Desconocimiento de los resultados de las consultas populares
En Colombia los Mecanismos de Participación Ciudadana se han convertido en una importante herramienta para la defensa territorial frente a la imposición del modelo de despojo instrumentado con la política minero-energética. En distintos rincones del territorio nacional se han llevado a cabo consultas populares y acuerdos municipales que intentan ejercer soberanía en esos territorios, y en ejercicio democrático y desde la expresión de la voluntad popular detener los megaproyectos que se quieren implementar protegiendo intereses ajenos a los de las comunidades y poblaciones afectadas.
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Sin embargo, durante los últimos meses diferentes instituciones y el mismo gobierno nacional ha desacreditado estas formas de democracia participativa. Podemos recordar las declaraciones del propio presidente Juan Manuel Santos cuando afirmó que: “son ilegales y no tienen ningún efecto legal. El subsuelo es de todos los colombianos. Aquí no hay lugar a discusión.” Y, de forma más reciente, el inicio de una serie de investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación sobre los alcaldes que han realizado las Consultas Populares, argumentando que existió una extralimitación de sus funciones administrativas y pretendiendo generar temor, incluso con amenazas de destitución, en otros mandatarios locales que avanzan en dar cumplimiento a la voluntad popular y llamar a nuevas Consultas.
No obstante, los Mecanismos de Participación Ciudadana son concluyentes, e indican que las comunidades no se encuentran satisfechas con las prácticas extractivas y los arreglos institucionales vigentes. La Constitución Política de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho, democrático y participativo, incorporando así la participación como un principio fundamental en la implementación del ordenamiento jurídico y fin mismo del Estado. Por tanto, los pueblos son un sujeto activo en la creación de las normas y en la toma de decisiones que afecten colectivamente a la sociedad.
Ante la situación actual y las diferentes percepciones e interpretaciones a los mecanismos de participación popular presentamos el siguiente comunicado, construido con diferentes profesionales, intelectuales y organizaciones, en donde solicitamos al gobierno Santos que las decisiones de los habitantes, expresadas en las consultas populares y acuerdos municipales, sean respetadas por el gobierno nacional como legales y legítimas. En particular, porque la autonomía de la comunidad es un asunto primordial de la Constitución Política, de la descentralización y del derecho fundamental de las personas a participar en decisiones que las afectan.Si quieren conocer, apoyar y respaldar el comunicado lo pueden realizar en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/1bfempfFIUSCeMHb1roYJS0-paUynIkau_TevTYRHibs/viewform
CENSAT Agua Viva -Amigos de la Tierra Colombia