Desalojo arbitrario en predio Beitjala, Tamarindo
Hoy a las 8:00 de la mañana 250 miembros de la Policía Nacional, sin presentar una orden de desalojo destruyeron bienes de supervivencia y destrozaron las vivienda de Marisol Perea, María del Carmen Calle Rúa, y Àlvaro Sánchez, víctimas de desplazamiento forzado y ocupantes de buena fe desde 1999 de pequeñas parcelas del predio Beitjala.
En el desaolo arbitrario participaron unidades de de la Policía Nacional del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD–, Carabineros, Fuerza de Control Urbano –FUCUR–
Defensoras de derechos humanos de nuestra Comisiòn de Justicia y Paz, al exigir el debido proceso que contempla este tipo de acciones y el respeto a los derechos de las 26 familias desplazadas y ocupantes de buena fe, fueron intimidadas y amenazadas de ser judicializadas por obstrucción a la justicia.
De acuerdo con testigos, en el desalojo estuvo presente el reconocido Lesman Parra, quién ha participado en operaciones paramilitares, Parra en ocasiones anteriores ha amenazado y hostigado a las familias organizadas en ASOTRACAMPO y ha participado en actuaciones de desalojo.
El desalojo de hoy se suma a las más de 40 diligencias irregulares que se han desarrollado sobre los cuatro predios ocupados desde 1999 por los desplazados y que forman parte del El Tamarindo, entre ellos, Campo Natasha, El Mirador, Granja Catalina y Beitjala.
Los desplazados desde 1999 ocupan pacificamente el predio de 120 hectáreas.
Desde la administración municipal de Alejandro Chard el espacio territorial se convirtió en parte de los objetivos económicos por proyectos carreteables y turísticos.
La diligencia es otro intento de legitimar la larga cadena de irregularidades administrativas y procesales para favorecer los intereses particulares de las familias Char, Abadala Saieh y Muvdi, de los sectores empresariales Inversiones del Prado S.C.A, Finanzas del Norte, Sociedad de Negocios Abdala.
La víctimas de Tamarindo han venido siendo objeto de abusos de autoridad por decisiones administrativas contra derecho, uso desproporcionado de la fuerza, operaciones de tipo paramilitar, amenazas, señalamientos, tratos crueles contra niños y familias desplazadas, destrucción de viviendas y bienes de supervivencia para lograr consolidar la Zona Franca ZOFIA y la concesión vial RUTA CARIBE.
A la fecha no existen acciones efectivas de ninguna institución que salvaguarden los derechos de las familias poseedoras de buena fe.
Bogotá, D.C. 7 de noviembre de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz