Devolución parcial de tierras en Curvaradó
Desde hoy 15 de febrero de 2008 se ha iniciado una nueva fase dentro del proceso de restitución de la propiedad colectiva y predios individuales que fueron ocupados de mala fe por empresarios palmeros, ganaderos y madereros.
Los habitantes afrocolombianos del caserío de Cetino y de Camelias, en particular, los que hoy habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, serán testigos de la entrega de los predios, sembrados con palma al Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura, luego de una medición y un acta de entrega.
Las cerca de 254 hectáreas en Cetino sembradas hasta hoy ilegalmente por Agropalma y las 1.050 hectáreas de Camelias sembradas ilegalmente por Palmas S.A, arrebatadas violentamente a sus legítimos dueños, desde 2001, mediante operaciones paramilitares consentidas por la Brigada 17.
Un tema de preocupación es que la restitución material de la propiedad derive la responsabilidad a las comunidades de atender el problema fitosanitario causado por la palma que se encuentra enferma.
Los territorios despojados violentamente, pretendieron ser “legalizados” a nombre de estas empresas mediante mecanismos fraudulentos y el desarrollo del agro negocio de palma de aceite financiado con recursos oficiales a través de FINAGRO.
Desde el 2001 los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Jiguamiandó y Curvaradó dejaron en conocimiento de las autoridades nacionales, el cuerpo diplomático, agencias de cooperación, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en las visitas in loco, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la persecución sistemática de la que fueron objeto desde octubre de 1996 y las fases de arrasamiento en 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 con la que se aseguró el territorio para los agronegocios paramilitares de la palma, la ganadería extensiva, y la extracción madera.
Los afrocolombianos y mestizos exigieron al Estado colombiano la devolución sin condicionamientos de los territorios ocupados, recurriendo a diversos mecanismos de protección y de actuación judicial internos e internacionales como el Sistema Interamericano de derechos humanos, Comisión y Corte Interamericana, sistema de Naciones Unidas, Jurisdicción Universal y a mecanismos extrajudiciales como la Comisión Ética de la Verdad.
En esta búsqueda de restitución de sus derechos al territorio, lograron el reconocimiento, sin precedentes, por parte de El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, CEACR, de la OIT desde 2007 como pueblo tribal reconocidos siendo beneficiarias integralmente del convenio 169 de la OIT.
Las comunidades víctimas del despojo de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad demostraron ante el gobierno nacional la propiedad colectiva e individual, en algunos casos, de esos territorios, lo que se logró luego de saltar grandes obstáculos y presiones, con comisiones de verificación a instancias de las Medidas Provisionales, el aporte de pruebas. Así se expidieron nuevamente las resoluciones 2424 y 2159 de 2007 por el Incoder en las que se reconoció la titularidad colectiva. A través de procedimientos administrativos la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante las resoluciones 3617, 6286, 6525, 6524 y 6523 de 2007, restableció jurídicamente en magnitud de 23.000 hectáreas a la propiedad colectiva, las que habían sido usurpadas por empresas palmicultoras y ganaderas.
Estos derechos de titularidad han sido negados sistemáticamente por la Inspección de Policía Carmen del Darién, y por la Inspección Municipal de Riosucio y jueces de ese municipio, así como la Inspección Municipal de Belén de Bajirá. Ellos han obrado arbitraria e ilegalmente sin que las autoridades competentes hayan sancionado tales desbordamientos. La Inspección policial de Carmen del Darién inadmitió 12 querellas presentadas por la comunidad para que se ordenase la restitución de los territorios y el lanzamiento de los ocupantes de mala fe, con el falaz argumento de la extemporaneidad.
Hasta hoy los requerimientos hechos por las comunidades al poder judicial y disciplinario colombiano a que opere con celeridad y en Derecho no han tenido respuesta eficaz. Los jueces y fiscales, luego de 10 años de inacción y de 3 años de investigaciones, no han ordenado la restitución de la tierra, ni sancionado a quienes desde la estrategia paramilitar y empresarial, diseñaron, implementaron y se beneficiaron del despojo violento.
La devolución realizada por Agropalma y Palmas S.A. no significa que las 11 empresas restantes, palmeras y ganaderas, entre ellas, Urapalma, Palmas de Curvaradó, La Tukeka, y la Extractora Bajirá S.A., Asoprobeba, lo piensen hacer.
Por el contrario, empresarios como GABRIEL JAIME SIERRA continúan con la extracción del fruto de la palma, la conversión de la palma en cultivos de banano, implementado nuevos viveros y extendiendo la deforestación hacia el Jiguamiandó. Este empresario cabeza visible de la empresa Palmas de Curvaradó continúa consolidando la estrategia de repoblamiento y control social. No cesa la extracción del fruto de la palma hacia Mutatá a la Extractora Bajirá S.A.
Simultáneamente, este avance se ve enfrentado a las viejas estructuras paramilitares que no han sido desestructuradas, las comandadas por “Don Mario” por ejemplo a nombre de las “Águilas Negras” o “Autodefensas Gaitanistas” operan a la vista de los efectivos de la Brigada 15 y de la Policía de Urabá, al lado de reconocidos empresarios ganaderos o administradores de ocupantes de mala fe en Caño Manso y Caracolí. Controlan las transacciones de recursos maderables, protegen la extensión ganadera y la siembra de palma con tácticas de camuflaje, el mototaxismo y el comercio en Belén de Bajirá, Brisas de Curvaradó, Riosucio, Mutatá, Nuevo Oriente.
Lo que hoy puede pensarse como un avance ha estado precedido por lo asesinatos recientes de ORLANDO VALENCIA y WALBERTO HOYOS; por los intentos de asesinato contra MIGUEL HOYOS y ENRIQUE PETRO, por las amenazas que aún pesan contra ENRIQUE PETRO, LIGIA MARIA CHAVERRA, MANUEL DENIS BLANDON, ERASMO SIERRA, EUSTAQUIO POLO, LIRIA ROSA GARCIA, LEDYS TUIRAN, MARTHA MARTINEZ, LUIS ALBERTO RENTERIA, DANILO VERGARA, BENJAMIN SIERRA, WILLINTON CUESTA Es entre otros, gracias a ellos que ha sido descubierto esa espesa torre de destrucción de la vida humana y del planeta. Sus demandas instauradas ante el Estado Colombiano les ha convertido en blanco de hostigamientos y de amenazas y en sujetos de falsos procesos judiciales y de señalamientos. Situación similar ha corrido para los acompañantes en terreno y los integrantes del equipo jurídico de la Comisión de Justicia y Paz que les presta sus servicios. De tal situación no han escapado organismos de observación internacional como Peace Brigades International, Pbi y el PASC de Canadá. Organizaciones como CAJAR y CCJ que han apoyado en las acciones ante la OIT a la Comisión de Justicia y Paz, también han sido también señaladas, al lado de la Comisión.
Sin duda alguna, las acciones de dignificación como 2 peregrinaciones, con las que se rompió el cerco paramilitar, la siega de la palma en Cetino y Andalucia Caño Claro, la construcción de un Monumento a la memoria de las víctimas, destruido con posterioridad por los victimarios. Decisiones en derecho acompañadas por la Comisión Etica, la Red de Alternativas, y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Italia, de Alemania, de México, de Panamá, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Ecuador, y las apuestas comunitarias de protección a la vida como las Zonas Humanitarias y de protección y recuperación ambiental a las Zonas de Biodiversidad se convirtieron en una presión sin la cual hoy estos resultados parciales no se hubieran logrado. Era imposible ocultar la verdad.
Pero indudablemente el servicio de organizaciones de derechos humanos, de iglesias y grupos de solidaridad de los Estados Unidos y de Europa que han conocido de viva voz, la situación y las apuestas de un grupo de familias que desde las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad han exigido justicia, y han contado con su apoyo, así como, el respaldo al acompañamiento jurídico y fortalecimiento organizativo, agroecológico y psicosocial en particular de dos agencias de cooperación han llevado a concretar resultados de reestablecimiento de derechos .
Hoy faltan más de 21.000 hectáreas por devolverse al Ministerio del Interior y al de Agricultura, estas siguen en poder de los empresarios del ganado y de la palma amparados en la criminalidad.
La posibilidad del disfrute libre de los territorios recuperados parcialmente por parte de las comunidades, depende de que el Estado de Derecho se reconstruya plenamente, que las estructuras paramilitares sean realmente desmontadas, que las comunidades puedan decidir sin coacciones de sectores del empresariado y del gobierno nacional, el tipo de uso, acorde con los hábitos y costumbres, que le quieren dar a esas áreas de especial valor estratégico para el planeta.
Bogotá, D.C. 15 de febrero de 2009
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ