El cinismo de los poderes públicos por Cecilia Orozco Tascón
El señor Corzo, que no honorable senador de la República, fue elegido como presidente del Congreso que nos ha tocado en suerte, el 20 de julio de 2011.
No obstante sus oscuras imagen y vida pública, ascendió al primer cargo de representación legislativa gracias a los partidos que apoyan al presidente Santos, con la honrosa excepción del Polo Democrático y de uno que otro verde. En cuanto se posesionó, el señor Corzo, potente manipulador de la comisión de conciliación que organizó el último asalto a la moralidad nacional, habló de recuperar la supuesta inmunidad parlamentaria perdida, aprovechando la reforma a la justicia que la Casa de Nariño se propuso sacar adelante a cualquier costo. Que no se haga la de la vista gorda.
El señor Corzo aseguró que en la reforma del escándalo, el parlamento debía restablecer el “equilibrio de poderes” porque era “muy frágil” frente a la rama Judicial “por la manera como se nos juzga”. Entonces indicó que la Corte Suprema había condenado “injustamente” a algunos de sus colegas y que por eso “tenía que pasar” la doble instancia y el cambio de juzgamiento de los aforados. Corzo refirió que muchos senadores fueron a felicitarlo en privado, por ser tan valiente. Sus expresas intenciones no inquietaron. No hubo jefe de Estado que las rechazara, ni ministro del Interior. Tampoco ministro de Justicia, ni cortes. A lo sumo, una que otra tímida crítica porque cada cual quería sacar su tajada, como se demostró después.
Otro protagonista de esta novela de impunidad es el conciliador Jesús Ignacio García, cuya experiencia en ‘micos’ viene desde 1989, pese a lo cual sigue reeligiéndose al Congreso. Un tercero, más escondido ante los ojos de la opinión, es Emilio Otero, secretario general vitalicio del Senado. Él fue tramitador de la reforma y asistente privilegiado a la reunión donde se organizaron los ataques mortíferos del monstruo. Otero consiguió ser un nuevo inmune parlamentario en la reforma, y también un nuevo rico, si se examina lo que lo puso a ganarse el ministro de Hacienda mediante un decreto que firmó éste, en coincidencia con el trámite del acto legislativo: $21’700.000 pesos, convertidos en $30’000.000 mensuales con el incremento adicional que recibirá por primas y bonificaciones. Entre tanto, el ministro amenaza a los ciudadanos que sí trabajamos con más impuestos en su reforma tributaria. En Twitter, Óscar Montes y Sonia Rodríguez, periodistas con buenas fuentes de información, han sostenido que Otero facilitó reuniones en su apartamento entre magistrados y parlamentarios. ¿Para qué? No es difícil adivinarlo. A propósito, vergonzoso papel jugó la cúpula judicial que aguantó casi en silencio la violación a la Carta que juró hacer respetar. Hoy, oculta bajo su toga, intenta buscar motivo para denunciar penalmente a esta columnista. Que lo haga: defenderé lo que ella no fue capaz.
El procurador, de quien se esperaba que fuera el apoderado de los derechos civiles, se mostró complaciente con el desorden. Tenía razones: su reelección depende de los transgresores del Congreso. Ahora argumenta, con descaro, que no puede opinar mientras en secreto asiste a conciliábulos y da soluciones. El fiscal y la acuciosa contralora, ¿dónde estaban para advertir la debacle jurídica que se venía? La sociedad del común y algunos medios y periodistas fueron los únicos que se alarmaron. Hoy pretenden frenarles el referendo bajo la disculpa de que no hay materia para derogar. El movimiento cívico debe seguir, pero contra la madre de la reforma, ese acto legislativo aprobado en noviembre de 2011 que borró los impedimentos y los conflictos de interés de los parlamentarios investigados, para que votaran los artículos que los favorecía. Porvenir negro le espera al país con el cinismo entronizado en las tres ramas del poder.
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