Deportados 109 colombianos, la mayoría de ellos del Cacarica
A comienzos de este año se desarrollaron diversas acciones militares en la frontera entre Colombia y Panamá afectando a pobladores oriundos de Panamá a indígenas y afrodescendientes de nuestro país.
En el reciente operativo que se inició el viernes santo, 18 de abril, a las 14:00 horas aproximadamente, y que culminó, en una de sus fases en el centro del Darién, el lunes 21 de abril hacia las 13:00 horas fueron deportadas 109 personas, 54 de ellos menores de edad.
En la operación represiva se produjeron las torturas, las detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas de ENRIQUE MEDRANO afrodescendiente quien después de los hechos del 2001, se retiró del proceso de CAVIDA de la cuenca del Cacarica; de JUAN BERRIO, afrodescendiente de la Cuenca del Salaquí; la separación de más de 5 familias, entre ellas de las menores de edad YESINIA BERRIO MENA (13 años), NELCY IBARGUEN (15 años), SANDY MARTINEZ COPETE (2 años) , al mismo tiempo el intento de violación carnal, intimidaciones y amenazas de muerte a AIDA MARTINEZ, los hostigamientos e intimidaciones a la menor YASIRIS HERNADEZ MARTINEZ (5 años), los saqueos y la quema de 47 casas de Punusa, y de la escuela, el hurto de maquinarias, robo de gallinas, en desarrollo de la operación armada de desalojo iniciada el pasado viernes santo 18 de abril, en el caserío de Punusa, corregimiento de Boca de Cupe, Región del Darién Centro, Panamá, por parte de la Fuerza Pública de ese país a través de la Unidad de Reconocimiento y Combate, RECOM, la Dirección de Investigación y Criminalística de la Policía, DIIP, y en presencia de la Organización Nacional para la Protección de los Refugiados, ONPAR; ha quedado en evidencia no solo la práctica de violaciones a los Derechos Humanos, la consumación de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el desconocimiento de Pactos, de Protocolos y de Convenciones suscritas por el Estado Panameño; si no un patrón común en los modos y en las técnicas de operación militar en el tratamiento de la población civil como sujetos sin derechos, sujetos de alta peligrosidad a quienes hay que perseguir, desalojar, extirpar pues son considerados impedimento, obstáculo, o base social que posibilita las operaciones armadas de la guerrilla de la FARC EP en la frontera colombo panameña.
Al mismo tiempo, la deportación de los afrocolombianos y algunos indígenas, evidencia nuevamente que la búsqueda de refugio por parte de centenares de familias del Bajo Atrato, chocoano en Panamá, de modo particular desde su retorno al Salaquí en 1.998 y al Cacarica en 1.999 en el proceso de las Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA; no contó ni cuenta con las garantías que contempla la Ley 387 de atención a los desplazados, los Principios Rectores del Desplazamiento, los Protocolos y los Pactos Internacionales y las Convenciones de Derechos Humanos asumidas por el Estado Colombiano.
* Viernes 18 de abril hacia las 14:00 horas, aproximadamente, se produjo el primer aterrizaje de dos helicópteros con aproximadamente 26 hombres armados, vestidos de camuflado, con prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública de Panamá, Guardia Panameña. Y posteriormente y por espacio de algunas horas, los mismos helicópteros desembarcaron más hombres armados hasta completar 120 unidades, que se dispersaron por todo el poblado de Punusa, al lado de miembros de la DIIP y de la ONPAR.
Al percibir la presencia armada, algunos de los pobladores se ocultaron en los alrededores, otros se internaron en la selva, otros huyeron hacia el casco urbano de Boca de Cupe, y la mayoría, se mantuvieron en el poblado, un alto porcentaje ocultándose entre las casas.
Entre el grupo que logró ocultarse al percibir el fuerte dispositivo represivo se encuentran las menores de edad YESINIA BERRIO MENA (13 años), NELCY IBARGUEN (15 años) y el señor EMIRO BELEN (50 años).
En otro grupo de personas AIDA MARTINEZ y su hija menor de edad YASIRIS y una compañera con su hija de 2 años de edad, también se ocultaron. Este grupo de personas pasó toda la noche en la intemperie muy cerca del caserío.
Hacia las 14:30 horas, las unidades de la RECOM rodearon todo el caserío y llevaron a los pobladores hacia la escuela. A dos jóvenes y dos padres de familia que se ocultaron dentro de sus casas procedieron a esposarlos y horas más tarde les abrieron las esposas, luego de intimidarlos e insultarlos.
Posteriormente, un responsable del operativo que no se identificó les manifestó a los refugiados que permanecieran tranquilos, “vinimos a traerles seguridad y tranquilidad. Ustedes van a ser identificados, van a recibir todo nuestro apoyo” (…) “ustedes qué saben de la educación? Desde el lunes de resurrección empiezan las clases o a más tardar el sábado” (…) “Viene una Comisión de Presidencia y de la ONPAR todo va a ir bien, estén tranquilos”.
Procedieron entonces a llamar familia por familia con una lista que portaban los miembros de migración y ONPAR, y preguntaron por panameños que habitaran en el lugar.
El miembro de las Guardia Panameña agregó “todos los días, nos vamos a reunir, es necesario presentarse en la mañana y en la tarde”.
Hacia las 15:00 horas, solicitaron a la comunidad quitar la maleza de los alrededores, habilitar un lugar para el aterrizaje de helicópteros, así como a limpiar todo el caserío.
A las 17:00 horas cuando culminó la jornada de trabajo, todos fueron llamados para recordarles su presentación a las 7:00 u 8:00 horas del día siguiente.
Después de esta hora ENRIQUE MEDRANO logra romper el control de la guardia y se interna en la selva de los alrededores del pueblo.
Durante este primer día las unidades policiales estuvieron grabando en video cámaras y tomando fotografías del poblado y sus habitantes.
* Sábado 19 de abril, a las 8:00 horas, el comandante del operativo al realizar el llamado de lista de todas y todos los refugiados expresó: “aquí toda la comunidad tiene la culpa, esto es una porquería, aquí hay muchos enseres, muchos vienen a hacer aquí porquerías. Nosotros no vamos a permitir que esto sea una guarida de malos” (…) “Aquí hay es un poco de guerrilleros, de traficantes de droga, aquí lo que hay es porquería” (…) “ustedes le transportan comida a la guerrilla, den gracias que llegamos nosotros, y no las Autodefensas, esos vienen y todo se lo destruyen” (…) “Colaboren, hablen, dejen de tapar” (…) “les toca irse o sino los matan los de las AUC” (…) “Les rogamos salgan de aquí porque los que los van a sacar son los de las AUC”
Luego de reiterar las amenazas y los insultos, los hombres y los jóvenes fueron obligados a limpiar el pueblo y a continuar con el trabajo de quitar la maleza.
A las 10:00 horas a un joven proveniente del Salaquí, lo golpearon con un fusil, lo amenazaron de muerte, luego de acusarlo de guerrillero e intimidarlo. A otro lo encadenaron con una cadena de motosierra y lo dejaron al sol amarrado de un árbol.
Hacia las 16:00 horas unidades de la policía que inspeccionan en los alrededores de Punusa, detienen al joven ENRIQUE MEDRANO, (21 años de edad), le colocan las esposas, lo acusan de guerrillero, lo maltrataron verbalmente. Luego lo acercan al caserío, allí lo vuelven a acusar de guerrillero, lo colocan enfrente de un palo de coco, al que lo amarran con las esposas. Uno de los miembros de la Guardia Panameña expresa ante los pobladores, “a este no hay que dejarlo vivo, hay que llevarlo a otro lado”.
Hacia las 18:00 horas lo trasladan 5 miembros de la Guardia Panameña hacia el sitio La Boca de la Quebrada de Lobatón, a orilla del río, a unos pocos minutos del caserío de Punusa.
En ese lugar hacia las 19:00 horas se escucha los gritos de ENRIQUE, quién se lamentaba de los golpes y de los tratos crueles en sus testículos. “Auxilio, ayúdenme” (…) “ay mamá, no me dejen matar” (…) “tengo derechos, déjenme vivir”- Sus torturadores se reían y gritaban, “ahora si, HP, huya, corra, se quedó sin ganas, guerrillero”. Después de varios minutos de gritos y de lamentos parece que ENRIQUE perdió el conocimiento, pues quienes lo custodiaban, afirmaron “se murió”.
Hacia las 21:00 horas fue trasladado a una casa del poblado, donde se encontraba AIDA MARTINEZ, quién había sido retenida por unidades de la Guardia Panameña, junto con su hija y con su compañera y su hija menor de edad.
AIDA y su compañera luego de haber pasado la noche del viernes 18 de abril, ocultas entre la selva, se separaron, quedando sus hijas intercambiadas.
El sábado hacia las 14:00 horas, 20 unidades de la Guardia Panameña detuvieron a AIDA, mientras su compañera intentaba escapar. La hicieron arrodillar en unas cenizas, le hicieron quitar las botas, la tiraron a tierra y le quitaron a la menor de 2 años a quien ella llevaba cargada en ese momento. Cuatro de la Guardia Panameña la amenazaron de muerte, uno la agarró del cuello, intentando asfixiarla y le decía: “Si no canta, la vamos a matar” (…) “Si no habla, vamos a matar a la hija de su amiga, ella si va a hablar (…) hable dónde está la guerrilla, diga donde meten las armas”(..) “¿Usted es la mujer de un guerrillero, cuánto hace que vive con él ?”
Hacia las 16:00 horas, cuatro unidades de la Guardia la trasladaron a la orilla del río cerca de un pequeño monte, forzándola a buscar su compañera, allí le dicen “tírese al piso y diga que se cortó y que le traigan a su hija”. Al venir su compañera en su auxilio es rodeada por los miembros de la guardia quienes amenazan apuntándole con los fusiles a ella, a su hija y a la menor de AIDA. En este momento les quitan las niñas quienes quedan con los uniformados.
Los miembros de la Guardia Panameña, luego, amenazaron a AIDA con enterrarla viva, la volvieron a trasladar diciéndoles: “vamos a enterrarla en el hueco que estamos haciendo para usted”. Posteriormente la hicieron desnudar, y le dijeron: “Ahora si, o cantas o te vas a morir”, mientras le mostraban un cuchillo, uno de ellos agregó: “te vamos a violar y si no canta la mochamos con el cuchillo pues él la va a picar”, señalando a uno de los uniformados. Minutos después la hicieron arrodillar, le colocaron una pistola en la oreja, y le reiteraron: “hablas o te matamos”
Hacia las 18:00 horas la trasladaron a una casa en límites del caserío, luego de mojarle la ropa, le entregaron a su hija y a la menor de edad de su amiga, y le dijeron: “desde hoy es madre de dos hijas, cuídelas bien, su amiga no vuelve. Hasta hoy sabe de su amiga, va a desaparecer”
Hacia las 21:00 horas ENRIQUE MEDRANO fue llevado al cuarto contiguo de la misma casa.
Mientras todo esto ocurría el resto de refugiados se encontraba reunida en la escuela tal como lo había fijado la orden de Guardia Panameño. “Ustedes no se pueden mover, van a venir del Gobierno y les van a dar la identidad”
* Domingo 20 de abril, hacia las 8:00 horas, la comunidad nuevamente es reunida, se escucha el llamado a lista y la orden de trabajo colectivo.
Hacia esa misma hora, AIDA es interrogada por un hombre de la DIIP de apellido ESTRADA, que le expresa: “ soy colombiano, yo ando Atrato arriba y abajo, yo conozco a todos los colaboradores del Cacarica, eso es una guarida de guerrilleros, conozco a “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios”, yo he pasado por ahí en operaciones“ (…) “Se los coordinadores que están allí, ELVER MORA; HELIODORO SÁNCHEZ, esos de CAVIDA, ese proceso hay que acabarlo, a la familia OSORIO; esos de los Resguardos Indígenas, a HUMBERTO, al CHIQUI …. Eso de allá no es ninguna población civil (…) cuántos guerrilleros van a venir a la fiesta”.
Más tarde apareció otro hombre apodado “El Paisa”: “usted no entiende, el gobierno colombiano y el panameño trabajan juntos. Yo me he movido por San Pedro de Urabá, yo he patrullado todas estas tierras. Me las conozco. Trabajé con los Builes, con Pedro Nel Mesa en Santa María La Antigua del Darién, así es que hable, cante, que la vamos a matar, diga lo que sabe “
Hacia las 14:00 horas dejaron el interrogatorio, y la amenazaron una vez mas: “tu te vas a Zapzurro, allá si vas a cantar, te vamos a mandar para allá, allá si te van a hacer cantar”
A las 9:00 horas del mismo día, miembros de la Guardia Panameña abordaron a la menor de 15 años de edad DORIELA ACOSTA y le preguntaron: “¿usted es novia de un guerrillero? La afrodescendiente responde que su novio quedó en Colombia y el armado insiste: “tienes que cantar o te vamos a poner bolsa, tienes que cantar”. Luego de varios minutos de intimidación la dejaron marchar y se fue donde su abuelo quien al escucharla y verla llorando, se dirige al guardia a reclamarle por el maltrato y la intimidación a su hija a lo que el uniformado responde: “ella se me niega, no quiere aceptar que tienen novio guerrillero” a lo que el afrodescendiente responde “esos no son los métodos, ella es una menor de edad, ella no tiene novio, la persona con la que usted la ha visto es un hijo mío y tío de ella. Nosotros somos población civil”. A partir del incidente la niña padece trastornos en su ciclo menstrual.
Hacia las 10:00 horas a ENRIQUE MEDRANO lo sacan de la habitación, y lo llevan a un árbol de coco, lo amarran y se empiezan a burlar y a amenazarlo: “ahora si no tiene fuerza, corra y lo volvemos a colgar de los testículos. Ya no puede correr, no tiene ganas” (…) “Abra las patas, y se las partimos” Así permaneció durante más de 6 horas.
Durante las horas de la mañana, las unidades de la Guardia Panameña retuvieron a JUAN BERRIO, afrocolombiano, de la Cuenca del Salaquí, de 21 años, a quien golpearon fuertemente, agredieron física y verbalmente, lo amarraron a un árbol de coco, lo amenazaron de muerte, lo acusaron de guerrillero: “ahora si corra, lo vamos a matar, por qué no se va?. Ahora no puede, guerrillero”
Hacia las 17:30 horas le reiteraron a los refugiados que no se podían ir, “vienen de la Presidencia y se va a arreglar la situación”
* Lunes 21 de abril, hacia las 8:00 horas, AIDA es interrogada y amenazada por el Paisa quien amenaza con patearla en el vientre. Su hija, de 5 años, de edad, es interrogada por una Guardia Panameño acerca de su padre, ¿“quien es su papá, que hace, es guerrillero? Le tomaron fotografías a ella y a su madre.
Hacia las 9:00 horas de ese día, arriban dos helicópteros al caserío. La Fuerza pública panameña va pasando casa por casa obligando a los campesinos a abandonar sus viviendas y a reunirse en la escuela, donde los armados amenazan nuevamente a varias mujeres. Cuando los hombres reclaman buen trato los amenazan con las armas y les gritan “o se callan o les rompemos la cara”. Uno de los miembros de la Fuerza pública panameña que arribó ese día se presentó como el oficial GUILLERMO y manifestó a los campesinos: ”ustedes van a ser deportados, algunos de ustedes fueron repatriados hace 2 años, el que vuelva aquí tiene una pena de 12 años. Rapidito, a sus casas, saquen una muda de ropa, no hay nada que alegar, lo que fue, fue”. Los armados, los miembros de Migración de Panamá y ONPAR portaban una lista de las familias y cada una de ellas fue rodeada por 4 oficiales mientras cumplían la orden de ir a las casas.
Los repatriados solicitaron la presencia de ACNUR y de la iglesia a lo que los armados respondieron “tranquilos, en Puerto Valdivia los esperan”. Los miembros de la Fuerza pública empezaron matar perros y coger gallinas mientras gritaban “esto no se pierde, nadie sabe para quien trabaja”.
A las 9:30 horas un primer grupo de 28 personas fue obligado a abordar los dos helicópteros de la Guardia Panameña. Antes de subir fueron fotografiados, algunos gravados con cámara de video, obligados a firmar y a imprimir su huella en un documento en el que manifestaban que la repatriación era voluntaria. Cuando los campesinos reclamaban que no era voluntario, nuevamente los amenazaban con los fusiles. Este primer vuelo aterriza en Yavisa a las 11:15 horas y son llevados luego al puesto de la guardia panameña en la Miel donde nuevamente fueron anotados con sus nombres y números de identificación. Posteriormente fueron conducidos a un salón de donde pasados algunos minutos los hacen salir, los forman en una hilera y de nuevo los fotografían.
El segundo grupo de deportados arribó hacia las 13:30 horas a La Miel y se une con el primer grupo, a quienes también anotan y hacen ingresar al salón. A uno de los afrodescendientes un miembro de la guardia panameña le manifiesta: “usted es un traficante de droga”, el campesino le responde “ no, yo soy un refugiado, yo busqué tranquilidad en Panamá, pero ahora me devuelven sin ningún derecho”. Después de media hora los hacen salir del salón expresándoles: “recojan sus cosas que los vamos a entregar a la policía colombiana”. Cuando los campesinos reclamaron la presencia de las organizaciones humanitarias manifestaron “ustedes obedezcan, se van ya de aquí, cerca está la policía, allá tienen que estar”.
Enseguida, 4 miembros de la Guardia Panameña acompañados de un funcionario de migración de Panamá, los guiaron hasta el puesto de control de la policía colombiana en Zapzurro, arribando a las 16:30 horas. Al llegar con el grupo, las unidades policiales expresaron su sorpresa preguntando a la guardia panameña ¿“qué pasó, por qué los traen? A lo que responden los uniformados de Panamá: “venimos a deportarlos”. Los afrodescendientes preguntan a los policías colombianos “¿Ustedes los de la policía no nos estaban esperando? Y los agentes manifiestan: “no, nosotros no sabíamos nada”. Uno de los integrantes de la Guardia Panameña les dice: “ustedes no saben pero el máximo jefe de todos ustedes si lo sabe”.
Minutos después el teniente de la policía de Zapzurro los ubicó en el centro de salud, mientras consiguió la escuela del poblado como lugar de albergue
El tercer grupo de deportados llegó a la miel a las 16:45 horas aproximadamente, y pasadas las 17:00 horas se reunieron con los demás afrodescendientes frente a la estación de policía Zapzurro a las 16:45 horas.
Cuando los oficiales ordenaron el tercer embarque, los afrodescendientes intentaron llevarse a ENRIQUE MEDRANO y JUAN BERRIO y los oficiales panameños se lo impidieron “estos h.p se quedan”, mientras ponía sus manos en el cuello como para estrangularlos. Estos se quedan aquí, no vuelven, se van a morir” “Con estos nos vamos a quedar, cuando ustedes se vayan las van a pagar.”
Un cuarto grupo fue llevado por la guardia panameña en transporte acuático hasta Zapzurro.
El teniente de policía junto con los habitantes del poblado colombiano recogieron alguna ropa alimentación colchonetas y toldillos que fueron entregados en calidad de préstamo. Los afrodescendientes fueron trasladados a la escuela hacia las 23:00 horas.
Hacia las 19 horas los agentes de policía de Zapzurro, invitaban a los deportados a denunciar lo ocurrido por el modo como los trajeron de vuelta a territorio colombiano.
* Miércoles 23 de abril las familias deportadas solicitan a CAVIDA retornar o reubicarse temporalmente cerca de las zonas humanitarias en el Cacarica.
* Jueves 24 de abril, hacia las 8:00 horas, el primer grupo de habitantes del Cacarica e integrantes de CAVIDA, 30 personas (16 niños y 14 adultos), 8 familias, iniciaron su regreso de Zapzurro a las Zonas Humanitarias de “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios”, acompañados de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados , ACNUR; Peace Brigades International, PBI; la Defensoría del Pueblo, la Red de Solidaridad Social y nuestra Comisión Justicia y Paz.
* Viernes 25 de abril se conoció de la quema de 47 casas, de la escuela y de la casa de los maestros del poblado de Punusa por parte de la Guardia Panameña, se llevaron la planta eléctrica y una embarcación tipo piragua.
Este mismo día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “solicitó al Gobierno de Panamá la adopción de medidas cautelares a favor de ENRIQUE MEDRANO, JUAN BERRIO, SANDY JULIET MARTINEZ COPETE, YOINIS GUTIERREZ MENA, SANDRA GUTIÉRREZ MENA Y YESEMIA BERRIO MENA, con el objeto de evitar daños irreparables en los términos del artículo 25( 1 ) de su reglamento. La Comisión solicitó al gobierno de Panamá:
“Establecer el paradero de los señores ENRIQUE MEDRANO Y JUAN BERRIO y adoptar urgentemente medidas necesarias para proteger su vida y integridad física;
“Establecer el paradero de SANDY JULIET MARTINEZ COPETE, YOINIS GUTIERREZ MENA, SANDRA GUTIERREZ MENA Y YESEMIA BERRIO MENA y adoptar urgentemente medidas necesarias para proteger su seguridad y salud y para asegurar su reunificación con sus padres;
“Investigación de los hechos ocurridos en las fechas 18,19 y 20 de abril de 2003 en la localidad Punusa, Boca de Cupe, a fin de identificar, juzgar y si es apropiado, sancionar a los responsables;
“Adoptar urgentemente medidas necesarias para garantizar el derecho de no devolución ( non refoulement ) que gozan las personas de nacionalidad colombiana que se encuentran en las comunidades de Boca de Cupe, Jaqué, Matugantí, Puerto Obaldía, y Punusa, en la zona del Darién Panameño, conforme al derecho internacional y con la finalidad de que no sean expulsadas del territorio panameño sin las garantías establecidas en los artículos 8, 22 y 25 de la Convención Americana.”
* Sábado 26 de abril hacia la media noche, la Red de Solidaridad Social acuerda con las familias deportadas el regreso de 65 personas al Territorio del Cacarica, cerca a las Zonas Humanitarias y el resto a los municipios de Riosucio, Turbo, Quibdo. Nuestra Comisión y delegados de las comunidades de CAVIDA han intentado, hasta la fecha de redacción de este informe, infructuosamente, entrar en contacto con la Red de Solidaridad Social en Bogotá para solicitar de manera urgente convoquen a la Comisión Mixta de Verificación y atiendan, como es su deber, la emergencia humanitaria de las familias repatriadas y retornadas al Cacarica. Hasta el momento el peso de la atención ha recaído en la ACNUR, CAVIDA y en menor grado en nuestra Comisión.
Se conoció de organismos humanitarios panameños, que en Jaque, poblado panameño en el que se encuentran varios afrodescendientes refugiados, la mayoría de ellos a raíz de la confrontación entre las Fuerzas Militares y las FARC EP, desde el año 1.997, se vienen promoviendo retornos en acuerdo y coordinación entre los dos gobiernos fronterizos.
Al mismo tiempo, las entidades no gubernamentales panameñas, manifestaron que persisten los operativos militares oficiales, lo que ha obligado a que centenares de refugiados hayan salido de sus poblados y se encuentren ocultos en la selva en Matugantí, Bijao, Boca de Paya y Boca de Cupe. En el caso de la cabecera municipal de Boca de Cupe cerca de 52 refugiados colombianos que llevan allí alrededor de dos años se han ubicado en el templo parroquial buscando la asistencia humanitaria y la protección de la iglesia y entidades humanitarias.
En días anteriores organismos humanitarios de derechos humanos panameños intentaron ingresar a la zona de la que fueron deportados los afrodescendientes y un indígena, pero la Guardia Panameña les impidió hacerlo amenazándolos.
*Domingo 27 al rededor de las 13:00 horas llegó a la escuela donde estaban los deportados, un joven preguntando quienes eran, cuantos, de dónde vienen, porque querían darles una dotación. Los afrodescendientes preguntaron quién quería darles eso y el responde: “ Me ha enviado el ALEMAN que es el jefe de toda la zona de las autodefensas campesinas del Chocó”.
Esta situación es comunicada con preocupación al teniente FONSECA de la policía de Zapzurro quien llama al joven, habla con él durante media hora. Al preguntársele por el resultado de su gestión, manifiesta que el joven es de Capurganá, pero no da respuesta a la preocupación expresada.
*Lunes 28 de abril en la cumbre de Cartagena la Presidenta de Panamá MIREYA MOSCOSO y el Presidente de Colombia ALVARO URIBE VELEZ la mandataria, panameña, según el diario colombiano El Tiempo “entregó al jefe del Estado Colombiano(…), un informe de inteligencia en el que se señala que dentro de ese grupo de personas se encuentran presuntos miembros de las Farc. Además, Moscoso entregó otros documentos y un video para demostrar que el retorno de los desplazados a Colombia se hizo bajo su consentimiento y sin ningún tipo de maltrato. ´Niego categóricamente que hayan sido torturados o golpeados. Ellos firmaron un documento y está en el video´ (…) La presidenta también lamentó los hechos y calificó como ´informe distorsionado´ la versión del Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, que criticó el procedimiento panameño”.
Según el mismo diario “´Hay un mismo mecanismo para tratar el tema del desplazamiento –dijo Uribe- que hablamos de seguir utilizando, pero lo que pasa es que cuando un gobierno hermano y vecino encuentra otra realidad, eso hay que respetarlo. Mal haría yo en pedirle a los vecinos que nos entreguen a los violentos y ponerme bravo cuando los entregan. Eso, en lugar de reporcharlo, lo agradecemos. Según Uribe, el informe de Moscoso es un ´acerbo probatorio´ que tiene el agravante de la presencia de menores de edad” (El Tiempo, martes 29 de abril de 2003, 1-4).
*Martes 29 a las 9:15 horas, partieron los deportados acompañados por ACNUR, el Comité Cristiano por los Derechos Humanos en América Latina, la personera municipal de Acandí y por nuestra Comisión hacia las zonas humanitarias de CAVIDA donde retornarán o se reubicarán temporalmente. El primer grupo arribó a las a las 16:45 el otro a las 18:15 horas ubicándose al frente de la zona humanitaria de Nueva Vida 67 personas, entre ellos 39 niños.
Este mismo día hacia las 17:15 horas, nuestra Comisión conoció la preocupación del gobernador del resguardo indígena de Bequerá Perancho por la suerte de los miembros de su comunidad EMILIA DOMICO y MARIA DOMICO ubicados en Sobiaquirá, Panamá, y por QUIRO DOMICO y ANGELA DOMICO quienes salieron de su comunidad hacia panamá después del operativo militar en el Cacarica en junio de 2001.
Como sucedió en Abril de 1.997, las familias del Cacarica que buscaron refugio en Panamá fueron repatriadas, en ese entonces en un acuerdo público, enfrente de los refugiados, los gobiernos de Panamá y de Colombia, concertaron el trasladado a Bahía Cupica, corregimiento de Bahía Solano sobre el Pacífico, haciendo firmar documentos de regreso voluntario, con promesas humanitarias y de justicia, luego en el 2000 regresaron al Cacarica dentro del proceso de CAVIDA; hoy seis años después, en una repetición similar, 62 de las 109 personas, son del Cacarica, al lado de 47 personas, algunas del Salaquí, otras de Riosucio, Turbo y Vigía del Fuerte, fueron deportados con firmas realizadas en medio de la presión y de las acciones de terror producidas por la Guardia Panameña, armados que afirmaron a los refugiados que todo estaba acordado con el Gobierno colombiano, que han participado en operaciones militares en Colombia, y quiénes sustentaron que han recibido entrenamiento de las Fuerzas Militares de Colombia. Pero no han sido simplemente los discursos sino las prácticas de represión y de control utilizadas las que evidencian una mentalidad similar, común en el tratamiento a la población civil refugiada, a quién se le concibe sin fórmulas de juicio, como base de la guerrilla de las FARC EP, indeseables delincuentes o sujetos sin derecho, o procesos comunitarios que extienden las posibilidades de oxigenación de la guerrilla.
Desde el retorno de las Comunidades del bajo Atrato hasta hoy, la estrategia contrainsurgente dirigida por la Brigada XVII y el desarrollo de operaciones de tipo paramilitar se han orientado al desplazamiento forzoso de la población, a su control territorial militar, a la seguridad para la implementación ilegal e ilícita –inicialmente de proyectos agroindustriales como la Palma Aceitera, la coca, la deforestación, al copamiento de los espacios de la vida pública y de los espacios de la sociedad civil en sus mecanismos de participación en un proyecto integral en lo militar, en lo político, en lo social, en lo económico. Ahora negado, el derecho al refugio, las familias del Cacarica, algunas de ellas de las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA, reinician su experiencia de protección en las Zonas Humanitarias “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios”, cuyos coordinadores y proceso en general se encuentran amenazados de muerte, sometidos al hostigamiento, a las operaciones armadas de tipo paramilitar que se despliegan desde la base de tipo paramilitar de La Balsa, el control en Tumaradó y La Honda, la extensión militar encubierta en sus alrededores unida a la deforestación ilegal e industrial a través de la empresa Maderas del Darién, la promoción de la siembra de Palma y de Coca.
Los deportados del Cacarica buscaron refugio en Panamá a raíz del incumplimiento de los compromisos estatales en materia de protección y de garantías en el ejercicio de los derechos, de la impunidad en que se encuentran las actuaciones oficiales que generaron el desplazamiento en 1.997, del desarrollo de explotaciones ilegales madereras en su Territorio Colectivo, de los oídos sordos a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 17 de diciembre de 1.997, a las propuestas presentadas en las Audiencias de Noviembre del 2001 y octubre del 2002, y a la continuidad de operaciones militares encubiertas y algunas abiertas desde su retorno que han atentado contra la vida y la integridad personal y comunitaria de los 1200 integrantes de CAVIDA, ubicados en las Zonas Humanitarias.
Desde 1.999 hasta hoy han sido más de 35 familias del Cacarica las que han buscado refugio, solamente 13 familias han podido retornar después de la deportación, el resto se encuentra en Panamá, su búsqueda de refugio a acontecido después de cada incursión armada a sus zonas de cultivo o a las zonas humanitarias (junio 2001, noviembre de 2001, febrero 2002, marzo del 2003), a los asesinatos como el RAMIRO VAZQUEZ, integrante de CAVIDA, o la desaparición forzosa de EDWIN SALAZAR, o las torturas a tres integrantes de CAVIDA (febrero, Abril 2002), o a la persecución y destrucción de bienes de sobrevivencia (noviembre 2001, enero –febrero- marzo 2002; enero y marzo 2003)
Si los responsables de la operación militar “Génesis”, al mando del General RITO ALEJO DEL RIO, en ese momento en la Gobernación de Antioquia, Dr. ALVARO URIBE VELEZ, durante la Presidencia del Dr. ERNESTO SAMPER PIZANO, hubiesen sido investigados, sancionados y reparados los daños causas, difícilmente se repetiría el desplazamiento y la búsqueda de refugio; si las estructuras armadas que generaron el desplazamiento hubiesen sido desmanteladas y combatidas, la tragedia humanitaria del Bajo Atrato no se estaría produciendo.
Se ha pretendido justificar el desplazamiento forzoso de la población o su control, del que los hechos de Punusa son una pequeña muestra, con argumentos en los que se expresa que es una estrategia de los empobrecidos para lograr el pan, o es el medio por el que indígenas, afrodescendientes y mestizos, sujetos culturalmente “atrasados” afrontan las nuevas mentalidades e ideales del progreso regional del Siglo XXI, o el desplazamiento es la estrategia guerrillera de las FARC EP para extender sus espacios de movilidad. Sin embargo, en Jiguamiandó, El Truandó, El Salaquí, Curbaradó, Cacarica, y quiénes se encontraban en Punusa son población civil. Ellos han sido los desplazados y no la guerrilla de las FARC EP, pues la violencia desatada nuevamente desde 1.999 se encuentra interrelacionada con los proyectos de copamiento para la inversión agroindustrial, desconociendo los derechos de las comunidades campesinas e indígenas sobre su Vida y sus Territorios. Hoy, en la implementación de esta estrategia política, económica, social, se está convocando a los integrantes de los consejos menores del Bajo Atrato a una Reunión en Belén de Bajirá, lugar en el que inició la implementación del proyecto industrial de palma aceitera y ha costado nuevos desplazamientos, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas. Hoy los candidatos a alcaldías y consejos municipales, están ofreciendo a los campesinos $ 1.000.000 ($U 35.000) por cada hectárea de palma aceitera sembrada en sus predios.
Los pronunciamientos de la presidenta de Panamá y del Presidente de Colombia, pretenden desvirtuar los testimonios de los deportados, recepcionados por instituciones estatales del orden nacional, del sistema de Naciones Unidas y de organismos humanitarios como nuestra Comisión. Los testimonios de los 109 deportados cuestionan las actuaciones de ambos países que dicen inspirarse en la filosofía del Estado Democrático de Derecho; dejan profundos interrogantes sobre las políticas de seguridad fronteriza, que parecen legitimar el uso excesivo de la fuerza por encima de los derechos de la población, entre ellos el del debido proceso.
No se entiende por qué la Presidenta de Panamá afirma que en el grupo de deportados había guerrilleros y no se les detiene si cuenta con las pruebas que los sindican como guerrilleros. ¿Cómo se entiende que el gobierno panameño deporte a sus connacionales, menores nacidos durante la permanencia de sus padres en ese país? ¿Cómo se entiende que otorguen carné de presencia temporal, los inscriban en registros oficiales y después de mucho tiempo los acusen de ser guerrilleros? ¿Por qué confiscaron los carné de permiso temporal de la mayoría de las personas? ¿Por qué se anuncian las pruebas después de la deportación cuando ya se habían hecho públicos los atropellos de los cuales los deportados fueron víctimas? ¿Estando en Zapzurro por qué no fueron detenidos preventivamente por las autoridades Colombianas si se tenían las pruebas?. ¿Por qué se dice hoy que algunos desplazados son guerrilleros y no se impidió su salida de Zapzurro? ¿Cuáles son los métodos de investigación del Gobierno Panameño? ¿ Por qué no se actúa con diligencia si están desde el viernes 18 hasta el lunes 21 de manera permanente, controlan totalmente a los pobladores colombianos de Punusa en esos días? ¿Por qué no actuaron las autoridades colombianas? ¿Qué va a suceder en adelante? ¿Viene ya la fase de las judicializaciones o el cumplimiento de las amenazas de asesinar miembros de las comunidades, coordinadores y acompañantes de CAVIDA?
Las respuestas gubernamentales de los dos gobiernos a la gravedad de lo ocurrido en Punusa, está produciendo gran vulnerabilidad a todo el proceso de las comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica, CAVIDA, que forman parte de la población civil y se organizan en las zonas humanitarias de Nueva Vida y Esperanza en Dios, pues la mayoría de los deportados han solicitado que CAVIDA los acoja dentro de su propuesta de afirmación de su derecho a la vida y al territorio sin el uso de la fuerza.
Hoy mas que ayer, las zonas humanitarias de Nueva Vida y Esperanza en Dios, como agrupaciones de población civil definible, cerradas con alambre, delimitadas con vallas, con zonas de siembra determinadas, con unas normas de vida específicas, con presencia permanente de acompañantes internacionales y nacionales y con la presencia de un organismo civil del Estado del nivel nacional, requiere del apoyo humanitario nacional e internacional.
La ambientación mediática oficial a nivel nacional y regional puede dar paso al cumplimiento de las amenazas de muerte contra miembros de CAVIDA, sus coordinadores y acompañantes, como al montaje judicial previsto desde diciembre para desvirtuar el derecho a la verdad, a la justicia y a la identidad como población civil que no forma parte de ninguno de los actores armados que participan en la confrontación (Estado y Guerrilla).
Urge la adopción de medidas de protección con la presencia secuencial y periódica de los organismos gubernamentales de Derechos Humanos Nacionales como Vicepresidencia y Ministerio del Interior, la complementación de actuación institucional de la Defensoría del Pueblo en las Zonas Humanitarias
Urge la disposición institucional de entrega de sistemas de comunicación en las Zonas Humanitarias que posibiliten la implementación oportuna y eficaz de alertas tempranas para las actuaciones de prevención
Urge el monitoreo de las actuaciones militares de la Brigada XVII sobre el retén de control en Tumaradó y la base paramilitar que se encuentra en La Balsa a menos de dos horas de las zonas humanitarias y desde las que se despliegan operativos contra las Comunidades del Cacarica desde 1.999
Urge la adopción de medidas administrativas de emergencia desde el Ministerio del Interior y del Medio Ambiente que eviten la deforestación ilegal, la implementación de la siembra de Palma y de Coca e impidan la compra y venta de tierras sin consulta con las autoridades propias del Consejo Mayor, como está ocurriendo en el territorio Colectivo en La Honda con foráneos, actuaciones que están imposibilitando el derecho a la vida, a la existencia de las comunidades afrocolombianas en el Cacarica dentro del Territorio Colectivo.
Urge la respuesta institucional de la Red de Solidaridad Social que entregue los instrumentos y los bienes necesarios para la construcción de las habitaciones dentro de las zonas humanitarias de las familias deportadas, de modo, que su visibilidad como población civil sea manifiesta
Urge en materia de justicia, un diagnóstico sobre las razones por las cuales no ha sido posible acceder al esclarecimiento de la “Operación Génesis”
Solicitar a la Fiscalía General de la Nación, dar a conocer a la Comunidad del Cacarica el estado de las investigaciones que por oficio han debido realizar por las acciones ilegales que desarrolla la Empresa Maderas del Darién en el Territorio Colectivo del Cacarica.
Crear, en el marco de la Comisión Mixta de Verificación, CMV, un mecanismo de evaluación en relación con las investigaciones adelantadas hasta hoy, que comprenda la participación de las víctimas, de organismos humanitarios de derechos humanos no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos intergubernamentales, y por supuesto del Estado y del Gobierno colombiano, con la finalidad de abordar frente a la “Operación Génesis”, que generó el desplazamiento, los siguientes propósitos: el tipo de pruebas recaudadas desde 1997 hasta hoy, limitaciones de la investigación – que mecanismos imposibilitan el acceso a la verdad y a la justicia en relación con el desplazamiento-, las razones por las cuáles hay o no vinculación de agentes estatales y de particulares, en las investigaciones adelantadas respecto a esta operación militar.
Realizar en el marco de esta CMV, que existe, una evaluación diagnóstica que debe abarcar las investigaciones adelantadas hasta hoy, por los asesinatos, las desapariciones forzosas, las torturas cometidos desde 1.996 hasta el presente, por qué se han o no leído como una acción sistemática; por qué muchos procesos no se han abierto; por qué la totalidad se encuentran en etapa preliminar, y no se han archivado o abierto, a otras etapas; por qué no hay agentes estatales vinculados o como responsables, qué tipo de pruebas se ha recaudado diferentes a las del testimonio.
Esta comisión además del diagnóstico, formulará una serie de recomendaciones para que sea posible el derecho a la memoria y a la verdad
Dar explicación de las razones por las cuales no se ha dado respuesta frente a la Reparación Moral exigida por la comunidad desde 1.997
Requerir al gobierno colombiano dar a conocer, la respuesta a la acción de tutela instaurada por el P JAVIER GIRALDO S.J en la Corte Suprema de Justicia, el pasado 9 de septiembre del 2002.
Urge la creación de una COMISION DE ESCLARECIMIENTO de los hechos sucedidos en Punusa entre el 18 de Abril y el 21 de abril de 2003, de carácter bi-nacional, con presencia gubernamental, de Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de organismos humanitarios de ambos países, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Panamá, y que de a conocer, en término de tres meses un Informe Público sobre lo que allí sucedió.
Hacemos un llamado a los grupos humanitarios a que apoyen la atención de emergencia que se vive en el proceso de CAVIDA a raíz de la deportación, de las amenazas contra el proceso, y los coordinadores de CAVIDA y de la crisis humanitaria de emergencia a través del monitoreo de la situación, apoyo político frente a las propuestas de congelamiento de tierras y cese de implementación de proyectos agroindustriales o de explotación industrial, las medidas políticas en materia de prevención; de protección y de justicia.
Bogotá, abril 30 de 2003
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ