Devolución dilata, amenazas y destrucción de la propiedad
APROPIACION PARAMILITAR DE TIERRAS
RESUMEN
Desde 1.996 en desarrollo de la estrategia paramilitar en el corregimiento de Blanquicet, más de 24O familias se vieron obligadas a desplazarse, luego de amenazas de muerte, de la comisión de más de 70 Crímenes, muchos de ellos de Lesa Humanidad – torturas, asesinatos, desapariciones forzadas- En medio de la tolerancia y complicidad de la Brigada 17, de la Policía Urabá y las instituciones civiles, la mayoría de las familias perdieron la tierras “o entregan la propiedad, o le compramos a la viuda”.
Desde la hacienda El Trébol los paramilitares además de la violencia contra los civiles, desataron una estrategia de compra de tierras entre el Kilómetro 18 y kilómetro 30 de la carretera panamericana hasta la serranía conocida como El Cuchillo. Desde ese momento los alias de “Napo”, “Cuchillo”, “Gallito”, “Jimmy”, “55” se encuentran en la memoria de los habitantes, ellos los victimarios son beneficiarios o testaferros. Hoy 11 años después del desplazamiento disfrutan de los beneficios de la impunidad institucionalizada, de la protección a través de la reingeniería paramilitar a través de la “Aguilas Negras” y son benefactores de la laxitud institucional.
Las 10 familias asociadas en la Cooperativa COOTRAGLOBLAN, nacida en 1.990 con el propósito de lograr un mejoramiento de su calidad de vida y de ofrecer servicios para el consumo básico, fueron afectadas por esas operaciones paramilitares de 1.996. Las familias se vieron obligadas al desplazamiento, a la apropiación de su propiedad “La Esperanza” de 106 hectáreas y el centro de acopio “Nueva Vida”.
Rompiendo los tentáculos de la impunidad y el miedo interiorizado desde el 2001 se atrevieron a denunciar los atropellos paramilitares, se ha constatado la falsificación de firmas, la constitución de escrituras falsas, la participación notarial en la ilegalidad, la presión armada para realizar compra venta y traspasos de propiedad.
El 23 de mayo de 2005, el Fiscal 72 Seccional de Chigorodó mediante Resolución Rad 5370 ordenó la entrega material del bien inmueble denominado “La Esperanza” a sus legítimos propietarios los miembros de Cootragroblan. La decisión judicial a la fecha se encuentra en el papel, la misma no fue cumplida, debido a la inoperancia, negligencia, tolerancia y complicidad con la ilegalidad de la Inspección de Policía, entidad, del municipio de Turbo responsable de hacer efectiva la restitución del predio.
La decisión judicial de restitución del predio ratificada por la Fiscalía 72 Seccional de Chigorodó, mediante oficio del 12 de Octubre de 2005 y más recientemente, por la Fiscalía 72 Seccional Delegada de Medellín, mediante oficio del día 26 de febrero de 2007 Rad. 1034743-72 sigue sin ser cumplida. A pesar de la adopción de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2.006, las 4 familias, de las 10 que conforman la Cooperativa han sido objeto de las intimidaciones, los mensajes velados y las amenazas para lograr la restitución de la propiedad se han producido y se ha pretendido que los afectados negocien con los desplazadotes y apropiadores, para lo cual se han usado abogados y mensajeros.
En tanto, la propiedad fue tomada por estructuras paramilitares, sus legítimos dueños en el marco de las Medidas Cautelares, y como medio de protección con la finalidad de cumplir la orden de entrega del predio, plantearon la verificación minuciosa de la extensión de la finca por posibles vestigios de material bélico, explosivos, minas antipersonales, fosas comunes, restos humanos, cultivos ilícitos o demás evidencias de posibles delitos que pudieron haber sido cometidos por los paramilitares que se apropiaron del bien ilícitamente que eventualmente podrían perjudicar los derechos de las familias de Cootragroblan una vez realizado el retorno al predio de su propiedad.
Hoy en medio de la negligencia institucional para adoptar las medidas necesarias para la entrega del predio en condiciones de dignidad para las víctimas del paramilitarismo, el mismo ha sido saqueado, se han producido hurtos y daños de bienes básicos, sin que las autoridades hayan actuado diligentemente para evitar que la propiedad sea totalmente destruida.
SOLICITUDES
Enviar comunicaciones por fax o correo electrónico a FRANCISCO SANTOS, Vicepresidente de la República; FERNANDO ARAUJO, Ministro de Relaciones Exteriores; SARDI Ministro del Interior solicitar:
° Actuar en coherencia con los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana en la pasada sesión de trabajo de marzo de 2006, en la que se comprometieron a la devolución del predio conforme al fallo judicial y con una actuación de apoyo a la Inspección de Policía de Turbo.
° Adoptar las medidas preventivas de protección sobre el predio “La Esperanza”, para evitar nuevos saqueos, destrucción de la infraestructura básica que fue instalada por los integrantes de la Cooperativa, antes de su desarraigo y apropiación por paramilitares
° Adoptar las medidas de verificación técnica del predio sobre minas fosas comunes, antipersonales, caletas de dinero, cocaína, en tanto, la propiedad estuvo en manos criminales
° Adoptar las medidas de presencia perimetral de la Policía de Urabá”; enfrentamiento a las estructuras “Aguilas Negras” que operan en Chigorodó y sobre la Carretera Panamericana entre el kilómetro 18 y 35 de la panamericana, a fin de posibilitar condiciones de seguridad para las familias que regresarían al predio conocido como “La Esperanza
° Adoptar las medidas necesarias humanitarias en materia de Techo, Alimentación y Productivas para las familias que regresan
° Explicar las razones por las cuales terceros ajenos a las medidas cautelares, conocen partes del expediente y se han pronunciado al respecto generando temor y desconfianza en los beneficiarios.
Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN ARANA,
° Informar sobre el estado de la individualización de los apodados “Napo”, “Palilllo”, “Gallito”, “55”, y las razones por las cuales no se encuentran vinculados, en investigación alguna, a pesar de haber participado en la comisión de más de 70 crímenes cometidos en Blanquicet, el Desplazamiento Forzado de sus habitantes y la apropiación de tierras.
ADJUNTO CONSTANCIA Y CENSURA MORAL 1 AL GOBIERNO Y ESTADO COLOMBIANO
Bogotá, D.C. Mayo 10 de 2007
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ