Informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Nota de Prensa. 

Bogotá, 4 de abril 2022. – En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 28 de diciembre de 2021 al 25 de marzo de 2022, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hace un balance de los avances y los desafíos pendientes en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Las recientes elecciones al Congreso, al ser estas las segundas desde la firma del Acuerdo, y las primeras en que personas de las regiones afectadas por el conflicto votan por las circunscripciones transitorias especiales de paz, representan un hito importante en la implementación del Acuerdo y su contribución hacia una democracia más inclusiva.

En su informe, el Secretario General describe los desarrollos más importantes en la implementación del Acuerdo durante este periodo y reitera que “sigue siendo una oportunidad sin precedentes para que den fruto décadas de esfuerzos de construcción de la paz por parte de la sociedad y las instituciones colombianas”. El Secretario General destaca el esfuerzo del Gobierno y el de las instituciones del Estado, así como el de excombatientes y el de las comunidades que han depositado sus esperanzas en las promesas de desarrollo, reconciliación y no repetición del Acuerdo. Sin embargo, reitera su advertencia sobre los riesgos a los que se enfrenta la consolidación de la paz. “Los avances logrados en la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional y las oportunidades de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto seguirán siendo vulnerables a menos que se den pasos firmes y eficaces para consolidar la seguridad en todo el país de la manera integral prevista en el Acuerdo Final”.

El informe hace énfasis en que la mayoría de los más de 13.000 excombatientes (23% mujeres) siguen adelante en su proceso de reincorporación a la vida civil a pesar de los importantes retos que enfrentan, como el deterioro de la seguridad en varias regiones. Con relación a las recientes elecciones al Congreso, el informe resalta que se llevaron a cabo con pocas disrupciones en todo el país y destaca la participación de excombatientes de las FARC-EP en los comicios como un aspecto importante de la reincorporación política. El informe destaca, además, que la gran mayoría de exintegrantes de las FARC-EP pudieron votar, y que los incidentes registrados durante la jornada electoral se resolvieron conjuntamente entre entidades gubernamentales y estatales, representantes de excombatientes y la Misión.

Respecto a la reincorporación económica el informe indica que, a la fecha, el 63% de las y los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos. Hay 116 proyectos productivos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) que benefician a 3.855 personas (1.089 mujeres) y 3.918 proyectos productivos individuales aprobados por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) que benefician a 4.736 personas (1.097 mujeres). Como avance positivo, se informa sobre la compra, por parte del Gobierno, de dos terrenos para el antiguo Espacio de Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Anorí, Antioquia, elevando a 10 el número de antiguos ETCR que ya cuentan con tierras.

El Secretario General reitera su preocupación por la seguridad de los antiguos miembros de las FARC-EP. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 315 excombatientes (10 mujeres), 11 durante este periodo. El informe también subraya que el deterioro en las condiciones de seguridad está teniendo un impacto cada vez mayor en sus proyectos productivos y cooperativas. El Secretario General exhorta al Gobierno a no escatimar esfuerzos para garantizar la seguridad de las y los excombatientes en los antiguos ETCR y en las nuevas áreas de reincorporación, y a que se atiendan adecuadamente los riesgos y las necesidades específicas de las mujeres excombatientes.

El informe advierte que se han intensificado los niveles de violencia que afectan a la población civil, incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas, en departamentos como Chocó y Putumayo, así como en Arauca como consecuencia de confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC-EP. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró más de 13.000 personas desplazadas forzosamente, y más de 48.000 personas confinadas entre el 1 de enero y el 15 de marzo. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 43 defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluyendo cuatro mujeres, (siete documentad0s, 35 en proceso de verificación y uno no concluyente o no verificable).

El Secretario General señala que la persistencia de la violencia en varias regiones requiere la plena
implementación de las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo, especialmente con el fin de reforzar las medidas de prevención y protección por parte de las autoridades. Asimismo, enfatiza que la inseguridad solo podrá ser confrontada de manera efectiva mediante el despliegue integrado de las capacidades del Estado, y afirma que se debe poner mayor énfasis en el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales que prosperan en regiones caracterizadas por la pobreza, las economías ilícitas y el ineficaz control territorial por parte de las autoridades estatales.

El Secretario General afirma que este año representa un punto de inflexión para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Mientras la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas continúa brindando alivio a cientos de familias, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para que perpetradores reconozcan sus responsabilidades por los crímenes cometidos durante el conflicto y contribuyan a la verdad. Al mismo tiempo, la Comisión de la Verdad está avanzando en la redacción y publicación de su informe final. El Secretario General confía en que “los colombianos y las colombianas, sus dirigentes y sus instituciones tendrán la fuerza y la sabiduría necesarias para utilizar el legado de la Comisión para comprender esta dolorosa historia y para sentar, a partir de sus recomendaciones, las bases para la reconciliación y la no repetición”. Asimismo, el Secretario General reitera que el trabajo del Sistema Integral merece el pleno apoyo de la sociedad, el compromiso de todas las partes del conflicto y las garantías necesarias por parte del Gobierno y de las instituciones del Estado.

Respecto a las sanciones propias que emitirá la JEP, el Secretario General resalta que éstas “tienen el potencial de demostrar que la paz y la justicia pueden reforzarse mutuamente manteniendo a las víctimas en el centro del proceso”. El informe señala que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha intensificado los preparativos para la implementación de su mandato de verificación de las sanciones propias.

Finalmente, el Secretario General recuerda que, “al acordar poner fin a décadas de conflicto violento, los colombianos y las colombianas reafirmaron ante el mundo que incluso los conflictos más arraigados pueden resolverse mediante el diálogo”. Al aproximarse las elecciones presidenciales, el Secretario General alienta a las fuerzas políticas a mantener su compromiso con una campaña libre de violencia y estigmatización y confía en que la ciudadanía colombiana y sus líderes políticos honrarán los principios que inspiraron el Acuerdo Final de Paz al participar en el debate democrático.

El informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 12 de abril de 2022.