Derecho de petición público al Presidente Santos
Nueva ofensa a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Familiares de víctimas por hechos ocurridos el 8 de enero de 2006 en el municipio de Inzá, expresan repudio a la dilatación del acto de perdón público ordenado por el juzgado 8 administrativo de Popayán…
DERECHO DE PETICIÓN PÚBLICO AL PRESIDENTE SANTOS
Nueva ofensa a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales
Los familiares de Manuel Antonio Tao Pillimue, Hortencia Neyid Tunja, víctimas de ejecución extrajudicial, de William Cunacue, herido de gravedad y posteriormente perseguido con un montaje judicial por el delito de rebelión, por los hechos ocurridos el 8 de enero de 2006, en San Antonio y Belén, municipio de Inzá, expresamos nuestro absoluto repudio a la dilatación del acto de perdón público ordenado por el juzgado 8 administrativo de Popayán, al ejército nacional responsable a través del “Batallón cacique Piguanza” de estos daños irreparables a la vida e integridad de los jóvenes campesinos.
Hoy 17 de febrero de 2012, desde las 10:00 a.m. el ejército asumió el compromiso a través de sus instancias respectivas a hacer público su reconocimiento de responsabilidad. En la noche de ayer 16 de febrero, a las 8:05 p.m. el Teniente Herrera, encargado del área jurídica del batallón No 26 “Cacique Piguanza” a través de un mensaje de texto por celular y un oficio por fax, a la abogada le expresó que no se iba a realizar el acto por razones de seguridad.
El mensaje del batallón del Ejército Nacional Cacique Piguanza al expresar razones de seguridad en el municipio de Inzá es insensato, incoherente, carece de credibilidad alguna. ¿Ellos que son responsables de garantizar la seguridad, ellos que ingresaron a nuestras comunidades a asesinar y hacer montajes saben, cuál es la situación de seguridad? Saben que no somos guerrilleros, qué aquí hoy no hay guerrilla, ¿De cuál inseguridad están hablando? Si en estas tierras habitamos campesinos trabajadores honestos y pacíficos; y estos lugares son tranquilos y solo tenemos memoria de los hechos ocurridos el 8 de enero de 2006 cuando miembros del batallón Piguanza causaron temor e intranquilidad a nuestras comunidades.
Con esta decisión el derecho de las víctimas ha sido nuevamente pisoteado por aquellos que dicen estar al servicio de la población y garantizar la seguridad.
Señor Presidente esta dilación es una afrenta, una burla, que hoy tal vez no nos extraña, cuando usted mismo proclamó una ley de víctimas y desafortunadamente usted o funcionarios de su gobierno han atacado a las víctimas, así que podemos esperar. Usted es la autoridad presidente. Usted presidente ha cuestionado y deslegitimado los fallos judiciales que implican a militares, porque sus subordinados, no lo harían con nosotros?
Sabemos que algunos de sus ministros hacen y deshacen, desdicen y hacen contra las familias de crímenes de Estado como ocurrió en Curbaradó, en Las Pavas, en el Palacio de Justicia.
Las comunidades y familiares de las víctimas que nos hicimos presentes en la vereda de Belén ante este acto de burla.
SOLICITAMOS en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional
Que el Estado Colombiano cumpla con el fallo de la sentencia que ordena en acto público pedir perdón a los familiares, el día 10 de marzo de 2012 en horas de la mañana, fecha en la que exigimos se cumpla y realice este acto. No aceptamos más aplazamientos, ni falsos argumentos. ¿Un día de trabajo que perdemos los campesinos quien lo remunera?
Que en este acto se haga usted presente, y la Vicepresidente de la República, Procuraduría Nacional, Defensoría Nacional del Pueblo, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y de Justicia, Comandante del batallón Piguanza.
Como comandante máximo de las Fuerzas Militares, suspenda administrativamente a todos los integrante de la fuerza pública que tuvieron que ver con los asesinatos de nuestros dos jóvenes y el atentado contra otro de ellos, muchos de ellos han sido trasladados y otros ascendidos
SOLICITAMOS a la Fiscal Vivian Morales que la investigación penal cobije las líneas de responsabilidad de mando, que conocieron de los hechos, de la modificación de la escena del crimen, que se devele toda la estructura y aparato de poder.
LLAMAMOS
A los medios de información radial y escritos que el 9 de enero de 2006 informaron que nuestros hijos eran guerrilleros dados de baja en combate, que rectifiquen con la misma amplitud y divulgación como lo hicieron ese día basados en la versión del Ejército.
Llamamos a la solidaridad de las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos nacional e internacional para que apoyen nuestro derecho de petición escrito en esta denuncia.
Firman:Familiares de las víctimas Luz Marina Cuchumbe, Fidelina Pillimue, Efigenia Medina, Jorge Cunacue, Ismael Tunja y William Cunacue.
Con copia Ministerios del interior, Justicia, Defensa, Defensoría Nacional, Procuraduría Nacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Inzá, Cauca, 17 de febrero de 2012