Desplazamiento forzado por combates. Riesgo de arrasamiento ambiental y de la supervivencia de afrocolombianos e indígenas. Impunidad posibilita los desafueros.
AGUILAS NEGRAS REACTIVAN CONTROL DE ALIMENTOS Y DE PERSONAS.
“No, no estamos satisfechos, y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente” Martín Luther King
RESUMEN
Se reactivó el control paramilitar en Cacarica por parte de estructuras que se denominan “Águilas Negras” desde enero de este año. Sus actuaciones se realizan de modo particular en el trayecto del río Atrato entre Bocas de Atrato y Travesía en un área de 62 kilómetros que linda con el Parque Nacional de los Katíos, paradójicamente, toda esta área cuanta con una presencia significativa de unidades de las Fuerzas Militares. Esta estructura armada se han instalado de forma casi permanente en el entorno del caserío de Tumaradó. La retención para la identificación de personas, la requisa de embarcaciones, la verificación de facturas de alimentos a las comunidades de Cacarica son parte de su accionar de control.
Hace unos días, ordenaron en el puerto de Turbo a los propietarios de embarcaciones y trabajadores de carga abstenerse de transportar alimentos hacia el Cacarica. El control paramilitar de la zona, estuvo antecedido del reclutamiento de “desmovilizados” en la cabecera municipal de Riosucio el año pasado. De acuerdo con informaciones recibidas más de una veintena de jóvenes, algunos de ellos desmovilizados, fueron nuevamente incorporados a las estructuras de tipo paramilitar bajo el nombre de “Águilas Negras”. Estas iniciaron una disputa por el control territorial – tierra, población, proyectos- con la fracción denominada de “Los Renacientes”.
Como se había advertido por parte de la guerrilla de las FARC EP, en agosto de 2007, en declaraciones a la prensa internacional acerca de su movilidad en el Bajo Atrato, esta parece confirmarse con un posible contacto armado entre estas y unidades de la Brigada 15 en Cacarica. En efecto, el lunes 24 de marzo, cerca de 10 familias de afrodescendientes de Zonas de Biodiversidad de Cavida, indígenas y otros habitantes de la zona, se vieron obligados a desplazarse hasta la Zona Humanitaria “Nueva Vida” tras la advertencia de las unidades militares de la Brigada 15 de que ellos iban a mantener combates con la guerrilla de las FARC EP.
Desde las 8:00 a.m. aproximadamente y hasta la 1:00 p.m. se escucharon explosiones y se conoció de ametrallamientos desde un helicóptero. Hasta el pasado martes, las familias permanecieron en condición de desplazamiento sin ningún tipo de atención institucional.
En este escenario de estrategias militares, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que en desarrollo de las discusiones internas de los Consejos, para la aprobación o no en la extracción del arracacho para la empresa Ecopulpa, proyecto que las familias de Cacarica asociadas en Cavida han objetado en razón de los desastres ambientales que genera y las secuelas para la supervivencia de las comunidades, 5 integrantes de las “Águilas Negras” hicieron presencia en el lugar de reunión de los Consejos, limitando la libertad de expresión y la libre discusión. De aceptarse el desarrollo del agronegocio de arracacho, las consecuencias sociales y ambientales serán irreparables para la supervivencia de los afrocolombianos e indígenas de Cacarica.
Los problemas territoriales desde hace 11 años están vinculados a la estrategia económica y social paramilitar. Inicialmente este proyecto criminal, posible a la aquiescencia, tolerancia, unidad de acción con la Brigada 17 en 1996, pasó de ser protectora de sectores empresariales como Maderas del Darién filial de Pizano S.A. a convertirse ella misma en gestora empresarial, como sucedió a través de la empresa C. I. Multifruits S.A.
En el caso de esta empresa las investigaciones son nulas a pesar de la exigencia permanente de los afrocolombianos. De esta empresa ha formado parte JUAN MANUEL CAMPO ELJACH, quien ha sido dirigente del Directorio Nacional del Partido Conservador, ENRIQUE RENDON, miembro de las estructuras paramilitares, según el diario El Tiempo, conocido por el alias de GERMAN MONSALVE. A la fecha ninguna investigación eficaz se ha realizado.
Desde mediados de 2007 está empresa dio por terminada la “Alianza Estratégica” suscrita con el Consejo Mayor Comunitario de Cacarica, aduciendo el ambiente creado por las ONG, afirmando igualmente la cancelación del negocio con la empresa DEL MONTE para la siembra de plátano, de otros frutales y de palma de aceite. A pesar de que se surtió un ambiguo trámite de anulación de las “Alianzas”, los ocupantes de mala fe que fueron traídos desde el 2001 por FREDY RENDON, comandante “Alemán” y su hermano DANIEL RENDON “Mario” de las estructuras paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas a Cacarica, aun continúan allí dentro del Territorio Colectivo en el área de La Balsa. A pesar del conocimiento de la situación, el gobierno no ha realizado acciones efectivas para el pleno ejercicio del derecho a la alimentación, a la tierra, y al disfrute del ambiente.
Para complementar el panorama de control en este mismo perímetro de Cacarica, permanecen varios desmovilizados de las estructuras paramilitares, los que allí viven desestructurando la vida de convivencia de las comunidades negras. A la fecha el gobierno ha incumplido todos sus compromisos de atención a estos desmovilizados que son ajenos de las comunidades. En el mes de febrero, mandos de estructuras paramilitares que operan desde Acandí manifestaron que a esta misma porción del territorio ingresarían 150 hombres más, debido a la denuncia oportuna de la situación se abstuvieron de llevar estas unidades a La Balsa.
Igualmente se ha ido acelerando la compra venta ilegal de propiedades en contravención con la ley 70 de comunidades negras por parte del Exalcalde de Chigirodó AMADOR CAICEDO, miembro de la junta de CORDESVIDA, y quien se encuentra siendo investigador por apropiación ilegal de tierras en Belén de Bajirá.
SOLICITUDES
A los grupos de solidaridad y derechos humanos solicitar al Estado colombiano:
1. Actuación eficaz, coherente, transparente con el enfrentamiento y desestructuración de todo tipo de paramilitarismo en Acandí, Ungía, Bocas de Atrato, Tumaradó, Turbo, La Honda, La Larga, Riosucio
2. Monitoreo de resultados operacionales de la Policía de Urabá, La Brigada 15 y 17, Grupo de Atrato sobre estas estructuras armadas e intervención sobre estas por omisión, por comisión por omisión o interacción con “Águilas Negras”.
3. La restitución plena de la propiedad colectiva a los afrocolombianos de Cacarica, en particular los habitantes de La Balsa.
4. El cese de cualquier apoyo institucional y o financiero a través de Acción Social, Finagro, Ministerio de Agricultura a proyectos empresariales en el que se encuentren vinculadas las empresas Maderas de Darién Pizano S.A, C.I. Multifruits Ltda., Del Monte Usa, Ecopulpa.
5. El cese de la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad más de 85, entre ellos, de modo particular la desaparición forzada de EDWIN SALAZAR ocurrida en Tumaradó y La Balsa en donde se ha desarrollado el proyecto ilegal de la empresa Multifruits Ltda.
6. Investigación URGENTE sobre la empresa Maderas de Darién filial de Pizano S.A y C.I. Multifruits S.A, beneficiarios empresariales de macabras Alianzas Estratégicas con el paramilitarismo de FREDY RENDON y ENRIQUE RENDON “Don Mario” consentida por la Brigada 17 desde 1997 y con posterioridad de la Brigada 15.
7. Investigación URGENTE sobre las fuentes de financiación de CORDESVIDA y el papel que juega en la misma AMADOR CAICEDO, ex alcalde de Chigorodó
8. El respeto a las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad como mecanismo de protección de la vida y del Territorio de los afrocolombianos frente a daños irreparable a la vida e integridad personal y comunitaria y la destrucción ambiental con agronegocios.
9. Intervención inmediata de Ministerio de Ambiente y de organismos de control para la evaluación de los impactos sobre la supervivencia de los afrocolombianos e indígenas y sobre la biodiversidad
Adjunto Constancia y Censura Ética
Bogotá, D.C. Abril 7 de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ