Divide y vencerás
Divide y vencerás. Esa ha sido la política del gobierno de Uribe frente a grupos que se resisten y oponen a temas tan importantes como la negociación del Tratado de Libre Comercio, la realización de algunos megaproyectos y la Seguridad Democrática. Para contrarrestar el poder de las autoridades tradicionales indígenas, afrocolombianas y sindicales, el gobierno ha creado o estimulado organizaciones negras, indígenas y de trabajadores afines al uribismo.
Pocos grupos han realizado una resistencia tan organizada y persistente a las políticas del Gobierno como los indígenas paeces del Cauca, liderados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Pues bien, el Gobierno impulsó la creación de la OPIC (Organización de Pueblos Indígenas del Cauca) en la zona de resistencia y lucha indígena más tradicional y emblemática en Colombia. La OPIC, una asociación civil indígena sin ánimo de lucro, agrupa a indígenas protestantes o evángelicos sin el aval de ningún Cabildo y desconociendo la autoridad tradicional indígena y sus procedimientos de representación
En los últimos meses, también ha surgido una organización indígena en la Sierra Nevada que comienza a desafiar la autoridad del Cabildo Kankuamo. Este nuevo grupo considera, por ejemplo, que la realización de megaproyectos como el puerto de Dibulla en la Guajira o la represa Los Besotes son benéficas para la comunidad y obviamente, sus posiciones han fortalecido su interlocución con los gobiernos regionales y locales de la zona.
Así mismo, el gobierno creó el año pasado la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana como un espacio de interlocución entre el Gobierno y las comunidades negras. Esta figura, liderada por el Vicepresidente Francisco Santos, duplica la Comisión Consultiva de Alto Nivel y las Comisiones Consultivas Departamentales y Regionales, creadas por la Ley de Negritudes hace dos décadas para que el gobierno y los representantes de las comunidades afrocolombianas dialoguen y tomen decisiones conjuntamente sobre temas que afectan sus territorios colectivos. Por ejemplo, la construcción del puerto de Buenaventura y la autopista que conectaría al puerto con Tumaco tienen que discutirse y aprobarse en este escenario.
Por esta misma línea, el Movimiento Primero Colombia, liderado por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, creó hace un par de meses la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), una nueva central obrera cuyo presidente es Ricaurte García, director de un sindicato del Ministerio de Protección Social. Este nuevo sindicato busca contrarrestar las centrales antiuribistas en temas clave, como la negociación del TLC.
¿Cuál es la estrategia?
La “cooptación” o “paralelismo” no es algo nuevo. Sin embargo, ya comienzan a verse los resultados concretos de esta estrategia que tiene varios fines.
Por un lado, afianzar la simpatía de grupos que, como en el caso de los afro e indígenas, viven en zonas de alto interés económico y que sólo se pueden explotar si las comunidades de estos territorios lo avalan a través del mecanismo de consulta creado por la Constitución de 1991.
Gran parte de la población afrocolombiana está asentada en el Pacífico, un área cada vez más estratégica para el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales, turísticos y de infraestructura. Como constitucionalmente el gobierno tiene que contar con el visto bueno de estas comunidades para hacer cualquier intervención en ese territorio, los consejos comunitarios, los palenques, y las organizaciones de base negras como PCN y Cimarrón se han vuelto una piedra en el zapato para el Presidente.
El Gobierno pretende superar este obstáculo a través de la Comisión Intersectorial, creada por recomendación del senador gringo del Black Caucus Gregory Meeks. Meeks tenía en mente la Comisión creada por Bill Clinton para superar las barreras estructurales del racismo en Estados Unidos. En la práctica, la Comisión Intersectorial suele reunirse solo cuando el Gobierno la convoca y para discutir temas de su interés, excluyendo los asuntos e iniciativas propuestos por las organizaciones de base, las autoridades locales, las ONG afro y los consejos comunitarios.
Diferentes miembros de las organizaciones afro aseguraron a la Silla Vacía que la Comisión Intersectorial se creó para facilitar la ejecución de un eventual Tratado de Libre Comercio ya que quienes participan allí asumen que la pobreza de las comunidades negras se superará a través de una mayor inversión en grandes proyectos que promuevan el desarrollo industrial de estas zonas. Sin embargo, los líderes tradicionales de las comunidades afro rechazan estas estrategias que en muchos casos van en contravía de sus imaginarios culturales y usos de la tierra.
Por otro lado, la estrategia de Uribe busca legitimar su proyecto político a nivel internacional haciendole contrapeso al lobby en el exterior de estas comunidades con miembros de los mismos grupos que lo critican afuera.
Por ejemplo, en casi todos sus últimos viajes a Washington, Uribe ha viajado acompañado de una comitiva afro integrada por la Ministra de Cultura y otros afrocolombianos prominentes de la Fundación Color. Este grupo está conformado por gran parte de la elite intelectual y política afrocolombiana y cuenta con el respaldo de la Embajada gringa, pero está lejos de representar las visiones e intereses de las comunidades afrocolombianas de base (que en todo caso están bastante divididas).
Algo similar pero con menor éxito ha tratado de hacer el Gobierno con los indígenas. “Con la OPIC, el Gobierno ha querido deslegitimar el movimiento de resistencia y mobilización indígena y a sus autoridades tradicionales generando confusión entre los movimientos sociales y desviando la información de los medios de comunicación frente a los aliados nacionales e internacionales”, dijo Javier Sánchez, el Consejero de Territorios y Recursos Naturales de la ONIC, a La Silla Vacía. “Se juega con la necesidad y el hambre de las comunidades indígenas. Se les toman fotos y los ponen a posar queriendo mostrar que todo está bien y que los indígenas están con Uribe”.
Diferentes opiniones sobre el lanzamiento de OPIC.
La ONIC, la CRIC, y la ACIN han manifestado públicamente que la OPIC deslegitima el poder de las organizaciones y autoridades tradicionales y que pretende invisibilizar y acallar la Minga Social y Comunitaria que ha desencadenado amenazas y muertes entre el pueblo indígena y que tanto malestar le ha causado al Gobierno.
Líderes indígenas dijeron a la Silla Vacía, pero no lo pudimos confirmar de manera independiente, que los miembros de la OPIC están teniendo un trato preferente para obtener la libreta militar y para acceder a viviendas de interés social pues sólo sus miembros son beneficiados por estas iniciativas del Gobierno.
La Silla Vacía llamó a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, a la Defensoría Delegada de Indígenas y Minorías y a la Vicepresidencia de la República para obtener la visión del gobierno sobre este tema, pero no logramos obtener una respuesta.