Desaparecidos reclamantes de tierras del Curvaradó
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la privación de la libertad y desaparición forzada del integrante del consejo comunitario de Curvaradó, MANUEL RUIZ y SU HIJO SAMIR DE JESÚS RUIZ por paramilitares que desarrollan sus operaciones dentro del territorio de Curvaradó, donde implementan los agronegocios empresariales ocupantes de mala fe.
Bogotá, Marzo 26 de 2012
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia
FRANK JOSEPH PEARL GONZÁLEZ
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscalía General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref: Desaparecidos reclamantes de tierras del Curvaradó
¿Hasta cuando van a mostrar parcialidad con el malvado?… Hagan justicia al débil, defiendan el derecho de los pobres, rescaten al débil y al necesitado; liberenlo de la mano del malvado”.
Salmo 82, 2-4
Reciban un respetuoso saludo.
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la privación de la libertad y desaparición forzada del integrante del consejo comunitario de Curvaradó, MANUEL RUIZ y SU HIJO SAMIR DE JESÚS RUIZ por paramilitares que desarrollan sus operaciones en Mutatá, Belén de Bajirá, Caucheras, Brisas de Curvaradó y dentro del territorio de Curvaradó, donde implementan los agronegocios empresariales ocupantes de mala fe.
Estas noticias criminales reflejan nuevamente la ausencia de garantías para la prevención, la protección de la vida e integridad de los reclamantes de tierras de los consejos comunitarios que en derecho exigen la restitución de la propiedad colectiva arrebatada con sangre, con fuego y con ilegalidad y fraude procesal, crímenes de lesa humanidad y daños ambientales, por paramilitares beneficiando a empresarios de la palma, el banano, la ganadería y la coca.
MANUEL demandó del gobierno de JUAN MANUEL SANTOS, la adopción de medidas de protección ante las amenazas de que fue objeto por uno de los administradores de los ocupantes de mala fe CARLOS RIOS, FABIAN RIOS y VICTOR RIOS, de las fincas “La Bonita” y los “Piscingos” en Apartadocito Curvaradó, a quien apodan el “Bicho” o “Viyo”, por la reclamación de la restitución de las tierras y por su liderazgo comunitario; su exigencia fue respondida con un teléfono celular como único elemento preventivo. El gobierno desconoció la adopción de medidas de otro tipo teniendo en cuenta que se trata de un reclamante y líder de la restitución, que se enfrenta a poderosos empresarios y sus grupos armados, a su poder e incidencia en la institucionalidad; desconociendo la necesidad de adopción de medidas específicas para comunidades que las han exigido durante más de diez años y que no se han concretado; con disposiciones ciertas y verificables como el desmonte del paramilitarismo que opera con la complicidad de la policía de Urabá y la brigada 17, estructuras regulares en que se ha enquistado el paramilitarismo.
Estos escandalosos daños a la vida, a la libertad son responsabilidad del Estado, se negaron a adoptar las medidas pertinentes preventivas desde hace meses, y, agentes policiales ante los señalamientos que hicieron paramilitares de que MANUEL y su hijo SAMIR eran guerrilleros o sus auxiliadores, les detuvieron. Los indicios ciertos de la interacción están ahí y a la vista de todo el mundo que llega a Mutatá o Belén de Bajirá, donde departen agentes estatales y paramilitares, llamados BACRIM, o como sucede en Brisas de Curbaradó en donde comparten la distribución de la seguridad. Pero no ha sido solo eso, los testimonios indican que la policía de Mutatá conoció de pobladores el lugar en donde los paramilitares presumiblemente dejaron los cuerpos de vida de padre e hijo y se negaron a hacer algo para confirmar esa situación y manifestaron a quienes así deseaban hacerlo que era muy riesgoso.
Ante ustedes la fundamentación fáctica que consignamos en esta Constancia Histórica
* Viernes 23 de marzo, en horas de la tarde, aproximadamente a las 4:30 p.m. MANUEL RUÍZ, de 56 años, miembro del Comité de Censo del Consejo Comunitario de Apartadocito, cuenca de Curvaradó y SAMIR DE JESÚS RUÍZ GALLO, de 15 años, fueron privados de su libertad por paramilitares. Desde ese momento se desconoce su paradero, luego que paramilitares los obligaron a bajarse del vehículo en que se movilizaban desde Mutatá hacia Apartadocito, Curvaradó.
De acuerdo con testigos, uno de los paramilitares abordó con MANUEL y SAMIR y otros pobladores el vehículo en que se transportaban. Minutos después el hombre que se identificó como paramilitar ordenó al conductor que se detuviera en el punto conocido como “El Basurero”, a 10 minutos de Mutatá, donde lo esperaban otros dos integrantes de esta estructura paramilitar.
Antes de la actuación paramilitar, en Mutatá, MANUEL y su hijo fueron abordados, primero por paramilitares que los señalaron de guerrilleros y posteriormente por efectivos policiales que los retuvieron, mientras recargaban uno de sus teléfonos celulares 317 370 7029 y 311 337 2374.
A eso de las 4:30 p.m, MANUEL y SAMIR se comunicaron con su familia informando que habían sido obligados a descender del vehículo en el punto conocido como “El Basurero”, cerca al puente del Río Sucio, a 10 minutos de Mutatá, y que les exigían $ 2.000.000 millones de pesos para dejarlos en libertad. Agregó que el dinero debían llevarlo a un lugar de recepción y envío de giros llamado GANA de Mutatá.
*Sábado 24 de marzo a eso de las 10:30 a.m., en Apartadocito, uno de los miembros del consejo comunitario solicitó a delegados del gobierno que se encuentran en el lugar para desarrollar actividades del censo, que debían aclarar lo que pasaba con MANUEL y su hijo SAMIR de JESUS, pues él era quien iba a guiar el recorrido por predios ocupados de mala fe en el lugar conocido como Los Piscingos.
El funcionario gubernamental manifestó que el secuestro pretendía sabotear la inspección de linderos y que buscaría a otra persona para que les guiara.
Efectivamente MANUEL guiaría al gobierno en la inspección del área conocida como “Los Piscingos”, ocupada de mala fe por empresarios desde 1996 luego de operaciones paramilitares. La inspección se realizaría en este día, en cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional A-045 del 7 de marzo de 2012.
El gobierno nacional manifestó que la policía de Urabá sabía de la situación de MANUEL y SAMIR a través de la Defensoría del Pueblo, precisó que efectivamente lo habían abordado los paramilitares por un intento de robo o estaba relacionado con sus teléfonos celulares.
Afirmó la policía que les extrañaba lo ocurrido, justo cuando don MANUEL tenía que participar, ese sábado, en el proceso de caracterización del censo.
Hacia las 5:30 p.m. se conoció que paramilitares, entre ellos, JOSÉ DE JESÚS MOYA ASPRILLA, apodado el “Cucho” afirmaron a familiares de las víctimas, que MANUEL y SAMIR habían sido asesinados hacia las 3:00 de la mañana de ese sábado y sus cuerpos arrojados debajo del puente de Río Sucio.
*Domingo 25 de marzo, en horas de la mañana la familia junto con efectivos policiales hallaron una huella de sangre en el puente de Río Sucio a 10 minutos de Mutatá. En horas de la tarde la policía informó que sobrevoló la zona y debió suspender la búsqueda por malas condiciones atmosféricas.
Familiares de las víctimas junto con acompañantes internacionales y nacionales buscaron en el lugar conocido como “El Basurero” sin encontrar rastro alguno.
A la señora TRINIDAD GALLO esposa de don MANUEL y madre de SAMIR, la policía en Mutatá pidió que firmara documentos, que ella no pudo identificar de qué trataban.
En horas de la tarde todos los miembros de la familia RUÍZ GALLO, 7 niños y 12 adultos se vieron obligados a desplazarse hasta Mutatá por temor a nuevas acciones de los paramilitares, y esperando que su presencia visible en este municipio de Antioquia evite daños irreparables a su vida e integridad.
* Lunes 26 de marzo, hacia las 8:00 a.m., la familia RUIZ GALLO conoció que un poblador se presentó el sábado 24 hacia las 6:00 p.m., a la estación de policía de Mutatá a reportar que había encontrado un cadáver cerca al puente del Río Sucio, cuya descripción coincidía con la de MANUEL RUIZ y que lo había sacado hasta la playa del Río Sucio. La policía no adelantó acción alguna de búsqueda, ni reportó la información a la familia. La policía había dicho a autoridades del Estado, que tenía riesgos adelantar cualquier búsqueda en esa área por razones de seguridad.
Frente a estos graves hechos requerimos se nos informe de manera detallada:
1. ¿Qué acciones adelantó el Sistema de Búsqueda Urgente de Personas Desaparecidas desde el momento en que se conoció de la desaparición de MANUEL y su hijo SAMIR DE JESÚS?.
2. ¿Qué acciones adelantó la policía de Mutatá desde el viernes 23 de marzo, cuando conoció de la desaparición de MANUEL y su hijo SAMIR DE JESÚS y cuando conoció por parte de un poblador de Mutatá el sábado 24 del lugar donde presumiblemente arrojaron el cadaver?
3. ¿Qué avances ha alcanzado los entes de investigación y control, relacionados en la identificación de los miembros de la policía que detuvieron a MANUEL, pocos minutos después que paramilitares lo hubieran abordado junto con su hijo SAMIR? ¿Cuáles fueron las razones de la detención?
4. ¿Qué adelantos pueden mostrar los entes de investigaciones y de control de sus indagaciones sobre la interacción existente entre la policía de Mutatá, Pavarandó, Bajirá, con los paramilitares, entre ellos JOSE DE JESÚS MOYA ASPRILLA, apodado “El Cucho” ?
5. ¿Qué indagaciones han adelantado los entes de investigación sobre los posibles actores materiales de la desaparición forzada frente a las amenazas denunciadas por MANUEL RUIZ provenientes de hombres como el “Bicho” o “Biyo” al servicio de los empresarios ocupantes de mala fe CARLOS RIOS, FABIAN RIOS y VICTOR RIOS?
6. ¿Frente a los 37 lideres y lideresas del Curvaradó y Jiguamiandó amenazados qué medidas , mas allá de teléfonos celulares, se van a adoptar con carácter urgente?.
7. Ante el desplazamiento forzado de la familia para prevenir más retaliaciones por la exigencia que vienen haciendo de restitución de sus territorios, qué actuaciones concretas de tipo humanitario y de protección van a adelantar?
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas efectivas de enfrentamiento del paramilitarismo. MANUEL es uno de los 37 miembros de la cuenca del Curvaradó víctimas de amenazas contra su vida por reclamar las tierras. El Ministerio del Interior realizó estudio de riesgo y como medida de protección le asignó un teléfono celular. La ausencia de garantías, entre ellas el enfrentamiento al paramilitarismo es evidente. MANUEL denunció como los empresarios ocupantes de mala fe de predios colectivos, lo hostigaron, lo intimidaron, lo amenazaron, con grupos armados depedientes de estos y con paramilitares. Insistimos la única respuesta, que no salva de responsabilidad al Estado, fue un celular de bajo costo con pocos minutos. Queda en evidencia los serios límites del Sistema de búsqueda incapaz de actuar con oportunidad y diligencia frente a este tipo de caso, supeditado a aspectos burocráticos.
Nuestra Censura Ética ante la inacción institucional frente al paramilitarismo en materia de fuerza y de justicia, estas estructuras paramilitares, como a la que pertenece, JOSÉ DE JESÚS MOYA apodado “El Cucho”, continua operando con la aquiescencia y complicidad de la Policía de Urabá y la Brigada 17 del ejército desde hace más de 8 años en la región, se pasea delante de las autoridades, se ufana de dialogar con ellas, de su gran poder, sin que nadie absolutamente, nadie actúe.
Nuestra Censura Ética ante la impunidad propiciada por el ente de investigación que por miedo, por ineficacia se ha negado sistemáticamente a enfrentar el enquistamiento del paramilitarismos en la policía de Urabá y la brigada 17.
Un modus operandi similar se presentó en octubre de 2005. En esa ocasión el líder de restitución ORLANDO VALENCIA, después de haber sido detenido por la policía en Bajirá, fue desaparecido y posteriormente asesinado por los paramilitares, todos los agentes policiales fueron absueltos a pesar de las evidencias. No puede esperarse mucho del ente de investigación, que durante más de 15 años se ha negado a actuar con eficacia y celeridad, se ha abstenido de investigar los responsables policiales y militares, en altos niveles de mando, que cobijan las operaciones paramilitares.
Detrás de los crímenes de otros reclamantes de tierra del Curvaradó y Jiguamiandó hay testimonios, fuertes indicios de la responsabilidad de empresarios ocupantes de mala fe, a quienes las víctimas reclamaron sus tierras o notificaron decisiones judiciales: de ORLANDO VALENCIA, empresarios de Urapalma; de WALBERTO HOYOS y BENJAMIN GOMEZ, el coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, de el crimen de ARGENITO DIAZ, RAMIRO QUINTERO y JULIAN RAMIREZ, de la desaparición de EVERTO GONZALES, los empresarios CLAUIDA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE y en esta ocasión de la desaparición de MANUEL RUIZ y su hijo SAMIR RUIZ, los empresarios CARLOS RIOS, FABIAN RIOS y VICTOR RIOS ocupantes de mala fe de las fincas La Bonita y los Piscingos en Apartadocito, Curvaradó.
Ante ustedes la evidencia de su responsabilidad, la constatación de la distancia entre el discurso de protección de líderes y defensores de derechos humanos, una realidad aplastante el paramilitarismo en Curvaradó y Jiguamiandó, usado por empresarios es el factor fundamental que impide el uso y el disfrute de la propiedad colectiva; 15 años desde la operación “septiembre negro” ordenada por el general RITO ALEJO DEL RIO, nunca investigada y desde ese entonces 1996, han cambiado los énfasis por periodos de los mecanismos de operación paramilitar, y nadie ni nada desde el Estado colombiano lo ha enfrentado con seriedad.
Con profunda indignación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz