Ejecuciones extrajudiciales, criminalidad paramilitar, intimidaciones
¡Hay de estos falsos profetas, son como chacales entre ruinas. Por eso la Vida dice que por sus falsas palabras y profecías engañosas, la Vida está contra ellos. Al final la Verdad mostrará que engañaron a la gente, dándoles seguridad de paz, cuando no había paz (…) Han anunciado muerte al que debe vivir”
Ezequiel Capítulo 13
Informe 48
Meta – Alto Ariari
Municipio de El Castillo
Ejecuciones extrajudiciales, criminalidad paramilitar, intimidaciones
¡Hay de estos falsos profetas, son como chacales entre ruinas. Por eso la Vida dice que por sus falsas palabras y profecías engañosas, la Vida está contra ellos. Al final la Verdad mostrará que engañaron a la gente, dándoles seguridad de paz, cuando no había paz (…) Han anunciado muerte al que debe vivir” Ezequiel Capítulo 13
RESUMEN
Una nueva ejecución fue perpetrada el pasado Sábado, por unidades del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7, la víctima en esta ocasión fue GENARO POTES, campesino con problemas psicológicos.
A este Crimen de Estado se suman, las ejecuciones extrajudiciales de ERLI RUEDA y JAIR RAMIREZ y HORACIO RIOS TORRES, ocurridos el año pasado.
Estos son solo algunos de Crímenes perpetrados que se han logrado conocer. El efecto de terror de las actuaciones institucionales es para muchas familias el ser llevadas al silencio y el aceptar las reglas del victimario, callar. Un patrón común sigue a los crímenes. Además de la comisión del crimen, ocultan pruebas, fabrican simulacros de enfrentamientos y legitiman su actuar en nombre de la lucha antiterrorista, con partes de guerra sustentados en la mentira. Al tiempo para asegurar la impunidad obstaculizan a la familias en su derecho a la verdad y lo que hoy puede decirse como derecho, el derecho a enterrar.
Pero además de ese modelo de represión con la ejecución extrajudicial se suman las prácticas contra Derecho, que son la norma de conducta como la de ser participes de nuevas formas de estrategia paramilitar. Anuncian la llegada de nuevos grupos paramilitares, patrullan con “desmovilizados”, desmovilizados de civil con armas cortas se encuentran en los cascos urbanos. Todo está justificado y sobre seguro, por lo que las amenazas de muerte y el control sobre la población se mantienen, como si no hubiese existido la “desmovilización”.
En ese contexto la Comunidad Civil de Vida y Paz, ha sido testiga y ha sufrido los mecanismos de intimidación, de destrucción, de control y de daños a bienes de supervivencia, y de señalamientos por efectivos de la Brigada 7.
Pero igualmente, dentro de procesos judiciales, sin debido proceso y en desarrollo de una estrategia de montaje y de fabricación de falsas pruebas se pretende minar y deslegitimar la labor de defensa de nuestra Comisión de Justicia y Paz, con lo que parece ser interceptaciones de llamadas telefónicas a PABLO CALA y la estigmatización de la solidaridad internacional, en particular, la española con CIVIPAZ. Al defensor de derechos humanos y a quiénes de la solidaridad española han estado en el Ariari se les señala de haberse entrevistado con la guerrilla, razón de su visita, falsedad de falsedades construida en los imaginarios de los organismos de “inseguridad” del Estado.
Adjunto Constancia y Censura Moral 48
Bogotá, D.C. Mayo 30 de 2007
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Bogotá, D,C Mayo 30 de 2007
Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Doctor
CARLOS HOLGUÍN SARDI
Ministro del Interior
Doctor
FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores
Doctor
MARIO IGUARÁN ARANA
Fiscal General de la Nación
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Procurador General de la Nación
Doctor
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Referencia: Ejecuciones Extrajudiciales, actuaciones de tipo paramilitar, intimidaciones a CIVIPAZ
¡Hay de estos falsos profetas, son como chacales entre ruinas. Por eso la Vida dice que por sus falsas palabras y profecías engañosas, la Vida está contra ellos. Al final la Verdad mostrará que engañaron a la gente, dándoles seguridad de paz, cuando no había paz (…) Han anunciado muerte al que debe vivir” Ezequiel Capítulo 13
Nuestra Constancia y Censura Moral ante la ejecución criminal de GENARO POTES por parte de la Brigada 7 del ejército Nacional. No es la primera vez que ocurre, la política de seguridad continúa convirtiendo en blanco de operaciones criminales a la población civil. El crimen perpetrado por el batallón 21 Vargas es la expresión de la perpetuación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, llamada ahora democrática. No es la primera vez, que la técnica sórdida e inhumana es por usada por las Fuerzas Militares en el Ariari.
La ocupación territorial realizada desde enero de 2002 por el ejército antes del rompimiento de las negociaciones con la guerrilla de las FARC EP y luego con la “seguridad democrática” ha convertido una región de alternativas campesinas en un campo santo, donde reposan centenares de cuerpos sin vida, acribillados con balas oficiales, vestidos luego de camuflados para hacerlos ver en los partes oficiales como “muertos en combate” o “dados de baja”. Ante ese circuito de terror y de persecución combinado con la técnica paramilitar, la desaparición forzada, el saqueo de bienes de supervivencia, el abigeato y el bloqueo económico, la amenaza de muerte y el bombardeo, el crimen selectivo y la tortura, sobrevino el desplazamiento, y después con la dignidad en el corazón el regreso de cerca de 200 familias de 400 que se vieron obligadas al destierro forzoso.
Pero el paso de los días muestran que la reingeniería paramilitar cuenta entre sus nuevas técnicas, recurrentes, la ejecución extrajudicial por parte del ejército nacional con el que se presta la “seguridad” de la población campesina que decide regresar por lo suyo, por el pedazo de tierra en el que construye los sueños, afirma su derecho a la alimentación, a la vida digna. Evidentemente no se trata de una guerra contra la guerrilla sino contra la población civil cimentada en la impunidad que se convierte en nicho, en aliento y en estímulo para la práctica del crimen de Estado, sin reato de conciencia, a la luz pública por que se actúa sobre seguro, pues se cuenta con el silencio, la complicidad del aparato investigador.
Allí en el recinto de la justicia reposan decenas de Constancias y de Censuras que engrosan las filas de investigaciones oficiosas, destinadas a llenar formalidades, que no se traducen en serias actuaciones que diferencien al justiciero del guerrero. Una y otras vez se repite los Crímenes de Estado como parte de la costumbre, como reedición de la barbarie, del Estado de Derecho sin Derechos.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante el Crimen de Estado de GENARO POTES
* Sábado 26 de mayo de 2007, unidades militares adscritas al Batallón 21 Vargas ejecutaron extrajudicialmente al campesino GENARO POTES de 51 años de edad, en el caserío Campo Alegre, jurisdicción del municipio El Castillo, departamento del Meta.
GENARO salió del caserío Caño Embarrado hacia Campo Alegre en jurisdicción del municipio de El Castillo con la finalidad de visitar a su familia. Hacia las 3:00 p.m., aproximadamente, GENARO salió de regreso a Caño Embarrado montado en su caballo vestido de pantalón azul, camisa de color blanco y botas pantaneras.
Hacia las 4:30 p.m., un poblador de Campo Alegre que bajaba hacia el caserío de Puerto Esperanza, observó que GENARO estaba detenido por unidades militares del Batallón 21 Vargas, en el sitio conocido como “Casa Vieja”, al lado de la escuela de Campo Alegre.
Posteriormente, hacia las 6:00 p.m., otro poblador que pasó por el sitio observó que el ejército tenía en su poder el caballo de GENARO, pero no vio a su propietario -GENARO – en el lugar.
Hacia las 6:15 p.m. en la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, ubicada a 15 minutos aproximadamente del caserío Campo Alegre, se escuchó una fuerte explosión, a los 15 minutos otra y 10 minutos después una más. Minutos después hacia las 6:45 p.m., se escucharon ráfagas de fusil por aproximadamente 10 minutos, provenientes del mismo caserío.
Según pobladores del caserío Campo Alegre, no se presentaron combates en el lugar.
* Domingo 27 de mayo hacia las 4:30 a.m. en el corregimiento de Puerto Esperanza amaneció militarizado, un poblador que salía a su lugar de trabajo fue retenido en el camino por un militar con el rostro cubierto con un pasamontañas, quien estaba escondido detrás de un vehículo. El militar encapuchado apuntó con el arma al campesino y lo interrogó “¿quién es usted, muestre su cédula, de dónde viene, qué hace caminando a esta hora?”. Él expresó a qué se dedicaba, de dónde venía y que como vivía en el mismo pueblo no salía con documentos de identidad. El militar le dio la orden de ir a su casa y no salir.
Hacia las 5:00 a.m., se movilizaron cerca de 30 militares del Batallón 21 Vargas en camión turbo con cabina de color blanco subió por el caserío de Puerto Esperanza hacia el caserío de Campo Alegre y hacia las 6:30 a.m. pasó nuevamente por Puerto Esperanza en dirección al corregimiento de Medellín del Ariari.
Durante toda la mañana, hasta las 12:30 del día, el ejército mantuvo un puesto de control al lado de las instalaciones del colegio rural “El Encanto”, salida del corregimiento de Puerto Esperanza requisando los vehículos de servicio público que entraban o salían del pueblo, sus ocupantes y pertenencias. Los militares expresaron que:“está prohibido el paso de pilas (baterías)”.
En uno de los vehículos se movilizaban tres miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz que habitan en la Zona Humanitaria, los militares les expresaron irónicamente: “a ustedes ya los conocemos, ya sabemos quienes son..”
En el puesto de control entre las unidades militares se encontraba un hombre foráneo y vestido de civil.
Hacia la 1:00 p.m. los familiares de GENARO POTES, al ver que no llegaba a su casa y se rumoraba que el ejército lo había detenido, decidieron salir a buscarlo al retén militar a la salida de Puerto Esperanza, pero al llegar al lugar ya los militares no se encontraban.
Los familiares de GENARO, se dirigieron a la Defensora Comunitaria del municipio El Castillo, a través del presidente de la Junta de Acción Comunal solicitando su intervención.
En horas de la noche, la Defensora Comunitaria informó a la familia de GENARO que en la base militar de la Brigada 7 en el municipio de Granada, “se encontraba un hombre reportado como NN y muerto en combates en Campo Alegre el sábado 26 de mayo en la noche”. Esta misma información coincidió con la que trasmitió en la región la emisora del ejército “Colombia Estéreo”, donde se leyó un comunicado de la Cuarta División del ejército:
“EN EL META/
Fuera de combate dos terroristas de las Farc
Villavicencio, En desarrollo de operaciones ofensivas contra las organizaciones narcoterroristas tropas de la Cuarta División dejan como resultado la muerte en combate de dos terroristas de las Farc, la entrega voluntaria de otro y la destrucción de un laboratorio e insumos para el procesamiento de alcaloides.
Los primeros combates se presentaron en la vereda Campo Alegre, municipio del Castillo, Meta, entre tropas del Batallón de Infantería No 21”Batalla Pantano de Vargas” y terroristas de la cuadrilla 31 de las Farc obteniendo como resultado la muerte en combate de un terrorista a quien se le incauto armamento y una granada de fragmentación.
Por otra parte en la vereda Caño Amarillo, municipio de Vistahermosa, Meta, tropas del Batallón de Contraguerrillas No 44 “CT. Eduardo Figueroa” perteneciente a la Brigada Móvil 12 sostuvieron un enfrentamiento armado con integrantes de la cuadrilla 27 de las Farc dando muerte en combate a un terrorista a quien se le incautó armamento y munición.
Por otra parte en el casco urbano del municipio de Villavicencio, Meta, ante tropas de la Séptima Brigada se presento voluntariamente una persona quien manifestó pertenecer a la cuadrilla 7 de las Farc. La presión de las tropas, el hambre, el mal trato y el abandono por parte de los superiores lo hicieron reflexionar y abandonar la lucha armada. Como compromiso de esa voluntad de iniciar una nueva vida el desmovilizado entrego al Ejército un lanza granada M79 Y GPS Garmín.
Posteriormente en el sector Guadalajara, municipio de Cumaribo, Vichada, tropas del Batallón de Infantería No 43 “Efraín Rojas Acevedo” destruyeron un laboratorio e insumos para el procesamiento de alcaloides con 565 galones de ACPM, 240 kilos de hoja de coca, 9 hectáreas de coca, 137 galones de amoniaco, 100 kilos de cal, 26 kilos de soda cáustica, 18 galones de gasolina, 7 fertibor, 3 galones de fertilizantes, y una picadora perteneciente a la cuadrilla primera de las Farc. Posteriormente esta misma unidad en Caño Blanco del municipio de Fuente de Oro, Meta, hallaron y destruyeron 808 galones de acido sulfúrico perteneciente a las Bandas Criminales.
Finalmente en Hondas del Cafre del municipio de Mesetas, Meta, soldados del Batallón de Infantería No 44 “Ramón Nonato Pérez” localizaron 4 campamentos pertenecientes a la cuadrilla 26 de las Farc con 100 cartuchos 7.62mm para fusil AK-47 y 92 fusibles de diferentes amperajes.
Oficina de Prensa Cuarta División”.
* Lunes 28 de mayo en horas de la mañana, dos familiares de GENARO salieron del caserío Campo Alegre hacia el casco urbano del municipio de Granada para reclamar el cadáver en la base militar del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7.
Hacia las 12:35 p.m. los familiares de GENARO llegaron a las instalaciones de la base militar en Granada, allí un militar les expresó que deberían volver a las 2:00 p.m.
Los familiares de GENARO se dirigieron entonces al Personero Municipal solicitando su intervención con el Batallón 21 Vargas.
Hacia la 1:30 p.m., los familiares de GENARO fueron recibidos por un militar quién ante la solicitud de la familia de la entrega del cuerpo, afirmó en tono amenazante que: “el ejército no detuvo a nadie en Campo Alegre. Si quieren traigan los testigos que dicen que nosotros detuvimos a su familiar y los confrontamos”.
A los pocos minutos, el militar recibió una llamada telefónica y desde ese momento cambió la actitud expresando: “Esto no puede ser, si se sigue matando a civiles que va a pensar la gente de nosotros. No podemos seguir matando campesinos por error, qué van a pensar de nosotros”.
Posteriormente, los familiares de GENARO se dirigieron al Hospital del municipio de Granada donde se hallaba el cadáver para las diligencias de necropsia. Al observar los restos sin vida de GENARO se dieron cuenta que a la altura del cuello presentaba un impacto de bala; el abdomen se encontraba cubierto con una camisa de cuadros rojos y verdes, que generalmente el campesino llevaba consigo en una bolsa.
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y de la Fiscalía, expresaron a los familiares de GENARO: “ustedes tienen que confirmarnos que este cadáver es de su hermano y para ello tenemos que hacerles varias preguntas”, por lo que procedieron a interrogarlos sobre su identidad, características o rasgos de su cuerpo y actividades a las que se dedicaba.
Los familiares olvidaron reseñar una cicatriz que GENARO tenía en uno de los dedos de la mano, por lo que los agentes estatales les negaron la entrega del cuerpo, exigiéndoles copia de las huellas dactilares porque la fotocopia del documento de identidad que llevaron, no se veían bien.
* Martes 29 de mayo en horas de la mañana los familiares lograron conseguir copia de las huellas dactilares de GENARO en el municipio de San Martín.
Hacia las 3:00 p.m., el cadáver de GENARO POTES fue entregado por el CTI a la funeraria. Al final de la tarde, el cuerpo sin vida de GENARO fue trasladado hacia el corregimiento de Medellín del Ariari, donde se realizó el velorio.
* Miércoles 30 de mayo hacia las 11:00 a.m., los familiares antes de darle cristiana sepultura a GENARO observaron que su cuerpo presentaba un impacto de bala con un orificio de unos 5 milímetros detrás de la oreja izquierda, los dientes frontales estaban partidos, al parecer, por golpes recibidos y presentaba una herida abierta y profunda en el brazo izquierdo, provocada, según parece, por el uso de un machete.
Hacia las 11:30 a.m. fue sepultado en el cementerio de Medellín del Ariari GENARO POTES, acompañado por cerca de 80 campesinos y acompañantes nacionales e internacionales.
GENARO POTES, campesino desplazado forzadamente desde el 2003, cuando en desarrollo de la estrategia militar encubierta le fue quemada su vivienda en el caserío Campo Alegre. GENARO se desplazó internamente al caserío de Caño Embarrado, donde permaneció hasta la fecha trabajando como agricultor.
GENARO padecía limitaciones en su desarrollo psíquico debido a las secuelas de un tratamiento con medicamentos contra la polio cuando era niño.
Nuestra Comisión de Justicia y Paz informó telefónicamente de los hechos a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, al Defensor del Pueblo de la Regional Meta y al Programa Vicepresidencial para los Derechos Humanos solicitando encarecidamente que realizará las acciones humanitarias necesarias con el fin de garantizar la entrega del cadáver de GENARO POTES y el Derecho a enterrar por parte de sus familiares y la comunidad que conoció a este poblador.
GENARO POTES fue desplazado forzadamente desde el 2003, cuando en desarrollo de la estrategia militar encubierta le fue quemada su vivienda en el caserío Campo Alegre. GENARO se desplazó internamente al caserío de Caño Embarrado, donde permaneció hasta la fecha trabajando como agricultor.
GENARO padecía limitaciones psíquicas debido a las secuelas de un tratamiento con medicamentos contra la polio desde que era niño.
Pero este crimen de Estado no es un accidente. En el Alto Ariari la presencia militar ha significado desde el 2002 una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, una persecución sobre la población en la que se combina la intimidación, los señalamientos, las amenazas de muertos, la constricción y la restricción de los derechos a la alimentación, a la libre movilización, todo ello luego se traduce en judicializaciones falsas o en Crímenes. Son más de 200 Crímenes de Lesa Humanidad y una multiplicidad de desplazamiento en los que se ha cimentado la política de seguridad.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Moral ante el Crimen de GENARO, uno de varios que se repiten en el Ariari. Crímenes ante los cuales muchas de las familias prefieren guardar el silencio para lograr sobrevivir. Otros rompiendo los efectos del terror denuncian la criminalidad estatal, recibiendo siempre las mismas respuestas de entes de investigación, llevando a cuestas las secuelas de la desinformación con la cual la institucionalidad pretende justificar su persecución. Así ocurrió con las ejecuciones extrajudiciales de ERLI RUEDA y JAIR RAMIREZ y HORACIO RIOS TORRES.
* Lunes 14 de agosto de 2006, unidades militares adscritas al Batallón 21 Vargas, ejecutaron extrajudicialmente al campesino HORACIO RIOS TORRES, 39 años, en la ruta que comunica del municipio de Lejanías al caserío de Brisas de Yamanes, jurisdicción del municipio El Castillo.
A las 8:30 a.m., HORACIO vestido de pantalón azul, camisa naranja, botas café salió en un caballo del casco urbano de Lejanías hacia su finca. A la altura del caserío Caño Rojo, en el municipio de Lejanías unidades militares del Batallón 21 Vargas lo abordaron para interrogarlo.
Hasta ese momento se supo de él. En horas de la tarde al constatar que HORACIO no llegó, su familia inició la búsqueda.
Al siguiente día, martes 15 de agosto, en horas de la mañana, la emisora del ejército “Colombia Estéreo” emitió una información que indicaba que él ejército dio de baja a un guerrillero identificado como HORACIO RIOS en zona rural del municipio de Lejanías
La familia de HORACIO RIOS se dirigió a la morgue del casco urbano de Lejanías, donde halló el cadáver de HORACIO, desnudo, con varios impactos de fusil en el cuerpo, y una carpa enrollada en los pies. Los familiares solicitaron la ropa de HORACIO y en la morgue les dijeron que el ejército lo había traído así como lo veían.
HORACIO RÍOS vivía con su madre, mayor adulta, AGUEDITA TORRES.
* Sábado 26 de agosto unidades militares del Batallón 21 Vargas ejecutaron extrajudicialmente a los jóvenes ERLI RUEDA PEÑA, 15 años, y JAIR RAMIREZ RONDÓN, 24 años de edad.
Los crímenes ocurrieron en el camino que comunica a los caseríos de Caño Lindo y Miravalles, jurisdicción del municipio El Castillo. ERLI habitaba en la finca “Buenos Aires” en el caserío Lucitania, municipio de Lejanías, junto a su madre y una sobrina.
ERLI salió de la finca a las 6:00 a.m. con dos bestias ensilladas hacia la finca de JAIR, quien vivía con su madre en la finca “La Huerfanita”, ubicada a 10 minutos.
Los pobladores hacia las 8:00 a.m. se dirigieron de la finca “La Huerfanita” hacía la finca del señor ORLANDO GARCIA ubicada en el caserío Yucapé, corregimiento de Miravalles, municipio El Castillo, ubicada a una hora de camino aproximadamente. Ambos tomaron la carretera central que va del caserío a Miravalles, donde se encontraban unidades militares del Batallón 21 Vargas, desde hacía 15 días.
Entre las 10:00 y 10:20 a.m. campesinos del caserío Miravalles, escucharon aproximadamente 20 disparos de pistola y fúsil, algunos al aire, en donde se encontraban los militares.
A los pocos minutos del hecho en que fueron asesinados los dos campesinos, a los que transitaban por el lugar, las Fuerzas Militares les impidieron acercarse o moverse. Algunos militares expresaron que habían sido muertos unos guerrilleros en combate.
Los cadáveres de ERLI y JAIR fueron llevados por las unidades militares al puesto de salud de Miravalles, trasladados posteriormente al casco urbano del municipio El Castillo.
A las 5:45 p.m. familiares de los ejecutados extrajudicialmente en el municipio de Granada se acercaron a las instalaciones del Batallón 21 Vargas solicitando información sobre el asesinato de ERLI y JAIR. De acuerdo con sus testimonios el comandante de guardia del Batallón 21 Vargas, respondió que: “los dos muertos eran guerrilleros dados de baja, sus cadáveres se encuentran en la morgue
del hospital. Los dos guerrilleros estaban armados y uniformados”.
Los familiares se dirigieron entonces a la morgue del hospital de Granada, lugar custodiado por militares, con la presencia del juez 93 Penal
Militar y personal del Cuerpo Técnico de Investigaciones. El Juez le negó a la familia el reconocimiento de los cuerpos y ordenó retener al familiar que preguntó para verificar su identidad.
Ante el impedimento para reconocer los cuerpos sin vida de sus familiares, estos se dirigieron a los medios masivos de información
* Domingo 27 de agosto a las 7:00 a.m. los periodistas de RCN y Caracol se hicieron presentes en una de las casas de los familiares de ERLI en Granada. Cuando se iba a iniciar la entrevista, el periodista de RCN recibió una llamada de un Coronel del Batallón 21 Vargas.
Uno de los periodistas de Caracol Noticias acompañó a los familiares a la Morgue, allí funcionarios de la funeraria expresaron que habían sido trasladados los restos al cementerio municipal para ser enterrarlos como personas sin identificación NN.
Ante la insistencia de la familia de no permitir la sepultara de los cuerpos como NN, la funeraria manifestó que era responsabilidad del ejército cambiar la orden. En el lugar donde se encontraban los restos la familia tomó fotografías de los cadáveres de ERLI y JAIR, en los que se evidencian signos de tortura y disparos a quema ropa.
La familia se comunicó con la Defensoría del Pueblo Regional Meta compartiendo los hechos y solicitando actuar frente a la entrega de los cuerpos y sepultura. Esta entidad los remitió a la Personería Municipal y esta a su vez al Procurador Regional, quien no dio ninguna respuesta eficaz a la familia.
A las 10:00 a.m. la familia se dirigió al Procuraduría Regional a fin de solicitar el esclarecimiento de los hechos y exigir la entrega de los cuerpos de ERLI y JAIR a la familia. El Procurador se comunicó con el Juez 93 Penal Militar, quién le respondió que la familia debería conseguir un abogado para vigilar el proceso en la Justicia Penal Militar.
La familiares se dirigieron nuevamente a los medios de información buscando a través de ellos lograr una respuesta del Coronel del Batallón 21 Vargas respecto a los hechos y la entrega de los cuerpos.
Hacia las 12:00 p.m. expresó el alto oficial daría una respuesta, a esa hora a través de uno de los periodistas, el Coronel manifestó que en horas de la tarde, a las 5:00 p.m. daría una respuesta y nunca hubo respuesta.
A las 11:00 a.m. de ese día los familiares se dirigieron al batallón 21 Vargas para hablar directamente con el Juez Penal Militar 93 y exigirle la entrega de los cuerpos, este, los remitió al Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI.
Allí en el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, a las madres se les exigió rendir declaración de los hechos que conocían sobre la muerte de sus hijos ERLI y JAIR, y se les mostraron unas fotografías tomadas por el ejército en que aparecen vistiendo pantalón con prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.
Posteriormente las madres se dirigieron nuevamente al batallón 21 Vargas. Allí reiteraron al Juez Penal Militar 93 la exigencia de entrega de los cuerpos de ERLI y JAIR. El Juez les respondió con un nuevo interrogatorio: “¿Quiénes eran sus hijos? ¿Ellos que actividades realizaban? ¿Qué tipo de armas manejaban? ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Hace cuánto que viven en la región? ¿Por qué salieron de la región?”.
Finalmente, en horas de la tarde, la familia diálogo con el médico legista para la entrega de los cuerpos de ERLI y JAIR en el anfiteatro del cementerio, donde entregó varios documentos para formalizar la entrega de los cadáveres. Posteriormente, los cadáveres fueron llevados a una funeraria donde se realizó la velación.
A pesar de la insistencia de los familiares, los militares nunca entregaron los documentos de identidad de ERLI y JAIR, como tampoco el teléfono celular que portaba el día de los hechos, ni las prendas de vestir ni las dos bestias en que ellos se transportaban el día de sus asesinatos.
* Lunes 28 de agosto hacia las 10:00 a.m., aproximadamente, los familiares salieron de la funeraria hacia el cementerio pasando frente a las instalaciones del Batallón 21 Vargas, donde en un acto de censura exigieron el esclarecimiento de los hechos.
Durante todo el sepelio se observó la presencia de unidades militares de civil tomando fotografías a los familiares y participantes del acto frente al Batallón 21 Vargas. Ante el requerimiento de identificación estos se negaron
Hacia la 1:00 p.m. ERLI y JAIR fueron sepultados en el cementerio del municipio de Granada.
* Martes 29 de agosto, las familias de ERLI y JAIR, ALARCON PEÑA, RUEDA PEÑA, RAMIREZ RONDON y PULIDO RONDON, se desplazaron forzadamente de sus lugares de habitación ubicados en Granada y Lejanías hacia la ciudad de Bogotá.
Durante el mes de septiembre en las emisoras de Lejanías y Granada – Meta fueron citadas varias personas a declarar en el Batallón 21 Vargas. Se ha informado a los familiares de ERLI RUEDA PEÑA y JAIR RAMIREZ RONDON (asesinados por el ejército el día 26 de agosto de 2006) que algunas personas han sido obligadas a declarar que los jóvenes asesinados eran guerrilleros.
Durante los días 19 a 26 de septiembre dos paramilitares vestidos de civil y armados vigilaron durante el día el lugar en donde se refugiaron las familias. Por temor a nuevas agresiones las familias ALARCON PEÑA, RAMIREZ RONDON y PULIDO RONDON se vieron forzados a otro desplazamiento forzoso en la ciudad de Bogotá.
Nuestra Constancia y Censura moral ante la reingeniería paramilitar que preconizan y realizan los militares del Batallón 21 Vargas. Las prácticas contra Derecho son la norma de conducta, todo está justificado y sobre seguro ellos anuncian la reconfiguración de nuevas formas y técnicas de involucramiento de los civiles bajo la estrategia paramilitar.
* Viernes 30 de junio de 2006 hacia las 4:00 p.m. habitantes de Medellín del Ariari observaron el patrullaje de 4 hombres uniformados, vestidos de camuflado, entre ellos 2 unidades militares del batallón 21 Vargas, y dos reconocidos paramilitares que operaron en el 2003 en el caserío La Cima.
* Martes 15 de agosto, unidades militares adscritas al Batallón 21 Vargas de la Brigada 7 del ejército, detuvieron arbitrariamente al campesino JAVIER DIAZ en el caserío Caño Lindo, municipio El Castillo. JAVIER fue obligado a colocarse prendas de uso privativo de las fuerzas militares y cargar equipo de campaña con las manos atadas, durante 3 días.
Durante este tiempo, JAVIER fue obligado a ir al frente de la tropa, era tratado mal e insultado de manera permanente, sindicado de ser “auxiliador de la guerrilla”.
JAVIER fue dejado en libertad el 18 de agosto en el casco urbano del municipio El Castillo, entregado a la Personería Municipal y Defensoría del Pueblo. Antes de ser dejado en libertad, JAVIER fue obligado a firmar un certificado de buen trato por parte de los militares.
* Viernes 27 de octubre, en horas de la tarde pobladores de los caseríos de la parte alta de la zona rural del municipio El Castillo, recibieron información por parte de algunos pobladores de Medellín del Ariari sobre la existencia de nuevos grupos paramilitares en el municipio El Dorado, quienes van a operar con el batallón 21 Vargas “ya se encuentran armados y uniformados y van a volver a la parte alta de El Castillo”.
* Sábado 28 de octubre a las 3.15 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo conocimiento que a comienzos del mes de octubre, unidades militares de la Brigada 7 intimidaron a ALDEMAR LOZANO, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Esperanza, desplazado forzadamente en el 2002 y quien regresó allí con su familia.
A ALDEMAR, uno de los militares le expresó: “esta tienda tiene que quitarla. A usted el surtido no le demora nada. Quién es el que le compra tanto a usted?. Con nosotros no hay problema, debe tenerle miedo a los que vienen detrás de nosotros”. Según ALDEMAR los militares dieron a entender que cuando llegaran los paramilitares debería cerrar la tienda.
* Sábado 13 de enero de 2007 en el caserío La Esmeralda, municipio El Castillo, pobladores observaron en horas de la noche a un grupo de unidades militares escribiendo letreros en casas abandonadas y firmando AUC. También dejaron papeles con la sigla AUC.
* Domingo 4 de febrero de acuerdo con testimonios de pobladores de la región se realizó una reunión la última semana de enero en el caserío Caño Dulce, convocada por hombres que se identificaron como miembros de un grupo paramilitar denominado “Águilas del Norte”, quienes afirmaron que disponían de 3.500 hombres para ingresar a la región, agregaron que contaban con el apoyo del ejército nacional.
Este día en el municipio El Dorado se conoció la reactivación de las estructuras de tipo paramilitar al mando de “Miguelucho” quien se encuentra en una disputa con el alias “Marión” quienes operan al parecer desde Granada y San Martín, El llamado “Miguelucho” posee cerca de mil hectáreas de tierra en la meseta de El Dorado, utilizadas para ganadería extensiva, sacando a diario cerca de 2.000 botellas de leche.
* Viernes 23 de febrero en el casco urbano de Medellín del Ariari, dos hombres que se identificaron como miembros de las “Águilas Negras”, se acercaron a varios pobladores expresando: “estamos reclutando personas para que hagan parte de nuestras filas”. Los dos paramilitares obligaron a conductores de vehículos de transporte público a que los movilizaran.
* Lunes 26 de marzo en Medellín del Ariari varios pobladores escucharon a uno de los paramilitares afirmar que “hay varios que vamos a tener que matar, uno de ellos es ALDEMAR, el que tiene la tienda en Puerto Esperanza”.
* Lunes 9 de abril, en horas de la mañana, en el casco urbano de Medellín del Ariari fueron vistos dos “civiles” armados de la estrategia paramilitar, portando armas cortas, patrullando la calle principal del pueblo.
Los intentos de las víctimas por afirmar sus derechos, su dignidad, se ven sometidos a intimidaciones, acosos, hostigamientos como parte de un circuito de control y de terror para imposibilitar la libre expresión, la libre asociación, el libre pensamiento, el derecho a la tierra, a la alimentación, a la afirmación de ser sujetos de derechos como población civil, como habitantes de la Zona Humanitaria
* Domingo 2 de julio de 2006 hacia la 1:00 p.m. unidades militares realizaron un retén en el puente sobre el río Cumaral en la vía que conduce del corregimiento de Medellín del Ariari hacia el caserío de Puerto Esperanza.
Algunos de los pasajeros de un bus de servicio público fueron interrogados por la Comunidad Civil de Vida y Paz, agregando uno de los militares, que a su regreso, si el puesto de control permanecía debía traer información sobre el número de familias que habitan en la Zona Humanitaria
* Lunes 6 de noviembre unidades militares del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7, instalaron un campamento frente a la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, observando durante todo el día al interior de la Zona y a los miembros de la comunidad a través de binoculares.
* Miércoles 8 de noviembre, diez unidades militares del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7, abordaron a un menor de edad de la Comunidad Civil de Vida y Paz, en el camino que conduce de la Zona Humanitaria al corregimiento Puerto Esperanza.
Los militares interrogaron al menor sobre los habitantes de la Zona Humanitaria, sus movimientos, las banderas que se encuentran alrededor
* Domingo 14 de enero de 2007 a las 8:00 a.m., 15 unidades militares del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7 del ejército, pasaron frente a la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz, por el camino que del caserío El Encanto conduce al corregimiento de Puerto Esperanza.
Entre las unidades militares iba un encapuchado, portando prendas de uso privativo de las fuerzas militares, quien se detuvo en la puerta de la Zona Humanitaria y durante varios minutos observó al interior del lugar. Minutos después continuaron su camino hacia Puerto Esperanza.
Hacia las 10:00 a.m., en el caserío de Puerto Esperanza, varios campesinos observaron entre las unidades militares a dos encapuchados, quienes portaban uniformes militares con insignias del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7 del ejército.
Posteriormente, algunos campesinos identificaron a los dos encapuchados con el rostro descubierto y se pudo reconocer que ambos habían participado de las estructuras paramilitares que operaron en la región en la época del desplazamiento, entre el 2002 y el 2004.
* Lunes 5 de Febrero hacia las 10:00 a.m., se produjo una explosión en las instalaciones del Colegio “El Encanto”, ubicado a la entrada del caserío de Puerto Esperanza. Al lugar se dirigieron unidades militares y realizaron labores de registro y control.
* Miércoles 14 de febrero unidades militares de la Brigada 7 del ejército realizaron registros a las casas abandonadas y a las habitadas del corregimiento de Puerto Esperanza en búsqueda de explosivos
Este día, en horas de la mañana en la ciudad de Villavicencio, en el marco del seguimiento de Medidas Cautelares se expresó la preocupación por la explosión de un artefacto al lado de las instalaciones del Colegio El Encanto, en la entrada del corregimiento de Puerto Esperanza, el 5 de febrero y la legalidad de las operaciones militares con encapuchados.
El coronel ROMERO responsable del área de operaciones del Batallón 21 Vargas en el municipio El Castillo, manifestó : “si la comunidad tiene alguna queja en especial sobre lo que supuestamente sucede en presencia de este personal, lo del acompañamiento a las patrullas de personal encapuchado, pues que pongan la denuncia. Pues a mi me parece que es un sofisma de distracción para motivar que la fuerza pública se tenga que ir de ese sector como se ha sentido a lo largo de la reunión. Si es así, que si el hecho es verdad, pues denúncielo ante un organismo competente como la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría o cualquiera otro y no solamente diciéndolo aquí ante nosotros y también les dice que no es una conducta normal ni lógica que las patrullas oficiales se hagan acompañar de personal encapuchados. Tengo aquí un informe de la fuerza pública hablando de la actitud de la comunidad y donde se informa de la presencia nuestra en el punto donde nos encontramos y ningún sitio en la Republica esta (sic) vedado para la fuerza pública. Retomando lo dicho por la señora María que dice que en varias ocasiones hemos intentado ingresar a la Finca El Encanto y nos han retenido, nosotros no tenemos limitación de entrar a ninguna parte, tendríamos que tener una prohibición expresa pero como es una vereda podemos y debemos estar en ella el tiempo que sea necesario. Sin embargo y siendo consecuentes con las medidas cautelares somos cautos y no ingresamos a la Finca donde está el asentamiento pero eso es diferente, por que (sic) no queremos complicaciones”.
La Defensoría Regional manifestó en la misma reunión su preocupación por las expresiones de los agentes estatales respecto a las preocupaciones y denuncias formuladas, ratificando que existen informaciones sobre la presencia de paramilitares en la región.
* Jueves 15 de febrero a las 8:45 a.m., y a las 9:07 a.m., se escucharon explosiones en las afueras del caserío de Puerto Esperanza. Posteriormente, unidades militares de la Brigada 7 expresaron a los pobladores que estas correspondían a desactivaciones de aparatos explosivos hallados el día anterior en el caserío, en dos casas vacías “al parecer un campesino las bajó desde una vereda para venderlas como chatarra”.
* Domingo 8 de abril hacia las 7:30 a.m., dos unidades militares del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7 del ejército, cortaron el alambre que visibiliza la zona de cultivo de la Comunidad Civil de Vida y Paz, ubicada al frente de la Zona Humanitaria e ingresaron a ella.
Varios integrantes de CIVIPAZ se dirigieron al lugar y les exigieron retirarse de la propiedad de la comunidad. Los militares se retiraron.
Una hora después, un grupo de niños de CIVIPAZ salieron de la Zona Humanitaria hacia el río “La Esperanza” y observaron en el espacio de siembras de la comunidad a cuatro hombres uniformados, uno de ellos encapuchado.
A las 8:35 a.m., varios miembros de la comunidad y acompañantes nacionales e internacionales, se dirigieron al lugar, exigiendo a los uniformados que se retiraran de la propiedad privada. Los uniformados portaban distintivos del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7, uno de ellos expresó dirigiéndose al resto de los efectivos regulares, mientras se retiraban del lugar: “si ven, yo les dije que la vez pasada nos habían sacado de aquí y que no podíamos estar”.
* Lunes 9 de abril en Puerto Esperanza varios integrantes de CIVIPAZ se dirigieron a los lugares de siembra de siembra y se percataron que varios tramos de la malla que visibiliza la Zona Humanitaria estaban cortados, y algunas matas de yuca estaban arrancadas, era el mismo sitio de presencia militar del día anterior.
* Domingo 15 de abril entre las 10:00 a.m. y 11:00 a.m., el Teniente Viceprimero de apellido FERRO, perteneciente al Batallón 21 Vargas, llegó a la tienda de ALDEMAR LOZANO, le pidió las facturas de compra de mercado y se los llevó consigo sin dar ninguna explicación.
Hacia las 7:00 p.m., las facturas fueron devueltas a ALDEMAR por el militar quien expresó: “Ya le anotamos el código, el nombre suyo y de su local. Ya confirmamos las facturas.. Necesito el censo de los pobladores de Puerto Esperanza y como sea tengo que conseguir el censo de los de allá arriba, -refiriéndose a la Zona Humanitaria- y los nombres de los lideres”.
Este mismo día pidieron la licencia de funcionamiento de la carnicería y discoteca que funcionan en Puerto Esperanza. Algunos militares expresaron que estaban realizando un empadronamiento.
Hacia las 8:00 p.m., unidades militares del Batallón 21 Vargas ordenaron a los pobladores del caserío de Puerto Esperanza a que apagar las luces y no salir de las casas.
Extraoficialmente hemos tenido conocimiento de la pretensión de deslegitimar la defensa de los derechos humanos vinculando al defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, PABLO CALA, en actuaciones que son carentes de veracidad, que no tienen coherencia y lógica y que pretenden estigmatizar y judicializar la solidaridad internacional en particular la de España. Falsedad de falsedades que solamente pretende justificar las operaciones militares contra la Comunidad Civil de Vida y Paz, pues todo aquello, que escape de las formas de compresión institucional es tildado de subversivo, guerrillero o terrorista.
Al leer estas páginas, ustedes percibirán que se trata de una persecución no esporádica, sino sistemática, puesto que los patrones de actuación se repiten una y otra vez, las justificaciones que no lo son pretenden mostrar a las víctimas como sujetos sin derecho, como combatientes, cuando no lo son; desconocen los mínimos de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional, por eso nuestra expresión de Censura Moral.
Las pretensiones y objetivos implícitos de la criminalidad aún no aparecen a la luz, los intereses económicos por fuentes de agua, explotación petrolera, o la biodiversidad; pero se usa muy mal del pretexto de la existencia de la guerrilla para perseguir a la población. Los criminalizados, los judicializados, los retenidos, los obligados a patrullar con uniformes militares, los intimidados, los hostigados, los ejecutados son campesinos. Su sangre derramada por la injusta actuación criminal del Estado muestra la inexistencia de los límites, de los mínimos humanos. Se mata a los civiles como si se tratará de cosas de deshecho, como cosas que se arrojan a los basureros; se despoja el victimario de cualquier honor militar, asesinando a mansalva y sobre seguro, montando mediáticamente la justificación criminal con la cual pretende ocultar la podredumbre y la fetidez de su comportamiento bárbaro.
Fundados en la política de seguridad, actúan sobre seguro, sus actuaciones criminales no serán sancionadas, por que ha hecho carrera el crimen, como reedición de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Las prácticas militares de la Brigada 7 continúan sosteniendo sus estrategias encubiertas, clandestinas; patrullan con supuestos desmovilizados, hoy vestidos de camuflado, anuncian la presencia de nuevas estructuras paramilitares con nuevos nombres. Es normal. Por eso no escandaliza el saber públicamente que en las versiones los mandos paramilitares expresen que han sido creación del Estado, que se han beneficiado y han participado en sus operaciones criminales empresas, políticos y hasta sectores de iglesias.
Nuestra Censura Ética los apela para que desde sus responsabilidades detengan este silencioso baño de sangre, esa cocción a fuego lento que se realiza contra la población. Los apelamos a que cesen las persecuciones, cesen los atentados a la vida e integridad personal de los campesinos del Ariari; el hostigamiento y abusos de autoridad contra los integrantes de CIVIPAZ. Desde hace cinco años, han conocido de la grave situación de las familias del Ariari, la recomposición paramilitar, la descomposición del batallón 21 Vargas y nada absolutamente nada, de modo eficaz, se ha realizado. Ninguna investigación ha sido seria, profunda para constatar que la verdad de las víctimas es la verdad real, el desarrollo de una estrategia criminal que compromete responsabilidades institucionales, la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Más de 200 crímenes en total y absoluta impunidad.
Nuevamente los apelamos a que detengan este silencioso y silenciado baño de sangre en el Ariari. Son décadas de exterminio con todas las técnicas y métodos diseñados por los amantes de la barbarie. En sus manos está evitar nuevos daños irreparables, ustedes conocen muy bien lo que es necesario hacer, para que el Estado de Derecho sea una realidad y no una simple formalidad, lo que significa el despojo de tanta mentira y la negación al uso de la violencia contra la población indefensa, que solo cuenta con su dignidad para vivir. Los apelamos esperando que asuman las responsabilidades frente a lo que ha sucedido y lo que no puede volver a repetirse nunca más.
Con profunda indignación y dolor ante tanta inhumanidad,
Bogotá, D.C. 30 de mayo de 2007
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ