Desaparición forzada de 19 comerciantes

En la tarde del 6 de octubre de 1987, 17 comerciantes que salieron de Cúcuta, Norte de Santander, con rumbo a Medellín, Antioquia, fueron desaparecidos forzadamente cerca de la finca “El Diamante”, por el grupo paramilitar de Puerto Boyacá al mando de Henry de Jesús Pérez Baquero, luego de pasar por un retén militar. Otros dos familiares que salieron en su búsqueda, Juan Alberto Montero y José Ferney Fernández, corrieron la misma suerte de los primeros 17 pocos días después.

Las investigaciones realizadas en años posteriores revelaron que los 19 comerciantes desaparecidos fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena. Los cuerpos continúan desaparecidos, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia ordenó su búsqueda, y hasta ahora el “Plan de búsqueda” presentado en 2009 por el Estado no ha arrojado ningún resultado. De hecho, en los últimos cinco años los familiares no han recibido ningún informe por parte de las autoridades, a pesar de múltiples solicitudes, y aún los 19 hombres continúan desaparecidos.

Desde aquel octubre de 1987 los familiares de los 19 comerciantes han sido constantes en la búsqueda de verdad y justicia. Después de agotar todas las instancias nacionales, donde predominó la impunidad, los familiares acudieron al Sistema interamericano de Derechos Humanos, donde se reconoció su caso hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 5 de julio de 2004 condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de los 19 comerciantes.

Por los hechos sólo se han proferido condenas contra algunos paramilitares, pero ninguno de los altos militares vinculados y a quienes se les alcanzó a ordenar la detención preventiva en 1996 han sido condenados. Además, en el caso del General Farouk Yanine Díaz y del Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, las investigaciones precluyeron por razón de su muerte.

Otra medida ordenada por la Corte Interamericana que el Estado ha incumplido a los familiares es la relacionada con salud, tanto en relación con el tratamiento médico y psicológico gratuito, desde una perspectiva psicosocial, para todos los familiares, como medicamentos gratuitos, atención en salud integral especializada y preferencial, de manera individual, familiar o colectiva. Varios familiares de las víctimas han fallecido sin recibir reparación efectiva en esta materia.

El Estado finalmente cumplió con la instalación de un Monumento en el año 2013, como medida de reparación, pero no ha dispuesto todavía de las garantías de seguridad, cuidado y mantenimiento de la obra en homenaje a las víctimas. Adicionalmente, se hace un llamado de atención sobre la lentitud de los procesos judiciales, que privilegian la impunidad, dado el paso del tiempo y la falta de acción investigativa, y los “Planes de búsqueda de personas desaparecidas” que no se compadecen del dolor de las víctimas ante un crimen tan atroz. Recordamos sus nombres esperando que al leerlos llegue a nuestra mente que cada uno de ellos es poseedor de una historia, una familia y unos seres queridos que los recuerdan: