Desaparición forzada: ¿y el castigo?
La expansión del crimen organizado en México y en el mundo, además de incrementar los delitos, denuncias y quejas, propicia malestar e indignación social por la impunidad que muchas veces beneficia al delito de desaparición forzada: las políticas de seguridad carecen de una perspectiva en derechos humanos y, a lo largo de la historia, diferentes gobiernos y redes delictivas han utilizado este delito como una forma de coacción e intimidación social.
Montserrat Bonilla 24/Jun/2013 07:32
La expansión del crimen organizado en México y en el mundo, además de incrementar los delitos, denuncias y quejas, propicia malestar e indignación social por la impunidad que muchas veces beneficia al delito de desaparición forzada: las políticas de seguridad carecen de una perspectiva en derechos humanos y, a lo largo de la historia, diferentes gobiernos y redes delictivas han utilizado este delito como una forma de coacción e intimidación social.
En México, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI), entre 2006 y 2012 se registraron más de 26 mil personas desaparecidas o no localizadas. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas en las que funcionarios se encuentran implicados y otras han sido privadas de su libertad por particulares o bandas delictivas.
A su vez, los casos recientes indican la existencia de determinados grupos en situación especial de vulnerabilidad, como menores de edad, mujeres, migrantes, defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas.
Los especialistas consideran que, más allá de una armonización en la tipificación del delito en todo el territorio nacional, deben crearse los mecanismos necesarios para reducir los índices de impunidad y brindar la protección y justicia que merecen las familias de las víctimas.
De fondo
Durante 2011 se registró el mayor número de desapariciones del sexenio pasado, según revelan expedientes de personas extraviadas o ausentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Distrito Federal y el Estado de México son las zonas con mayor número de casos, y entidades como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Nuevo León registraron un considerable repunte.
Sin embargo, de acuerdo con Héctor Cerezo Contreras, coordinador de área de acompañamiento de la organización Comité Cerezo México, estos crímenes se han aplicado en casi todo el territorio y, a partir de 2006, no solo se cometen en contra de defensores de los derechos humanos o miembros de grupos insurgentes — como sucedió en la llamada guerra sucia— sino “en el contexto de la política de seguridad del gobierno federal; es una práctica que se ha extendido a grandes sectores de la población”.
Cerezo explica que dicha política contra el crimen organizado solo ha generado lo contrario debido “al incremento de la violencia estatal, militarización, paramilitarización y los ataques en contra de activistas y de la sociedad en general”.
Y complementa que, en caso de la desaparición, es una estrategia “para generar terror en la población, forzar el desplazamiento como mecanismo de control social y territorial, destruir o desarticular organizaciones sociales y comunitarias, pero también en contra de personas que son estigmatizadas como miembros de la delincuencia organizada”.
http://www.comitecerezo.org/spip.php?article1536