Discriminación y pseudodemocracia
La discriminación histórica y sistémica es por lo general sutil. Por eso es difícil detectarla.
Mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas LGBTI o minorías políticas, cuando la sufren y protestan en su contra son vistos con desdén o compasivamente por los beneficiarios de la injusticia.
Esto vale especialmente para la oposición en Colombia. Una muestra de cómo opera la discriminación política, que hace de la nuestra una pseudodemocracia, es la manera como se filtran los candidatos invitados a los debates definitivos en las justas electorales. So pretexto de convocar sólo a los más opcionados en los sondeos, los medios excluyen a magníficos competidores que enriquecen el debate, como sucede con el del Polo, Aurelio Suárez Montoya. Algunos medios privados ven con descarnado realismo el asunto. Sólo cuentan los más fuertes, como en la selección natural de Darwin. No tienen interés en mejorar el debate sino en apostar a los ganadores. Se refuerzan así los prejuicios contra tendencias políticas con posibilidad de ofrecer alternativas que refrenden y legitimen al sistema democrático.
Construir democracia requiere que los medios masivos de comunicación contribuyan al pluralismo, como lo ha hecho la W Radio con el candidato del Polo cuya preparación ha sorprendido a sirios y troyanos. Es de recordar que empresas como CM&, RCN y Caracol hacen uso del bien público que es el espectro electromagnético, por lo que tienen tanto derechos como deberes. Uno de éstos es promover la democracia. Los medios masivos de comunicación son libres pero tienen responsabilidad social. No es responsable excluir la voz de la oposición bajo el argumento de que su representante tiene poca favorabilidad en las encuestas. Por el contrario, no tenerlo en cuenta en el debate es discriminar al único partido político declarado en oposición al Gobierno, precisamente por ser minoría.
El Polo Democrático Alternativo puede merecer un castigo en las urnas por no haber reaccionado a tiempo en el caso del carrusel de la contratación en Bogotá. Pero debe ser el pueblo quien decida al respecto, no los medios masivos de comunicación. Los particulares con poder en este campo no debieran escudarse en que la ley de garantías electorales no exige reconocer tal participación. Por el contrario, los medios arriba mencionados mostrarían estar a la altura de sus compromisos constitucionales si dejaran escuchar a la única voz en la contienda que habla desde la otra orilla de la gran coalición nacional. Tal decisión contribuiría con creces a educarnos políticamente al permitir que la votación de la población se base en las razones y los argumentos de los candidatos, no en los sondeos de opinión sobre el más probable ganador.
El país necesita de una oposición seria y responsable que pueda ser oída. Los formadores de opinión pública y voluntad política podrían contribuir a su fortalecimiento no por liberalidad sino porque ello es sano para la democracia. Una disposición anímica en tal dirección supone ciertamente algo de valor civil, de apostasía del oficialismo, de apertura mental frente a los contradictores. Para que la nuestra sea algún día una verdadera democracia, directores de medios, periodistas y hasta políticos podrían contribuir a que la contienda electoral fuera pluralista al incluir a los opositores “oficiales” al Gobierno en los debates televisivos.