Dos años de impunidad en la ejecución extrajudicial del joven Norbey Martinez

A dos años de impunidad en la ejecución extrajudicial del menor Norbey Martinez se devela que el ejercito tienen como “blanco legitimo” los colegios de Caloto Cauca


El 28 de septiembre de 2012, NORBEY MARTINEZ BONILLA, desapareció de su casa de habitación, en el marco de intensos enfrentamientos armados librados entre el Ejército Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep, en el municipio de Caloto.

NORBEY, al momento de su muerte, contaba con quince años de edad y hacía parte de una familia campesina pobre de la vereda El Pedregal del municipio de Caloto, conformada por sus padres y tres hermanos menores.

Desde el viernes 28 de septiembre de 2012, sus familiares lo esperaban en su casa después que terminara sus labores de agricultura; el día sábado 29 de septiembre, sus familiares, al ver que no llegaba, iniciaron la búsqueda ante las autoridades sin resultado alguno.

El martes 2 de octubre de 2012, el cadáver del menor fue entregado a sus familiares en el Instituto de Medicina Legal de Cali, quienes reportaron señales de tortura que, ni Medicina Legal ni la Fiscalía han aclarado hasta le fecha. http://prensarural.org/spip/spip.php?article9313

Luego de su muerte, los medios de comunicación masivos y las autoridades militares presentaron al menor como un veterano guerrillero conocido como “Yair” dado de baja en combate. Según el ejército, el subversivo tenía más de diez años en la insurgencia y hacía parte de la seguridad de un jefe guerrillero. Si NORBEY tenía 15 años de edad, resulta improbable que fuera alias “Yair” pues debió ingresar en tal hipótesis a la insurgencia a los 5 años de edad.

http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-275926-asi-combaten-ejercito-y-farc-caloto-cauca
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/en-combates-en-caloto-cauca-murio-guerrillero-de-las-farc_12268273-4

Los documentos militares

Los documentos militares dicen que los hechos se presentaron en el marco de la Orden Fragmentaria No. 001 “SATURNO” a la Orden de Operaciones No. 0017 “SOCRATES” al Plan Operacional “ARTEMISA” de la Brigada Móvil No. 14 de la Tercera División del Ejército, adscrita al Comando Conjunto No. 2 “PACIFICO”.

Llama poderosamente la atención que según los informes militares, la operación se dio “cumpliendo una orden legítima del servicio y que guarda relación directa con el mismo” “Consistente en desarrollar y sostener operaciones de acción ofensiva (desarticulación) con dos compañías estableciendo el esfuerzo principal (en las veredas de el vergel, el pedregal, el placer, venadillo, pajarito, el credo, los chorros, la buitrera, la chivera, los colegios del municipio de Caloto- Cauca, sobre la estructura narcoterrorista denominada sexto frente de la ONT FARC”.

Es inaudito que el ejército, desconozca lo mandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al Estado de Colombia a través de las medidas cautelares MC-79-10 que confirió protección a 179 familias campesinas, para que no efectuara combates en medio de la población civil en las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto, amén de los Comunicados de Prensa del órgano internacional. NORBEY y su núcleo familiar eran beneficiarios de las cautelares desde el 13 de agosto de 2010, en razón a los cerca de medio centenar de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH atribuibles al ejército.

Resulta inconcebible que el ejército reconozca expresamente mediante Oficio 1123 de 28 de noviembre de 2012 del Juzgado 56 de Instrucción Penal Militar que dispuso “operaciones de acción ofensiva” contra “los colegios del municipio de Caloto Cauca”, insólito proceder que infringe el derecho Internacional Humanitario.

Igualmente escandaloso resulta que el propio Comandante de la Brigada Móvil 14, que produjo la muerte del menor NORBEY, haya ordenado archivar la investigación disciplinaria 003-2012 el 2 de mayo de 2013 a favor de sus hombres, con fundamento entre otras pruebas, en las declaraciones de dos desmovilizados de las Farc, que según el mismo órgano castrense, fueron los que supuestamente suministraron la “información errada” sobre que el menor era el guerrillero alias “Yair”.
Grave confirmación que el órgano castrense esté utilizando personal reinsertado no solo para acusar a ciudadanos por el delito Rebelión sin serlo, sino que utilice los desmovilizados para negar el derecho de las víctimas a la verdad.

Las Pruebas

El proceso penal es adelantado por la Fiscalía 41 de La Unidad de Derechos Humanos y Dih de Cali, bajo el SPOA 760016000193201227450. Del prolífico material probatorio recaudado en la investigación y del contexto se infiere que el menor fue víctima de homicidio agravado, sin embargo a dos años la justicia no ha tomado las decisiones respectivas.

El informe FPJ-13 del Investigador de Laboratorio, de septiembre 29 de 2012, en el análisis para la presencia de nitrito en el interior del cañón del fusil que presuntamente portaba el menor reporta NEGATIVO; es decir que el arma no fue disparada y contradice los informes militares que aseguran que la muerte se produjo en “un intercambio de disparos”.

En la diligencia de inspección al cadáver del menor se habla de la incautación de dos proveedores para fusil, uno de los cuales, curiosamente, se encontraba vacío.
Por su parte, el uniforme camuflado con que apareció vestido el menor, pertenece al Batallón de Intendencia No. 44 del Ejército Nacional y, en el Informe de Necropsia del Instituto de Medicina legal de Cali se reporta que las botas portadas por el niño eran de cuero, pero las botas entregadas a sus familiares con el cadáver son de caucho.

Igualmente, el Grupo de Investigación Criminal que efectuó los actos iniciales el 28 de septiembre de 2012, afirma que ese grupo llegó en helicóptero a las 19:10 horas, a 5 kilómetros de distancia del lugar de los hechos a “una zona bastante inhóspita de difícil acceso y presencia de la guerrilla”. Afirma también que a las 20:30 horas ya habían efectuado el levantamiento del cadáver; Resulta inverosímil que en una hora y veinte minutos el grupo investigador haya transitado cinco kilómetros, de noche, en una zona de guerra, y haya practicado adecuadamente el levantamiento del cadáver y haya recopilado los elementos probatorios con el cumplimiento de los protocolos legales nacionales e internacionales.

En Comunicado de Prensa emitido por el Ejército Nacional, fechado en Miranda Cauca, el 27 de noviembre de 2012, el cual dice textualmente: “El Comando de la Fuerza de Tarea Apolo se permite aclarar la información suministrada en el Boletín de Prensa No. 107 de fecha 29 de septiembre del presente año, en el cual se identifica al sujeto muerto en desarrollo de operaciones militares como alias Yair, un terrorista que al parecer llevaba 10 años dentro de la organización del Sexto Frente de las FARC. El sujeto neutralizado en desarrollo de operaciones militares no correspondía a alias “YAIR “ o “PISTOLA”, como en primera instancia se informó, sino a un sujeto de nombre NORBEY MARTINEZ BONILLA quien vestía un uniforme pixelado de uso privativo de las Fuerzas Militares y portaba un arma de largo alcance”.

El arma que supuestamente se le incautó a NORBEY no fue disparada tal y como indica el estudio forense del arma.

Los obstáculos

Los efectivos militares por diferentes vías han intentado obstaculizar el curso de las investigaciones, en un primer momento con citaciones realizadas por el mismo Comandante de la Brigada Móvil 14, so pretexto de la realización de la investigación disciplinaria mencionada supra; de manera insistente cito irregularmente a los padres de la víctima, con el fin de tomar supuestas declaraciones; incluso hubo manifestaciones de judicializar al padre de la víctima.

Así mismo es importante resaltar que los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad han sido denunciados penalmente por Falsa Denuncia, Injuria y Calumnia por el comandante del operativo militar (SPOA 19146000614201300081) por el simple hecho de denunciar los hechos.

Dos son los lenguajes del Estado de Colombia, el diplomático ante la Comunidad Internacional, que logró sacar a Colombia del Capítulo 4 -léase lista negra de la CIDH por violaciones en materia de Derechos Humanos y, otro, el lenguaje de los militares que haciendo caso omiso a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos, se atreven a definir como campo de batalla no solo las veredas protegidas habitadas por inermes campesinos, sino también todos los colegios del Municipio de Caloto; Una declaratoria de guerra, de muerte y desprecio sabida en contra de cientos de niños y jóvenes campesinos, indígenas, afrodescendientes, pero solo hasta ahora revelada. Hipócrita política de derechos humanos del gobierno Santos.

Caloto, Cauca, 1 de octubre de 2014
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
http://www.justiciaydignidad.org/