¿Dónde está la bolita?
El prodigioso crecimiento de Saludcoop, y de sus similares, ha ocurrido en los mismos años en los que se evidenció la crisis del sector salud.
Mientras el gobierno expide decretos funerarios contra el ya deficiente servicio de salud que reciben los colombianos, los intermediarios se enriquecen astronómicamente. De las 100 empresas más grandes de Colombia, cinco son intermediarias de la salud.
La más grande de ellas se llama Saludcoop y ocupa el lugar número 18 en el ranking de las mayores empresas del país. Saludcoop nació en 1994 con 2.500 millones de pesos de capital y de acuerdo con el informe publicado en mayo por SEMANA -basado en las cifras declaradas-, hoy cuenta con un patrimonio de 439.391 millones de pesos. Lo cual quiere decir que en estos 16 años ha multiplicado 176 veces su tamaño.
El prodigioso crecimiento de la compañía, y de sus similares, ha ocurrido en los mismos años en los que se evidenció la crisis del sector salud.
En contraste con el colapso de la medicina que reciben los colombianos, Saludcoop no ha parado de crecer, incluso devorando a sus competidores. Hace un tiempo compró otras dos EPS llamadas Cafesalud y Cruz Blanca. Tiene su propia red de clínicas, unidades de imágenes diagnósticas, laboratorios clínicos, ópticas y una empresa especializada en el suministro de medicamentos y productos hospitalarios.
Para asegurarse de que la plata sólo salga de un bolsillo para entrar en otro, Saludcoop es dueña de Work & Fashion, que produce confecciones hospitalarias y deportivas. Los pacientes y los visitantes de sus clínicas consumen los alimentos preparados por su compañía Health Food. El mantenimiento de sus equipos lo encarga a Bio Rescate, otra sociedad de su grupo. La ropa hospitalaria es lavada por Impecable, su lavandería de sábanas y prendas nosocomiales. Las medicinas se las compran a su empresa Epsifarma, para ganar también porcentaje sobre el ibuprofeno y otras efectivas drogas recetadas a los pacientes de Saludcoop. Claro está que el valor es negociado previamente con los laboratorios por su compañía Pharma 100 S. A., con el propósito de obtener los mejores precios para la organización.
Pero ahí no para el negocio. Sus propios trabajadores dejan un porcentaje en las arcas de Saludcoop por el honor de trabajar allí: Serviactiva, su precooperativa, le suministra el personal de servicios generales. Quienes laboran en servicios médicos son contratados por Cuidados Profesionales. Los vigilantes vienen de su empresa Orientación y Seguridad Ltda. Audieps se encarga de la auditoría de calidad y si un usuario tiene algún reclamo para hacer, será atendido por el amable Call Center del grupo, llamado Contact Service.
Mientras usted lee esta columna, la batería de abogados de Saludcoop mirará con lupa para encontrar un motivo para demandarme por haberme atrevido a contar estas verdades. Esa labor seguramente se iniciará con la juiciosa pesquisa de Jurisalud.
Y para cumplir con la ley que establece que las cooperativas deben destinar parte de sus ingresos a la educación, Saludcoop es dueño del Colegio Los Pinos de Bogotá y mantiene el no menos pedagógico Instituto Saludcoop de Golf que, desde su bonita sede en el norte de Bogotá, instruye a niños y adultos en la práctica de este popular deporte. Las ventas de Saludcoop en el año 2008 se acercaron a tres billones de pesos. Su utilidad operacional aumentó un 184 por ciento en relación con el año anterior. Y seguramente podría haber tenido ganancias aún mejores si sus proveedores -que en buena parte son sus propias empresas- le hubieran cobrado un poquito más barato los numerosos suministros y servicios.
Uno de los principios fundadores del periodismo de investigación señala que para encontrar la causa de un problema hay que seguir la plata.
Al gobierno no se la ha ocurrido pensar que el derrumbe de la salud puede encontrar explicación en la desmedida ambición de los intermediarios y en la pasmosa inactividad de la propia administración que lleva casi ocho años aplazando la solución (y rebajándoles sanciones a estos pulpos).
No, para ellos, el costo lo deben asumir los trabajadores colombianos que después de pagarles cada mes el 12,5 por ciento de sus salarios a las EPS, absurdamente reclaman que esas compañías cumplan con su parte del contrato.