Difamación y señalamiento a la Comisión Justicia y Paz, Amenazas a Danilo Rueda, P. Alberto franco y P. Javier Giraldo.
Campaña de desprestigio contra nuestra Comisión de Justicia y Paz y amenazas de muerte. En particular contra DANILO RUEDA, el padre ALBERTO FRANCO y contra el padre JAVIER GIRALDO del CINEP
Bogotá, D.C., 23 de abril de 2010
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro de Interior
JAIME BERMÚDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores.
FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación (e)
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
.
“El Fundamentalismo es un proyecto totalitario. Cuánto más se destruya el Derecho y a los que exigen dignidad, cuanto más se les extermine, se les excluya, se les difame, cuanto más pestilencia y más aniquilación de la vida, mucho mejor, esa desgracia, anticipa la nueva tierra, la destrucción de los excluidos y de quiénes estén a su lado. La destrucción por cualquier forma del otro: es la salvación, el paso a un nuevo milenio”
Camilo de las Casas
Nuestra Constancia y Censura Ética contra la continuidad de la operación de persecución mediática y de desprestigio de nuestra organización y en particular del defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, DANILO RUEDA y el padre ALBERTO FRANCO, así como el director del banco de datos del Cinep, P. JAVIER GIRALDO.
Desde el año 2003 en medio de la implementación de la política de seguridad nuestra organización ha sido objeto de una persecución sistemática que ha incluido señalamientos, amenazas de muerte, seguimientos, planes de atentados, judicializaciones, interceptaciones ilegales de teléfonos y de correos electrónicos.
Algunas de estas operaciones se han enmarcado dentro de las actuaciones de espionaje y de investigación ofensiva ilegal y arbitraria del DAS en concurso con sectores empresariales que en el bajo Atrato como la empresa Maderas del Darién Pizano S.A. y la Comandancia de las Fuerzas Militares en cabeza del general JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, protector del general RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS.
A raíz del esclarecimiento colectivo de la responsabilidad de la brigada 17 y de la brigada 15, de la policía de Urabá y el desarrollo de la estrategia paramilitar para lograr con el despojo violento y los mecanismos fraudulentos para la redefinición del sentido territorial en agronegocios y operaciones extractivas, las técnicas de persecución se han combinado de una y otra manera con el objetivo de silenciar, de distorsionar, de asegurar la impunidad y un modelo de desarrollo excluyente y criminal.
En nuestra situación actual se condensan las operaciones adelantadas por el G3 del 2003 y las recientes operaciones ordenas a través del DAS con la Operación Transmilenio, Operación Europa, Operación Internet, Operación Intercambio, Operación Extranjeros con los objetivos de sembrar dudas, divisiones en las comunidades, impedir la restitución de la propiedad y desarrollar una operación de desprestigio y judicializaciones.
Han intentado infructuosamente, en lo que es coincidente con la Operación Intercambio del DAS, “Neutralizar influencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, los objetivos fueron los mismos que se trataron de cumplir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el 2003 hasta el 2009. Igualmente, Operación Extranjera es coincidente con las acusaciones sin fundamento contra PBI y PASC de Canadá.
Insistimos en que la intensa campaña de desprestigio con el uso de páginas Web, de giras exclusivas para cambiar la percepción de congresistas y organizaciones sobre nuestra Comisión de Justicia y Paz, tienen como antecedentes las acciones ilegales de seguimiento del DAS contra miembros de nuestra organización y de las comunidades del Cacarica. Las recientes revelaciones judiciales de las distintas operaciones ilegales emprendidas por el DAS, entre otras, contra organizaciones de Derechos Humanos, en las que se decide la construcción de páginas Web, dentro de la llamada “Operación Internet” en la que se plantean como objetivo “generar controversia en torno a las ONG” dentro de la estrategia de generar “desprestigio”, mediante la “emisión de comunicados a través de la creación de las páginas”
Por eso, ahora se intensifica la campaña contra los defensores de derechos humanos, DANILO RUEDA y los sacerdotes ALBERTO FRANCO, JAVIER GIRALDO acusados falsamente.
DANILO RUEDA acusado de fraude procesal, proceso que es inexistente en tribunales nacionales e internacionales, pero que se muestra como si existiese, acusación sin fundamento fáctico ni jurídico. Bajo esta falsa acusación se trata de producir una distorsión mediática tendiente a desacreditar, a deslegitimar la voz, la palabra legitima de este defensor de derechos humanos respecto a este caso y la posturas planteadas de la responsabilidad internacional del Estado colombiano en crímenes de lesa humanidad y en el despojo violento, bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP. Distorsión que ha estado acompañada de operaciones de escuchas ilegales y de cuestionamientos públicos del Vicepresidente FRANCISCO SANTOS, por su papel en los Estados Unidos.
Igualmente a los sacerdotes, defensores de derechos humanos, ALBERTO FRANCO y JAVIER GIRALDO se les acusa de terroristas, responsables de asesinatos y de discriminación, como si el ejercicio de defensa de los derechos humanos integralmente concebidos, la afirmación de la verdad respecto al conflicto armado interno, los crímenes de lesa humanidad y las infracciones al derecho humanitario cometido por quiénes participan en la confrontación fuera una conducta delictiva
Es evidente que se trata de minar las iniciativas que las comunidades negras y mestizas adelantan en el bajo Atrato que han propiciado el regreso a las tierras evitando la consumación de un modelo de desarrollo sustentado en el crimen, en el despojo violento. Se trata de negar la posibilidad de la memoria ante la impunidad reinante y desde allí la reconstrucción de un Estado de derecho frente a un Estado de hecho allí pretendiendo consolidarse, se trata de imponer una versión oficial de la historia y de socavar el carácter de las iniciativas de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, como experiencia de la población civil y sus derechos para ubicarlas como parte de la estrategia guerrillera.
“Esta estrategia de guerra, cimentada en la teoría del odio y de la rebelión armada, aclamada dentro de los valores corporativos de esta ONG (ver Razón de ser # 5), se materializa en el trabajo de campo desplegado a través de rebeldes sin causa que tienen la misión de mantener divididas las comunidades y proteger a los miembros del grupo terrorista Farc, dentro de las Zonas Humanitarias, con el objetivo de sustraerlos del control estatal y poder así amedrentar a la población civil con su presencia activa y permanente”. http://www.ladiaspora.org/espanol/home/index.php aparece la cita sobre la razón 5
Si existiese una voluntad política de proteger los derechos humanos, de proteger las comunidades que afirman sus derechos y de garantizarles el derecho legítimo de que en ellas se promuevan los derechos humanos a través de organizaciones de derechos humanos, nada de lo que hoy es parte de una estrategia integral similar a los manuales que reposan en los procesos judiciales contra agentes del DAS, se estaría produciendo. Es evidente que si la política criminal fuera eficaz, operando con diligencia contra las estructuras criminales que han despojado violentamente y se han beneficiado de los recursos estatales para legalizar el despojo violento no estaríamos en la situación permanente de zozobra y de riesgo.
Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética ante la continuidad de la estrategia mediática, de desprestigio, de calumnias parte de la infamia de los victimarios y de los beneficiarios del paramilitarismo.
* Miércoles 21 de abril en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió en su correo electrónico con el Asunto: AFRODESCENDIENTES RECHAZAN Y DEPLORAN INTERVENCIÓN DE ONG “JUSTICIA Y PAZ” suscrito por “La Diáspora del Atrato” http://www.ladiaspora.org/espanol/home/index.php Este texto se divulgó en la última semana de marzo pretendiendo boicotear la presentación del defensor de derechos humanos DANILO RUEDA en Washington.
En el texto de difamación afirman que “ la intervención del señor DANILO RUEDA, de la ONG denominada Comisión Intereclesial de justicia y Paz, como expositor en el evento programado por la Agencia WOLA para el día Viernes 26/03/10, sobre la “impunidad en el Chocó y el desplazamiento en el caso Curbaradó y Jiguamiandó” es parte de una estrategia más desplegada por la ONG que representa, la cual ha sido señalada de actuaciones delictivas en contra de las comunidades afrodescendientes, en complicidad con las Brigadas Internacionales de Paz PBI y la organización terrorista FARC”.
Afirman señalan que el Defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz DANILO RUEDA “está hoy cuestionado por un fraude procesal internacional, mediante el cual engañó al sistema interamericano de DD.HH y a la comisión de expertos de la OIT, aduciendo que representaba 515 familias afrodescendientes de Curbaradó y Jiguamiandó, las mismas que han sido víctimas de las acciones delictivas de las Farc y sus propagandistas de las ONG. Posteriormente tuvo que retractarse en audiencia ante la Corte Interamericana de derechos humanos, el día 5 de Febrero de 2005 en San José de Costa Rica”.
Igualmente, se presenta la iniciativa de las Zonas Humanitarias como parte de una estrategia de la guerrilla de las FARC-EP.
El Sábado 17 de abril este texto de desinformación y calumnioso fue rebotado desde el correo electrónico mfcabal@hotmail.com, al parecer, perteneciente a MARIA FERNANDA CABAL MOLINA, ex directora de Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, dirigido a Fedegan, Fedepalma, Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, Fernando Londoño Hoyos, ex ministro del Interior, comprometido en montajes contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.
From: mfcabal@hotmail.com
To: adelfio_22@hotmail.com; adolfoclavijo@cable.net.co; afroyumbo@hotmail.com; afterbeatry@yahoo.es; agroban.gerencia@une.net.co; amlapadu@fibertel.com.ar; alejolandia@gmail.com; ape46@hotmail.com; afierro@fedegan.org.co; aevargas@telecom.com.co; alagume@gmail.com; alvaro_fernandez69@hotmail.com; ana_maria_cabal@hotmail.com; andresaraujo314@hotmail.com; calderonmadero@gmail.com; acastro@fedepalma.org; angelabad@rts-sa.es; a_nt_hony7@hotmail.com; antoniolopez48@gmail.com; abenitez@accionsocial.gov.co; arturozea@yahoo.com; bjforero@gmail.com; ctseverini@hotmail.com; carlos.pastrana@ipt.com.co; covalle@fedegan.org.co; claintegral0308@yahoo.es; claudiavelez35@yahoo.com; daisymancilla@hotmail.com; dariblandon@hotmail.com; dfolave@gmail.com; djmolina95@aol.com; djmolina95@hotmail.com; diegorincon12@hotmail.com; privatelif@gmail.com; navialopez@yahoo.com; eduardo.pizarro@cnrr.org.co; cruzrivas1@yahoo.com; ernestoyamhure@hotmail.com; felix.salcedo@fundacionhayek.com; comitevidacolombia@yahoo.es; fernando.alameda@pensamientocolombia.org; flondonohoyos@gmail.com; jorge.baca@fiscalia.gov.co
No habría que olvidar que CABAL MOLINA, de acuerdo a medios de prensa, se opuso a la decisión del fiscal de conocimiento de la masacre de San José a llamar a indagatoria a 69 militares por este múltiple crimen. Al respecto manifestó al diario El Tiempo, en su momento, el 18 de marzo de 2007: “Uno en estas instituciones tiene que aprender a ser hipócrita. A reírse y llevarse la información debajo del brazo, a morirse de la risa y hacerse el pendejo. El calibre de esa noticia no lo han medido, sobre todo porque estamos ad portas de decisiones en Estados Unidos sobre el Plan Colombia y el TLC. No se puede tener la ligereza de filtrar a los medios una noticia que va a reventar al país. Hay que manejarla con discreción”.
* Jueves 22 de abril en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió un correo con los artículos contenidos en la página Avanti Ragazzi entre ellos “JUSTICIA Y PAZ SE RETUERCE DEL ODIO” y “”CRÓNICAS DE UNA MUERTE” en los que se difama no solo sobre nuestra labor sino también de organizaciones de derechos humanos como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Comisión Colombiana de Juristas, Cinep e internacionales como Peace Brigades International, PBI y PASC de Canadá, y reitera nuestra labor asociada a la guerrilla de las FARC EP, y personaliza una serie de acusaciones sin fundamento contra los sacerdotes ALBERTO FRANCO y JAVIER GIRALDO y contra DANILO RUEDA.
“La ONG COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ, es la señora y dueña de la estrategia de las ZONAS HUMANITARIAS y de BIODIVERSIDAD, su ejercicio humanitario lo tienen completamente ideologizado, son los encargados de ejecutar la estrategia de MEDIOS, JURIDICA y POLITICA, por lo tanto, son la mano derecho y línea política más importante que tiene las FARC dentro de la estrategia por el control de la población y el territorio. (…)
”(…)Las ONGS BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ (PBI) y PAZ CANADA, juega el papel de acompañantes internacionales y son estratégicos en el posicionamiento de las denuncias a Nivel Internacional. Estas organizaciones no están sujetas al control de las autoridades del estado, por lo tanto, no respetan el estado social de Derecho, bajo la posición de que su ejercicio humanitario está por encima del estado. Tienen un especie de FUERO DIPLOMATICO, tristemente avalado por el estado Colombiano
”(…)LINEA JURIDICA. Está a cargo de la ONG COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ, a nivel Nacional sus abogados fungen como APODERADOS de personas investigadas por REBELION, DESPLAZAMIENTO y/os, pero a su vez, son denunciantes y partes civiles en procesos que bajo el mandato de los investigados en el 2022, presentaron en contra de empresarios y líderes de las comunidades.(…)”
”(…)Tienen mecanismos de presión muy diversos, pero en especial el concepto de MEDIDAS PROVISIONALES les permite mantener el estado Colombiano en permanente estado de presión, les tienen la espada de democles en el cuello. Bajo este criterio direccional el estado Colombiano bajo una política totalitarista de comunismo en su más radical expresión.
En el SISTEMA INTERAMERICANO esta ONG actúa a través de DANILO RUEDA, quién en estos momentos dada su nivel de involucramiento con las FARC, hace parte de COLOMBIANOS y COLOMBIANAS POR LA PAZ (…).
”(…) Siempre en estas actuaciones y ante la OIT, van en bloque y los ponen de presentes con el COLECTIVO DE ABOGADOS JAIME ALVEAR y la COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS.
Las absurdas afirmaciones insostenibles fáctica, ética y jurídicamente se extienden a ALBERTO FRANCO y JAVIER GIRALDO a quiénes se acusa de racistas, de discriminadores y de responsables de crímenes. “Teología de la liberación”(..) Terrorismo con sotana” (…) asesinos disfrazados de ovejas”.(…) Manuel Pérez, Camilo Torres. Alberto Franco, Javier Giraldo una vez mas los criminales de justicia y paz hacen “señalamiento” al consejo comunitario de la cuenca del curbarado. (…) una vez más queda demostrado, el odio racista, segregacionista de la ong terrorista “Justicia y Paz” (…) http://avanti-ragazzi-tf.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=16 y http://www.youtube.com/watch?v=e8HnVRzkWPk&feature=player_embedded
Aproximadamente a las 5:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de una serie de pintas en el entorno del Ministerio de Medio Ambiente, la Universidad Javeriana y el edificio de ECOPETROL. En la Calle 38 con Carrera 13 costado oriental se escribió la siguiente pinta: Ong Justicia y Paz = Muerte contra el cura marxista acción nacionalista AR – NR; entre las calles 34 y 35 con carrera 13, la siguiente expresión Contra el cura marxista acción nacionalista AR-NR. En el costado occidental la siguiente pinta; Javier Giraldo = a muerte AR-NR, calle 33 entre la carrera 7ma y la carrera 13 sobre el lado derecho: Contra el cura marxista Acción Nacional; carrera 7ma con 41 y 42 en el separador al frente de la U Javeriana, costado occidental ONG Justicia y “Paz” Terrorista y Contra el cura marxista Acción Nacionalista y en la Calle 40 con Cra 7ma.
Hacer doble click sobre las imágenes para ampliarlas.
Quiénes suscriben algunos de estas pintas realizan entrenamientos de operaciones ofensivas y psicológicas en parques de la ciudad de Bogotá, como El Nacional, y el club de militares retirados de la 65 con 4ta.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de la operación sistemática de difamación y desprestigio basada en un montaje discursivo falso, incoherente, sin fundamentos fácticos que compromete de manera evidente la responsabilidad de sectores beneficiarios del paramilitarismo, sectores militares y empresariales.
La campaña de difamación que comprende el cabildeo sustentado en falsos testimonios de reinsertados de la guerrilla de las FARC EP como el de alias “Samir” o “Karina” y operaciones publicitarias carentes de veracidad se han sustentado en operaciones empresariales ilegales y militares, acciones ilegales de seguimiento del DAS contra miembros de nuestra organización y de las comunidades del Cacarica, en las que se decide la construcción de páginas Web, dentro de la llamada “Operación Internet” en la que se plantean como objetivo “generar controversia en acerca en torno a las ONG” dentro de la estrategia de generar “desprestigio”, mediante la “emisión de comunicados a través de la creación de las páginas.”
Las lógicas de persecución con espionajes y operaciones ilegales de militares y de policías, y del DAS, se construyen con matrices de opinión que usan del lenguaje y de las formas para confundir, haciendo aparecer a las víctimas como victimarios, a las organizaciones humanitarias como las responsables de violaciones de derechos humanos. Han sido esas mismas actuaciones ilegales, arbitrarias de agentes estatales en las que se ha sustentado un absurdo proceso judicial como el 2022 que ha criminalizado a líderes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, que han cometido como único delito el pensar en la protección de su vida y del territorio ante los intereses mezquinos empresariales.
Con estas técnicas se pretende encubrir a los beneficiarios de las operaciones de ocupación de predios en el bajo Atrato, que se han relacionado al más alto nivel de gobierno; a quiénes se beneficiaron de créditos del Banco Agrario para la implementación de los agronegocios de la palma aceitera; se maquilla la intervención contra los principios de la ética empresarial y los criterios de RSPO que promulga Fedepalma.
Toda esta operación pretende impedir la labor legítima de defender, de promover los derechos humanos de las comunidades negras y mestizas que desde las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad han logrado develar el entramado criminal que se encuentra detrás de la Palma de Urapalma, de Palmadó, de Palmas de Curvaradó, de la Extractora Bajirá S.A. o de las empresas ganaderas como La Tukeka o como las de Asoprobeba o las del Coronel MOLANO. Pretende silenciar y posibilitar una restitución de la propiedad a la medida de los victimarios y beneficiarios del paramilitarismo. Todo los intervinientes en favor del Estado de derecho, de la verdad, de la justicia y de la reparación de las víctimas son marcados como funcionales a la guerrilla de las FARC EP; estigma del que ni siquiera han escapado, funcionarios del mismo gobierno que han cumplido con su deber, como tampoco el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
¿Qué se sigue luego de la campaña mediática, de la campaña internacional de desprestigio, de los fracasados intentos de judicialización? ¿Más montajes judiciales para insistir en que seamos privados de la libertad? ¿Qué las fuentes de financiación de la solidaridad internacional cesen? ¿O intentarán acabar con la vida de miembros de nuestra organización como DANILO RUEDA, el Padre ALBERTO FRANCO o el Padre JAVIER GIRALDO del Cinep?.
En sus manos esta Constancia Histórica que pretende advertir sobre los daños irreparables a la vida e integridad personal que puede sobrevenir contra miembros de nuestra Comisión de Justicia y Paz o el montaje de procesos judiciales para imposibilitar la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos.
Si desde el más alto nivel las operaciones ilegales no hubieran sido toleradas, si desde el ejecutivo no se profirieran señalamientos y limitaciones a la libertad de expresión contra defensores de nuestra organización, como lo hizo, usted señor Vicepresidente FRANCISCO SANTOS, contra el defensor de derechos humanos DANILO RUEDA, su ex alumno en la Universidad Javeriana, y se hubiera enfrentando integralmente el paramilitarismo nada de esto estaría sucediendo. Si quiénes patrocinaron y conformaron estrategias criminales desde los poderes civiles y militares hubieran sido sancionados, está campaña de difamaciones no estaría puesta en marcha.
Ante la inoperancia del ente judicial que priva de la libertad a quiénes protegen la vida y el territorio, y es inactivo en la investigación respecto a las amenazas de muerte, atentados, secuestro, planes de asesinato y desaparición forzada, judicializaciones, los criminalidad que se tomó el bajo Atrato, a sangre y fuego, con trámites fraudulentos, usurpación y financiación estatal disfruta de plenas libertades y de garantías. Mientras los empresarios siguen listados en los expedientes judiciales, con un acervo probatorio suficiente para que se ordenen medidas de aseguramiento, las investigaciones se desvían con la inclusión en el expediente de calumnias y difamaciones como las que están arriba citadas.
En medio de esta ausencia de eficacia para garantizar el derecho legítimo a defender los derechos humanos, reiteramos en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional se nos informe por parte del Alto Comisionado de Paz, FRANK PEARL y el Ministerio de Relaciones Exteriores, JAIME BERMÚDEZ:
Qué día, que hora y lugar serán citados los gestores de paz DANIS DANIEL SIERRA alias “Samir” y NELLY ÁVILA MORENO alias “Karina” para que sostengan ante las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar en las que concertamos una estrategia con la guerrilla de las FARC EP?
Igualmente, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación se nos informe:
1. El estado de las investigaciones respecto a las amenazas de muerte, secuestro, planes de atentados, montajes judiciales, operaciones ilegales del DAS, de la policía y de las fuerzas militares contra defensores y defensoras de nuestra organización?
2. Se nos explique la razón de la ausencia de una acción efectiva frente al esclarecimiento de la entrega de información al G 3 por parte de JOHANA CABEZAS, abogada de Maderas del Darién Pizano S.A., difamadora ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y estrecha colaboradora del general ® JORGE ENRIQUE MORA RANGEL en la campaña de desprestigio?
3. Qué resultados arroja la investigación para identificar los responsables de operaciones Transmilenio, Extranjeros, Internet y su relación con sectores del actual gobierno nacional, sectores empresariales y militares activos y retirados?
4. Cuál es el resultado de la investigación por la operación de desprestigio a través de “los negritos” como los llamó el general ® RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS concertada con el ex ministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS?
5. Hasta cuando se va a continuar la persecución judicial a las 15 personas de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad vinculadas absurdamente en el proceso 2022, sin resolver en derecho su situación jurídica, frente a un montaje iniciado con falsos testigos, algunos pagos por parte de autoridades locales?
En sus despachos nuestra Constancia y Censura Ética haciéndolos responsables de cualquier daño irreparable a la vida, a la integridad personal de DANILO RUEDA, del Padre ALBERTO FRANCO y de cualquiera de los y las integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, y del Padre JAVIER GIRALDO, del Cinep, así como de cualquier crimen contra las comunidades negras y mestizas que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
Con profunda indignación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz