Desde la memoria, la protección de tierras y el territorio del Alto Ariari, Meta

Declaratoria de Ocho Zonas de Biodiversidad, a los cinco años del regreso a la región del Alto Ariari de la Comunidad Civil de Vida y Paz – CIVIPAZ.

La violencia no es nuestro destino, nuestro destino es el territorio,la justicia, la tierra, el ambiente sano, expresión de la memoria colectiva. Es el sentir del alto Ariari, 5 años después que en medio del desprecio oficial y enfrentar la represión estatal han enfrentado con su retorno. Su memoria colectiva hoy es dignificación en el territorio.

En la memoria de los poblamientos realizados a la región del Alto Ariari, buscando refugio ante los crímenes y desplazamientos forzados de los años 1945 a 1948, provenientes de los departamentos de Tolima, Cundinamarca entre otros, tras la persecución realizada a campesinos liberales por el Estado colombiano. Los poblamientos realizados a la región del Alto Ariari durante la década de los años 60, provenientes de Río Chiquito – Cauca, Viotá – Cundinamarca, Huila, Tolima, entre otros, tras la persecución del Estado colombiano a las expresiones campesinas de Comunas Agrarias y militantes del Partido Comunista.

En la memoria de las esperanzas de paz experimentadas directamente por los campesinos y campesinas de la región del Alto Ariari, generadas en los acuerdos de Uribe – Meta en 1984 y el surgimiento de la Unión Patriótica, donde su militancia logró durante varios años ser gobierno en el municipio El Castillo y generar políticas hacia el desarrollo social y económico de las veredas de este municipio en el Alto Ariari. Hasta pasar por la experiencia de ser testigos y testigas del proceso de diálogo generado en la llamada Zona de Distensión del Caguán, entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las FARC EP.

Dos experiencias de esperanzas de paz que se volcaron en persecución y violencia política en la región, traducida en centenares de crímenes de Lesa Humanidad y el desplazamiento forzado del año 2002.

En la memoria de los destrozos causados por el desplazamiento forzado desde el 2002 al 2005, de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos a cerca de 200 hombres y mujeres de la región durante el desarrollo de la política de Seguridad Democrática, ante los riesgos que se presentan al Territorio en desarrollo de la política de la Prosperidad Democrática del gobierno de Juan Manuel Santos.

Desde la memoria, desde las esperanzas truncadas por los crímenes, hace cinco años un grupo de familias asociadas en la Comunidad Civil de Vida y Paz – CIVIPAZ, decidieron formalizar su regreso a la región a través del mecanismo de una Zona Humanitaria, como espacio de recreación de un proyecto de vida, espacio de distinción como población civil en desarrollo del conflicto social y armado.

A los cinco años del regreso a la región, el cual inició con la decisión de organizarse las familias en CIVIPAZ, contar con el acompañamiento de los Claretianos y la Comisión de Justicia y Paz, construir unas exigencias al Gobierno y al Estado colombiano, las cuales nunca cumplieron, de construir un proyecto de educación propia, de producción agroecológica, en desarrollo de un proyecto de vida hacia la recuperación de las tierras abandonadas por causa de los crímenes cometidos y del desplazamiento forzado.

A los cinco años del regreso a la región, cuya decisión implicó enfrentarse a retenes militares y paramilitares, al control poblacional social y militar del territorio, al bloqueo económico, hechos que han quedado registrados en medio centenar de Constancias Históricas y Censuras Éticas presentadas por la Comisión de Justicia y Paz a diferentes instancias de Gobierno y Estado. Crímenes que se mantienen en la impunidad y solo existe una investigación por el desplazamiento forzado, que involucra la responsabilidad de la actuación de tipo paramilitar y aún no compromete la acción y omisión de diferentes expresiones del Estado.

A los cinco años del regreso a la región, cuando no superaban las 50 familias presentes en las veredas de la parte alta, resistentes al desplazamiento forzado y objeto de estigmatización, hoy son casi medio millar de familias las que han regresado durante estos últimos años, de las más de 900 familias desplazadas forzadamente entre el 2002 a 2005.

Desde la memoria y a los cinco años del regreso a la región, convocados por la Comunidad Civil de Vida y Paz – CIVIPAZ, quienes habitan en la Zona Humanitaria y la mitad de ellas en las fincas recuperadas en los últimos años, un poco más de un centenar de campesinos y campesinas de las veredas La Floresta, Los Alpes, Caño Dulce, Campo Alegre, La Esperanza, La Cima, El Encanto, Puerto Esperanza, La Esmeralda, El Retiro, La Cumbre, Bajo Cumaral y Medellín del Ariari, se congregaron en un espacio de formación en la memoria y en la memoria continuaron construyendo la decisión de proteger las tierras y el territorio del Alto Ariari ante los nuevos riesgos que se conocen y los ya constatados sobre el territorio.

Desde la memoria y a los cinco años del regreso a la región, se constatan nuevos riesgos frente a la tierra y el Territorio, expresados en:

1. La pretensión de ampliación de la llamada “Zona de Amortiguación” del Parque Natural del Sumapaz sobre el área rural del municipio El Castillo, lo cual supondría el no reconocimiento legal de la propiedad de poblamientos de más de cuatro décadas.

2. La existencia de 16 Títulos Mineros de exploración y explotación de calizas, dolomitas, material para la construcción, entre otros, otorgados desde el año 1996, vigentes a la fecha y ubicados en jurisdicción de los municipios de EL Castillo y El Dorado, sobre el río Ariari y en colindancia con el Parque Natural del Sumapaz. 24 nuevas solicitudes en trámite para exploración y explotación de recursos minerales en un área mayor a la actual. Dentro de las solicitudes se incluye la explotación de oro y platino.

3. La insistencia del uso del potencial hídrico de la región, las bocatomas y fuentes de agua ubicadas en Caño Lindo, Yamanes, Cascajal, La Cal, Ariari, Cristalina, Sonora y Peñas Blancas, en este último funciona un acueducto comunitario manejado por los propios campesinos, el cual estaría en riesgo de ser privatizado con el pretexto de la no cloración del agua, cuando estudios técnicos realizados demuestran que sin cloración, el agua es casi en un 100% potable. Similar situación se presenta en otros acueductos comunitarios donde se ha planteado la insistencia de darle un manejo empresarial, lo cual cambiaría el uso dado hasta ahora que es público comunitario.

4. La no respuesta del INCODER a solicitudes de adjudicación de baldíos en la región, las cuales fueron radicadas desde el mes de marzo del 2005 en el caso de las familias de CIVIPAZ y el riesgo que ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de San Martín – Meta, no aparecen registradas la cantidad real de predios adjudicados a la fecha por el INCORA, en la década de los años 70 y 80.

5. La no condonación y/o exoneración del cobro del impuesto predial por parte de los Alcaldes del municipio El Castillo, Arbey Martínez y Ancizar Moreno, desde un principio de justicia, equidad e igualdad, realizando concertaciones con algunos poseedores y propietarios de tierras para disminuir el pago sin que se conozca públicamente los criterios para estas negociaciones y no teniendo presente la inestabilidad económica generada por el desplazamiento forzado. Mientras que en otros casos, se presentan aumentos hasta del 300% anual en el valor cobrado del predial.

6. La no aplicación en rigor del Decreto 2007 del 2001 de protección de predios abandonados por la población desplazada, desde el cual se realizó la Declaratoria de Desplazamiento Forzado de 18 veredas de la parte alta del municipio El Castillo según lo establece el Decreto 002 del 23 de septiembre del 2005. Se han presentado compra y ventas de tierras y registros de propiedades en el área protegida cuando el Decreto lo prohíbe, entre otras situaciones que no genera garantías para la protección de las tierras que continúan abandonadas.

Por lo anterior, los campesinos y campesinas decidieron:

1. Declarar entre el 18 y 19 de marzo del 2011 las siguientes 8 fincas ZONAS DE BIODIVERSIDAD como mecanismo de protección de la tierra y el territorio del Alto Ariari:

a. Finca “El Pajuil”, Vereda La Esmeralda, de 14 Hectáreas de tierra, con 1 nacimiento de agua, siembras de pan coger y reserva forestal, posesión de 40 años de la campesina María Santos Medina y su familia

b. Finca “El Naranjal”, Vereda La Esperanza, de 14 Hectáreas de tierra, con 1 nacimiento de agua, siembras de pan coger, posesión de más de 10 años del campesino Guillermo Parra y su familia.

c. Finca “La Pradera”, Vereda Los Alpes, de 5 Hectáreas y 400 metros cuadrados, con 1 nacimiento de agua, reserva forestal y siembras de pan coger, posesión de 25 años reconocida como propiedad del campesino Javier Parra según Resolución No. 2367 de INCORA del 31 de Diciembre de 1990.

d. Finca “Matecaña”, Vereda El Encanto, de 12 Hectáreas de tierra, con 2 nacimientos de agua y reserva forestal, posesión de 15 años de la campesina María Doris Florez.

e. Finca “La Aurora”, Vereda La Floresta, de 20 Hectáreas de tierra, con 3 nacimientos de agua, siembras de pan coger y reserva forestal, posesión de 20 años del campesino Benjamín Perdomo y familia

f. Finca “El Progreso”, Vereda La Esmeralda, de 16 Hectáreas de tierra, con 4 nacimientos de agua, reserva forestal y siembras de pan coger, posesión de 11 años del campesino Juan Ibagué y familia

g. Finca “Las Lomitas”, Vereda La Floresta, de 16 Hectáreas y mil metros cuadrados, con 7 nacimientos de agua, siembras de pan coger y reserva forestal, posesión de 40 años reconocida como propiedad del campesino Lucas Pena Yapi según Resolución No. 0091929 de INCORA de Junio de 1984.

h. Finca “El Diadal”, Vereda Cumaral Bajo, de 10 Hectáreas de tierra, con 2 nacimientos de agua, reserva forestal y cría de peces, propiedad de María Mercedes Méndez (q.e.p.d.) heredada a sus hijas Linda Carol, Hada Luz, Paola y Tania Marinella García Méndez según Escritura Pública No. 2374 del 28 de junio de 1991 de la Notaría Segunda del Círculo de Villavicencio.

Estas fincas iniciaron su proceso de ZONA DE BIODIVERSIDAD declarándose FINCAS AGROECOLÓGICAS, como compromiso de cambiar las prácticas agrícolas hacia la preservación de la diversidad ecológica y protección de las fuentes de agua, dirigidas a la protección territorial como una ZONA DE BIODIVERSIDAD que goza de protección legal como lo establece la Ley 165 de 1994, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica” Río de Janeiro 5 de junio de 1992, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Art. 1, 11, 12; la Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 25; “Protocolo de San Salvador” Art. 12 y de Zonas de Reserva de la Sociedad Civil dentro del Estatuto Ambiental Colombiano Art. 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 1996 de 1999, Ley 397 de 1997 aprobatoria de la Convención de Ramsar, entre otras.

2. Realizar acciones jurídicas, comunitarias y constitucionales encaminadas hacia exigir reconocimiento legal de la propiedad por parte del INCODER – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para ello se presentaron 16 nuevas solicitudes de adjudicación y la solicitud de respuesta a las solicitudes de adjudicación presentadas en marzo del 2005.

3. Solicitar la intervención de la Contraloría General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación a la Alcaldía del Municipio El Castillo – Meta, con el fin de evaluar y fiscalizar el procedimiento de cobro del impuesto predial y el mecanismo adoptado por el Alcalde Ancizar Moreno y el anterior Alcalde Arbey Martínez.

4. Solicitar al INCODER la evaluación de la aplicación del Decreto 2007 del 2001 que dio soporte jurídico para la Declaratoria de Zona de Desplazamiento Forzado a través del Decreto 002 del 23 de septiembre del 2005.

5. Proteger los acueductos comunitarios existentes a través de la conservación de las fuentes de agua, registrando ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos las Escrituras y Títulos de propiedad adquiridos de manera comunitaria y buscar a corto plazo la declaratoria de los predios de fuentes de agua como ZONA DE BIODIVERSIDAD.

6. Solicitar a Ingeominas, a la Unidad de Parques, Ministerio del Medio Ambiente, Cormacarena y Alcaldías explicación sobre el otorgamiento de Títulos Mineros en “Zona de Amortiguación” del Parque Nacional Natural del Sumapaz en el límite con el municipio El Castillo y El Dorado, al igual que sobre el destino de las regalías y un estudio ambiental para verificar la viabilidad de continuar con dichas explotaciones mineras. Al tiempo, oponerse a que se otorguen nuevos Títulos Mineros de las 24 nuevas solicitudes en curso, entre ellas las de explotación de oro y platino.

Desde la memoria, a los cinco años del regreso a la región, ante la constatación de los riesgos frente a la tierra y el Territorio del Alto Ariari, ante las decisiones asumidas como compromisos de protección de la tierra y el Territorio, las campesinas y campesinos de las 13 veredas participantes de la celebración del quinto aniversario del regreso al territorio de la Comunidad Civil de Vida y Paz, culminaron el encuentro acompañando al patriarca de 83 años de edad, LUCAS PENA YAPI, con más de 40 años de vivir en la región luego de llegar desplazado de Río Chiquito – Cauca junto con su familia.

Celebraron el regreso, aunque celebrar sea tan difícil en medio de tantas amenazas sobre la vida y el territorio. Aún en medio de la permanencia del conflicto social y armado que ha marcado el poblamiento de la región del Alto Ariari, a pesar de los centenares de víctimas, muchas de ellas innombrables porque el terror generado permean los corazones y las voces, a pesar de la negación de los gobiernos y el Estado colombiano de garantizar los derechos fundamentales, a pesar de la permanente pretensión de militarizar la vida y el territorio, a pesar de todo, los campesinos y campesinas de la región del Alto Ariari afirman la memoria, desde ella su derecho a la vida, a la tierra, al territorio que los alberga después de padecer más de tres desterritorializaciones en un poco más de 5 décadas de violencia política en Colombia.

Bogotá D.C. 22 de marzo de 2011

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz