Dos misiones internacionales concluyen que las ejecuciones extrajudiciales son una política habitual en el país latinoamericano
Dos misiones internacionales denunciaron este jueves en sendos informes la implicación de las fuerzas de seguridad del Estado en el “grave” deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Colombia, reflejado en un aumento de las ejecuciones extrajudiciales “directamente atribuibles a la Fuerza Pública”, de las acusaciones y hostigamientos a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, en el reforzamiento y surgimiento de nuevas formas de paramilitarismo y en la “absoluta impunidad” reinante en el país.
La Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, efectuada por juristas, periodistas, antropólogos forenses y especialistas en Derechos Humanos de varios países, ha constatado un aumento del 65,51% de las ejecuciones extrajudiciales “directamente atribuidas a la Fuerza Pública” entre 2002 y 2007, “lapso que coincide con la política de ‘seguridad democrática’ promovida por el Gobierno actual” del presidente Álvaro Uribe, según se lee en el informe, hecho público hoy durante una rueda de prensa en Madrid.
Entre julio de 2002 y junio de 2007 se han registrado al menos 955 casos de ejecuciones extrajudiciales “atribuibles directamente a la Fuerza Pública”, frente a los “577 casos registrados entre julio de 1997 y junio de 2002”, afirma el documento. Hasta diciembre del año pasado la cifra asciende a 1.122 casos, a los que se unen otros 538 registrados desde esa fecha hasta el pasado mes de junio, según declaró el abogado colombiano Óscar Correa, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), integrante de la misión.
“La política de ‘seguridad democrática’ exige resultados positivos a la Fuerza Pública en la lucha contra las fuerzas insurgentes”, explicó Correa. Como consencuencia de ello, aseguró, se han producido ejecuciones extrajudiciales “de personas no combatientes, campesinos, dirigentes comunitarios e indigentes de las ciudades, a los que les ponen uniformes y armas y se les presenta como narcoterroristas caídos en combate”, denunció.
Detenciones arbitrarias
La misión registró también “hasta 7.000 detenciones de personas presentadas ante los medios como representantes de la guerrilla y que, como se ha podido constatar, eran campesinos a los que se había criminalizado por el hecho de residir en zonas en poder de los insurgentes”, prosiguió el abogado colombiano.
El informe denuncia también que “un elevado número de los casos de ejecuciones extrajudiciales quedan en la más absoluta impunidad”, debido a que la mayoría de los casos son investigados por la jurisdicción penal militar -lo cual “no asegura una investigación imparcial”-, a la actuación “débil e insuficiente” de la Fiscalía y a la “dificultad de acceso de los familiares a la justicia”.
La delegación llegó a Colombia en octubre de 2007 y se entrevistó con víctimas relacionadas con 132 casos de ejecuciones extrajudiciales, con representantes de las autoridades estatales y locales y con organizaciones sociales. También recabó informaciones sobre procesos judiciales impulsados por organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos. “Antes de salir el informe, el Gobierno colombiano ya lo estaba descalificando”, según Correa.
Operaciones militares de gran escala
Por su parte, el Cuarto Informe de la Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (editado por el Ayuntamiento de Gijón), presentado en la misma rueda de prensa, asegura que el Estado colombiano “somete a regiones del país a operaciones militares de gran escala, en las que resultan afectadas personas civiles” y en las que se han registrado “ejecuciones extrajudiciales, bloqueos de alimentos y medicinas, bombardeos, censos ilegales, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, campos minados, desplazamiento forzado, tortura, trato cruel o degradante”.
Estos hechos, según el documento, son “atribuibles en su mayoría a las fuerzas de seguridad del Estado, a los grupos paramilitares y la estrategia paramilitar que persiste y, en menor grado, a las guerrillas”.
“El Gobierno colombiano insiste en negar la existencia del conflicto militar, insiste en negar la existencia de grupos paramilitares, insiste en negar la situación de los Derechos Humanos, pero el conflicto no sólo existe, sino que se está degradando, y los grupos paramilitares se están rearmando e incluso cambiando de nombre y operan en 23 de las 33 regiones del país”, declaró el responsable de la delegación asturiana, Javier Orozco.
Asimismo, Orozco denunció que desde las “altas esferas del Gobierno, incluida la Presidencia de la República”, se acusa constantamente a los grupos de Derechos Humanos, a los sindicalistas y a los representantes sociales de ser “amigos de los terroristas o correas de transmisión de los terroristas”, una práctica de la “que se desprenden amenazas” contra estos colectivos.
l respecto, citó el caso del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, quien acusó a los participantes de la ‘Marcha por la Vida’ del pasado 6 de marzo, organizada por “víctimas de los crímenes del Estado”, de ser “un movimiento de las FARC”. Esa acusación derivó en amenazas a sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y “en el asesinato de sindicalistas en la semana posterior”. “Hay un vínculo entre las acusaciones del Gobierno, las amenazas de los paramilitares y los asesinatos posteriores”, aseguró Orozco.
Las dos misiones hicieron pública, asimismo, una directiva secreta del Ministerio de Defensa colombiano que revela la existencia de un sistema de recompensas por la “captura o abatimiento” de insurgentes financiadas en partes con fondos procedentes de “la cooperación internacional”.