Desde el Cauca, desarmar la guerra.
Con las noticias que han llegado del Cauca en el último mes, muchos colombianos se han puesto a pensar en la realidad de las comunidades que tienen que soportar la cruda violencia de la guerra.
Incluso personas cercanas a la política, la academia o la historia de los pueblos indígenas se declaran confundidas ante las imágenes de la televisión o la prensa en las que muestran a indígenas con bastones empujando guerrilleros o cargando soldados para que salgan de sus propiedades en donde han entrado sin permiso. Las lágrimas del sargento causaron conmoción ¿Cómo es posible que un montón de indígenas, incluyendo mujeres, hagan semejante cosa? La sanción a los indígenas, que se habían metido de guerrilleros de las FARC, y que fueron capturados con armas dentro del resguardo, fue menos publicitada y tampoco se le ha dado todo el despliegue a la ceremonia insólita de destrucción de los fusiles y tatucos decomisados a la guerrilla. Del entierro de los indígenas asesinados por militares, o del llanto de sus familias, no hay un solo titular.
EL CERRO BERLIN
Las circunstancias del momento en el cerro Berlín, no terminan con las preguntas: los cinco soldados que permanecían en el cerro eran los últimos en un procedimiento de traslado ordenado por los mandos militares ante la revuelta indígena. La orden era mover ese campamento transitoriamente y evitar cualquier incidente. No dispararle a la gente era la consigna. Rodeados por centenares de indígenas esos soldados procedían lentamente a cumplir la orden de retiro y rechazaban la presión de desalojo inmediato del lugar. La orden a la guardia indígena era también de respeto a la integridad de los soldados en su salida y evitar cualquier situación de riesgo ante uso de las armas. (Ver video “lo que no mostraron los medios de comunicación”: http://www.youtube.com/watch?v=jtKqty5qf5w ).
En medio de la tensa situación y al sentirse rodeados, los soldados dispararon al aire primero y se colocaron en posiciones de combate dirigiendo los fusiles hacia la multitud. Uno de los soldados amenazó con una granada. Instantes después de ese episodio la guardia retornó y los comuneros indígenas se colocaron frente a los fusiles y les reclamaron por los disparos. Algunos imprudentes les tiraron un puñado de tierra y fueron frenados por el jefe de la guardia en el lugar. Lo que siguió fue la frase del Sargento “si nos quieren sacar tendrán que cargarnos”, y en efecto, lo cargaron unos metros. Ese Sargento contuvo su rabia y evitó una tragedia. El episodio terminó con los soldados saliendo del cerro, pero la foto fue interpretada como un acto de deshonra, en el limite de lo aceptable para mantener la idea de un ejercito poderoso e intocable; la reacción del gobierno fue ordenar la retoma del cerro, que ocurrió a las pocas horas con un saldo de 35 comuneros indígenas heridos.
Pero la cadena de hechos no para allí, pues las autoridades indígenas en Jambaló retuvieron la “caja negra” del avión Supertucano que cayó en un resguardo y solo la entregaron días después al Defensor del Pueblo con una protesta por la realidad de bombardeos y metrallas en sus territorios colectivos. Otra vez los indígenas enterraron a sus muertos sin presencia de ningún delegado estatal: Que maten a un indígena en Caldono o a un campesino en Caloto, como dijo Feliciano Valencia en el saludo a las delegaciones que se desplazaron hasta Toribio el pasado 21 de julio, no produce fotos de primera plana ni mociones en sesión plenaria del Congreso de la República.
UNA LARGA HISTORIA
Lo que está sucediendo en el departamento del Cauca, con epicentro en los territorios indígenas y municipios vecinos al Valle, es ante todo un llamado desde las entrañas de la tierra para que pare la violencia a costa de la población y de sus planes de vida. Todos los colombianos estamos hoy debatiendo sobre las noticias que llegan de Toribio, Jambaló, Cáldono, Miranda, Silvia, Corinto y otros municipios colgados en las cordilleras del sur. ¿Tienen razones y derechos los indígenas para exigir el retiro de la fuerza pública y de la guerrilla de sus resguardos? ¿El ejército puede hacer la guerra desde cualquier propiedad privada, individual o colectiva, sin límite alguno? ¿Podrán imponerse las autoridades indígenas y retirar por si solos a la guerrilla o la exigencia de retiro solo aplica en la práctica para los militares?
La resistencia de las comunidades indígenas a la presencia de armados en sus territorios es una larga historia. Desde hace dos décadas le arrancaron a las FARC el compromiso de respetar a las autoridades de los Cabildos y de no reclutamiento ni hostilidades contra la población, pero contra esos pactos, desde entonces las cuentas superan 500 combates o ataques en cabeceras municipales o entre las casas, con el argumento de que la fuerza pública se parapeta entre la población. Son muchos los casos de intervención de la Guardia Indígena para rescatar comuneros o secuestrados en poder de la guerrilla e incluso hay albergues de acogida para niños, niñas y jóvenes que las autoridades indígenas recuperan del reclutamiento.
La historia de reclamos por la instalación de trincheras y nidos de ametralladoras en medio de la población es también larga. El Ejército y la Policía transformada en fuerza antiguerrilla, se sienten más seguros cuando colocan sus campamentos o cuarteles en las cabeceras municipales, pues allí cuentan con infraestructura y piensan que al estar en medio de casas, iglesias, puestos de salud, escuelas o plazas de mercado, la guerrilla tendrá dificultades para atacar. En los últimos años los cuarteles y unidades de combate en cabeceras municipales y poblados se han combinado con la instalación de batallones de montaña y campamentos itinerantes en las zonas rurales. La ubicación de torres y tropas en la parte alta de las cordilleras es rechazada por los indígenas por tratarse de territorios de propiedad privada del resguardo y sitio de transito y ceremonias de las comunidades. Para el Ejército es un imperativo en el control de posiciones dominantes que de otra manera serían utilizadas por la guerrilla en el hostigamiento a la tropa.
Si esa es la historia recurrente, ¿Por qué ahora se convierte en un levantamiento indígena en la región? ¿Por qué ahora los indígenas del norte del Cauca pasan de protestar y exigir a ejercer su autoridad ordenando a la Guardia retirar físicamente trincheras y campamentos?
LA GRAN BATALLA POR EL SUR OCCIDENTE
Lo que está sucediendo es una respuesta desesperada e indignada de comunidades ante una nueva etapa en la guerra contrainsurgente y de disputa de territorios que amenaza de manera absoluta su permanencia en los resguardos, en territorios colectivos vitales y su supervivencia como pueblos indígenas y sujetos colectivos de derechos. La guerra por el territorio llega con todo su arsenal a disputarle el espacio propio a comunidades que, pese a la marginalización y exclusión a la que han sido sometidas históricamente, sin duda están entre las más organizadas en la defensa de sus derechos en todo el país.
Desde el segundo semestre del 2011, el plan de guerra de las Fuerza Armadas trasladó sus prioridades al sur occidente del país y concentró batallones, brigadas, comandos, grupos elites de inteligencia y aviación para desalojar a la guerrilla de los corredores que van desde Huila y Caquetá hacia el Pacífico. El objetivo táctico es el control del entorno a Cali, la seguridad de los ingenios, de la zona franca industrial y de la movilidad hacia Buenaventura.
El llamado Plan de Consolidación y Reconstrucción Territorial se concentró en los municipios de Pradera y Florida en el sur del departamento del Valle – que conectan con el Tolima, Huila y Cauca – en los del norte del Cauca y el corredor que va hacia el océano. La primera fase de ese plan – que es la que está en curso – incluye como eje el copamiento militar del territorio para obligar al repliegue de la guerrilla y neutralizar sus redes de apoyo entre la población. Siguiendo las tácticas ya probadas en La Macarena, Caquetá y otros lados, esta fase incluye un trabajo de inteligencia a profundidad, la identificación de líderes, la judicialización de sospechosos, y el combate a rutas y fuentes de aprovisionamiento, incluidas de manera especial las plantaciones de coca o marihuana.
Como parte de ese plan de guerra, que es prioridad en la estrategia “Espada de Honor”, se ponen en acción cuatro batallones de montaña, la Brigada del Sur Occidente se concentra en el norte del Cauca y los efectivos militares se han triplicado llegando a 7.000 en esta zona. La Operación activada en 2012, conjuga esas posiciones y las acciones del Batallón No. 3 Coronel Agustín Codazzi; la Brigada Móvil 14, la Fuerza de Tarea Apolo y el Batallón de Alta Montaña No. 8.
De esta manera el centro de la política contrainsurgente se desplazó a esta región que ha sido el refugio de las FARC desde hace décadas y hacia donde se concentraron fuerzas en el repliegue obligado por la ofensiva durante la administración Uribe, con su ministro Santos. En esta región opera el Bloque Sur Occidental, comandado por Catatumbo, que se coordina con el Bloque Sur encabezado por el Guajiro Iguarán. Todo el Macizo colombiano y sus derivaciones hacia Caquetá y Huila o hacia Cauca y Nariño ha tenido corredores de movilidad de las FARC desde los años sesenta y en algunas de estas zonas de influencia se han concentrado frentes y en la última década se han multiplicado las milicias. La columna móvil Jacobo Arenas se mueve en los municipios que son hoy la zona crítica y rinde cuentas al Comando Conjunto de Occidente. Junto con el VI Frente de las FARC se encargan, entre otras actividades, de la economía de guerra que cuenta con el negocio de la pasta básica y el tráfico en la cadena de la producción de marihuana y coca. En otras regiones del Cauca operan los frentes 29, 30 y 60, que cubren el sur occidente y zona del pacífico del departamento.
BALAS QUE ACABARON LA PACIENCIA
La gran capacidad de resistencia de las comunidades indígenas ante políticas que lesionan sus derechos ha sido ampliamente documentada y probada. En la única sentencia contra Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que involucra a población indígena – el asesinato de Germán Escué Zapata, Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena de Jambaló-[1], la Corte (CIDH) tuvo en cuenta los documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (Informes Segundo y Tercero)[2]; los Informes de la Comisión sobre las masacre de Caloto y de Los Uvos[3]; los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas y de la Misión a Colombia (2004 y 2006)[4], el informe de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)[5], para aceptar un patrón sistemático de violencia contra los pueblos indígenas de Colombia, particularmente de los del Cauca. Así mismo, esa instancia tuvo en consideración el concepto de peritos en los que se da cuenta de la decisión de los pueblos indígenas del Cauca de resistirse a la guerra y de independizarse del conflicto armado y de sus actores, pese a que ello les generaba mayores tensiones y riesgos. Al respecto, la perita Esther Sánchez señaló que:
[E]l movimiento indígena, desde su inicio hace treinta años, ha sido visto por los grupos insurgentes con prevención y recelo por la independencia política que lo ha caracterizado. Los paramilitares, por su parte, lo ven como un movimiento subversivo …
Más recientemente la movilización de la “minga” se convirtió en la oposición pacífica más radical a las políticas de seguridad, cohesión social y confianza inversionista de la administración Uribe. Las imágenes de los soldados disparando a metros de distancia contra los comuneros en el Resguardo La María, le dieron la vuelta al mundo en 2008, como también las de la Fuerza Disponible retrocediendo ante los bastones de la Guardia y la multitud que los arrojaba desde los barrancos al pavimento de La Panamericana. Esa Minga fue la que obligó al Presidente Uribe a salir con un megáfono a confrontar a miles de comuneros que habían llegado al centro de Cali y a sentarse en audiencia televisada a escuchar las demandas y después a soportar las marchas hacia Bogotá en rechazo a las políticas oficiales.
Recordando esas historias pasadas y recientes, así como los graves acontecimientos de julio de 2011 cuando una “chiva bomba” destruyó buena parte de Toribio – incluidas casas, la iglesia y la escuela – no resulta extraño que ahora se produzca un levantamiento de protesta, ante la ofensiva de la Fuerza Pública en la región y la contraofensiva de la guerrilla con sus artefactos de destrucción indiscriminada. La entrada de la Operación “Espada de Honor” al Cauca ha significado el aumento de las hostilidades y un despliegue de acciones de las FARC y sus milicias con impactos destructores y mortales entre la población de ocho municipios.
Desde mediados de 2011 las comunidades del norte del Cauca no solo han soportado los combates y la destrucción, pues han tenido que desplazarse a los refugios o Sitios de Asamblea Permanente. Más recientemente, el Presidente Santos, ex ministro de Defensa de Uribe y guarda de la “llave de las negociaciones de la paz”, contra elementales principios del Derecho Internacional Humanitario, les advirtió a los pueblos indígenas del Cauca y a sus autoridades reconocidos constitucionalmente que las fuerzas armadas están autorizadas a disparar en sus territorios y hacia sus moradas cuando guerrilleros se oculten o parapeten en ellas para atacar. Por su parte, las FARC declararon que continuarían con sus “tatucos” y ataques a guarniciones sin importarles los vecinos ni los “daños colaterales” pues consideran a estos pobladores cómplices o contemporizadores del Estado al que combaten.
Los discursos de guerra fueron subiendo el tono para llegar a expresiones y practicas delirantes desde el gobierno, las fuerzas armadas y por parte de la guerrilla.
El Presidente Santos desde Corinto advirtió que: “[…] en adelante se destruirá cualquier casa que sea utilizada por la guerrilla para hacer sus ataques” (Julio de 2011) y el Ministro de Defensa afirmó que: “… en el Cauca hay una integración entre comunidades indígenas y grupos guerrilleros, lo cual genera el problema de orden público” (7 septiembre de 2011).
Según la inteligencia militar los desplazamientos de los indígenas y las protestas cuando se realizan combates en sus territorios, son tretas de la guerrilla: “… indígenas entre niños y mujeres embarazadas llegan con banderitas blancas pidiendo el alto de la operación, pero la verdad es que son enviados por la misma guerrilla para lograr huir y evadir los controles” (citado en Punto de Encuentro No. 59, INDEPAZ, mayo de 2012).
La guerrilla también elevó el tono en contra de las autoridades indígenas que rechazan su presencia y el desconocimiento de la autonomía y el derecho a rechazar la guerra y a todos los armados. Los calificó de colaboradores del enemigo y paso a amenazar a los líderes, obligando a algunos a salir de los resguardos y ocultarse en Cali o Bogotá.
El mensaje divulgado por el Comando Conjunto de Occidente de las FARC, en marzo de 2012, justifica la persecución a los que denominan “falsos dirigentes” y “agentes encubiertos” del enemigo. Según ese texto amenazante:
“… mientras “los gobiernos propios” no constituyan garantía de justicia social y pulcritud para las comunidades, mientras la fuerza pública se mantenga con su presencia amenazante, y mientras exista peligro de saqueo de los recursos naturales de los territorios, la presencia de las FARC- EP seguirá siendo legítima en ellos”.
“… en una errónea y engañosa interpretación de la Autonomía, ciertos “dirigentes” vienen sembrando odios en los comuneros y promueven en las asambleas el espíritu confrontacional, no solo contra la presencia guerrillera, sino también contra los propios hermanos indígenas que se alejan de sus políticas proclives al Estado. En esa dirección promueven acciones hostiles que terminan haciendo de las guardias indígenas una mera extensión de los cuerpos policíacos del Establecimiento”.
Pero en la guerra las palabras pueden ser mortales y destructoras: en estos meses han estado acompañadas de la destrucción de varios centenares de viviendas, miles de refugiados y decenas de muertes. Poco se ha dicho en los medios de comunicación del bombardeo, desde un Supertucano, a un campamento de las FARC, en la vereda Gargantillas – municipio de Tacueyo -, en donde según trabajo previo de inteligencia del Ejército, esa guerrilla tenia a 15 niños llevados con engaños a un entrenamiento. Todos murieron. En el norte del Cauca más de 230 lideres, indígenas y afrodescendientes, han sido señalados de colaboradores de los grupos irregulares y muchos ya están judicializados. La movilidad y el transporte de alimentos hacia la cordillera están sometidos a retenes de la fuerza pública que se intercalan en un mismo trayecto con otros de la guerrilla.
LA CARTA A TIMOCHENKO “Contra la Guerra en todas sus dimensiones”
A raíz de los ataques guerrilleros en seis cabeceras municipales, ocurridos y del trabajo de las FARC orientado a debilitar y dividir a las comunidades y desconocer la autoridad de los Cabildos, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) envió una larga carta al comandante Timochenko, que resume las posiciones en contra de la guerra históricamente defendidas por los indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La ACIN emplaza al comandante de las FARC a responder por los ataques con armas de daño indiscriminado, reclutamiento de niños y niñas, desconocimiento a la autonomía y amenazas de muerte contra líderes. Un año después no se conoce la respuesta ni hay un cambio en la orientación de esa organización frente a las exigencias de las autoridades indígenas y sus consideraciones humanitarias.
Esa carta es un importante documento de obligatoria lectura para entender las posiciones radicalmente pacifistas y contrarias a la violencia armada en todas sus formas (Ver texto completo en www.indepaz.org.co). Algunos de los apartes ilustran desde que altura ética habla el movimiento indígena:
“Resulta extraño que el CCO – Comando Conjunto de Occidente – nos “acuse” hoy de no querer la presencia guerrillera en el territorio indígena, cuando se trata de una posición que hemos expresado por todos los medios desde hace décadas, y siempre hemos dicho que exigimos también que salga el ejército oficial. Hemos dicho que no necesitamos a ninguno de los dos. Hemos dicho que nuestros problemas los resolvemos nosotros. Es más: no estamos solamente contra la presencia de la guerrilla o del ejército en nuestros territorios; ¡estamos en contra de la guerra en todas sus dimensiones, en nuestros territorios y en el país! Lo afirmamos porque llevamos cinco siglos soportándola, y sabemos como nadie de sus dolores y de sus miserias, incluso cuando fue inevitable que nos tocara meternos directamente en ella, con la Gaitana y el Quintín”.
“… Hemos escogido la lucha civil, masiva, directa, comunitaria, en montonera, no por simple diferencia con la lucha armada, sino porque nos parece que nuestro modo de hacer las cosas es más efectivo y eficaz para consolidar un poder popular alternativo y construir un modo de vida más inteligente, porque permite que sea siempre la comunidad la que decida sobre las formas de lucha, y porque entendemos que una guerra como la colombiana, más que en un posible remedio, se ha convertido en una “enfermedad crónica”
“… Es posible que ustedes tengan desde hace tiempo la enfermedad del militarismo y de la violencia sin contenido y no se hayan dado cuenta. Esa enfermedad es la que hace que el Secretariado diga que van a respetar la autonomía, y sin embargo sus mandos medios, sus combatientes y milicianos hagan otra cosa. Es que a la gente que lleva tanto tiempo en la guerra le parece normal que si alguien se roba una gallina, o conversa muy duro, o habla con un funcionario del gobierno, o si se duerme en la guardia, o piensa contrario al que manda en el pueblo, hay que fusilarlo por orden de un comandante, sin derecho a defenderse y sin poder saber de qué lo acusan”.
“En resumen, no se trata de una diferencia en las formas de la lucha, sino que estamos en desacuerdo con la necesidad y utilidad actuales de la guerra. Eso no cambia el hecho de que entendemos las causas del conflicto y las razones para su persistencia; pero es claro que hacer la guerra no es un mero resultado de las condiciones socio-económicas, sino que es resultado de una decisión política. Ahora bien, sería una verdadera tragedia que las FARC consideraran enemigo y objetivo militar a quienes rechazamos la guerra y nos oponemos a ser involucrados en ella, o que ahora su estrategia sea considerar enemigos a todos quienes optamos por la lucha no armada para construir el nuevo país que necesitamos”.
DEL DERECHO AL RECHAZO DE LA GUERRA AL DERECHO A EXPULSAR LAS ARMAS DE SUS TERRITORIOS
También para el gobierno y las fuerzas armadas encargadas de la nueva ofensiva en el sur, resulta inadmisible, sospechoso y una colaboración con el enemigo, la posición de rechazo a la violencia armada en todas sus formas y la objeción a cualquier participación en función de la guerra o la prolongación del conflicto armado. La actitud más frecuente de las tropas y mandos que reclaman el derecho absoluto a ocupar esos territorios, es considerar que los indígenas y campesinos son cómplices o colaboradores de la guerrilla mientras no se demuestre lo contrario. Los jóvenes son vistos como potenciales milicianos y la justificación del control territorial se presenta como combate a las bases de apoyo de la guerrilla y combate al narcotráfico. En el mejor de los casos la versión oficial es que “las protestas indígenas están infiltradas por la guerrilla” o por los narcotraficantes.
Para las comunidades el rechazo a la guerra y a la presencia de unidades armadas en sus territorios es en primer lugar una necesidad vital, un imperativo de pervivencia como comunidades y como pueblos. La violencia crónica y las confrontaciones armadas significan destrucción de condiciones de vida y chocan de manera absoluta con el “tejido social”, la cultura y las economías basadas en la “minga” y en la propiedad colectiva del territorio.
A pesar de la violencia armada estos pueblos se resisten a salir del territorio que les pertenece y por ello han construido refugios para situaciones críticas. La tierra y todas las relaciones sociales y culturales edificadas desde ella, son la base de su pervivencia como pueblos. Por ello hoy se resisten ante el despliegue de ejércitos y dispositivos de guerra que amenazan con la destrucción de su existencia. Es así de elemental y urgente: los aparatos de muerte que se disputan con armas el control del territorio para sus fines están ocupando toda la Casa donde habitan, todo el hábitat incluidos sus sitios ceremoniales y los circuitos de la economía propia que soportan planes de vida.
Pero el fundamento de la exigencia de retiro de los armados de su territorio no solo se soporta en principios consuetudinarios; también en las normas nacionales e internacionales que obligan a los Estados a consultar cualquier decisión que amenace la pervivencia de una comunidad étnica y con mayor razón de un Pueblo. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana y los conceptos del Relator de Pueblos Indígenas disponen expresamente que en situaciones como esta, de planes estatales de gran impacto, se debe proceder a la consulta para lograr el consentimiento previo, libre e informado de los Cabildos. En este caso no se trata solo de “gran impacto” sino de una guerra que interviene territorios colocando en riesgo la existencia misma de comunidades y etnias. El Presidente Uribe, en la audiencia realizada en el Resguardo de La María en 2008, se negó a aceptar los estándares nacionales e internacionales y objetó la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exige el consentimiento previo para la militarización de territorios étnicos. El debate ha seguido en el orden del día pero su curso ha significado muerte y destrucción hasta un límite que ahora es intolerable.
Muchas personas que han seguido los acontecimientos en el Cauca miran con asombro las imágenes de la Guardia Indígena desalojando soldados, desmontando trincheras ubicadas en los caseríos, desbaratando retenes de la guerrilla, reteniendo un destacamento de 30 soldados bajo el cargo de homicidio de un comunero o capturando a guerrilleros o milicianos que han pretendido infiltrarse en la protesta. Ese asombro no les pasa cuando se les dice que esos cerros, como el Berlín, no son baldíos sino propiedad privada colectiva de los pueblos indígenas. En la Constitución y en la ley, la propiedad indígena goza de los derechos de la propiedad privada definidos en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y constitucionalmente está amparada por derechos de la propiedad colectiva étnica que se define como inalienable, inembargable e imprescriptible (artículo 63, CP). No existe ningún fundamento legal para expropiar propiedad colectiva y tampoco para ocuparla sin permiso de sus dueños.
La ONIC y la ACIN han publicado en estos días importantes documentos ilustrando ante las autoridades y organismos de control los derechos de la propiedad colectiva y señalan la arbitrariedad con la cual el gobierno ha procedido para ocupar militarmente sus territorios. A juicio de la ACIN:
“el Estado no puede disponer libremente de los inmuebles particulares, en este caso los resguardos, que son propiedad privada colectiva; si necesitara establecer una base militar, debe adquirir o expropiar; como los indígenas nos oponemos a prestar nuestros predios para ese propósito, solo podría acudir a la expropiación; pero ésta está prohibida expresamente por la Constitución. Luego el gobierno no puede establecer bases militares en nuestro territorio”.
Hay numerosas sentencias de la Corte Constitucional sobre este tema y en algunas de ellas, se señala que por razones de orden público la fuerza pública puede entrar en un territorio; sin embargo la propia Corte advierte que debe garantizarse el derecho a la consulta previa, tal y como se señala en la Sentencia T-769 de 2009:
“De otra parte, deben ser analizadas objetivamente, y así se ordenará en principio al Ministro de Defensa Nacional, las razones por las cuales las comunidades aborígenes de la región, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad. La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que, independientemente de que el impacto directo sobre las comunidades se considere positivo o negativo, cualquier acción que pueda afectarles directamente, debe ser consultada”. (Citado en la carta de la ACIN del 18 de Julio de 2012)
¿ES POSIBLE NEGOCIAR QUE SALGA LA GUERRA DE LOS RESGUARDOS?
Después de los graves sucesos de julio de 2012, el gobierno delegó a un grupo de funcionarios la tarea de conversar con los dirigentes indígenas del Cauca y anunció la pronta aprobación de un documento CONPES ya conocido como “Plan Cauca”, con 500 mil millones de pesos para inversión en la región. Ese proyecto de CONPES no ha sido aún consultado con las autoridades indígenas, y no es claro si incluirán los compromisos asumidos por el Estado en torno a la agenda social y económica que ha estado en la mesa desde hace más de una década –algunos de ellos plasmados en el Conpes 3461 del 17 de marzo de 2007-, así como los acuerdos que se logren en materia de seguridad y orden público.
Hay puntos que pueden llevar a acuerdos rápidos y otros de complejo tratamiento. Entre los primeros esta la revisión de la ubicación de cuarteles, campamentos y dispositivos de combate para que cumplan estrictamente con las normas de derechos humanos y del DIH. Entre ellas la reubicación a sitios que no pongan en riesgo a la población, a la infraestructura civil, bienes culturales y otros protegidos.
En esa lista de lo menos difícil la ACIN ha ubicado la no judicialización de los líderes o de los comuneros y guardias que han intervenido en las protestas. También las libertades de movilidad y comercio en la zona y el compromiso de no impunidad por el asesinato del indígena en Caldono y del campesino en Caloto el pasado 19 de julio.
Los resguardos en el norte del Cauca cubren parte importante de los municipios y tienen por vecinos a campesinos y otros propietarios privados de predios. Un acuerdo de retiro de la fuerza pública de toda la región, dejándole el campo libre a la guerrilla es una opción imposible. En lo inmediato las conversaciones con el gobierno solo podrían llegar hasta el retiro de los territorios colectivos reconocidos legalmente, pero ello debería ocurrir con la previa o simultánea decisión unilateral de la guerrilla de hacer lo mismo. Una experiencia en este sentido sería de gran impacto en la vía del reconocimiento de los derechos de estas comunidades y un precedente de profundo calado para la búsqueda de soluciones de paz.
La exigencia de retiro de armados conlleva no solo acciones sino también diálogos humanitarios para exigir el respeto a las comunidades y a las personas, el no reclutamiento de comuneros, prohibición de minas antipersona, de bombardeos en la propiedad colectiva y de ataques a poblados, la prohibición de narcotráfico o de siembra de coca o mariguana, el respeto a la autonomía y autoridad indígena renunciando al paralelismo.
El solo enunciado de alternativas muestra la complejidad de las conversaciones. En el cuarto capítulo se encuentran los reclamos de cumplimiento de los compromisos pactados desde 1998, después de la masacre en la Hacienda El Nilo, cuando la fuerza pública asesinó a 20 comuneros que habían ocupado ese predio para pedir al INCORA un tramite de compra para asignarla aun resguardo. Esos pactos consagrados en el Decreto 982 de 1999 y en el Conpes 3461 de 2007, que son objeto de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que ha conminado al Estado colombiano a su cumplimiento. A pesar de todos los intentos, no se han cumplido los compromisos y las mayores resistencias y conflictos se presentan en lo relativo a la constitución y ampliación de resguardos.
En estos territorios del Cauca habitan 250.000 indígenas organizados en 122 resguardos de nasas (nororiente), kokonucos, totoros, y misaks (Centro), yanakonas (sur oriente), Siapidaras y emberas (Pacífico). Tienen sus propios idiomas y una cultura que han defendido desde antes de la conquista española a pesar de haber sido arrinconados en la cordillera. En cada municipio conviven con afrodescendientes (hacia la parte plana y el occidente), campesinos mestizos, finqueros y hacendados, sin llegar a tener la mayoría de las hectáreas en cada entidad territorial. Son microfundistas y pequeños productores encargados de cuidar paramos, parques y zonas de reserva: el 90% no llega a una Unidad Agrícola Familiar promedio disponible para familias dentro del resguardo. Entre indígenas y afros representan el 72% de la población rural, pero tienen el 50% de la tierra. La aspiración de acceso a la tierra ha llevado a choques frontales con los intereses de los terratenientes y agroindustriales que ha lanzado la consigna “ni un metro de tierra entregada en la parte plana”. Se presentan también conflictos inter étnicos y con las aspiraciones campesinas que incluyen la formación de Zonas de Reserva Campesina en Corinto, Miranda, Inza, Argelia, Cajibio y Caloto.
En quinto lugar están los problemas territoriales y de políticas públicas para el desarrollo y la realización de los planes de vida de las comunidades. Este capítulo lo envuelve todo pues revela la dimensión de las disputas por estos territorios: la tercera parte de los territorios indígenas del departamento han sido titulados para exploración minera o petrolera; en la parte alta de la cordillera central las comunidades se oponen a las pretensiones de la AngloGold Ashanti o de Carboandes; en todo el macizo y hasta los linderos de Popayán, la empresa canadiense Gran Tierra Energy http://www.grantierra.com/operations/colombia/, tiene 200.000 hectáreas en títulos de exploración petrolera. A eso se le agrega la minería mafiosa y la protegida o auspiciada por las FARC o los Rastrojos, que ha obligado a la guardia indígena a ponerse en alerta en muchas regiones. Un ejemplo del rechazo indígena a esta ocupación del territorio lo muestra el periodista francés Romeo Langois en su documental “Ni por todo el oro del mundo”.
El CRIC, en movilización de más de 5.000 comuneros, dio a conocer la Declaración de Pizno en la cual rechaza la minería en ese páramo y al mismo tiempo declara la prohibición de la megaminería en sus territorios. Estas amenazas, por los privilegios que se han otorgado a las multinacionales y grandes compañías mineras, últimamente se acrecientan por la ampliación de distritos mineros en el Cauca y por la protección que ofrece la fuerza pública a la exploración o explotación impuesta por la fuerza.
Y, para completar el panorama, se incluye como tema urgente la necesidad de desterrar de esta región y de los territorios colectivos, los negocios del narcotráfico. Los cultivos de coca y procesamiento de pasta básica que es insumo para los laboratorios de cocaína han crecido sobre todo en el occidente desde el municipio de El Tambo al pacífico, pero a pequeña escala se mantienen en la cordillera central a pesar de la oposición de los Cabildos. En el nororiente del Cauca se han multiplicado recientemente los sembrados de marihuana en predios campesinos y también indígenas. No abarcan extensiones como las que tuvieron en los años 80s pero se presentan a los pequeños productores como un complemento de ingresos ante la crisis rural. A la guerrilla estos circuitos productivos le sirven para interactuar con la población y obtener ingresos. ¿Cuál es la respuesta a esta situación? La erradicación forzada y el enfoque de guerra pueden lograr migración en áreas de cultivo y disminución allí en donde se focaliza la acción, pero no ha mostrado eficacia en alternativas para las comunidades que se ven perseguidas y empobrecidas por la acción del Estado. Para los Cabildos es urgente la salida del narcotráfico y sus redes que han considerado un grave riesgo para la vida y la cultura y permanente fuente de violencia. En varias ocasiones se han concertado planes de erradicación voluntaria pero no han operado las alternativas productivas acordadas con los gobiernos. No obstante esos antecedentes este es un problema que puede llevar a resultados aceptable por las partes.
Muchos de estos temas han sido abordados en el pasado en conversaciones con el gobierno y han merecido sentencias de la Corte Constitucional. La sentencia T 025 que declaró en el año 2004 el desplazamiento como un Estado de Cosas de Inconstitucionalidad y el auto 004 de 2009 han responsabilizado al Estado por la falta de políticas frente a la violencia, la exclusión, la marginalización y el abandono forzado, la invasión y el despojo territorial al que han sido sometidos los grupos étnicos en Colombia. En vista de la gravedad de la crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas ampliamente descrita por la Corte Constitucional se ordenó la adopción del Programa de Garantías Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento y de los planes de salvaguarda étnica ante el conflicto y el desplazamiento forzado para 34 pueblos en peligro de exterminio físico y cultural debido a factores como el conflicto armado interno y las gravísimas violaciones derechos humanos fundamentales individuales y colectivos, y del DIH, los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas y a sus miembros en el conflicto armado, pese a su decisión de no hacer parte del conflicto; el despojo territorial por actores con intereses económicos legales e ilegales sobre tierras y recursos de propiedad de comunidades indígenas, las fumigaciones inconsultas e indiscriminadas, la precariedad en el reconocimiento de los derechos territoriales que facilita la invasión territorial por parte de legales e ilegales, y la intensificación de la pobreza, la inseguridad alimentaria y el debilitamiento étnico y cultural por el abandono del Estado y la pervivencia del conflicto armado. Entre los pueblos en peligro de exterminio, la Corte menciona a los paeces o nasas, yanaconas, kokonukos, totorós, guambianos, ingas y eperaras-siapidaaras que habitan en el Cauca, la mayoría de ellos en resguardos reconocidos desde la Colonia. Estas situaciones son también plasmadas en el Decreto Ley 4633 de 2011 en el que se contemplan las medidas de asistencia, atención y reparación a favor de las víctimas de los pueblos indígenas.
La evaluación del cumplimiento del auto 004 y la implementación del citado Decreto para la reparación de los pueblos indígenas, incluyendo la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por las violaciones de derechos humanos y del DIH, entre ellos la ocupación de sus territorios de propiedad colectiva de manera inconsulta por la Fuerza Pública y la violación de los deberes de garantía y protección del Estado al permitir su ocupación por actores ilegales (guerrillas, narcotraficantes y neoparamilitares), debe ser tema obligatorio de la ronda de conversaciones. Su abordaje y desarrollo es un imperativo de la Procuraduría y de la Defensoría, instancias encargadas del seguimiento a las decisiones de la Corte y del acompañamiento a los espacios de diálogo y acuerdo.
Los organismos de control y las agencias internacionales que participan en las negociaciones deben velar porque en las mismas se reconozca y se garantice el doble carácter de los pueblos indígenas del Cauca, esto es el de autoridades en sus territorios (artículo 330 de la Constitución Política) y el de pueblos diferenciados, sujetos de derechos colectivos que están en inminente riesgo de exterminio físico y cultural (artículo 7 de la C.P.).
DESARMAR LA GUERRA EN COLOMBIA
Son muchas las lecciones que están dando los indígenas para la búsqueda de la paz en Colombia. La primera es que solo el rechazo indignado a la guerra desde la población desarmada, convertido en movilización, puede abrir nuevos caminos. La exigencia inmediata de retiro de los armados de su Casa (territorios y cabildos), y las acciones para presionar su salida mediante desmantelamiento de estructuras de guerra, es hoy la más autentica y radical posición pactista que le indica un camino a las luchas por la paz en Colombia. Ya en las redes sociales, jóvenes y organizaciones de diversas regiones han acogido como símbolo de paz la cinta de franja verde y roja, que identifica a los indígenas del Cauca, Esa es la cinta que engalana los bastones de la guardia indígena y que portan los gobernadores y Consejeros Mayores: convertida hoy en símbolo de paz, puede ser el emblema de los mensajes que se levantan desde el sur: ¡Desarmar la guerra¡¡No a la violencia armada¡ ¡Si a la vida¡¡ Construir la Paz¡¡
Por Camilo González Posso – Julio de 2012
[1] CIDH, Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165.
[2] CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, capítulo XI: Los Derechos de los Indígenas en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.84, Doc. 39 rev.1, 14 octubre 1993, y CIDH, Tercer Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, capítulo X: Los Derechos de los Indígenas en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102,Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999.
[3] CIDH, Informe 36/00, Caso 11.101 Masacre de Caloto del 13 de abril de 2000 e Informe 35/00, Caso 11.020 Masacre “Los Uvos” del 13 de abril de 2000.
[4] STAVENHAGEN, Rodolfo. Las cuestiones indígenas: los derechos humanos y las cuestiones indígenas: Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, 20 de enero de 2006, E/CN.4/2006/78/Add.4, y Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Cuestiones Indígenas. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición Misión a Colombia. E/CN.4/2005/88/Add.2., 10 de noviembre de 2004.