Denunciamos y rechazamos las agresiones e intimidaciones a líderes/as y comunidades reclamantes de tierras del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu) y la falta de una clarísima polítca de protección por parte del Estado colombiano ante el COVID-19
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Abril 03 de 2020
El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, como autoridad étnica del territorio colectivo denuncia y rechaza los recientes hechos de amenazas, hostigamientos, destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y de ataques – agresiones a líderes/as por parte de terceros ajenos al territorio para controlar social y territorialmente al sujeto colectivo, obstaculizar los procesos de reivindicación de derechos territoriales de las comunidades y aumentar nuestros niveles de riesgo en momentos donde la realidad global nos obliga a escapar de un enemigo microscópico y silencioso, el coronavirus.
HECHOS.
1. El 15 de marzo de 2020 en la comunidad de Blanquiset, seis (6) hombres armados y con sus rostros cubiertos en anuencia con personas que laboran en el predio “Sevilla”, amenazaron de muerte a cuatro (4) familias que hacen parte de COCOLATU, dándoles 24 horas para que desocuparan el predio a riesgo de asesinarlos sino acataban la orden.
2. El 22 de marzo en la comunidad de Madre Unión, el señor Francisco Castaño, su hijo Cristian Castaño y personal que labora en su presunto predio, amenazaron a la comunidad con generar daños a bienes indispensables para la supervivencia (destrucción de cosechas y cultivos de pancoger), acusando a líderes/as de invasores y amenazando para que desalojen sus predios.
3. El 28 de marzo en la comunidad de Cocuelo – Pueblo Regao, arribaron dos (2) automóviles con placas GRO-165 y FOU-751 de la ciudad de Medellín (Antioquia), de los cuales descendieron siete (7) personas, identificadas por la El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) es un consejo comunitario de comunidades negras, conformado desde el año 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde el año 2000 (resolución 2805 del 22 de noviembre de 2000). El territorio colectivo de COCOLATU comprende el municipio de Riosucio (Chocó), con una extensión de 107.064 hectáreas y 49 comunidades habitadas tradicionalmente por afrodescendientes y mestizos. comunidad como personal que labora en el predio “Cocuelo”, la cual se encuentra actualmente en posesión de la empresa Inversiones Bella Sofía S.A.S.
Dichas personas tomaron fotografías y realizaron videos de los líderes/as, ancianos/as y niños/as acusando a la comunidad de invasores, igualmente los amenazaron con que deberían desalojar sus predios, de lo contrario no serían responsables de lo que sucediera.
Estos hechos fueron puestos en conocimiento por parte de los líderes/as de la comunidad a la Defensoría del Pueblo (Regional Urabá) el día 30 de marzo.
4. Entre los meses de febrero y marzo, las comunidades de Villa Nueva, California, Cuchillo Blanco y Blanquiset han sido víctimas de hostigamientos, amenazas, restricciones a la movilidad y daños a bienes indispensables para la supervivencia (destrucción de viviendas, linderos, cosechas y cultivos de pancoger) generadas por el señor JOSÉ VICENTE CANTERO IBAÑEZ.
Es importante anotar que CANTERO IBAÑEZ se encuentra actualmente purgando una pena en condición de libertad condicional bajo prisión domiciliaria por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, y es considerado uno las grandes ocupantes de tierras de COCOLATU, por ende, uno de los férreos opositores al proceso de restitución de derechos territoriales del sujeto colectivo.
El COVID – 19
A razón del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 del Gobierno Nacional y de los Decretos Nº 0079 de la Gobernación del Chocó y 124 – 126 de la Alcaldía de Riosucio, nosotros el sujeto colectivo de comunidades negras de COCOLATU hemos acatado las recomendaciones de las autoridades, especialmente del Ministerio de Salud y de Protección Social en su Circular Nº 0015 de 2020.
Debido al cumplimiento (en nuestras casas, en nuestro territorio) del confinamiento contra la pandemia del coronavirus, somos considerados objetivo para lo que podemos denominar “un ejército privado anti-restitución” a razón de que reclamamos tierra y verdad.
Es claro, que está situación nos limita, nos impide el abastecimiento de víveres encontrándonos en estado de indefensión, desamparo y vulnerabilidad. Al día de hoy, en variadas de nuestras comunidades ancianos y niños padecen de desnutrición aguda y otros, no tienen soberanía alimentaria.
Por otro lado, nuestra situación sanitaria es precaria. En la totalidad de nuestras comunidades no contamos con agua potable, ni puntos de control sanitario, el
“bendito” jabón anti bacterial solo se ve en televisión, así como de alcohol y tapabocas.
En últimas, somos una comunidad étnica de 6.000 personas altamente expuestas a contraer el COVID–19.
EXIGIMOS.
1. A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación de los responsables de las amenazas y acciones violentas contra las comunidades de COCOLATU, así como de los actores vinculados al despojo en el territorio colectivo y especialmente a que genere seguimiento a la condición jurídica y penal del señor JOSE VICENTE CANTERO IBAÑEZ.
2. A la Unidad Nacional de Protección, que avance con la implementación de la ruta de protección colectiva de COCOLATU – Resolución 787 de 2020.
3. A la Policía, Ejército y Ministerio de Defensa, que cumplan con su misión de garantizar la vida, libertad e integridad de los ciudadanos.
Al Ministerio del Interior, a apoyarnos en fortalecer nuestras medidas de autoprotección y control territorial, especialmente de la construcción de un protocolo para la atención de posibles infectados por el virus.
4. Al Ministerio de Salud y de Protección Social a apoyarnos en fortalecer la capacitación de personal médico, para que nuestras autoridades puedan coadyuvar en la solución del problema, a la instalación de hospitales de campaña, de materiales y sustancias anti virales, así como de disponer para la subregión del bajo Atrato (Chocó) de ambulancias aéreas, terrestres y acuáticas para trasladar a pacientes a hospitales que tengan cuidados intensivos.
5. Al Gobierno Nacional, del envío a nuestras comunidades de raciones alimentarias proteicas, para fortalecer nuestra capacidad de resistencia al virus.
6. A la comunidad internacional y nacional encargada de velar por la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas reclamantes de tierras para que activen todos los mecanismos y tomen las medidas necesarias para evitar que los opositores en el proceso de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, intimiden y amenacen a los líderes/as que en ejercicio de sus derechos, adelantan las denuncias correspondientes por los graves hechos de violencia cometidos en contra de la comunidad.
JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LOS RÍOS LA LARGA Y TUMARADÓ
Imagen: La Larga Tumaradó