Despojo paramilitar beneficia a multinacionales.
Despojo paramilitar beneficia a multinacional.
Uniban, Banacol y Delmonte operan en territorios despojados por paramilitares en el Territorio colectivo de Curvaradó y donde las mismas continúan controlando.
A pesar de los Autos expedidos por la Corte Constitucional desde hace 6 años, que ordenan al gobierno nacional el saneamiento de la propiedad y evitar las operaciones empresariales, la comunidad afromestiza de Caños Manso, continúa padeciendo el despojo violento y el usufructo de la tierra comunal sin que haya medidas eficaces del ejecutivo.
Ayer 80 miembros de los consejos comunitarios de Curvaradó, acompañados de tres organizaciones humanitarias internacionales y nacional constataron plantaciones extensivas de plátano de la variedad exótica manzano y común para las multinacionales en predios comunitarios ocupados de mala fe por repobladores asociados en ASOPROBEBA.
Como ha declarado en procesos judiciales la hoy detenida, Sor Teresa Gómez, ella llegó a la región por orden del extinto paramilitar Vicente Castaño, luego del desplazamiento fue parcelando, con ayuda de un sacerdote de la Diócesis de Apartadó, para lo cual conformaron la Asociación ASOPROBEBA, y exportar la producción de las siembras de banano.
En el reglamento interno de 2011 en el Artículo 1 se lee que el integrante de ASOPROBEBA debe “ser competitivo en producción y cumplir con las normas de calidad que establece la empresa exportadora”.
En la caminata de ayer, en 5 de las más de 25 fincas despojadas y parceladas, los verdaderos propietarios de las tierras notificaron a los poseedores de mala fe que esas tierras le pertenecían a cada núcleo familiar de los consejos comunitarios que han sido acreditados como tales con diversas pruebas.
Como una expresión de dignificación, los reclamantes instalaron vallas con su justa reclamación en los predios despojados a lado de cajas y empacadoras de las multinacionales ante la mirada expectante de parceleros, que según reza, el reglamento en el artículo 3, “el asociado que no cumpla con los trabajos en sus parcelas porque se dedique a otras actividades, será sometido a las siguientes sanciones; entre ellas la expulsión”
De acuerdo con los testimonios de ayer, los paramilitares asesinaron a lideres comunitarios, amenazaron e impusieron el bloqueo económico junto con efectivos de la Brigada 17 desde 1996. Las familias no ingresaran más de $10.000 (3 US) en alimentos; luego “ellos mismos nos ofrecían 150.000 ( 50 us) y nos obligaban a pagar el 25% de ese dinero a los comisionistas”
Las comunidades despojadas se reunieron en dos ocasiones con el gobierno nacional en el mes de julio y agosto de este para pedir que cumplieran con las órdenes de desalojo de la Corte Constitucional. El gobierno se comprometió a realizar una visita en terreno, que nunca realizó; fue la misma respuesta a la visita exigida en marzo, cuando dos familias de Caño Manso que regresaron a su propiedad fueron agredidas con torturas, secuestro, destrucción de sus bienes de supervivencia, por hombres de Asoprobeba y otros armados y encapuchados, con la tolerancia de la Policía de Urabá.
“El gobierno no se hace presente, no respondé, los repobladores y los paramilitares son la verdadera ley, la ley multinacional”, expresó un reclamante.
A pesar que todas las pruebas de los reclamantes de tierras, del informe del INCODER de 2012, que identifica los predios ocupados de mala fe, los verdaderos dueños, continúan sin disfrutar de su propiedad; la dilación institucional legitima y consolida la ilegalidad, lo que llevó a sus pobladores a iniciar una recuperación del bien colectivo despojado.
El gobierno a nacional envió a nuestra Comisión de Justicia y Paz una respuesta a la Defensoría del Pueblo en la que le informaba a esta entidad que visitaría la comunidad de Caño Manso, afectada por las transnacionales, el próximo 25 de septiembre.
Uno de los grandes secretos a voces que se conoció ayer fue el testimonio de uno de los repobladores. Esta afirmó con mucho miedo que detrás de las bananeras multinacionales hay laboratorios de cocaína de los paramilitares en los que departen con algunos agentes estatales y “ellos creían que los gringos venían a descubrirlo”. Otro repoblador expresó que se quiere ir porque allá los obligan a cosas malas, y espera que los reubiquen. Y aseveró que en Santa Maria, a los 80 afromestizos y acompañantes los esperaban con cuchillos y machetes”
Las comunidades esperan que está vez el gobierno si les cumpla, de no hacerlo iniciarán la construcción de un asentamiento que les garantice vivienda y producción de alimentos, en las áreas apropiadas por los paramilitares y las empresas.
Bogotá, D.C. septiembre 7 de 2015
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz