Desmantelamiento del paramilitarismo: Propuesta de lineamientos de política pública

La aparición de los grupos paramilitares en el contexto del conflicto armado colombiano ha originado algunos de los episodios más violentos de la historia colombiana dejando graves violaciones a los derechos humanos como al menos 2500^[1] masacres entre 1982 y 2007, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y tortura, violencia sexual, entre otros. De las aproximadamente 262.197 personas asesinadas y/o agredidas en el marco del conflicto armado (1958 – 2018) más de 100.000 personas lo fueron por grupos paramilitares^[2].

Las iniciativas gubernamentales para conjurar este fenómeno han sido, no obstante, ineficaces ante su accionar e incluso, muchas de sus medidas han brindado un marco legal y hasta logístico para su surgimiento, mantenimiento y expansión. Dichas propuestas se han basado especialmente en la persecución y en el combate armado de los cabecillas de estos grupos, reformas punitivas, sin que haya habido propuestas exitosas de sometimiento y desmovilización que permitieran, asimismo, la satisfacción de los derechos de las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El Acuerdo Final de Paz estableció acciones de protección frente a la reconfiguración de la presencia armada en el país que supondría la dejación de armas de las ex FARC– EP, orientadas estas al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que puedan atentar contra quienes implementan el Acuerdo de paz, ejercen liderazgo social o defienden los derechos humanos, incluyendo a las consideradas sucesoras del paramilitarismo. Sin embargo, cuatro años después de su firma, han primado los incumplimientos a estos compromisos constitucionales. Los distintos mecanismos destinados para este fin –la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional- no han tenido la operatividad necesaria o su naturaleza ha sido transformada en el desarrollo legal y administrativo de las mismas, de suerte que, desde éstas instancias aún no se ha podido establecer una ruta o un plan concreto de desmantelamiento de las prenombradas organizaciones, mientras persisten los hechos de agresiones a las comunidades y a personas defensoras de derechos humanos. El propósito de este documento de Lineamientos de política pública entregado a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el pasado 11 de septiembre de 2020 es brindarle a esta instancia derivada del Acuerdo Final insumos para el logro de sus objetivos. De acuerdo con el mandato del punto 3.4.3 del Acuerdo Final de Paz, reglamentado por medio del Decreto Ley 154 de 2017 y declarado exequible por la Corte Constitucional en su Sentencia C-224/17, la CNGS es la encargada de llevar a cabo el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta responsable de homicidios y masacres, así como de aquellas que atentan contra personas defensoras de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

El marco lógico de esta propuesta parte de los estándares internacionales en la materia, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), así como de la legislación nacional vigente y el mandato del Acuerdo Final de Paz, firmado en noviembre de 2016 entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC–EP). Esta propuesta se basa en el principio civilista de la primacía de la autoridad civil sobre la militar y en la necesidad de consolidar un proceso de estabilización para la paz, – y no para la guerra- entendido bajo las nociones de protección de las poblaciones y generación de vínculos de confianza entre las instituciones y los ciudadanos. Busca además generar planes y acciones del orden social, cuyo diseño y despliegue parta del entendimiento de las condiciones locales, con respuestas diferenciadas que tengan en cuenta las vulnerabilidades y riesgos a los que están expuestas las poblaciones y comunidades en los territorios. Así mismo incorpora los principios de seguridad humana, dignidad y respeto, progresividad y no regresividad, participación de las víctimas, complementariedad, concurrencia y eficacia, seguridad jurídica, no discriminación, no estigmatización y no impunidad.