Detenido injustamente líder Félix Álvarado
Félix se trasladaba cómo ha sido habitual por Belén de Bajirá en un vehículo colectivo, al presentar su documento de ser verificado por los policiales le manifestó que tenía una orden de detención.
De acuerdo con las primeras informaciones se le acusa del delito de rebelión y de participar en un homicidio de persona protegida
La acusación se encuentra en un proceso abierto hace cuatro años en una Fiscalía Especializada de Bogotá, según informó inicialmente.
El Subintendente Edwin Gabriel Ramos Aguirre ordenó la detención verbal sin presentar escrito alguno.
La policía carece de certeza de qué autoridad judicial ordenó la captura del reconocido líder.
Félix ha sido perseguido judicialmente en otra ocasión con un montaje debido a su participación con liderazgo en la defensa territorial y el enfrentamiento a la embatida paramilitar de los años 90 en Jiguamiandó en el famoso proceso 2022. Félix es habitante en la comunidad de El Hobo en ese territorio colectivo.
Luego de más de 10 años de estar abierto ese proceso penal con base en un testigo sin veracidad, pagaron injustamente cárcel varios pobladores de Jiguamiandó y varios de sus líderes se vieron obligados a una movilidad restringida. Este proceso fue cerrado justo en 2013.
Parece ser que pocos meses después y de espalda a los acusados en este caso injustamente como Félix se abrió un nuevo falso proceso.
Félix junto con su familia, fueron despojados de predios en jurisdicción de Belén de Bajirá por beneficiarios del paramilitarismo. Sus denuncias les generaron serias amenazas.
La persecución judicial sigue sin cesar contra líderes comunitarios.
Exigiendo el debido proceso a la Fiscalía General de la Nación se debe producir la libertad de Félix, pues su vocación organizativa y pacífica es contraria al delito de homicidio del que falsamente se le imputa.
¿A quién beneficia la injusta acusación y detención de Félix en un escenario de nuevas forma de neoparamilitarismo, de agronegocios legales e ilegales?
Informe en desarrollo
Bogotá, D.C., marzo 4 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz}