Desaparecidos: amparados bajo la sombra de Orión

“nosotros como pobladores de la Comuna 13 sabemos que ahí hay gente enterrada, sino que aquí hace mucha falta que la Fiscalía investigue bien, no que le crea todo a los victimarios, que les crea a las víctimas, nosotras somos las que vivimos acá, las que veíamos todo desde las ventanas mientras hacíamos silencio y las que sabemos que ahí sí hay gente enterrada, si en el primer polígono no se logró nada la Escombrera es muy grande, en los otros sí hay”.

Juan Carlos Villa Saldarriaga, exparamilitar conocido con el alias de “Móvil 8”, pieza clave en los casos de desaparición forzada en la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, envió una carta a Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, pidiéndole ayuda para ser trasladado a una cárcel de Medellín a purgar su condena.

Según Villa Saldarriaga, sus procesos de investigación están frenados: “voy para tres años sin ser escuchado ante un fiscal, yo pido poder confesarle voluntaria y eficazmente a un fiscal delegado ante la corte para que sean acumulados todos mis delitos”.

“Móvil 8” rindió una versión libre ante los tribunales de Justicia y Paz, sin ser postulado. La Fiscalía en una diligencia judicial lo llevó a La Escombrera para que señalara los sitios donde él y sus hombres enterraron personas de la Comuna 13. Esos sitios fueron estudiados por la Fiscalía y el año pasado, especialmente con recursos de la Alcaldía de Medellín, se excavaron 25.600 metros cúbicos en un área de 3.700 metros cuadrados hasta llegar a suelo natural, pero “no se hallaron restos humanos”, afirmó Caterina Heyck, entonces directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializada.

Dice Arboleda que “Móvil 8” está preocupado porque al no haberse encontrado nada en la excavación su testimonio ha perdido credibilidad, “de todas formas él señaló tres sitios, de ellos solo se ha intervenido uno”, anota la abogada.

Intervención paralizada

Este año no se ha hecho ni se hará ninguna intervención en La Escombrera pese a que desde el año pasado la Administración de Aníbal Gaviria había destinado más de 700 millones de pesos para tal fin.

Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía, asegura que La Escombrera es un tema muy importante para esta administración: “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la audiencia temática dio unas recomendaciones y se están adecuando. Con Fiscalía se viene articulando que este proceso es una investigación judicial y es la Fiscalía la que tiene que dar las instrucciones para empezar. Nosotros estamos presionando a la Fiscalía y al Gobierno Nacional para arrancar inmediatamente y por eso queremos que se empiece. Ellos nos han dicho que muy pronto vamos a iniciar, no sé si alcanzaríamos este año pero creo que quedaría más factible para el próximo año”.

Durante todo el 2016 cada vez que periodistas de EL COLOMBIANO increparon a Arcila sobre este tema la respuesta siempre fue que muy pronto se retomarían las excavaciones.

Al respecto, la organización de víctimas Mujeres caminando por la verdad, expresó en un comunicado: “No toleramos que sigan diciendo a los medios que pronto continuará la búsqueda, jugando con nuestro dolor y nuestras expectativas”.

Margarita Restrepo, una de las víctimas, afirma que ellas quedaron “muy tristes y afligidas pero no con la esperanza perdida”, dados los resultados de la excavación en el primer polígono.

Confirma que “nosotros como pobladores de la Comuna 13 sabemos que ahí hay gente enterrada, sino que aquí hace mucha falta que la Fiscalía investigue bien, no que le crea todo a los victimarios, que les crea a las víctimas, nosotras somos las que vivimos acá, las que veíamos todo desde las ventanas mientras hacíamos silencio y las que sabemos que ahí sí hay gente enterrada, si en el primer polígono no se logró nada la Escombrera es muy grande, en los otros sí hay”.

Este diario intentó hablar con la Fiscalía sobre este tema pero no obtuvo respuesta. Esa entidad tampoco asistió a la rendición de cuentas ocurrida el viernes pasado en el Parque Biblioteca San Javier.

No se ha cumplido la norma

Desde el 2013 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín emitió un auto administrativo en el que exigió el cierre de La Escombrera, que es de una empresa privada, y dejó constancia de su compromiso para que se adopten “las medidas necesarias para superar la situación, de tal modo que permitan asegurar la evidencia material de la desaparición forzada, proteger y preservar los cuerpos de los desaparecidos, dejar atrás las graves violaciones de los derechos humanos de las víctimas y garantizar efectivamente su derecho a una reparación integral por los daños causados con la desaparición de sus familiares”.

Además el tribunal impartió diferentes órdenes a la Alcaldía, a la Gobernación de Antioquia, al Concejo de Medellín, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y a la Mesa Técnica e Interinstitucional de Desaparición Forzada del Área Metropolitana para garantizar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en la Comuna 13 y la dignificación de las víctimas.

Sin embargo, las víctimas sienten que no se ha cumplido con esas instrucciones ya que La Escombrera no ha sido cerrada y todos los días siguen llegando toneladas de escombros a cubrir los cuerpos de sus hijos, esposos y vecinos.

“Cada volquetada de escombros implica una menor posibilidad de hallar a los desaparecidos. ¿Cómo encontrar desaparecidos en una montaña de escombros? técnicamente es casi un imposible, hoy no hay ninguna técnica que te diga cómo hacerlo”, dice Arboleda.

Verónica Arango García, personera delegada 20 D, informó que la Personería de Medellín se encuentra estudiando el auto administrativo del Tribunal Superior de Medellín, “estamos determinando cuáles son las obligaciones de cada institución y como ministerio público pedir y exigirle a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia que por favor hagan la intervención correspondiente”.

Advierte, además, que “vamos a mirar qué intervención se va a hacer dentro del polígono 2 y 3, estamos estudiando todo el tema de La Escombrera pero no me atrevería a decir que a cerrar La Escombrera”.

Arango García aclara que el proceso es dispendioso y que debe hacerse un estudio detallado de la determinación del Tribunal, pero que si se presentara desacato el tema puede llegar hasta las máximas instancias.

Más allá de La Escombrera

La abogada Arboleda explica que es un problema que los casos de desaparición forzada de la Comuna 13 se hayan reducido a La Escombrera, “nosotros nunca hemos señalado que las víctimas están solo y exclusivamente en La Escombrera, porque puede ser que estén ahí, que estén en otro cementerio, puede ser que haya habido reclutamiento forzado, hay muchas otras modalidades que se pueden haber presentado y que no están claras y como no ha habido una eficiente investigación llegamos al absurdo de haber hecho la intervención le año pasado para dejar este año totalmente incierto todo”.

El subsecretario garantiza que la Administración Municipal destinará 1.300 millones de pesos para el plan integral de búsqueda de desaparecidos, que tendrá acciones concretas en La Escombrera, en el Cementerio Universal y en otras fosas comunes que puedan intervenirse, para buscar no solo los desaparecidos de la Comuna 13 sino los del resto de la ciudad.

Reparación incompleta

Luz Elena Galeano, líder de Mujeres caminando por la verdad, comenta que no ha recibido ningún tipo de reparación por la desaparición de su esposo ocurrida en la Comuna 13 en 2008, el mismo es el caso de Margarita Restrepo, cuya hija está desaparecida desde 2002.

Restrepo asegura que 15 de las compañeras de su organización han muerto sin encontrar a sus seres queridos y sin haber sido reparadas integralmente.

Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas, precisa que 35 de las Mujeres caminando por la Verdad han sido indemnizadas como parte de su reparación, mientras que ocho están próximas a recibirla y el resto en procesos de documentación o reconocimiento del caso y que la Defensoría del Pueblo estudia actualmente una solicitud para hacerlas sujeto de reparación colectiva.

Fuente http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/operacion-orion-14-anos-despues-y-familias-aun-buscan-desaparecidos-NM5178816