Desesperanza en víctimas del holocausto del Palacio frente a Comisión de la Verdad

René Guarín, hermano de una de las víctimas, asegura que si no hay responsabilidades individuales tampoco habrá verdad, y menos justicia.

El reconocimiento de la salida con vida del Palacio de dos de los guerrilleros del M-19 sería el aspecto más novedoso de un informe que para el hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las desaparecidas, seguirá siendo inocuo y no podrá freno a la impunidad que ha rodeado el caso a lo largo de 24 años.

Tras su exilio, Guarín Cortés le dijo a ElEspectador.com que ve con preocupación y desesperanza la presión que ha surgido desde el mismo Estado para que no se conozca la verdad, como según él lo demuestra el hecho de que el Ejecutivo haya intentado que se tuvieran en cuenta varias peticiones a favor de uno de los procesados, como el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.

Dijo que persistirá en su lucha de dejarle a Colombia una verdad que le ha sido esquiva por más de dos décadas, aunque le cueste la vida, ante la intolerancia y el horro constante de un país cuyas instituciones, manifiesta, le generan la más latente desconfianza.

Giovanni González Arango: ¿Qué grandes revelaciones podría traernos el informe del jueves?

René Guarín Cortés: Yo recibí la información, que es la misma que recibí en Bruselas, Bélgica, en donde se me decía que entre los desaparecidos hay gente de la cual nunca se ha hablado y se me mencionaba específicamente a un guerrillero, de nombre Diógenes Benavides Martineli, que había salido vivo del Palacio y que había estado al lado de Irma Franco en la Casa del Florero; también me mencionaron a la guerrillera Constanza Molina, que era una ingeniera de la Universidad Nacional; finalmente, me decían que había que mirar quiénes conducían los tanques bajo el mando del coronel Plazas Vega, para saber quiénes habían metido cadáveres de personas asesinadas fuera del Palacio y después devueltos.

G.G.A.:Qué expectativas tiene frente a las conclusiones de esta Comisión de la Verdad?

R.G.C.: Hay que destacar que, después de más de 20 años, el Estado Colombiano, en cabeza de la Corte Suprema y de la Rama Judicial, decide trata de averiguar qué pasó esos dos días del holocausto. Ha habido una serie de huecos y de incoherencias que es necesario que el país las conozca. Me refiero al hecho de que no es cierto que el magistrado Manuel Gaona fue asesinado dentro del Palacio de Justicia, como dice la Comisión, cuando hay hechos muy coincidentes, como que su cadáver aparecieron al lado del de Andrés Almarales y de Carlos Horacio Urán en Medicina Legal, con un tiro a quema ropa en la sien.

Hay otro hecho que me preocupa y es el hecho del incendio. En ese tema, inicialmente, la Comisión dijo que había sido obra exclusiva del M-19; después, que habían sido incendios originados, unos por la guerrilla, otros por el Ejército, y hace menos de un mes, el magistrado Pinilla dijo que el incendio pudo haber sido accidental. Entonces, hay que tener cosas muy claras: ¿quiénes asesinaron a los magistrados?, eso hay que decirlo de manera clara. ¿Quiénes ocasionaron el incendio?, eso hay que decirlo de manera clara. ¿qué interés podría tener el Ejército en quemar el Palacio de Justicia?

Es sabido por todos que el general Rafael Samudio estuvo en el Palacio y salió diez minutos antes de que ingresara el grueso de los guerrilleros en el camión. ¿De qué se estaba notificando el General? ¿Qué procesos adelantaba el magistrado Manuel Gaona en contra de las Fuerzas Militares? Recordemos los procesos por tortura a la doctora Gloria López de Roldán y su hijo de cinco años; ella, guerrillera del M-19 en aquella época.

Me angustia que el tema sea tratado como si hubiera habido un grupo de guerrilleros que llegó a hacerle un mandado a Pablo Escobar, cuando son hechos que ya están desmentidos por una investigadora como Ana Cardigan, que son desmentidos por la propia Fiscalía General de la Nación, cuando la fiscal Buitrago dice que la toma del Palacio fue financiada por los nicaragüenses y fue desmentido incluso por el propio tribunal que creó el presidente Belisario Betancourt en el año 86, presidido por el magistrado Carlos Upegui.

¿Hubo o no hubo respeto por las vidas de quienes permanecían allí? Las grabaciones son muy claras: “humíllenlos (…) Acaben con lo que sea (…) Entendemos que la Cruz Roja no ha llegado, por consiguiente estamos con toda la libertad de operación”, lo dice el general Samudio. Son hechos importantes que debería tener en cuenta el informe. Me preocupa que no pueda tener efectos judiciales, cuando los antecedentes muestran que sí pueden tenerlo.

G.G.A. : ¿Usted considera que el hecho de que la Comisión no cuente con la facultad de juzgar responsabilidades individuales va a dar paso a que se siga ocultando la verdad?

R.G.C.: Claro. El Estado colombiano, fácilmente, podría decir en una instancia internacional que desde la Corte Suprema de Justicia, que es Estado, se impulsó una Comisión de la Verdad. Me preocupa que, por una parte, se diga eso, y me preocupa que el informe no pueda tener un efecto judicial. ¿Cómo así que si sabemos y la Comisión de la Verdad dice que hay por lo menos prueba de cuatro personas que salieron vivas del Palacio de Justicia, tres empleados de la cafetería y una guerrillera, la Comisión no diga de quién era la responsabilidad y que esas personas fueran judicial izadas?

G.G.A.: ¿A quién más se le deben exigir cuentas por la responsabilidad estatal frente a los hechos del Palacio de Justicia?

R.G.C.: Indudablemente, hay una cabeza, que es el responsable político, que es el presidente Belisario Betancourt y su Gobierno. Yo obviamente no me imagino que el mandatario hubiera dirigido el operativo militar. Hay una responsabilidad de él en el hecho, que la asumió ese día en una alocución radiotelevisada, pero que además la corrobora hoy en día su ministro de Gobierno, Jaime Castro, cuando saca un libro en donde dice “Ni vacío de poder ni golpe de Estado”. ¿Qué quiere decir eso? Que el Gobierno de Belisario no abandonó el poder.

Me preocupa que judicialmente, y así le moleste a muchos, no se haya vinculado a la Policía Nacional. Ya lo dije hace unos meses, Hay unos documentos que muestran que un Sargento de la Policía dice que recibe órdenes para dar entierro a diez cadáveres, llevarlos a fosa común, sin él tener la facultad para hacerlo y dice de quien recibe las órdenes.

G.G.A.: Al margen de la tesis de la Fiscalía en torno a la posibilidad de declarar este holocausto como un delito de lesa humanidad, en la medida en que fuera de autoría del Cartel de Medellín, ¿considera que debería aplicarse este principio de tipicidad, toda vez que ha generado persecuciones y asesinatos como el de Eduardo Umaña y el mismo Carlos Mauro Hoyos?

R.G.C.: Sí, yo pienso que evidentemente el doctor Augusto Ibáñez tiene razón cuando dice que la Corte del 85 está igual que asediada que la actual. Está igual de asediada y los jueces también lo están, pues tenemos a la Juez Tercera amenazada por un supuesto Vladimir Mosquera Perea. Entiendo que la Fiscal Buitrago también ha estado con problemas de seguridad. Independientemente de hubo financiación del narcotráfico, hay un hecho claro y es que la Justicia viene siendo, a lo largo de estos 24 años, amedrentada, también desde el Ejecutivo, sospechosamente; casos concretos, el de la ingerencia a través del secretario Jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo; caso concreto, cómo se ha manejado el enfrentamiento con la Corte, frente a la elección del Fiscal.

G.G.A.: ¿Qué interés tendría la administración Uribe en que no se conozca la verdad del Palacio?

R.G.C.: Aquí hay una terrible coincidencia entre el Gobierno de Uribe y quienes participaron en la retoma. Por ejemplo, el coronel Plazas fue Director de Estupefacientes; el coronel Sánchez Rubiano era contratista del Inpec y era el director de la Cárcel de Mujeres de El Guamo al momento de su detención; según me he enterado por los medios, el general Iván Ramírez trabajaba como asesor de la Dirección del DAS, pagado con cargo a la cuenta de gastos reservados; el general Jesús Armando Arias Cabrales fue el rector de la Universidad Militar Nueva Granada. El Gobierno de Uribe sí está interesado, porque de alguna manera ha dado prebendas a quienes estuvieron en la retoma del Palacio.

G.G.A.: ¿Le cabría responsabilidad a los procuradores de la época, observando que fue allí donde se desechó el informe de Ricardo Games Mazuera, cuyas declaraciones han sido confirmadas por testigos, y el hecho de que en ese organismo se haya borrado el contenido del casete con las supuestas revelaciones de los agentes del B-2?

R.G.C.: En general, la Procuraduría ha estado ausente en este proceso, excepto en la administración de Carlos Mauro Hoyos, asesinado en Medellín en el año 86, que fue el primero que empezó a hablar de los desaparecidos. Es más, yo tengo una comunicación del entonces procurador, Horacio Serpa, en donde nos contesta una solicitud para que nos reciba en su despacho, diciendo que son muy interesantes nuestras declaraciones en torno de la impunidad, punto. Horacio Serpa, Procurador General. Él, siendo miembro de la Comisión de Acusación de la Cámara, se abstuvo de abrir una investigación al presidente Betancourt en 1986.

G.G.A.: En su caso particular, ¿cómo se ha visto afectada su vida, a partir de esta tragedia?

R.G.C.: Mi vida se partió en dos. He intentado hacer el duelo por la desaparición de mi hermana de diferentes maneras y creo que la coraza que he mantenido durante 24 años me enseña que hay que luchar sin miedo, pero también sin esperanza; que hay que seguir adelante y que hay que seguir buscando la verdad donde esté.

G.G.A.: ¿Qué ha hecho para poder hacer frente a la persecución de la que usted mismo ha sido objeto?

R.G.C.: Lo peor que puede hacer alguien que sea un demandante de un crimen de Estado, como lo soy yo, es ponerse en manos de la Policía o del Ejército o del DAS. o me pongo en manos de una bendición que me da mi mamá, pero si la muerte llega, bienvenida sea. Lo importante es que para mí hay una misión cumplida conmigo mismo y con mi hermana.

G.G.A.: ¿Volvería a Colombia algún día, para radicarse aquí a continuar esa lucha que usted inició hace tantos años?

R.G.C.: Yo quisiera hacerlo y quedarme del todo aquí; criar a mis hijos aquí, ser parte constructora de un país mejor, pero la verdad es que Colombia cada día, con sus noticias que lo desaniman a uno, con la ausencia de Estado en seguridad, en brindar justicia, en contar una verdad y devolver unos huesos me hacen sentir una profunda desconfianza de estar acá.

Yo creo, y eso lo he dicho, si eso le pasó a 11 personas que salieron del Palacio vivas, con pruebas de video, fotográficas y testimoniales a dos cuadras de la casa de los presidentes, ¿qué le puede ocurrir a un ciudadano de a pie en cualquier vereda o población lejana?

Giovanni González | Elespectador.com