DeVer – Buenaventura, entre la muerte y la desesperanza. ¡Hasta cuando!
Buenaventura, es hoy foco mediático, no precisamente por mejorar las condiciones básicas insatisfechas de sus habitantes, ni por la reducción de los históricos niveles de corrupción o porque la inversión social que dejan los impuestos portuarios se refleje en la vida digna de sus pobladores.
Buenaventura vuelve a ser el centro de la noticia nacional, se alarman los medios de comunicación, se alarman las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, se alarma la institucionalidad local, regional y nacional, porque la violencia se recrudece, por el miedo y la zozobra que genera el aumento de homicidios, por el fallido intento de diálogo en el espacio socio jurídico, porque la paz no se ha podido consolidar.
Pero quienes se rasgan las vestiduras hoy por lo que sucede en Buenaventura, son a quienes menos les interesa la vida de sus pobladores, ni las condiciones de miseria y degradación del conflicto que padecen. Un distrito portuario donde la inequidad y la desigualdad se imponen; donde la institucionalidad brilla por su ausencia, en todos los niveles. ¿Por qué no se habla de esto, por qué no se abordan las causas estructurales de una violencia continuada, por más de dos décadas en Buenaventura?
Es lamentable seguir documentando la pérdida de vidas humanas por la violencia, vidas de adolescentes y jóvenes perdidas en una confrontación entre hermanos de un mismo pueblo que han sido instrumentalizados utilizando sus precarias condiciones de vida, a quienes no se les ha ofrecido en el presente las posibilidades para construir sus proyectos de vida individual y familiar.
El contexto que se vive en Buenaventura es el desenlace de la falta de atención efectiva y planificada. Nuestra Comisión de Justicia y Paz ha insistido a través de informes públicos, Deveres, Constancias y Censuras Éticas al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República y a sus distintos Ministerios, como también a las entidades del Estado colombiano, para que se atienda, revise, evalúe y adopten las medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de los habitantes de Buenaventura, desafortunadamente no se ha escuchado nuestro llamado, no se ha escuchado el clamor del pueblo.
Hemos llamado la atención sobre la crisis de la Política de Paz Total en responsabilidad de la Consejería Comisionada de Paz, que generó una gran expectativa en la población de Buenaventura cuando se inició la fase de acercamiento y la posterior instalación del espacio socio jurídico en septiembre de 2022 entre las bandas Shottas y Espartanos con el eslogan “Buenaventura Potencia Mundial de Vida”. Fuimos testigos que en el año 2024 este espacio fue abandonado por la oficina de paz, no se hizo seguimiento a lo planteado y comprometido en la instalación de este espacio socio jurídico. 2024 fue escenario de homicidios, amenazas, aumento del hurto y la extorsión sin que el gobierno local, regional y nacional reaccionaran.
El Consejero Comisionado de Paz y sus delegados en Buenaventura no han asumido el compromiso de sacar adelante este proceso, y se afirma que solo hacen presencia para renovar las firmas de las treguas.
Es cuestionable que los proyectos financiados por donantes internacionales para la intervención psicosocial, ambiental, cultural, deportiva y recreativa, en el marco de la construcción de la Paz Territorial en Buenaventura, no garanticen la inclusión de organizaciones sociales de base locales que trabajan de manera decidida e incansable en los sectores de afectación de la violencia. Es importante fomentar la construcción de paz desde las comunidades y revisar los convenios establecidos que excluyen completamente a quienes tienen el conocimiento, viven la violencia y tienen la experiencia del trabajo organizativo en el territorio.
Las propuestas en educación, capacitación, empleo, salud y nuevas oportunidades de los dos grupos, no se han materializado, ni se habla; pero sí se habla de fondos que se invierten para la paz en Buenaventura sin conocer de cierto ¿dónde se han invertido estos recursos?, ¿cuál es el seguimiento que la institucionalidad hace sobre estos fondos?, ¿Cuál es el seguimiento que agencias, embajadas o donantes hacen a la inversión de esos fondos?
Buenaventura vuelve a ser el centro de atención nacional, en los tres primeros meses del año 2025, mas de 50 personas han perdido la vida en acciones violentas. Las redes sociales se inundan de mensajes cargados de amenazas, declaraciones de guerra urbana, de la imposición de fronteras invisibles lo que pareciera mover en este momento a una institucionalidad maniatada y paquidérmica a reaccionar cuando ha dejado avanzar la crisis social y humanitaria en Buenaventura. Ahora se hace un llamado a la presencia interinstitucional, hay consejos de seguridad, se llama a la comunidad internacional a mirar a Buenaventura, pero si no se resuelven las causas estructurales que han generado esta la violencia por más de dos décadas, su población estará expuesta a seguir viendo amenazado sus derechos fundamentales.
La seguridad de Buenaventura no puede reducirse a la intervención militar, se requiere una estrategia integral desde el gobierno central que garantice el acceso a la educación, protección, la formación y la generación de ingresos para transformar las condiciones de pobreza extrema y hambre que afectan a la población en general, sin que la violencia se convierta en una forma de generar ingresos para solventar necesidades insatisfechas. Es urgente la implementación de programas de empleo juvenil, fortalecimiento de la educación pública con enfoque diferencial y apoyo económico a emprendimientos comunitarios sostenibles que permitan transitar a unas condiciones mínimas de dignificación de la vida de las poblaciones excluidas de Buenaventura.
Es urgente la presencia institucional de manera articulada e integral, con una verdadera voluntad política de transformación socio territorial, que responda a las necesidades reales y concretas de la población, especialmente de la población infantil y juvenil para no seguir reproduciendo patrones de violencia y brindar condiciones dignas que devuelvan el sentido de la vida y su respeto irrestricto.
Con profundo dolor de Patria,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.