja nada nuevo.

Lo verdaderamente importante, lo sustancial señores de El Tiempo es no caer en el juego, ¿Descartan por su fuente oficial que la policía tenga por acción o comisión por omisión, responsabilidad con el doble asesinato?, Tanto protagonismo y afirmaciones como de juez de un Comandante, no les genera dudas. Lo mismo sucedió a manos de la policía con dos integrantes de los consejos comunitarios Orlando Valencia y Argenito Díaz.

El retén policial que cruzó Manuel Ruíz y su hijo estaba al lado de dónde se encontraban los paramilitares, seguro que la Redacción Judicial, no tuvo tiempo de contextualizar. ¿Le preguntaron eso al Coronel Mejía?. Supongo que no. Ni tampoco creo que hayan indagado el por qué, si Manuel Ruíz cometió un ilícito al no pagar unas recargas para un premio que nunca llegó, no lo detuvieron los policiales? Pero claro la conclusión periodística falsea el contexto y espectaculariza, “un giro dio la investigación”.
Pero acaso conocieron detalles de la imputación de cargos. ¿Saben si a los cuatro imputados se les preguntó por la relación con la policía y los llamados “Urabeños”?, ¿Conocen si fueron interrogados por la relación de un preso, sin identificar, en su nota, que desde La Picota en Bogotá, envió mensajes de texto para crear esa carnada contra el líder de restitución? ¿Si la deuda de los 600 mil pesos era del padre, por qué asesinan, también a su hijo?.

En la noticia espectacularizada obvian algo más importante, si de espectáculo se trata, Manuel había sido amenazado de muerte. ¿Por qué no recordaron de esa amenaza de muerte? ¿Y por qué no se refirieron en el contexto a los hermanos Suescún, a los hermanos Ramírez, a los ocupantes de mala fe de los predios por los que luchó y exigió para su restitución Manuel Ruíz, ese que llaman “Los Pisingos”?.

Periodistas del espectáculo de la mentira, ni siquiera consultaron las propias fuentes institucionales, entre ellas el Informe del INCODER y los Autos de la Corte Constitucional.

Tan pésima oficialización de la noticia que solo sirve a consolidar la estructura criminal que sigue intacta. Lamentable que hayan hablado de los empresarios que continúan usufructuando la tierra despojada, qué la policía de Urabá está en connivencia con los mantones que siguen a sueldo en Mutatá, Pavarandó, Apartadocito. Ellos sin son la ley, redactores judiciales.

Si querían ayudar a Santos, mostrando que su gobierno si protege a los reclamantes lo han hecho muy mal… tan mal, que por eso, no son ni creíbles, aunque si generadores de confusión. Y perdón con la redacción judicial pero la historieta solo es verosímil para sus fanáticos no para quiénes con un mínimo de sindéresis se preguntan hoy, lo que arriba escribí, pero también la banalización de la vida en su nota, solo por exculpar, sin que tal vez lo quieran a la policía. Por 600 mil pesos, los paramilitares matan dos personas, una de ellas, que solo acompañó a su padre, un niño, a reclamar un premio que no era cierto y qué por eso los asesinaron? Y qué de la capacidad del NN desde Bogotá, desde una prisión de armar tal entramado de un premio, ¿solo por divertirse?

Lamentable incapacidad periodística de indicar, de sugerir que el paramilitarismo no es solo una lógica militar si no también mercantil.

¡Qué vergüenza de periodismo!. Si Caín mató a Abel, ese tipo de periodismo es el Cuarto Caín, ustedes están matando a la familia Ruíz, revictimizada con esa descontextualización. A su grave situación de amenaza, sin respuesta estatal a sus demandas para regresar, desde hace un año andan exiliados en su propio país.
Periodistas judiciales no maten la verdad, no salven las instituciones per se, se acuerdan de aquel que expresó: “defendiendo la democracia”. Por lo menos protejan la verdad, contextualicen y des oficialicen la información. No más caínes.

Ah por lo menos googlen y encontrarán mucho sobre Manuel Ruíz y su inocente hijo Samir.

Camilo De Las Casas

Foto: Sin Olvido