Devuelven a la Presidencia pruebas aportadas en caso Plazas Vega
El Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo, había enviado unos documentos que el Juzgado Tercero Penal le devolvió por considerar que no tenía legitimidad para actuar en el caso.
El Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá le devolvió al secretario Jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, una acción de cumplimiento y una declaración extra juicio relacionadas con el juicio que enfrenta el coronel (r), Alfonso Plazas Vega, por carecer de legitimidad dentro de este proceso.
El funcionario de la Casa de Nariño había enviado una comunicación dirigida a la juez del caso, María Stella Jara, a través de la cual le hizo llegar varios documentos que, según manifestó, le había suministrado el abogado Pedro Capacho Pabón, defensor del ex uniformado.
Se trataba de una declaración ajena al juicio rendida por un ciudadano identificado como Gustavo Alonso Velásquez López y una acción de cumplimiento, sin firmante, a través de la cual se buscaba que se revocara la orden de traslado de Plazas a la Penitenciaría Nacional de la Picota y fuera devuelto a la Escuela de Infantería, una vez hubiera sido dado de alta en el Hospital Militar.
Amparada en el Título Tercero de la Ley 600 del 2000, y a través de una comunicación fechada el pasado 23 de noviembre, la juez María Stella Jara respondió negativamente al envío que recibió de la Presidencia de la República.
“Me permito devolverle la declaración extra proceso rendida por el señor Gustavo Alonso Velásquez López, como quiera que usted carece de legitimación para actuar dentro de la presenta actuación, por cuanto no ostenta calidad de sujeto procesal”, dice el Oficio No. J3-2230 del Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá.
Recientemente, los familiares de los desaparecidos, encabezados por René Guarín, exigieron que se iniciara una investigación en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y que se indagaran las razones por las cuales el coronel (r) Plazas Vega continuaba internado en el Hospital Militar, cuando dos exámenes de Medicina Legal demostraban que no había objeciones científicas que lo impidieran.
En su momento, el Inpec anunció que mientras el Hospital Militar no diera el aval era imposible que se efectuara el traslado, pese a la existencia de los exámenes, pronunciamiento que se conoció sólo unos días después de que se hicieran públicas las actuaciones que adelantaba la Procuraduría en contra de los guardias que participaron en el traslado del acusado a prisión, en agosto pasado.
Hoy, a escasos días de que se produzca el fallo, se pone de presente esta intervención por parte de la Presidencia de la República, mediante su Secretario Jurídico, que terminó siendo rechazada por parte de la misma juez que adelanta el caso.