DeVer- 20 años resistiendo al olvido: una búsqueda constante de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Han pasado 20 años desde que las comunidades de Peñas Coloradas, Unión Peneya, Santiago de la Selva y Puerto Torres, en el departamento del Caquetá, fueron desplazadas. Estas dos décadas han sido un testimonio de la memoria transformadora en estas regiones.
Entre enero y abril de 2004, la guerra y sus actores —la guerrilla de las FARC, los paramilitares y las fuerzas militares— afectaron a toda una región, rompiendo la construcción colectiva y comunitaria y obligando a estas comunidades a abandonar sus territorios.
Durante el desarrollo del Plan Patriota, las amenazas, la estigmatización, las confrontaciones armadas constantes y las violaciones a los Derechos Humanos llevaron a estas cuatro comunidades a desplazarse forzosamente.
La comunidad de Puerto Torres sufrió la imposición del control social por parte de los paramilitares, quienes acosaron y sedujeron a mujeres jóvenes, resultando en el embarazo de 13 adolescentes. Además, el señalamiento y las amenazas constantes llevaron a 96 familias (alrededor de 248 personas) a desplazarse el 6 de enero de 2002 a distintos lugares del Caquetá.
La comunidad de Santiago de la Selva vivió el control de los paramilitares en su territorio durante el año 2001. La presión de este grupo armado, junto con intentos de abuso sexual y amenazas constantes, obligó a la comunidad a desplazarse forzosamente el 13 de agosto de 2002.
Peñas Coloradas y Unión Peneya fueron igualmente forzadas a desplazarse debido a operativos militares. El 4 de enero de 2004, aproximadamente 2,000 personas se desplazaron de Unión Peneya. Posteriormente, el 19 de abril de 2004, 750 familias del corregimiento de Peñas Coloradas fueron desplazadas por ametrallamientos y bombardeos militares, presuntamente dirigidos contra una columna de las FARC, llevándolos a distintas regiones de Colombia.
A 20 años de estos desplazamientos, al conmemorar el aniversario de los 19 años del desplazamiento de Peñas Coloradas, familias de las cuatro comunidades se reunieron en Florencia, Caquetá, entre el 26 y el 27 de abril, para compartir sus historias y visibilizar la degradación de un conflicto que ha negado sus derechos.
El conflicto armado ha sido utilizado para usurpar y despojar territorios como los de Peñas Coloradas y Unión Peneya, transformándolos en bases o puestos militares. La impunidad ha sido una constante en estos desplazamientos, evidenciando el abandono institucional y la falta de justicia para las víctimas.
La angustia ante un sistema judicial lento y maniatado, del cual no se sabe bien cuáles poderes lo controlan, se suma a la falta de garantía para las víctimas.
A 20 años del desplazamiento, amenazas, asesinatos y despojo territorial, estas comunidades recuerdan de una manera distinta. Proponen el diálogo inclusivo con todos los actores armados, abogando por la construcción de la paz como una ruta de esperanza, acercamiento y reconocimiento sin odio, venganza, resentimiento ni polarización.
A 20 años de insistir en la búsqueda de garantías para un retorno digno, y en medio de la ocupación militar del caserío de Peñas Coloradas, se ha declarado un acto espiritual simbólico, transformando el área en un Agroparque para la memoria y la paz.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá D.C
