El agua, ¿derecho o mercancía?

Sue Branford , Thais Borges / Jueves 6 de octubre de 2022

“El calor y las sequías récord están exponiendo a millones de personas a problemas crecientes de escasez de agua y alimentos en todos los continentes”, advirtió el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU en un informe de febrero de 2022 . “Alrededor de la mitad de la población mundial ya experimenta una grave escasez de agua durante una parte del año”.

Pero si bien existe un consenso cercano sobre la gravedad de la crisis mundial del agua, existe un feroz desacuerdo sobre lo que se debe hacer.

Algunos analistas creen que la mejor manera de resolver la situación es económicamente, involucrando al mercado y mercantilizando el agua, una propuesta muy controvertida.

Lance Coogan, por ejemplo, un comerciante en el mercado de futuros, se horrorizó al descubrir hace varios años que no había un precio de cotización pública para el agua. “¿Cómo diablos se supone que debes costar [out] cualquier cosa, con respecto a la infraestructura [del agua] o cualquier otra cosa, sin saber el precio del agua?” preguntó. “Es una parte esencial del mundo moderno. Tenemos que saber el precio del agua”.

En 2018, Coogan se movió para llenar este vacío. “Hicimos un trato con NASDAQ y listamos algo llamado NQH20 en la Bolsa Mercantil de Chicago. Es un índice que da el precio promedio del agua ponderada por volumen en el sur de California”, explicó Coogan. El valor de hacerlo, dijo, es que proporciona a los agricultores y otros consumidores de agua un precio de referencia del agua. Además, cuando “hay menos agua [disponible], el precio sube y [el mercado] puede usarse como un indicador de alerta de incendios”, lo que permite que los formuladores de políticas, los inversionistas y otros sepan que hay un problema.

La inclusión en la lista fue solo el primer paso. “Para comerciar con agua, necesitas futuros”, explicó Coogan. Los futuros son contratos prospectivos mediante los cuales un comprador y un vendedor acuerdan intercambiar una materia prima por un precio fijo (llamado “precio de futuros”) en una fecha fija acordada. Los contratos de productos básicos negociados en bolsa generalmente se establecen para cultivos, como el trigo, y se basan en las expectativas de cosecha que tienen en cuenta los pronósticos de riesgo. Los futuros forman parte del llamado mercado de derivados , donde se negocian contratos de futuros, opciones y otros instrumentos financieros.

En enero de 2020, Coogan ayudó a cotizar futuros de agua en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), lo que abrió una nueva fase de especulación financiera mundial sobre el agua.

El mercado tuvo un comienzo lento. Esto se debe en parte a que la naturaleza misma del agua dificulta su mercantilización. A diferencia del oro y el petróleo, el agua no se puede mover ni almacenar fácilmente. Entonces, mientras que los contratos rastrean los precios del agua, el comercio se liquida en dinero , no en agua, por lo que no ayudan a los agricultores cuando hay una grave escasez de agua en el mundo real.

Aun así, el CME cree que el lanzamiento fue un éxito. Tim McCourt, jefe global de índice de acciones y productos de inversión alternativos de CME, dijo : “Aunque no estamos viendo necesariamente un crecimiento en el volumen… la gente ahora puede tomar decisiones más informadas. Todavía es relativamente pronto”.

Coogan también ve las dificultades como problemas iniciales y dice que, a largo plazo, el mercado de futuros demostrará ser una herramienta esencial para proteger a los consumidores de agua. Explica: “En marzo de 2019, el índice del agua era de $219 y ahora [agosto de 2022] es de $1273. Eso es mucha volatilidad”. Continúa: “Si los agricultores fijan un precio fijo por el agua que comprarán dentro de un año, es posible que puedan reducir los costos”. Coogan cree que estos mercados de agua a futuro son necesarios en todo el mundo y está asesorando a algunos gobiernos africanos sobre cómo dar este paso.

Desatando una tormenta de fuego de agua dulce

Si bien los argumentos de Coogan pueden sonar convincentes para algunos, sus acciones, y las de otros que buscan mercantilizar el agua, han desatado una respuesta mundial de críticos que dicen que la especulación del mercado dañará, no ayudará, a los pequeños agricultores, al mismo tiempo que se inclina fuertemente a favor de la economía global. industrias, como la minería y la agroindustria de productos básicos a gran escala.

Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, es muy crítico con lo que llama “la visión neoliberal, en la que el agua se gestiona como una mercancía”. Le preocupa que hacerlo “convierta a los 2.200 millones de personas que carecen de acceso garantizado [al agua dulce] en clientes empobrecidos” de empresas e inversores privados.

En un informe reciente , Arrojo-Agudo enfatizó la necesidad de una prioridad global que “garantice el derecho humano [fundamental] al agua potable y al saneamiento”.

Basav Sen, director del proyecto de justicia climática en el Instituto de Estudios Políticos, está de acuerdo. Argumenta que la mercantilización es “un intento cínico de establecer lo que es casi como un casino de apuestas , para que algunas personas puedan ganar dinero con el sufrimiento de los demás”.

Riccardo Petrella, politólogo y economista italiano y autor de El Manifiesto del Agua , dice que el agua es “un bien esencial al que todas las personas tienen derecho” y que su uso “debe ser controlado por las comunidades en interés público” sin involucrarse del mercado

Coogan acepta algunos de los argumentos de sus oponentes. “El derecho al agua es un derecho humano”, afirma enfáticamente. “Nadie está más de acuerdo con eso que yo”. Pero él cree que si la mercantilización se introduce con las regulaciones adecuadas, el mercado puede ser la forma más eficiente de proteger ese derecho básico: “Estoy haciendo que sea más barato y más eficiente para todos obtener agua”, dijo.

La preocupación de que los pobres del mundo se vean incapaces de pagar un bien costoso pero vital es fácil de manejar, explica. “La cantidad de agua que necesitan es muy pequeña en el esquema general de las cosas. Así que déjenlos tenerlo gratis”.

Continúa: “No es malo obtener ganancias. Las empresas constructoras obtienen ganancias al proporcionar viviendas. Las empresas farmacéuticas obtienen beneficios cuando suministran medicamentos. Y ambos son derechos humanos. El mercado abarata estos productos”.

Pero a Arrojo-Agudo le preocupa que un mercado de futuros permita la entrada de especuladores que, por ejemplo, a medida que se profundicen las sequías mundiales, empujarán los precios fuera del alcance de muchas naciones. Algo similar pudo haber ocurrido cuando Rusia invadió Ucrania, ya que la valoración de mercado del trigo se disparó , amenazando potencialmente con el hambre en África y Medio Oriente.

De manera controvertida, Coogan defiende la especulación. “Para que funcione correctamente, un mercado tiene que tener especuladores o no habrá suficientes compradores y vendedores”, explicó. “El verdadero riesgo es la manipulación del mercado”, con lo que se refiere a miembros de un cartel que trabajan juntos para fijar precios. Pero, agrega, “las autoridades, como el CME, pueden recoger esto y tratarlo”.

El choque entre estas cosmovisiones fundamentalmente divergentes no es solo una discusión teórica para los intercambios mercantiles. Ya está creando conflictos del mundo real en naciones de todo el mundo. Experiencias en Chile y Brasil, por ejemplo, muestran que no existe un consenso sobre la mercantilización del agua, incluso dentro de una misma nación.

Chile elimina el derecho público al agua

Hasta 1981, el agua era considerada en Chile como un bien público que las autoridades debían hacer accesible a todos. Pero luego, tras el derrocamiento de Salvador Allende apoyado por Estados Unidos, el dictador militar y general Augusto Pinochet abrió la puerta a la privatización del agua como parte de la nueva Constitución del país, aunque de manera clandestina.

“La Constitución [todavía] dice que el agua es un bien nacional de uso público, pero esto es un ardid legal porque también le da a las entidades privadas el derecho de usar el agua. Entonces, en la práctica, el agua se privatiza”, dijo a Mongabay el activista climático chileno Juan José Martín.

“Lo que hizo la Constitución de 1981 fue priorizar las necesidades económicas sobre las sociales y ambientales”, explicó Martin.

Citó el caso emblemático de Petorca, un pueblo de 9.000 habitantes, donde vallas separan a familias sin agua de inmensas plantaciones de aguacate, cultivadas para la exportación. Según proyecciones del Departamento de Agricultura de EE. UU., Chile es el tercer exportador de aguacate del mundo, con una producción de 220.000 toneladas en 2021. Cerca del 60 % se cultiva en Petorca.

“Las [plantaciones] consumen toda el agua del río Petorca, mientras que los habitantes tienen que sacar agua de pozos o ser abastecidos con camiones cisterna”, dijo Martín. Algunas personas solo reciben de 15 a 20 litros (4-5 galones), lo que les tiene que durar uno o dos días, a pesar de que la Corte Suprema fijó un mínimo de 100 l (26 gal) por día. Cultivar un solo aguacate requiere 320 l (84,5 gal).

A lo largo de los años, se privatizaron más y más sectores del suministro de agua, incluso después del final de la dictadura militar de Chile en 1990 y su larga transición de regreso al gobierno democrático. Para 2005, Chile se convirtió en el único país de América Latina en haber privatizado todo su sector de abastecimiento de agua y saneamiento urbano. Efectivamente, se eliminó la idea del agua como un derecho público.

El valle del río Copiapó se ha visto particularmente afectado por la incapacidad del gobierno de considerar el agua como un derecho público. El valle está ubicado en el desierto de Atacama, una de las principales áreas productoras de cobre del país y el desierto no polar más seco del mundo, con una precipitación anual promedio de solo 15 milímetros (0,6 pulgadas).

El río se ha secado por completo en varios lugares a lo largo de su recorrido, pero esa desaparición intermitente no se debe al cambio climático, según el investigador Francisco Astudillo Pizarro del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. El río Copiapó ha desaparecido debido al “secuestro”, el saqueo deliberado de agua por parte de los sectores extractivos a gran escala de la economía desde principios de la década de 2000. Dice que más de la mitad (53%) del agua fue consumida por la agroindustria y otra tercera parte (31%) por empresas mineras.

El impacto en las comunidades pobres se intensificó durante la última década, ya que Chile experimentó la peor sequía de su historia , con niveles de lluvia cayendo entre un 20% y un 40%.

En 2016, los movimientos populares en Chile comenzaron a pedir un cambio radical. Activistas argumentaron que, 40 años después de terminada la dictadura, la Constitución de Pinochet seguía vigente. “Lo que necesitamos es una transformación que nos aleje del modelo privado de propiedad del agua y, en su lugar, el reconocimiento de que el agua es un derecho humano”, dijo Francisca Fernández, vocera del Movimiento Social para la Recuperación del Agua y la Vida, al periódico The Guardian en septiembre que año.

En 2019, la sequía en curso, junto con la preocupación por las libertades civiles y económicas, atrajo a millones de personas a las calles para protestar por la escasez de agua y otras injusticias sociales. Como resultado, un cuerpo elegido popularmente ganó el derecho de reescribir la Constitución .

Juan José Martín coordinó la comisión de medio ambiente de la Asamblea Constituyente, encargada de elaborar el nuevo texto. Explicó a Mongabay que la asamblea había propuesto un elemento adicional en la definición de agua: el agua seguiría siendo un “bien nacional de uso público”, como en la Constitución de 1980, pero también “un bien natural común”, lo que significaría que ningún sector podría apropiarse de ella. Se podría autorizar a los sectores a utilizarlo pero no a poseerlo.

Pero, el 4 de septiembre de ese año, el 62% de los chilenos dijo “no” a la nueva Constitución en un referéndum nacional que, entre otras cosas, habría dado más autonomía a los pueblos indígenas, fortalecido la regulación de las actividades mineras y otorgado derechos a la naturaleza. Las cosas continúan como antes, con los derechos de agua aún en manos de los poderosos, no del pueblo.

Brasil lucha por mantener el agua como un derecho público

En el otro lado de América del Sur, en Brasil, el concepto del agua como un derecho público está consagrado en la Constitución progresista de 1988, aprobada poco después del regreso del país al gobierno civil después de su propia era de dictadura militar. Pero esa designación legal no ha evitado los conflictos entre las grandes empresas y las comunidades rurales.

“El hecho de que Brasil tenga el 12% del agua dulce del planeta significa que el país está en el centro de la disputa geopolítica mundial por el agua”, Dalila Calisto, integrante de la coordinación nacional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), le dijo a Mongabay.

Bajo las presidencias de Michel Temer y Jair Bolsonaro, los defensores del mercado del agua han cobrado impulso. Un indicio de esto es la iniciativa de introducir mercados de agua que, si bien no privatiza todo el mercado de agua (lo que violaría la Constitución), permitiría a las autoridades establecer mercados para fines específicos.

Tasso Jereissati, senador, ha propuesto un proyecto de ley con este fin ( PL 495/2017) , que ahora está en trámite en el Congreso. La legislación, si se aprueba, “introducirá los mercados del agua como un instrumento para promover la eficiencia de la distribución del agua”, dijo. Justifica la creación de un mercado del agua refiriéndose a la “experiencia exitosa” de Chile y otros países.

El proyecto de ley está redactado en el lenguaje de la sustentabilidad y habla del “uso eficiente de los recursos hídricos en actividades que promuevan el empleo y los ingresos para maximizar los beneficios socioambientales y económicos”.

Pero algunos críticos dicen que, detrás de la retórica, el proyecto de ley hace poco para proteger a los consumidores pobres. El sociólogo Flavio José Rocha dice que el problema es que “el proyecto de ley no pone a cargo a los seres vivos, a la comunidad, sino que prioriza principios técnicos, de mercado”.

Dalila Calisto está de acuerdo. Dijo que el proyecto de ley convertiría grandes volúmenes de agua en “activos financieros” que serían negociados por las empresas “como si fueran valores”. Las empresas, explicó, “obtendrían ganancias especulando con el agua bajo la lógica de la gestión estratégica del riesgo y la gestión eficiente de los recursos”. Agregó: “Las empresas agroindustriales e hidroeléctricas, los mayores usuarios de agua del país, serían las más beneficiadas. [El proyecto de ley] también generaría buenos rendimientos para los bancos y los fondos de pensiones, ya que han invertido mucho en estas empresas”.

Vicente Andreu, expresidente de la Agencia Nacional del Agua, el organismo estatal a cargo de la política del agua, ve el proyecto de ley como una “ manera tortuosa ” de eludir la prohibición constitucional de privatización.

El destino del proyecto de ley dependerá del resultado de las elecciones legislativas y presidenciales de octubre. Solo se aprobará si la agroindustria, las empresas mineras y el sector bancario mantienen una fuerte presencia en el Congreso.

Disputa por el agua en la Amazonía

El proyecto de ley de Jereissati, según algunos críticos, no hará nada para evitar que surjan conflictos por el agua, pero proporcionará un marco para institucionalizar la distribución injusta del agua, una vez que los actores poderosos se hayan apoderado por completo de la parte del león. Lo que se necesita, dicen, es que se consulte a los habitantes locales antes de que se permita comenzar a trabajar en un gran proyecto de infraestructura o minería, algo que se exige legalmente en virtud de la Constitución de 1988, pero que a menudo no se hace.

Un excelente ejemplo de los peligros inherentes a una élite que controla el uso del agua se puede encontrar en la selva amazónica, dicen los analistas. La mega represa de Belo Monte , la instalación hidroeléctrica más grande de Brasil, desvió el curso del río Xingu para generar energía, lo que obligó a la reubicación de miles de pueblos indígenas y tradicionales del río. En septiembre de 2022, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reconoció que se había violado el derecho de la población indígena a ser escuchada antes de la construcción de Belo Monte.

“Esta presa nos roba el 80% del agua para generar energía. Todo lo que nos queda es el 20%”, dijo Sara Rodrigues Lima, que vive a lo largo del río. “Vivimos hoy en un ecosistema que ha sido dañado por la falta de agua, la escasez de peces, las enfermedades y el hambre”, le dijo a Mongabay.

Un problema, dijo, ha sido el profundo declive de la piracema , la migración anual de peces tan importante para las dietas de subsistencia. Los peces necesitan poder nadar río arriba para poner sus huevos y reproducirse, un proceso crítico para mantener las poblaciones de peces. Pero, dice Lima, para que los peces viajen río arriba, “el agua necesita llegar al nivel adecuado, en el momento adecuado, y eso no ocurre desde hace siete años”, desde que se construyó Belo Monte.

“Un ’tramo de río con un flujo de agua reducido’ es un nombre triste para lo que fue un hermoso lugar como la Volta Grande do Xingu [la Gran Curva en el río Xingu]”, dijo el biólogo Jansen Zuanon, del Instituto Nacional para la Amazonía. Research (INPA), durante audiencia pública los días 16 y 17 de agosto en la ciudad de Altamira.

“Lo que subyace detrás de esto es el hidrograma [el medio utilizado para trazar los niveles cambiantes del agua del embalse], que decide la forma en que se debe dividir el agua entre las turbinas y Volta Grande”, donde la gente pesca, dijo Zuanon.

Los 1.300 pescadores presentes en la audiencia destacaron que su forma de vida ha terminado: “He vivido toda mi vida en el río Xingu y hoy ya no puedo pescar porque el río ha sido destruido. Norte Energia [la empresa que opera Belo Monte] ha acabado con nuestra especie, ha acabado con nuestras islas y playas, ha acabado con nuestro ocio y ahora está acabando con los pescadores”, protestó Raimundo Gomes.

Luciana Soares, del área socioambiental de Norte Energia, dijo que la empresa está buscando las mejores formas de mitigar los impactos. Ella dijo: “No queremos ser solo un generador de energía, sino hacer una transformación positiva en la región”. Las comunidades locales pueden encontrar poco con lo que estar de acuerdo en esa declaración.

Thaís Santi, fiscal del Ministerio Público de la Federación (MPF), el grupo de litigantes independientes del gobierno que convocó a las audiencias, está convencido de que hay que aumentar el caudal del río Xingu, y que hay que acabar con el monopolio del agua por parte de la energética. si las comunidades tradicionales y la naturaleza han de sobrevivir. Santi viene advirtiendo desde 2014 que lo que está pasando en Volta Grande do Xingu es el exterminio de todo un ecosistema . “Es a la vez ecocidio y genocidio”, dice .

Ella cree que el conflicto involucra un principio fundamental: “¿Cómo calculan el costo, para los habitantes actuales y también para sus hijos y nietos, de destruir su forma de vida?”. ella preguntó durante la audiencia.

Otros creen que los impactos deben monetizarse para que se puedan tomar decisiones racionales y compartir el agua con las comunidades, las industrias y la agricultura por el bien común. En un estudio reciente, el Instituto Escolhas , que trabaja para traducir en estadísticas los impactos económicos, sociales y ambientales de las decisiones públicas y privadas, calculó que la pérdida anual para Norte Energia debido a la reducción de la generación de energía al proporcionar un mayor caudal del río para las comunidades tradicionales y naturaleza, como exige el MPF, sería de 2.000 millones de reales (370 millones de dólares).

Financiarización progresiva y próximas guerras por el agua

El conflicto por Belo Monte no está directamente relacionado con la cotización del agua en la Bolsa Mercantil de Chicago y la introducción de un mercado de futuros. Pero algunos lo ven como parte de la creciente financiarización del mundo natural, lo que Saskia Sassen, profesora de sociología en la Universidad de Columbia, llama la “transformación de la naturaleza en una colección de activos que los financieros pueden comprar y vender muchas veces en un día”. .”

Algunos analistas esperan un crecimiento fenomenal en el mercado del agua. En 2011, Willem Buiter, economista jefe de Citigroup en ese momento, “un mercado globalmente integrado para el agua dulce dentro de 25 a 30 años”. Una vez que el mercado esté completamente establecido, dijo, el agua “se convertirá en la clase de activo más importante basada en productos físicos, eclipsando al petróleo, el cobre, los productos básicos agrícolas y los metales preciosos”.

John Bellamy Foster, profesor de sociología en la Universidad de Oregón, cree que, como resultado de esta extensión, “las fuentes de agua dulce del mundo, que representan uno de los límites planetarios designados por las ciencias naturales , serán monopolizadas como capital natural por relativamente pocos empresas que podrán cobrar rentas de mercado por los servicios ecosistémicos”. Es este miedo el que se esconde detrás de muchas de las críticas de ambientalistas y activistas sociales a la creación de mercados de agua ya la cotización de los precios del agua en las bolsas de valores.

Una preocupación aún mayor para algunos científicos es que el uso excesivo no regulado del agua por parte de la industria a gran escala, la agroindustria y las ciudades podría forzar el ciclo del agua de la Tierra más allá del punto de ruptura , lo que llevaría a la desestabilización, e incluso al fracaso, de este vital sistema de soporte vital planetario.

El abismo que divide a los defensores del mercado de sus oponentes socioambientales parece infranqueable. Es difícil ver cómo un modelo puede prevalecer sin eliminar al otro. Pero a medida que aumenta la escasez de agua provocada por el cambio climático, los conflictos, ya sea en el suroeste de EE . UU ., el Congo , Chile o Brasil, seguramente se intensificarán.

Publicado en Mongabay

Fuente: El agua, ¿derecho o mercancía? (prensarural.org)