Desplazamiento masivo por asesinatos y presencia continua de las AGC
Desde el lunes 17 de enero hasta el miércoles 26 de este mes más de 1200 personas en su mayoría afrodescendientes habitantes del caserío La Colonias del consejo comunitario del Bajo Calima se desplazaron forzadamente hacia la ciudad de Cali y Buenaventura y otras ciudades como Buga y Tuluá.
Otras familias de comunidades negras que habitan los caseríos Kilómetro 12 y el 9 se desplazaron.
El desplazamiento se produjo luego del asesinato, afirman las comunidades de por lo menos cuatro jóvenes ocurridos en diferentes circunstancias el pasado lunes 17 de enero por operaciones del grupo heredero del paramilitarismo autodenominado AGC.
A estos dolorosos asesinatos se sumaron las amenazas e intimidación de las AGC que suspendió el transporte público y comunitario fluvial desde Calima hacia el San Juan, Litoral San Juan, Itsmina, afectando especialmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes
El jueves 20 de enero fueron vistos dos cuerpos sin vida flotando sobre las aguas del río San Juan cerca a las comunidades de Puerto Pizario, Unión San Juan y Puerto Guadualito, presumiblemente estos cuerpos corresponderían a las personas asesinadas por las AGC el 17 de enero en el Bajo Calima.
Esta situación desvirtúa la afirmación de la armada nacional que dice tener controlada la región garantizando seguridad a las comunidades con su presencia en la zona. La libre movilidad de las AGC sin ningún tipo de impedimento evidencia una deficiente acción institucional para desmantelar esta estructura heredera del paramilitarismo y evidencia en determinadas localidades la tolerancia y unidad de acción con estructuras de fuerzas militares.
Es absolutamente repudiable la indiferencia del presidente Duque ante la desprotección en el que viven las comunidades étnicas de Bajo Calima, Calima, san Juan, Litoral San Juan, que se están desplazando forzadamente. Un número de 26 de comunidades que se mantienen en el territorio se han declarado en condición de confinamiento en medio de la disputa territorial entre las actuaciones contra insurgentes de la Armada y las AGC y las operaciones de la guerrilla del ELN
El gobierno de Iván Duque ha sido sordo al llamado que desde marzo más de ciento sesenta procesos comunitarios han hecho a Acuerdo Humanitario Global, llamado que coincide con mensajes del Papa Francisco y del Secretario General del CSNU.
Las comunidades desplazadas y confinadas continúan sin ningún tipo de atención humanitaria.
Urge hacer realidad el cumplimiento del derecho constitucional a la Paz, para evitar daños irreparables en nuestro país.
Bogotá D.C. 27 enero de 2022
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz