Ejército detiene arbitrariamente líderes comunales en el sur de Bolívar
Al terminar la reunión, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, militares adscritos al Batallón Nariño y comandados por el Sargento Primero Conrado, detuvieron de manera ilegal a Almed Uparela Barrios y a Leiman Ester Barroso Mejía, miembros de Aheramigua, señalándolos de pertenecer al frente 37 de las Farc, incautándoles también de manera ilegal documentos privados en donde se encuentran consignadas las reuniones a las que ha asistido en calidad de secretaria de la Asociación de Madereros del Caribona, además de información personal de las comunidades, líderes sociales y asociados.
Aheramigua denuncia la detención ilegal, abuso de autoridad y señalamientos de los que fueron víctimas varios líderes sociales en el municipio Montecristo, Bolívar, por parte de servidores públicos adscritos al Batallón Nariño ubicado en el mismo municipio.
Las comunidades de la región han sido históricamente excluidas por parte del Estado colombiano, por tanto diversidad de derechos fundamentales y necesidades básicas no se les satisfacen en sus territorios; las personas han tenido que vérselas para garantizar su supervivencia. Lo anterior ha hecho que la insurgencia históricamente haya contado con un terreno favorable para el desarrollo de su estrategia político-militar, lo que a su vez fundamenta la presencia estatal mayoritariamente a través de las fuerzas militares y de policía, pero pocas veces a través de políticas públicas con enfoque social. Es así que los liderazgos comunitarios y gremiales han sido perseguidos constantemente por la Fuerza Pública, como se evidencia en denuncias interpuestas por Aheramigua, cuando por ejemplo en 2014 detuvieron ilegalmente a Ubalfredo Ruiz y Beiro Calvos por ser supuestamente guerrilleros de las Farc-EP.
El pasado 8 de octubre, en el corregimiento Puerto España, municipio Montecristo, Bolívar, los miembros de las Juntas de Acción Comunal del Caribona (subregión que comprende tres cuartas partes del municipio) se dirigían a una reunión convocada para tratar el tema de las licencias de explotación y transporte de madera, las cuales se encuentran congeladas desde hace varios meses a causa de las investigaciones que recaen sobre la CAR del sur de Bolívar por corrupción; tales congelamientos de licencias ambientales han afectado la vida digna de las comunidades y varios derechos fundamentales conexos a ésta.
Al terminar la reunión, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, militares adscritos al Batallón Nariño y comandados por el Sargento Primero Conrado, detuvieron de manera ilegal a Almed Uparela Barrios y a Leiman Ester Barroso Mejía, miembros de Aheramigua, señalándolos de pertenecer al frente 37 de las Farc, incautándoles también de manera ilegal documentos privados en donde se encuentran consignadas las reuniones a las que ha asistido en calidad de secretaria de la Asociación de Madereros del Caribona, además de información personal de las comunidades, líderes sociales y asociados.
Tras la gestión que se realizó por parte de defensores de derechos humanos, tanto en la región como a nivel nacional, los líderes comunitarios fueron puestos en libertad pasadas las 5:00 de la tarde.
Por todo lo anterior se exige al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa que de inmediato tomen las acciones necesarias para garantizar la efectividad de los derechos civiles y políticos a la comunidad de Montecristo, Bolívar. Desarrollar programas que garanticen el derecho a la vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la libre movilidad y al acceso a la justicia para estas comunidades. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Fiscalía General y a las demás autoridades pertinentes, que se investiguen los hechos aquí denunciados.
Se solicita asimismo a los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos, exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano. A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, el acompañamiento a las organizaciones sociales que son estigmatizadas por el Estado colombiano.
Por último se responsabiliza al Estado colombiano como único responsable de la garantía y protección de los derechos humanos. A la alcaldía de Santa Rosa, Bolívar, como ente territorial que debe velar por la protección de la comunidad. A las autoridades nacionales, departamentales y locales de cualquier situación que se pueda presentar luego de la promulgación de esta denuncia y de las respectivas acciones jurídicas que se emprendan.