Desplazamiento forzado, control territorial de grupos armados y retorno sin garantías sobre las comunidades indígenas de Pichimá Quebrada, litoral San Juan
Bogotá D.C., noviembre 29 de 2019.
Al contestar favor citar E-COO–232– 2019
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la incapacidad, la ausencia de voluntad política para resolver la crisis humanitaria, de derechos humanos y de derecho humanitario del Estado colombiano ante la serie de asesinatos, de amenazas, y de condicionamientos a los pobladores afrocolombianos e indígenas Wounnan y embera, por actores herederos del paramilitarismo que operan en lugares de control y operación de las fuerzas militares, ante la operación del ELN en el modelo de guerra de guerrillas con graves infracciones al derecho humanitario y las operaciones de las disidencias de las FARC que han puestos en riesgo la vida e integridad de la comunidad Wounnan y el segundo desplazamiento forzado de la comunidad indígena Wounaan del Resguardo Pichimá Quebrada, litoral San Juan, Chocó, ocurrido el 3 de junio de este año; ante la incapacidad del Estado colombiano de ejercer control institucional en los ríos Calima y San Juan en límites entre el Valle del Cauca y el Chocó con un enfoque de seguridad humano, situaciones, todas que constatan que las salidas militares ante una violencia estructural causada por la exclusión requiere otro tipo de medidas.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República de Colombia
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ BLANCO
Vicepresidenta de la República de Colombia
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ
Ministra del Interior
CLAUDIA BLUM DE BARBERI
Ministro de Relaciones Exteriores
EMILIO ARCHILA
Alto Consejero para la estabilización
FRANCISCO BARBOSA
Alto Consejero para los Asuntos Internacionales y Derechos Humanos
MIGUEL ANTONIO CEBALLOS
Alto Comisionado para la Paz
FABIO ESPITIA GARZÓN
Fiscal General de la Nación (E)
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor Nacional del Pueblo
CARLOS FELIPE CÓRDOBA LARRETE
Contralor General de la República
Ref.: Desplazamiento forzado, control territorial de grupos armados y retorno sin garantías sobre las comunidades indígenas de Pichimá Quebrada, litoral San Juan
Ay de los que decretan leyes injustas, de los notarios que registran vejaciones, que dejan sin defensa al desamparado y niegan sus derechos a los pobres de mi pueblo, que hacen su presa de las viudas y saquean a los huérfanos! ¿Qué harán el día de la cuenta, cuando la tormenta lejana se eche encima? ¿A quién acudirán buscando auxilio y dónde depositarán su fortuna, para no ir encorvados con los prisioneros y no caer con los asesinados? Y, con todo, no se aplaca su ira, sigue extendida su mano. Isaías 10, 1-4
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la incapacidad, la ausencia de voluntad política para resolver la crisis humanitaria, de derechos humanos y de derecho humanitario del Estado colombiano ante la serie de asesinatos, de amenazas, y de condicionamientos a los pobladores afrocolombianos e indígenas Wounnan y embera, por actores herederos del paramilitarismo que operan en lugares de control y operación de las fuerzas militares, ante la operación del ELN en el modelo de guerra de guerrillas con graves infracciones al derecho humanitario y las operaciones de las disidencias de las FARC que han puestos en riesgo la vida e integridad de la comunidad Wounnan y el segundo desplazamiento forzado de la comunidad indígena Wounaan del Resguardo Pichimá Quebrada, litoral San Juan, Chocó, ocurrido el 3 de junio de este año; ante la incapacidad del Estado colombiano de ejercer control institucional en los ríos Calima y San Juan en límites entre el Valle del Cauca y el Chocó con un enfoque de seguridad humano, situaciones, todas que constatan que las salidas militares ante una violencia estructural causada por la exclusión requiere otro tipo de medidas.
Nuestra Constancia Histórica ante siete asesinatos ocurridos entre los Ríos Calima y San Juan; ante el silenciamiento en el que se encuentra sumida la población por las diversas operaciones y disputas armadas entre grupos paramilitares, ELN y disidencias de las FARC.
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de voluntad política para brindar respuesta a los derechos a la vida, a las libertades, a la educación, a la alimentación, a la protección para la comunidad indígena Wounaan, de acuerdo con los principios rectores de los desplazamientos internos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la ley 387 de atención al desplazados internos.
Nuestra Constancia Histórica ante el desacato a la decisión de protección de los derechos de la población Wounaan desplazada desde hace más de cinco meses en la cabecera municipal Docordó, litoral San Juan, Chocó.
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de investigaciones eficaces para esclarecer las causas, los responsables del primer y este segundo desplazamiento forzoso de la población indígena de Pichimá, en esta ocasión, por disputas territoriales entre disidencias de las FARC y el ELN.
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de investigación eficaz ante las actuaciones de estructuras herederas del paramilitarismo y grupos criminales sobre el rio Calima y la Bocana en donde existe una presencia regular de las fuerzas militares.
Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica y Censura Ética
* Viernes 29 de marzo en horas de la noche a las comunidades de Unión San Juan y Puerto Guadualito, ubicadas en Puerto Pizario, litoral San Juan, ingresaron cinco paramilitares vestidos de negro con armas largas. Los armados preguntaron por los líderes, gobernadores y docentes de las comunidades.
* Miércoles 3 de abril sobre las 7:00 p.m. cinco hombres armados ingresaron a Unión San Juan y luego pasaron a Puerto Guadualito sobre Puerto Pizario, litoral San Juan.
* Miércoles 24 de abril a las 7:00 p.m., al cabildo Unión San Juan, en Puerto Pizario, cinco miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, vestidos de camuflado y con armas largas, obligaron a la comunidad a reunirse en la escuela de Unión San Juan por aproximadamente una hora. A las 8:00 p.m. salieron de la comunidad.
A eso de las 8:20 p.m. las mismos cinco guerrilleros del ELN ingresaron a la comunidad de Puerto Guadualito e hicieron un recorrido por el lugar. Los armados se retiraron media hora después.
* Viernes 26 de abril desde las 4:00 a.m. hasta las 5:00 a.m., a las comunidades de Unión San Juan y Puerto Guadualito en Puerto Pizario ingresaron aproximadamente diez paramilitares con armas largas y vestidos de negro. Luego de recorrer los caseríos se retiraron del lugar.
* Domingo 5 de mayo a eso de las 3:00 a.m. a la comunidad de Unión San Juan, en Puerto Pizario, ingresaron ocho hombres vestidos de civil vestidos con prendas oscuras y armas largas. Los hombres estuvieron durante veinte minutos en la escuela de Unión San Juan y merodearon todas las viviendas durante más de cuarenta minuto.
A las 4:00 a.m., salieron en dirección hacia Puerto Guadualito.
* Sábado 11 de mayo a las 8:00 p.m. una embarcación con docentes de la institución educativa Nonam de Unión Agua Clara en Puerto Pizario fue perseguida por un grupo de paramilitares. Los educadores fueron hostigados luego de haber participado en un taller de formación sobre planes de vida comunitario. Los educadores se salvaguardaron en la comunidad de Chachajo.
* Jueves 30 de mayo desde las 4:50 p.m. en la comunidad de Puerto Pizario, litoral San Juan, se escucharon ráfagas de fusil durante 10 minutos. Los disparos eran de unidades militares que practicaban desde una embarcación ubicada entre Docordó y Carrá en el litoral San Juan.
* Domingo 2 de junio desde las 12:00 p.m., se registró un enfrentamiento armado entre disidencias del 30 frente de las FARC y el ELN al interior del Resguardo de Río Pichimá Quebrada, litoral San Juan. Las comunidades indígenas Wounaan estuvieron sitiadas durante el día y la noche.
* Lunes 3 de junio hacia las 2:50 p.m. más de 400 personas agrupadas en 120 familias del Resguardo de Río Pichimá Quebrada se desplazaron forzadamente hasta la cabecera urbana del municipio de Docordó. (Imagen 1-3).
De acuerdo con algunos relatos, a eso de las 3:30 p.m. unidades de la Infantería de Marina Número 2 desembarcó en el caserío del Resguardo y se produjeron contactos armados.
* Jueves 6 de junio sobre las 10:30 a.m. aproximadamente 420 indígenas Wounaan del Resguardo Pichimá se dirigieron a albergues provisionales en Docordó, cabecera municipal del litoral San Juan.
Debido a la falta de asistencia comunitaria y falta de alimentación adecuada la población presentó dolor de cuerpo, de cabeza y fiebre que afectó principalmente a 67 niños y niñas, 32 adultos mayores y 6 mujeres gestantes. (Imagen 4-5)
* Viernes 7 de junio a las 4:00 p.m. indígenas Wounaan del Resguardo Togroma Quebrada, litoral San Juan, observaron sobrevuelos y escucharon tiroteos y explosiones cerca al Resguardo de Pichimá Quebrada.
* Domingo 23 de junio en Docordó, Chocó, murió el menor de 3 años llamado Joseph Ortiz Moña En el Resguardo hay un total de 417 personas, agrupadas en 95 familias. Cuarenta integrantes del Resguardo padecen síntomas de gripe, fiebre y alergias, y carecen de una adecuada alimentación.
* Domingo 7 de julio en horas de la mañana en el río Bajo Calima, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de la comunidad de San Isidro.
Cuatro hombres con armas cortas y largas, tres de ellos encapuchados, tres vestidos con camuflados y ropa oscura, y otro con chaqueta azul fueron los responsables de este asesinato.
La mujer fue sacada de una embarcación de servicio público hacia las 10:00 a.m. cuando se desplazaba entre el Resguardo San Isidro y el punto conocido como La Trojita hacia Copomá, Chocó.
* Viernes 23 de agosto acompañantes internacionales y nacionales verificaron nuevamente las condiciones de desplazamiento en las que se encuentra la comunidad indígena de Pichimá Quebrada, constatando nuevamente las inexistentes condiciones humanitarias, la falta de infraestructura en los albergues y en los espacios en los que imparten su educación, así como las condiciones insalubres en las que la comunidad prepara sus alimentos y suple sus necesidades básicas.
* Sábado 24 de agosto la comunidad indígena de Pichimá Quebrada en compañía de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, retornaron al territorio del que fueron despojados, identificando el deterioro en sus viviendas por el abandono, el hurto de animales y pertenencias, así como la pérdida de cultivos de pan coger.
Identificado el territorio, el cual a pesar de los daños, es acorde a la cultura y necesidades de la comunidad indígena, se hace evidente que la comunidad en su lugar de desplazamiento se encuentra completamente vulnerada, fuera de su ancestralidad, sus costumbres, su modo de vida y sus derechos mínimos vitales.
* Sábado 28 de septiembre en horas en la tarde fue asesinado un hombre en la comunidad negra La Esperanza, Bajo Calima, Valle del Cauca. Los pobladores encontraron el cuerpo sin vida de la persona el domingo 29 de septiembre en horas de la mañana a la orilla de una playa cerca al embarcadero del río Bajo Calima. El joven asesinado al parecer prestó el servicio militar.
*Jueves 3 de octubre en horas de la mañana fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de la comunidad indígena de Pángano, Bajo San Juan, Valle del Cauca, quien había sido sacada, junto con otros indígena, de la comunidad, por hombres fuertemente armados. Los pobladores desconocen el grupo armado responsable.
* Lunes 7 de octubre en horas de la mañana por las fuertes lluvias que se iniciaron en el mes de septiembre y comienzos de octubre se produjo el desbordamiento del río San Juan y del río Calima afectando los caseríos de las comunidades indígenas de Agua Clara, Puerto Pizario, Unión San Juan y Puerto Guadualito. (Imagen 6, y 7)
Las inundaciones afectaron a 600 personas y los niños fueron expuestos al contagio de enfermedades por brotes que empezaron en animales domésticos y adultos. (Imagen 8). El desbordamiento afectó viviendas, cultivos de caña azúcar, papachina y banano, siembras para la subsistencia de la población.
* Jueves 19 de septiembre una acción de tutela presentada de la comunidad del Resguardo Indígena del Río Pichimá Quebrada falló en su favor por el Juzgado Veintinueve Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá D.C., en sus consideraciones , valoró que la atención en salud es deficiente “ya que las comunidades indígenas de esta zona son atendidas a través de brigadas de salud muy esporádicas que no tienen la capacidad requerida para brindar un servicio eficaz y oportuno, menos un proceso de seguimiento a cada paciente”, fue enfático al firmar que como consecuencia del desplazamiento forzado y la latente omisión del Estado Colombiano “dicha comunidad es víctima del conflicto armado, y se encuentran en condiciones de miseria, hacinamiento extremo y su existencia cotidiana se desenvuelve bajo circunstancias denigrantes e indignas. Situación que se agrava por el confinamiento en que se encuentran, como consecuencia del accionar de grupos armados, que han ocasionado el desplazamiento. Así mismo se informa de la muerte de un menor en el seno de su comunidad por causas asociadas a la desnutrición, por lo tanto, lo que se evidencia es que el Estado no ha acatado adecuadamente las obligaciones previstas en la Constitución”
El Juzgado agregó que “el gobierno nacional fuera de presentar documentos formales. Que describen la política general, como respuesta a los mandatos constitucionales en el Chocó, no ha adoptado acciones eficaces y concretas de prevención del desplazamiento forzado causado por el conflicto armado, no ha considerado la afectación desproporcionada que ha producido el conflicto armado sobre el pueblo Wounaan, ni ha brindado atención adecuada a la gravedad de la crisis humanitaria que vive este pueblo.”
En relación a lo anterior, el Juez Constitucional, ordenó a la Alcaldía del Litoral del San Juan que se deben retomar y convocar al Comité de Justicia Transicional, garantizando la asistencia de todas las entidades involucradas para que se acaten los compromisos adquiridos respecto a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la etnia Wounaan, igualmente ordenó al Presidente de la Republica, Ministerio de Salud y Protección Social, Gobernación del Chocó y Alcaldía del Municipio de el Litoral del San Juan diseñar de manera urgente un programa de intervención y atención en salud, nutrición y salud.
Colocó en cabeza del Presidente de la Republica y del Ministerio de Educación la asesoría y asistencia técnica, apoyo financiero para la formulación del proyecto de etnoeducación del pueblo Wounaan.
Entre otras medidas adoptadas, también estableció al Presidente de la Republica y Ministerio de Defensa la orden de implementar un cronograma de desminado en el Resguardo Indígena del Río Pichimá, ordenó también mantener los controles perimetrales y que emitan las apreciaciones de seguridad para el retorno de la comunidad cuando este sea plausible. (Imagen 9)
* Lunes 18 de noviembre en horas de la mañana la comunidad indígena Wounaan del Resguardo del Río Pichimá Quebrada anuncio su retorno sin garantías del Estado para el sábado 30 de noviembre de 2019.
Luego de cinco meses y 15 días en condición de desplazamiento forzado en la cabecera municipal de Docordó, litoral San Juan, Chocó, siendo 417 personas agrupadas en 95 familias, incluyendo niñas, niños, adultos mayores y mujeres en estado de gestación deciden retornar.
La decisión comunitaria fue tomada luego de reiterados incumplimientos, concertaciones fallidas y ausencia estatal de respuesta integral.
La población se encuentra en condiciones de hacinamiento, exposición a enfermedades, infecciones e insalubridad por falta de agua potable y un lugar de habitabilidad digno, a lo que se suma la vulneración de la identidad, el territorio, la cultura, la autonomía y la seguridad alimentaria. (Imagen 10, 11).
El retorno sin garantías de la comunidad indígena Wounaan del Río Pichimá Quebrada
Después de 5 meses 15 días en condición de desplazamiento forzado en Docordó, Cabecera municipal de El Litoral San Juan Departamento del Chocó, la comunidad indígena Wounaan del Resguardo del Río Pichimá Quebrada decide en pleno retornar sin garantías ante los reiterados incumplimientos del gobierno colombiano el próximo 30 de noviembre de 2019.
El agotamiento, el cansancio, la impotencia y angustia que generan las condiciones de hacinamiento e indignidad en la que nos encontramos en los albergues motivó nuestra reunión en asamblea. Cansados por la falta de atención médica, la imposibilidad de continuar con nuestro proceso educativo en condiciones óptimas para los estudiantes, la escasez de alimentos y espacios para el desarrollo de nuestra cultura, llevó a que toda la comunidad se reuniera. En este encuentro niños, jóvenes, mujeres, adultos, mayores, médicos tradicionales en una sola voz exigimos el retorno inmediato; todo esto provocado también por la inasistencia del Alcalde Municipal del Litoral del San Juan y todas las instituciones que conforman el comité de justicia transicional al desarrollo de esta reunión que se tenía programada para el 14 de noviembre de 2019, lo que demostró la falta de interés en resolver la situación en la que nos encontramos.
Los antecedentes del segundo desplazamiento se remontan al 03 de junio de 2019, donde 75 familias de la etnia Wounaan nos vimos obligados a salir del territorio por la confrontación armada que se dio en el interior del caserío entre miembros del ELN y las disidencias de las FARC.
Elevamos la voz de auxilio hasta la ciudad de Bogotá, donde dos delegados de nuestra comunidad fueron enviados para dar a conocer esta problemática ante la embajada de Noruega oficina de la Unión Europea en Colombia, organismos de cooperación internacional, Federación Luterana Mundial, Diakonía, Espacio de Cooperación para la Paz y Christian Aid, organizaciones de observadores internacionales, ONU DDHH, Brigadas Internacionales de Paz PBI, Acción permanente por la Paz APP, plataformas basadas en la fe Diálogo Intereclesial por la Paz DIPAZ, prensa escrita el Espectador, Oficinas gubernamentales y de Estado como La Procuraduría General de la Nación, Consejería Presidencial para los Derechos Humano, UARIV, Oficina de Asuntos Indígenas de la Defensoría Nacional del Pueblo.
El paso por estas oficinas concluyó con una misión de verificación a terreno acompañados por dos organizaciones de observación internacional: Brigadas Internacionales de Paz PBI, el Colectivo Acción Permanente por la Paz APP, junto con el Diálogo Intereclesial por la Paz, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y Contagio radio como único medio de comunicación. Esta misión pudo constatar la grave situación en la que nos encontramos en los albergues improvisados en Docordó y las condiciones en las que quedó nuestro caserío, fue allí donde logramos contar con la tranquilidad que nos brindaba el espacio como se dio la confrontación de las estructuras armadas y lo que significó abandonar nuestros hogares, así mismo expresamos también la esperanza y deseo inmediato de regresar
La lucha de la comunidad indígena Wounaan del Rio Pichimá Quebrada para retornar llegó hasta los estrados judiciales, donde por medio de una acción de tutela reclamamos la protección de los Derechos fundamentales de todo el resguardo, a pesar de que el fallo fue favorable a nuestros intereses dado que el juez ordenó a varias dependencias del Estado Colombiano el cumplimiento de sus obligaciones en materia de salud, educación, alimentación , vivienda, retorno, protección en condiciones de dignidad este fallo judicial ha sido incumplido en su totalidad.
Por lo anterior y debido a los reiterados aplazamientos de los comités de Justicia Transicional donde se debía atender la situación del pueblo Wounaan percibimos la falta de voluntad política del gobierno colombiano de atender y cumplir con las garantías de nuestros derechos.
Somos personas constructoras de Paz, creemos en la Paz que se construye desde los territorios, aquella que busca el reconocimiento de lo que somos y hacemos, que invita a asumir las responsabilidades y a analizar cómo construir los caminos de la verdadera justicia, la justicia que puede restaurar los daños más profundos y puede fortalecer las relaciones sociales. Desde nuestra espiritualidad invocamos al Dios Ewandam, para que ayude a armonizar la vida, los territorios y la sociedad, que no existan más odios ni guerras, que avancemos por los caminos de la Paz y que podamos al fin estar tranquilos en el territorio.
Queremos retornar, ayúdenos a retornar, acompáñenos a retornar, sin nuestro territorio se acaba la vida.
Nuestra Censura Ética ante la irresponsabilidad del Estado para dar respuesta integral al nuevo desplazamiento forzoso y la revictimización de la comunidad Wounaan del Resguardo Pichimá Quebrada, quienes, ya habían sido desplazados en mayo de 2016, una indiferencia institucional que les ha llevado a asumir por cuenta propia la decisión de retornar. Todo lo que suceda cualquiera de los integrantes de la comunidad desplazada es responsabilidad del Estado.
Nuestra Censura Ética ante la incapacidad de dar seguridad integral, desde el enfoque de la seguridad humana a los pobladores del río Calima y San Juan y ante el desconocimiento del ELN sobre el derecho humanitario y sobre nuestro llamado al gobierno de Colombia para habilitar una mesa de conversaciones para llegar a un acuerdo humanitario.
Nuestra Censura Ética el desconocimiento a fallos de jueces de tutela y a la actitud dilatoria de las instituciones llamadas a propiciar un retorno seguro e integral a la comunidad desplazada de Pichimá Quebrada, a quienes viviendo en condiciones indignas se les dio el aplazamiento en tres ocasiones por parte del Comité de Justicia Transicional del municipio del Litoral San Juan.
Nuestra Censura Ética ante el aparato judicial incapaz de asegurar los derechos a la verdad, a la justicia y a garantías de no repetición a la población Wounaan en dos ocasiones en mayo de 2016 y en mayo de 2019
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional elevamos Derecho de Petición para que se brinde una respuesta formal y concreta dentro de los términos legales correspondientes y conforme a sus responsabilidades constitucionales:
1. Sobre el desplazamiento forzado y el retorno sin garantías de los indígenas Wounaan del Resguardo Pichimá Quebrada, sírvase indicar:
• Presidencia de la República:
o ¿Qué operativos de control se implementaron desde mayo hasta hora en el perímetro del Resguardo de la comunidad de Pichimá Quebrada? ¿Cuáles fueron los resultados?
o ¿Qué seguimiento se dio a la solicitud elevada el lunes 9 de septiembre para realizar una misión interinstitucional al territorio de Pichimá Quebrada? ¿Qué resultados de coordinación interinstitucional se dieron? ¿Qué resultas existe en lo concreto para realizar una misión interinstitucional de verificación? (Imagen 12)
o ¿Cuál ha sido el seguimiento que se le ha dado a la comunicación de Retorno de la Comunidad enviada electrónicamente el lunes 25 de noviembre?
o Sírvase informar el cumplimiento de la acción de tutela.
• Ministerio del Interior:
o ¿Qué medidas de protección se tomarán para proteger a la comunidad?
o ¿Qué medidas se tomarán para proteger los derechos de la población durante su retorno?
o ¿Cómo se garantizara un retorno seguro y la permanencia a su territorio?
2. Sobre las ayudas entregadas por Unidad de Víctimas y la Alcaldía de Litoral San Juan sírvase indicar:
• Contraloría General de la República: Sírvase investigar el proceso de contratación de los operadores, las partidas presupuestales fijados en la contratación y el cumplimiento de lo pactado.
3. Sobre el asesinato de un joven encontrado sin vida en el río Bajo Calima, sírvase indicar:
• Fiscalía General de la Nación:
o Sírvase identificar al hombre.
o Sírvase identificar e individualizar a los responsables.
o Sírvase informar el número de víctimas mortales que se tienen registrados en los ríos Calima y San Juan en 2019 y los responsables.
4. Sobre el asesinato la mujer encontrada sin vida en el río San Juan, sírvase indicar:
• Fiscalía General de la Nación:
o Sírvase identificar el cuerpo.
o Sírvase identificar e individualizar a los responsables.
5. Sobre los desplazamiento a causados a las comunidades del Ríos Calima y Bajo San Juan, sírvase indicar:
• Fiscalía General de la Nación:
o Sírvase investigar e identificar las comunidades desplazadas
o Sírvase identificar a los responsables.
6. Sobre el desbordamiento del río Bajo Calima y río San Juan, sírvase indicar:
• Ministerio del Interior:
o ¿Cuál fue el plan de atención de emergencia implementado?
o ¿Cuáles fueron los resultados del plan de mitigación para evitar nuevos desbordamientos?
Con profunda indignación ética ante el desprecio de trato y consideración a la población desplazada y abandonada por el Estado, de toda consideración,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
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Imagen: Gabriel Galindo.