Disputas territoriales, asesinatos, intimidación y control armado en el Bajo Putumayo
Hoy, jueves 10 de diciembre hacia las 10:00 a.m en Bogotá nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada por dos fuentes distintas que solicitaron reserva de su nombre informaron la crítica situación humanitaria y de derechos humanos que se viene presentando en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo en el Bajo Putumayo debido a la disputa armada por control territorial entre los llamados Comandos de La Frontera y el Frente Carolina Ramirez de las FARC en los corregimientos de Piñuña Blanco y la Inspección de Puerto Asís.
Las dos fuentes que se comunicaron señalaron que hay prohibición de denunciar los hechos, tanto los atropellos a los pobladores como la bajas de integrantes de ambos grupos armados.
Uno de los denunciantes indicó que en Puerto Leguizamo el número de bajas sería mayor del Comando Frontera pues en sus filas hay muchos jóvenes reclutados recientemente. Uno de ellos indicó que en desarrollo de las hostilidades se observó el apoyo de FFMM a los Comandos Frontera. Agregaron que unidades del Frente Carolina Ramírez se han movido en los últimos 20 días lo que hacía previsible estos enfrentamientos que han afectado a la población. En medio de ese estado de zozobra, de amenazas selectivas y generalizadas se vienen presentando desplazamientos forzosos de núcleos familiares en absoluto silencio e invisibilidad para evitar ser amenazados.
El pasado 25 de noviembre, entre las comunidades Mansoyá 1 y el Águila, en la inspección de Puerto Asís, dos hombres armados de la estructura Comandos de la Frontera, asesinaron al líder social Fernando Mejía Angarita.
Fernando hizo parte de la Comisión Municipal de Planeación Participativa instancia del Programa Nacional de Sustitución de cultivos ilícitos PNIS.
En desarrollo de sus operaciones armadas, los integrantes de Comandos de la Frontera, han obligado a comunidades rurales a asistir a reuniones donde han ratificado las amenazas expresadas en el panfleto conocido la semana pasada en el centro urbano de Puerto Asís. A quién de niega a asistir se les cobra (multa) con pago de dinero. Para el reclutamiento forzoso vienen ofreciendo hasta dos millones de pago mensual.
En desarrollo de ambas operaciones armadas se han impuesto restricciones a la movilidad de la población.
Además, han asegurado que el Ejército está al tanto de sus operaciones y movimientos y que ellos los cubrirán en caso de ataques del Frente Carolina Ramírez. Agregaron que nada de derechos humanos podría operar en los territorios.
A pesar de la fuerte presencia militar y policial de la Brigada XXVII de Selva, y la Policía Nacional, no existe respuesta institucional que permita la protección de la vida e integridad de las poblaciones rurales en los municipios del Bajo Putumayo.