Desplazamiento masivo y violencia sexual en zona rural de Tumaco por incursión de hombres encapuchados

Humanidad Vigente y el Comité Permanente por la defensa de Derechos Humanos (CPDH-Nariño) denuncian la presencia de hombres encapuchados en la vereda Bajo Comilinche, zona rural de Tumaco, quienes violaron tres mujeres, entre ellas una menor de edad, e intimidaron a la población ocasionando un desplazamiento masivo.

El 16 de marzo de 2012 siendo aproximadamente las ocho de la noche, incursionó en Bajo Comilinche, un grupo compuesto por ocho hombres vestidos de civil, quienes tenían el rostro cubierto con capuchas y camisetas. Aprovechando la oscuridad debido a que en la vereda no hay energía eléctrica intimidaron a la población, amenazaron con sus armas a los hombres y los obligaron a encerrarse en una casa, mientras hacían disparos al aire.

Los desconocidos ingresaron en todas las casas agrediendo física, sexual y sicológicamente a mujeres y niñas y adolescentes, quienes fueron víctimas de golpes e insultos; dos mujeres y una niña fueron violadas de forma repetitiva por diferentes agresores.

“A seis jóvenes los botaron al piso y maltrataron apuntándoles con un arma y los metieron a un cuarto, sacaron a la niña de 16 años y la violaron, luego fueron a las demás casas y violaron a dos mujeres sacándolas de su casa y agrediéndolas física y sicológicamente con insultos, golpeando a una niña de 5 años de edad y maltratando a una embarazada”, reveló una persona de la comunidad.

La población fue saqueada, les hurtaron las pocas pertenencias, lanchas de motor, electrodomésticos, dinero e incluso ropa y utensilios de cocina; varias de estas cosas posteriormente fueron arrojadas al mar. Sin embargo y a pesar de las múltiples agresiones contra la comunidad, mujeres, niños y niñas, las autoridades y los medios de comunicación sólo han visibilizado el caso como un robo.

Bajo Comilinche es una vereda ubicada a dos horas de Tumaco, con una población de 24 familias dedicadas a la pesca y la agricultura; ante esta situación de agresión los habitantes quedaron totalmente desprotegidos, empeorando su condición económica al perder sus herramientas de trabajo.

En respuesta para proteger sus vidas e integridad personal, la comunidad se ha desplazado masivamente hacia el Ecuador y Tumaco. 21 familias, entre ellos 53 menores de edad y 3 adultos mayores, se encuentran en el casco urbano de Tumaco, atemorizados por el riesgo de que estos hechos se repitan o represalias frente a sus denuncias.

La vereda afectada se ubica entre las poblaciones de Chontal y Candelillas de la Mar, zona que se encuentra bajo el “resguardo” de la Armada Nacional, sin embargo, la comunidad señala que en febrero de 2012 sucedió algo parecido en una vereda cercana que se llama Puerto Palmas, allí al igual que en Bajo Comilinche cuando la Armada hace presencia no ha ocurrido nada pero apenas salen del lugar, llegan estos hombres armados, saqueando y violando a las mujeres.

Frente a la situación, expresamos preocupación sobre el tratamiento dado por las autoridades y la efectividad del proceso de investigación pues es de conocimiento público la impunidad que impera en estos casos en el municipio de Tumaco, especialmente cuando se trata de denuncias por violencia sexual, que no cuentan con la debida diligencia ni se cumple con el procedimiento legal.

Con alerta encontramos en los testimonios recogidos que las mujeres señalan la falta de voluntad de la Fiscalía se negó a recibir la denuncia con el argumento de la capacidad operativa y la asignación de turnos, hecho que impidió una valoración medico legal oportuna con la consecuente afectación probatoria, aún desconociendo la prioridad que se debe tener cuando las víctimas son menores de edad, generando una revictimización de estas mujeres. Solo días después de su llegada a Tumaco sus voces fueron atendidas.

Así mismo, rechazamos que estos hechos sean tomados en el marco de un hurto, reconociendo simplemente la afectación patrimonial y no las diferentes formas en que fue victimizada la población, como lo han tratado de mostrar las autoridades locales afirmando que la autoría es de un grupo de delincuencia común conformado por colombianos y ecuatorianos.

La Personería municipal en conjunto con el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) y la alcaldía de Tumaco, realizaron la toma de declaraciones a la población desplazada, pero hasta el momento no se ha definido su inclusión en el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD); a pesar de haber recibido la ayuda humanitaria de emergencia consistente en el alojamiento temporal y apoyo de alimentación, éstas familias se encuentran en condición de desprotección frente a su seguridad y necesidades básicas.

Teniendo en cuenta que el 60 por ciento de la población desplazada hacia Tumaco, son menores de edad, es necesario que se atienda de forma urgente y efectiva esta situación por parte del gobierno municipal, departamental y las instituciones competentes, puesto que a estos niños y niñas les hace falta una alimentación adecuada, pañales y agua potable para su consumo diario, no cuentan en su gran mayoría con carné de salud y se ven afectados en diferentes derechos como la salud, seguridad, educación, vivienda.

Humanidad Vigente y CPDH-Nariño denunciamos esta situación ante la comunidad nacional e internacional, instando al gobierno nacional, regional y local a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, para ello exigimos:

Dar cumplimiento al principio del interés superior del niño, que orienta la Convención de Derechos del Niño y que obliga al Estado a actuar prioritariamente con el fin de proteger a la niñez afectada.
Realizar una investigación efectiva con plenas garantías que permita dar cuenta de los verdaderos responsables de estos hechos, y donde se reconozcan los derechos de las víctimas.

Reconocer oficialmente a esta población como víctimas del conflicto afectados por diferentes formas de violencias, especialmente reconocer la violencia sexual ejercida contra mujeres y niñas.
Incluir a éstas familias en el registro de población desplazada y garantizar sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición, para lo cual se debe garantizar verdaderas condiciones de retorno o una reubicación que corresponda con el principio de la dignidad humana.

Brindar atención adecuada oportuna e integral que permita la recuperación emocional y socioeconómica de estas familias y la comunidad, lo que incluye tomar medidas efectivas para la protección de su vida e integridad personal y garantizar la continuidad de su proyecto de vida.

Tumaco, abril 10 de 2012