“En pos de la verdad, la sanación, la restauración de las víctimas”

La semana pasada, la Justicia Especial para la Paz (JEP) acogió en el Catatumbo la primera audiencia de reconocimiento por ejecuciones extrajudiciales: alrededor de 120 asesinatos que agentes del Estado hicieron pasar como muertes en combate (falsos positivos). En algunos casos, desaparecieron a jóvenes de sitios lejanos como Soacha, transportándolos por más de 600 kilómetros hasta Ocaña.

Esta fue la antesala de las primeras sanciones de la jurisdicción restaurativa.

Recordando el acuerdo de paz, la magistrada relatora Catalina Díaz destacó la importancia del encuentro “en pos de la verdad, la sanación, la restauración de las víctimas”. “Ante ustedes, la historia está en marcha”, dijo en un video de apertura el presidente de la JEP.

La historia se juega, en gran parte, en los tribunales. El eco de la audiencia demuestra que la JEP puede darnos a conocer versiones más elaboradas sobre la violencia del conflicto armado. ¿Qué tipo de historia presenciamos en esos dos días de audiencia?

Muchos ejecutores y poco sobre quiénes dieron las órdenes

Los comparecientes contaron su larga cadena con eslabones de crímenes. Una “empresa criminal”, repitieron varios. Prepararon los crímenes con listas inventadas de personas acusándolas de cualquier crimen; aprovecharon contactos con paramilitares para comprar armas; hicieron planes para los montajes y el transporte; engañando a campesinos y deteniendo personas inocentes. Asesinatos, una variedad de artificios para simular combates, mentiras y falsedades. Desaparición de las pruebas y encubrimiento. “Legalización” de los cadáveres y, después, aplausos de la “opinión pública”.

Todo en función de las presiones por resultados: “para mantener a un gobierno contento”. “Los grupos ilegales no los encontrábamos, pero había que dar resultados”, dijo Néstor Gutiérrez, cabo primero en la época de los hechos.

“Era completamente falso, porque los resultados no correspondían a la verdad. Pero, más allá de eso, era el desenlace de una política de seguridad democrática que, para el momento y para la fecha del 2007 y 2008, se estaba viviendo a nivel nacional”, afirmó Gabriel Rincón Amado, entonces teniente coronel del Ejército.

Poco más se dijo sobre quiénes presionaban y cómo lo hacían. “Necesito saber, a las personas que intervengan hoy, cuáles eran esos resultados y quiénes eran los que les pedían esos resultados: eso lo necesitamos saber todas nuestras madres, el público y el país en general”, dijo una de las víctimas. Pocas respuestas.

¿Es factible esclarecer una verdad exhaustiva sin conocer quiénes dieron las órdenes, presionando a toda costa por resultados?

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Una historia basada en confesiones

La audiencia evitó el intercambio entre víctimas y procesados, o la intervención de los abogados de una y otra parte. Se prescindió de cualquier contradicción propia de la justicia ordinaria o de pasos previos que ya ha tomado la JEP. Se dio prioridad a los relatos libres.

Apenas a la mitad del segundo día, la magistratura confrontó con preguntas a algunos de los comparecientes. Este cambio amplió detalles, pero también reveló vacíos.

El brigadier general Paulino Coronado —por ejemplo— dijo que no conocía las denuncias de esa época y que apenas era responsable por no controlar a sus tropas. Se suspendió la audiencia. Las víctimas reclamaron: ¡sí lo sabía! Uno y dos gritos, y después el reclamo contundente de una joven menuda, todo fuera de la transmisión.

El brigadier general, después de consultar con sus abogados, cambió la versión. Recordó, una vez se reanudó la audiencia, que el 6 de diciembre de 2007 participó en una reunión donde las víctimas le “plantearon aspectos e información de derechos humanos”. Estas son las limitaciones de una verdad construida con confesiones.

Una historia con (apenas) once responsables

El caso de ejecuciones extrajudiciales tiene a 189 personas sometidas a la justicia. 120 se remitieron a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; 52 se descartaron de la audiencia por haber participado en crímenes antes de 2007, y cuatro comandantes de batallones contraguerrilla se dejaron para una segunda fase.

En la audiencia estuvieron apenas once militares retirados; entre ellos, un general y cuatro coroneles, como “máximos responsables” de lo ocurrido entre 2007 y 2008 en la región. ¿Cómo se puede esclarecer la verdad si se concentra la responsabilidad en apenas once personas?

La justicia transicional reconoce que pocos pueden comparecer por crímenes masivos, pero establece que todas las víctimas tienen derechos. La calidad de la justicia depende de que las protejan exhaustivamente.

En decisiones posteriores, ¿cuánto ampliará la JEP el reconocimiento de responsabilidades? ¿Cuánto tiempo tiene la magistratura para hacer un proceso minucioso y restaurativo para tantas personas?

Víctimas inocentes

“Asesinamos personas inocentes, campesinos”, dijo el cabo primero (retirado) Néstor Gutiérrez. La confianza de las personas les permitía a los militares detenerlas, pues se sabían libres de toda tacha y, sencillamente, colaboraban.

“Utilicé mi uniforme; utilicé un grado con el pretexto de dar resultados operacionales, que en realidad eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes que no tenían ninguna vinculación con grupos armados de la ley”, dijo Sandro Pérez, sargento segundo (r) del Ejército.

“Como a todos, los llevaron con una promesa de trabajo. Él quería trabajar para que yo no volviera más a trasnochar”, dijo Gloria Martínez, valerosa madre de uno de los jóvenes de Soacha a quienes se llevaron con la expectativa de hacer unos pesos para aliviar las duras condiciones de vida de sus familias. “‘Abuelita, ¿por qué mataron a mi papá?’. No sabe uno qué decirles”, dijo Carmenza Gómez.

Un daño que no paró con los asesinatos

Los hijos que no pudieron estudiar. Las mujeres que acabaron recogiendo comida sobrante de las plazas de mercado y trabajando en lo que fuera. “Familias destruidas y a la deriva por culpa de mis decisiones como comandante del batallón”, reconoció el teniente coronel Álvaro Tamayo.

Un campesino sobreviviente que se salvó de que lo mataran contó en la audiencia —a través de un video pregrabado— cómo lo hirieron y logró escabullirse. “Es como grave pa uno perdonar… El que perdona es Dios; no perdona más nadie. Yo era una persona que tenía el cuerpo normal, y ahorita el cuerpo mío no es normal porque me hace falta un pedazo [se señala el brazo]. Yo, para trabajar un día… yo me ganaba, si me pagaban un día, $40.000; ya ahorita me pagan menos porque yo voy y trabajo medio día, porque no aguanto trabajar todo el día completo por el daño que me hicieron en el brazo”.

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Arrepentimiento

“Mi falta de amor y respeto por la vida humana, por la dignidad humana, me llevó a terminar convirtiéndome en un asesino, un monstruo para la sociedad. Represento para algunos de ustedes una máquina de muerte”, dijo Sandro Pérez, sargento segundo (r).

“Me arrepiento de todo corazón”, dijo Juan Carlos Chaparro, mayor del Ejército en ese entonces. “Yo también llevo una cruz”, afirmó otro de los comparecientes. Aquí hay un gran contraste con lo ocurrido en la justicia ordinaria, donde la mayoría miraron con desprecio a las víctimas, sin muestras de la más mínima contrición —como recordó una de ellas en la audiencia—.

¿Cómo se pasa de ser una “máquina de muerte” a ser un procesado en negación a reconocer en una audiencia pública sus crímenes? La persistencia de las víctimas rinde frutos: no han dejado a sus muertos en el olvido.

Fuente: Ejecuciones extrajudiciales: la historia en marcha en la JEP (razonpublica.com)