Drogas y sentido común
¿Cuál debe ser la respueta democrática al problema de las drogas y del narcotráfico? Esa es una pregunta de obvia importancia para los colombianos.
Es además un tema actual, debido a la propuesta de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, presidida por los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria, que planteó una reforma de las estrategias antidrogas, proponiendo incluso la despenalización del cannabis. A esa visión se opuso el presidente Uribe, quien volvió con su idea de reformar la Constitución para penalizar el consumo de cualquier droga ilegal.
Un elemento esencial para responder a esa pregunta y avanzar razonablemente en este debate es la distinción, defendida por varios analistas, como Louk Hulsmann o Ethan Nadelman, entre los “problemas primarios” ocasionados por el consumo de una sustancia sicoactiva y los “problemas secundarios”, derivados de las políticas de control, que los Estados hayan adoptado frente a esa sustancia.
Un ejemplo ilustra esa diferencia: una cirrosis por un consumo excesivo de alcohol o un cáncer por cigarrillo son “problemas primarios” pues derivan del abuso mismo de estas sustancias. En cambio, la violencia de las mafias que controlan la producción y distribución de la cocaína o la contaminación por sida de los consumidores de heroína que comparten jeringas son “problemas secundarios”, pues derivan de la criminalización de la producción y consumo de esas drogas.
Esta distinción es elemental pero de enorme importancia, pues muestra que no son sólo las drogas las que pueden ocasionar daños; también las políticas destinadas a controlar el consumo de esas sustancias sicoactivas tienen costos y pueden ser muy dañinas para la sociedad y para los propios consumidores. Por ejemplo, si no hubiera prohibición, no habría organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, por lo cual es claro que el narcotráfico, que es un problema gravísimo en nuestras sociedades, es sin embargo un “problema secundario” en el campo de las drogas, pues deriva del prohibicionismo como política de control frente a ciertas sustancias sicoactivas.
En esas circunstancias, una política que pretenda erradicar el consumo de las drogas a toda costa es irrazonable, pues aunque logre reducir algunos “problemas primarios” de abuso de ciertas sustancias, puede en cambio incrementar desproporcionadamente los “problemas secundarios”. Eso sucede con la penalización del consumo de las drogas, pues aunque ésta pudiera reducir el consumo (lo cual es más que discutible), lo cierto es que dicha criminalización marginaría aún más a los consumidores y esa marginalidad agravaría su situación social y de salud.
Una política de sentido común frente a las drogas es entonces aquella que se propone reducir tanto los daños que ocasiona el abuso de las sustancias sicotrópicas (problemas primarios) como los daños de las propias políticas destinadas a controlar dichos abusos (problemas secundarios). Y eso es lo que precisamente plantea la llamada estrategia de “reducción del daño”, defendida por varios países europeos, como Suiza, y que ha dado buenos resultados en muchos campos. Es pues una política que los colombianos deberíamos conocer y apoyar, en vez de tratar de revivir la penalización del consumo, que únicamente agravaría los sufrimientos de los usuarios. ¿O alguien honestamente piensa que nuestras hacinadas cárceles son un buen tratamiento para un consumidor de marihuana o de cocaína?
* Director del Centro de Estudios DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional.
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Rodrigo Uprimny
http://www.elespectador.com/columna118552-drogas-y-sentido-comun