Diez reclamantes de tierras amenazados por empresarios y paramilitares
Desde el martes pasado hasta hoy viernes han arreciado las amenazas de muerte, hostigamientos, señalamientos contra integrantes de los consejos comunitarios que reclaman predios colectivos en territorios colectivos del bajo Atrato.
Entre las personas amenazadas se encuentran los reconocidos líderes Enrique Petro y Ledys Tuirán, además, Andrés Lince, Marleny Benítez, Tulián Nisperusa, Oberto Beltrán, Luis Correa, Carlos Hernández, Arley Nolasco, Deivid Salas.
En las comunidades de Pedeguita y Mansilla, así como Curvaradó, familias despojadas de los consejos comunitarios vienen ingresando a su predios, dado el incumplimiento de las diversas instancias del gobierno y de los jueces para la restitución de tierras.
Marleny Benítez su familia, junto con la familia Triana ingresaron en las últimas semanas a predios ocupados por los paramilitares de la familia Castaño Gil, que crearon, según, las victimas del despojo la Asociación ASOPROBEBA, con apoyo de sectores de la iglesia católica local en las tierras comunitarios de Pedeguita y Mansilla
La cuestionada Asociación interpuso ante el regreso de los legítimos dueños querellas policiales para asegurar su despojo, igualmente, las personas cabeza de familia han recibido una serie de amenazas por reclamar las tierras por parte de los empresarios.
Uno de los líderes de Curvaradó, Enrique Petro, ha visitado o establecido comunicación con estos reclamantes de tierra y ha sido amenazado por integrantes de ASOPROBEBA.
En los predios ocupados hay control y operaciones paramilitares y exparamilitares que andan vestidos de civil con armas cortas.
En los límites de los predios colectivos de Pedeguita Mansilla se encuentra el territorio de Curvaradó del que forma parte el consejo comunitario de Caño Manso.
Estas comunidades desde hace 16 meses acordaron con el gobierno una serie de medidas para evitar que los empresarios continuaran controlando las tierras y destruyendo sus bienes de pan coger, entre ellos, el nombramiento de un Inspector ad hoc para ordenar el desalojo de los empresarios.
Desde hace ocho meses, el Inspector, dejo de actuar mientras los empresarios continuaron consolidando su poder con ingreso de centenares de cabezas de ganado bufalino, destruyendo los bienes de supervivencia de las comunidades y con amenazas de muerte, en medio de la parsimoniosa actuación institucional.
Desde el pasado martes hasta el jueves, las comunidades desinstalaron dos cabellerizas y una vivienda de material y sacaron cerca de 250 reces de ganado vacuno del ocupante de mala fe, Luis Felipe Molano, ha consolidado sus operaciones empresariales ilegales de ganadería extensiva en predios colectivos.
Administradores, vaqueros y trabajadores del exmiliitar Molano en respuesta amenazaron de muerte a Ledys Tuirán, Andrés Lance, Tulián Nisperusa e intimidaron y torturaron psicológicamente a Guillermo Correa en un baño y amenazaron con quemar la vivienda de Carlos Hernández.
Igualmente atacaron con machete al joven Deivid Salas.
Las actuaciones legitimas de las comunidades son el resultado de una serie de incumplimientos del gobierno para asegurar que los empresarios no sigan operando ni destruyendo sus siembras de pan coger de las comunidades.
Las comunidades denuncian la inacción ante las operaciones de tiipo paramilitar que se desarrollan sin reacción alguna de la fuerza pública presente en el territorio.
En este contexto el gobierno nacional está avalando que sectores de negros comprometidos con el empresariado criminal desarrollen actitudes discriminatorias y de exclusión de los derechos del conjunto de los afromestizos que realizan estos actos de dignificación y afirmación pacífica de sus derechos.
El paraempresariado como lo califican analistas continúan buscando mecanismo de legalización de sus actuaciones con la creación de contratos de arriendo, que desconocen el derecho de consulta y el derecho a la restitución, buscando proteger sus inversiones ganaderas y palmeras.
Sobre Luis Felipe Molano y el empresario Juan Guillermo González no existe investigación penal alguna.
Bogotá, D.C. octubre 4 de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz