Desde el año 1600
Han pasado 333 años desde su llegada al territorio, de su ocupación pacífica, de su habitación y hoy más de 18.000 afronayeros organizados en 64 comunidades no han sido reconocidos como habitantes legítimos de 170 mil hectáreas de tierra entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el sur occidente colombiano. Mientras sigue vive la discusión en La Habana sobre las tierras y del aparente progresismo de la política agraria del gobierno Santos, no se avanza en la titulación colectiva.
Desde 1680, como consta en los archivos de notarías de la ciudad de Popayán se encuentran los rastros de afrodescendientes que fueron comprados para el trabajo minero en el Naya, su libertad consagrada en el siglo XIX les garantizó su supervivencia en el territorio. El siglo pasado, los avances constitucionales de 1991 no se han concretado en el reconocimiento de su habitación territorial.
En el marco de la ley 70 de 1993 el Consejo Comunitario solicitó desde el 23 de diciembre del año 1999 el reconocimiento jurídico del territorio colectivo, ante el INCORA, hoy INCODER, sin que dicha titularidad haya sido reconocida. El Derecho legítimo y ancestral que les asiste ha sido negado por la oposición y demanda que interpusiera desde el año 2000 la Universidad del Cauca. El centro académico amparándose en un permiso minero otorgado al entonces Colegio Mayor del Cauca en 1827 le permitió la explotación de una mina en el Naya. Este permiso minero fue elevado a escritura pública en el año de 1944, por una extensión de 97.000 hectáreas tal como se concluyó en el proceso de clarificación agotado entre los años 2002 y 2006.
El 21 de julio de 2008 la entonces UNAT declaró extinguidos mediante la resolución 859, a favor de la Nación, los predios reclamados por la Universidad del Cauca, decisión que fue ratificada mediante una segunda resolución, la 1367 de 17 de octubre de 2008.
Ratificada por la UNAT la extinción del derecho de dominio a la Universidad del Cauca, estaban dadas las condiciones para avanzar en la titulación colectiva del territorio, pero nuevamente la universidad apeló el fallo, esta vez, ante el Consejo de Estado, presentando el 15 de diciembre de 2008 la Acción de Revisión sobre las resoluciones 859 y 1367.
En 2009 el Consejo Comunitario interpuso una demanda para la protección de sus derechos de habitación con una Tutela ante el Tribunal Administrativo del Cauca para agilizar el inicio del proceso de titulación. Esta demanda fue fallada contra el INCODER a favor del Consejo Comunitario, ratificada mediante sentencia T– 909 de 2009 por la Honorable Corte Constitucional, en la cual se ordenó avanzar de inmediato en la titulación de la parte del territorio colectivo excluido de litigio jurídico con la Universidad del Cauca y resolver de fondo la solicitud de titulación total una vez el Consejo de Estado emita fallo sobre la acción de revisión.
Han pasado cuatro años del fallo de la decisión constitucional que ordenó titular parcialmente y mientras el INCODER avanza en el estudio técnico, el Consejo de Estado no emite fallo alguno.
Pero el ardid de la Universidad del Cauca no paró ahí y el 8 de febrero de 2010 presentó ante el Consejo de Estado Acción de Nulidad, dilatando aún más las posibilidades de un fallo que garantice el derecho a la titulación colectiva sobre el área que en el momento es objeto de litigio jurídico.
ENTRE LA GUERRA Y LA SOBREVIVENCIA
En 14 años, además de resistir a la falta de voluntad política del gobierno nacional para el reconocimiento jurídico del territorio colectivo, el Consejo Comunitario ha tenido que resistir a la violencia socio política ejercida desde abril del año 2001, cuando fueron víctimas de la incursión paramilitar del bloque Calima quien con el apoyo de la brigada 3 y sectores empresariales que ingresaron al territorio afronayero perpetrando entre otras conductas el crimen de Juana Bautista Angulo y el desplazamiento forzado de al menos mil familias que tuvieron que refugiarse en su territorio para escapar de la barbarie.
Desde este tiempo las denuncias y exigencias a nivel nacional e internacional no han sido suficientes para que el Estado Colombiano garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación integral, lo que avanza con celeridad son operaciones contra las comunidades de estructuras paramilitares que controlan el negocio de armas y de droga en el pacífico, aseguran el control territorial y social necesario para la mercantilización y el despojo de los territorios con la omisión y tolerancia de la fuerza pública. En el territorio nayero continúa la movilización guerrillera, de ahí la alta expectativa para que el diálogo de La Habana llegue a un buen término pues la militarización no logró acabar a la guerrilla y por el contrario se pretendieron justificar institucionalmente violaciones de derechos humanos.
Como mecanismo concreto para permanecer en el territorio y resistir en medio del conflicto armado interno colombiano, el pueblo afronayero declaro desde el año 2008, lugares de refugio, como espacios humanitarios y lugares exclusivos de la población civil, en afirmación concreta del Derecho Internacional Humanitario y del principio de Distinción en medio del conflicto armado.
Ante la pretensión externa de usar el territorio para la siembra de coca, expulsaron a paisas y colonos que pretendieron resignificar el uso de la tierra y desarrollaron propuestas agroecológicas como salidas a las fumigaciones indiscriminadas con glifosato de las que han sido víctimas desde el 2008.
El consejo comunitario apoya organizativamente el desarrollo de parcelas agroforestales en torno a productos ancestrales como maíz, chontaduro, papa china, caña, cacao, borojó, arroz, banano, así como algunas iniciativas pecuarias en torno a gallinas y cerdos. Toda una apuesta que no cuenta con apoyo económico por parte del Estado.
Pero su arraigo en medio del conflicto, el desconocimiento de su habitación toma fuerza con la memoria colectiva en la Escuela de Formación Política y Ancestral Juana Bautista Angulo Hinestroza, en los rituales y en el intento de restablecer la emisora comunitaria, propuestas que carecen de reconocimiento legal de las autoridades competentes.
PARA QUE LA PAZ SEA CIERTA SE REQUIERE EL TERRITORIO
En el contexto actual de conversaciones de paz adelantados por el gobierno y las FARC, el pueblo afronayero se ha expresado en la iniciativa de Comunidades Construyendo Paz en los territorios, apoya la salida política y negociada al conflicto, exige reconocimiento y respaldo a sus propuestas concretas de paz con justicia social y ecológica que viene construyendo desde el territorio colectivo, insistiendo y persistiendo en la exigencia de reconocimiento jurídico del territorio.
A pesar del avance en el estudio técnico por parte del INCODER iniciado en enero de 2013 en cumplimiento a la sentencia T 909 – 2009, el informe del equipo técnico da cuenta de un área no superior a las 40.000 hectáreas para ser tituladas. El Consejo Comunitario sabe que la posibilidad real de ser sujetos de derechos es que el Estado Colombiano garantice la titulación total del territorio en sus 170.000 hectáreas.
De no resolverse a su favor la titularidad total del territorio, la exclusión y la negación progresiva de derechos se harán nuevamente evidentes y se agregará otro factor de riesgo para la vida e integridad colectiva dada la reingeniería del paramilitarismo que consolida el control territorial a nombre de los urabeños en el pacífico colombiano.
En la semana de la afrocolombianidad, el pueblo afronayero celebra su dignidad y llora el desconocimiento del Estado a sus derechos, sin territorio no hay libertad, no hay supervivencia y no hay paz.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz